STSJ Castilla y León 344/2014, 30 de Mayo de 2014
| Ponente | MARIA JOSE RENEDO JUAREZ |
| ECLI | ES:TSJCL:2014:2019 |
| Número de Recurso | 319/2014 |
| Procedimiento | RECURSO SUPLICACION |
| Número de Resolución | 344/2014 |
| Fecha de Resolución | 30 de Mayo de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Social |
RECURSO DE SUPLICACIÓN Num.: 319/2014
Ponente Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez
Secretaría de Sala: Sra. Carrero Rodríguez
SALA DE LO SOCIAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS
SENTENCIA Nº: 344/2014
Señores:
Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez
Presidenta
Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral
Magistrado
Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero
Magistrado
En la ciudad de Burgos, a treinta de Mayo de dos mil catorce.
En el recurso de Suplicación número 319/2014 interpuesto por DOÑA Caridad, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos, en autos número 1220/2013 seguidos a instancia de la recurrente, contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en reclamación sobre Cantidad. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Doña María José Renedo Juárez que expresa el parecer de la Sala.
En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 19 de Febrero de 2014 cuya parte dispositiva dice: "FALLO.- Desestimo la demanda interpuesta por Dª Caridad contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a quien absuelvo de todos los pedimentos de la demanda
En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- Dª Caridad, D.N.I. NUM000, ha prestado servicios para la empresa SIERRA DE SALAS S.A. desde el 1-6-03 con un salario mensual de 1384,50 euros con inclusión del prorrateo. SEGUNDO.- En fecha 27-4-12 se celebró acto de conciliación ante el Juzgado de lo Social número dos de Burgos en cuya virtud la empresa se comprometía a abonar a la actora la suma de 17850,68 euros en concepto de indemnización por despido y 32372,66 euros en concepto de salarios pendientes. TERCERO.- La empresa fue declarada en concurso de acreedores por auto del Juzgado de lo Mercantil de Burgos de 17-7-12 . CUARTO.- Sobre la base de los efectos de dicho auto el Fondo de Garantía mediante resolución de 12-11-12 ha determinado abonar a la actora la suma de 4550,40 euros en concepto de salarios y 11946,55 euros en concepto de indemnización. El salario regulador para los salarios ha sido de 46,15 euros. QUINTO.- Reclama el actor la suma de 2793,75 euros y subsidiariamente la de 1409,25 euros. Interpone demanda para ante este Juzgado el 21-10-13.
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandante siendo impugnado por la contraria. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.
En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales vigentes.
Frente a la sentencia de instancia, que ha desestimado las pretensiones de la demanda, se recurre en Suplicación por la representación de la actora, con un primer motivo de recurso, con amparo en el Art. 193 b) LRJS, pretendiendo una revisión de hechos. Al respecto y con carácter previo, debemos señalar que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:
-
- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.
-
- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.
-
- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.
-
- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.
-
- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores
Sentado lo anterior, se solicita una revisión del ordinal cuarto, en orden al salario procedente, la cual está ligada a los motivos de derecho, a examinar, a los cuales nos remitimos.
Como motivo de derecho, con amparo en el Art. 193 c) LRJS, se denuncian diversas infracciones de los Arts. 33 y 26 ET y del Art. 84 Ley Concursal, entendiendo el salario día deberá fijarse en base al salario bruto y no le afectarían, respecto a lo reclamado, las limitaciones introducidas por el RDL 20/2012, así como la fecha de efectos no debería ser la de la declaración del concurso.
Procede declarar con carácter previo que, por lo que respecta a las normas citadas por la recurrente en su recurso como infringidas, que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.
Los motivos basados en el apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689 se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:
-
citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática;
-
razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( artículo 194.2 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689 ) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate. Incluso declara esa doctrina jurisprudencial que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido. Señalamos lo anterior porque la parte recurrente se ha limitado a citar los preceptos que entiende infringidos por el Magistrado de instancia en la sentencia recurrida pero sin llegar a argumentar y razonar porque los entiende indebidamente aplicados, máxime cuando son los mismos preceptos en los que aquel se basa para desestimar la demanda.
El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que los requisitos y presupuestos establecidos por las leyes para recurrir han de ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional en el que tienen su razón de ser, y por ello, atendiendo a su finalidad.
De modo que la mayor o menor severidad en la exigencia de los mismos guarde proporción de medio a fin, evitándose interpretaciones rigoristas que no se correspondan con la finalidad de la exigencia legal, y, dentro de esta doctrina, se ha enmarcado el control sobre las decisiones judiciales de inadmisión del recurso de suplicación fundadas en un incumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos ( STC 18/93, 294/93, 256/94 ).
El artículo 194 de la Ley de procedimiento laboral exige, ciertamente, que en el escrito de interposición del recurso se expresen, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, debiendo en el caso de impugnación fáctica, señalar los medios...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba