STS, 6 de Junio de 2014

PRIMERO .- En la parte dispositiva de la Sentencia recurrida, parcialmente estimatoria, se dice textualmente: "Segundo.- La parcial disconformidad a Derecho de la resolución impugnada y su anulación también parcial. Tercero.- El reconocimiento del derecho a que justiprecie el suelo litigioso a razón de 117 €/m2. Cuarto.- Los intereses se devengarán en la forma que se determina en el fundamento de derecho sexto de esta resolución judicial. Quinto.- No hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes".

SEGUNDO .- Por la representación procesal de la mercantil beneficiaria de la expropiación, se preparó recurso de casación contra la precitada Sentencia ante la Sala de Asturias, que lo tuvo por preparado en tiempo y forma, emplazando a las partes para que comparecieran ante esta Sala del Tribunal Supremo, y, elevando las actuaciones, tuvieron entrada en el Registro del Tribunal el 1 de agosto de 2011.

TERCERO .- Personada la mercantil recurrente, formalizó escrito de interposición fundado:

1. Art. 88.1.c): " "Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte".

2. Art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa : " Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate" .

Y articulado en seis motivos: el primero con arreglo al art. 88.c) y los otros cinco, conforme a su apartado d).

Primer motivo ( art. 88.1.c) LJCA ), por incongruencia omisiva, ya que la Sentencia no valora sus alegaciones al Informe del Perito judicial. Segundo motivo ( art. 88.1.d) LJCA ), con carácter de subsidiario al motivo anterior, por infracción de los arts. 218.2 , 317 , 319 , 326 y 348 LEC , en relación con el art. 9.3 CE (interdicción de la arbitrariedad), porque la única prueba valorada es el Informe Pericial judicial y el precio de venta de otra finca afectada por el mismo Proyecto, cuando el Informe adolece de graves errores y omisiones, lo que impide que destruya la presunción de acierto del Acuerdo del Jurado. Tercer motivo ( art. 88.1.d) LJCA ), por vulneración del art. 9.3 CE e infracción del art. 27 de la Ley 6/98 y su jurisprudencia, conforme a la cual es improcedente toda equiparación, a efectos de valoración, entre los precios fijados mediante una compraventa y los justiprecios expropiatorios. Cuarto motivo ( art. 88.1.d), por infracción de los arts. 24 y 27 de la citada Ley 6/98 , en relación con el art. 37.2 de la Orden ECO/805/03 y la jurisprudencia que los interpreta, conforme a la cual cuando se acude al método residual, sólo pueden tenerse en cuenta los precios reales de mercado sí han sido debidamente contrastados y obtenidos de fuentes ciertas y seguras. Quinto motivo ( art. 88.1.d), por infracción del párrafo segundo del art. 27.1 y 30 de la Ley 6/98 en relación con los arts. 37.3 y 18.3 y 4 de la Orden Eco/805/2003, respecto de los pagos a tener en cuenta para el cálculo del justiprecio de la finca nº NUM001 . Sexto motivo (art. 88.1.d), por infracción de la constante jurisprudencia de esta Sala Tercera sobre la presunción de acierto de los acuerdos de los Jurados de Expropiación.

CUARTO .- Admitido a trámite, se emplazó a la parte recurrida, que presentó escrito de oposición, impugnando particularizadamente los seis motivos.

QUINTO .- Conclusas las actuaciones, se señaló, para deliberación, votación y fallo, la audiencia del día 3 de junio de 2014, teniendo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Ines Huerta Garicano, Magistrada de la Sala

PRIMERO .- Como antecedentes fácticos de interés, hemos de considerar los siguientes: a) Por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 14 de febrero de 2002 se delimitó, como Reserva Regional de Suelo y Actuación Urbanística Prioritaria, el ámbito de suelo urbanizable Prado de la Vega (AU-PLV), del PGOU de Oviedo, en el que (apartado quinto) se atribuyó a "SOGEPSA" la condición de beneficiaria; b) La finca aquí concernida -nº NUM001 -, junto con las nº NUM002 , NUM003 , NUM004 y NUM005 , todas propiedad de la parte recurrida, lindantes entre sí, formando una unidad enclavada en el ámbito de suelo urbanizable de Prado de la Vega, fueron objeto de expropiación, iniciándose el expediente por Resolución de 24 de enero de 2006 (BOPA de 10 de febrero). En la Hoja de aprecio individualizada presentada por la beneficiaria y aquí recurrente, por el método de valoración conjunta, asignó a la finca nº NUM001 una superficie de 9.215 m2, atribuyéndola un aprecio de 49,22 m2, con un precio total de 476.240,42 € (incluido el 5% de premio de afección); c) Por Acuerdo de la CUOTA de 10 de julio de 2006 (BOPA de 14 de agosto) se aprobó el expediente de expropiación, fijándose los valores aceptados, y, concretamente, respecto de la finca nº NUM001 , en los términos de la Hoja de aprecio de la beneficiaria; d) Levantada acta de ocupación de la finca, previa consignación del precio y, ante la disconformidad de los propietarios, se elevó el expediente al Jurado Provincial (en el que tuvo entrada el 9 de enero de 2008) para fijación del justiprecio, tramitándose con los nº NUM006 (finca nº NUM002 ), NUM000 (finca nº NUM001 ), NUM007 (nº NUM003 ), NUM008 (nº NUM004 ) y NUM009 (nº NUM005 ); e) Por Acuerdo del Jurado de 7 de junio de 2009 (dictado en el expediente nº NUM000 ), en el que se utiliza el método residual dinámico, se fija el justiprecio de la finca nº NUM001 -con una superficie de 9.215 m2, valor unitario del suelo de 49,22 y 5% de premio de afección- en 476.240,42 €; f) Impugnado en sede jurisdiccional el Acuerdo, la Sentencia, acogió el Informe pericial judicial que, utilizando también el método residual dinámico, fijó un valor unitario de 135,69 €/m2.

SEGUNDO .- Como cuestión previa, ha de tenerse en cuenta, a la hora de resolver este recurso, nuestra Sentencia de 26 de mayo del corriente, dictada en el recurso de casación nº 3839/11 , interpuesto también por "SOGEPSA" contra la Sentencia de la misma Sala y Tribunal, de 11 de mayo de 2011 , igual a la que aquí se recurre (pero en relación con la finca nº NUM004 ), en la que, con estimación del recurso de casación (acogiendo el motivo segundo, idéntico al que en el presente recurso de casación se articula con el mismo ordinal), y, casando la Sentencia de instancia, se estima parcialmente el recurso, con anulación del Acuerdo del Jurado, difiriendo, para el trámite de ejecución de Sentencia y conforme a las bases que se establecen, la determinación del justiprecio de la expresada finca nº NUM004 .

Tanto en el Rº 1966/08 (en el que se dictó la Sentencia de 11 de mayo, ya casada), como en el Rº 1964/08 (en el que se dicta la Sentencia aquí recurrida en casación), ambos de la Sala de Asturias, se impugnaba por la parte aquí personada como recurrida, inicialmente, el acuerdo presunto del Jurado de Expropiación Forzosa del Principado de Asturias, posteriormente ampliado (en los dos recursos) a sus Acuerdos expresos de 2 de julio de 2009 (dictados en los expedientes NUM000 y NUM008 ), en los que establece como fecha a la que ha de referirse la valoración la de 24 de enero de 2006; considera que las fincas deben valorarse con arreglo a su clasificación como suelo urbanizable programado; aplica, en consecuencia, el artículo 27 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones y, ante la inexistencia de valores de la ponencia catastral, sigue el método residual dinámico y fija para las partes de la finca expropiada e identificadas con los nº NUM004 y NUM001 , respectivamente, un valor unitario de 49,22 €/m2, pues si bien, dicho valor alcanza a 44,19 €/m2, el de 49,22 €/m2 fue el ofrecido por la beneficiaria, " SOGEPSA" .

La discrepancia de los recurridos con el Acuerdo del Jurado de 2 de julio de 2009 , en lo que a este recurso interesa (como el en Rº 1966/08) radica en el precio fijado por el Jurado en aplicación del método residual dinámico, y frente a su pretensión inicial (primera demanda en relación con el acto presunto del Jurado) de reconocimiento de un valor unitario de 145,85 €/m2, que fundamentaba en informe técnico emitido a su instancia y que aplicó el método residual estático, en la segunda demanda (relativa al Acuerdo expreso de 2 de julio de 2009), reduce aquélla a la cantidad de 143,45 €/m2.

En el primer escrito de demanda la expropiada asumía el informe del arquitecto técnico Sr. Hermenegildo que aportó como documento número 1, en el que se realiza una análisis crítico de la valoración de la beneficiaria, indicándose en la segunda demanda que, al coincidir sustancialmente la resolución del Jurado con los parámetros manejados por dicho arquitecto, la crítica contenida en dicho informe es aplicable al acuerdo valorativo expreso impugnado.

Los puntos de discrepancia en el escrito de demanda se centran en los siguientes:

1. La superficie

2. Los precios de venta

3. Calendario de la promoción

4. El coeficiente de edificabilidad

5. Los costes de urbanización

La sentencia recurrida, estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo, eleva el valor unitario del suelo -fijado por el Jurado en 49,22 €/m2- a 135,69 €/m2 , coincidente con el dictaminado por el perito judicial, quien sigue en gran medida el informe del Sr. Hermenegildo y en el que se alcanzaba un valor unitario de 143,45 €.

La justificación de la decisión adoptada por la Sala de instancia se explicita en su Fundamento de Derecho Quinto, del siguiente tenor:

"QUINTO.- Que aplicando la doctrina anteriormente expuesta al caso que decidimos, considera esta Sala que la valoración realizada por el perito judicialmente designado debe ser acogida al haber logrado desvirtuar la presunción de acierto de la valoración realizada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Efectivamente como señala el Jurado, nos encontramos en el presente supuesto con un suelo calificado como urbanizable y al que el Jurado asigna un valor por metro cuadrado de 49,22 €/m2 en aplicación del artículo 27 de la Ley 6/98 .

Frente a la valoración del JEPA, en la que se ha tenido en cuenta el valor en venta deflactando los precios al año 2006, el perito razona que el método residual dinámico consiste en hallar el valor residual que será la diferencia entre el valor actual de los cobros obtenidos por la venta del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por los diversos costes y gastos para el tipo de actualización fijado en la fórmula que consigna en su informe. Por otro lado, frente a la resolución del JEPA que en lo que se refiere al cálculo de valor en venta de viviendas libres está huérfana de una específica y circunstanciada motivación, el perito judicial hace una especificación circunstanciada y detallada, tomando en consideración hasta ocho testigos, de los cuales considera representativos siete, sobre transacciones reales en la zona, y no meros anuncios o cálculos hipotéticos, razones estas que ya de por sí, y en aplicación de la extensa doctrina jurisprudencial más atrás expuesta acerca de la valoración de la prueba pericial, nos conduce a estimar que la valoración del JEPA no ha sido conforme a Derecho, y que debe acogerse el valor del suelo a razón de 135,69 €/m2, pues de un lado, la alegación de la parte actora relativa al período de tiempo a considerar para el cálculo del valor residual, se ha de estar a los diez años tenidos en cuenta por el perito judicial en su prístino informe pues una de las razones por las que el JEPA ha acudido a la valoración por el método residual, es decir no tener en cuenta el valor básico de repercusión de la Ponencias de Valores Catastrales, ha sido considerar ese largo período de diez años; y de otro, es patente que el justiprecio del JEPA es absolutamente erróneo al constar que la propia beneficiaria procedió a la venta del suelo urbanizado a razón de unos 114 €/m2, pues aunque el valor de una transacción no puede ser significativo del justo precio que se obtenga por el método residual, sí que resulta un principio de prueba de la no conformidad a Derecho del Acuerdo recurrido, pues como ha declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de la Sala Y de 1 diciembre 1986 : ‹La no aceptación del criterio estimativo del Jurado no conduce a la aceptación como se pretende, del precio por metro cuadrado que dio la Administración en su hoja de aprecio, pues éste, 110 pesetas, resulta muy inferior al de 190 pesetas que según ella misma se tuvo en cuenta en fincas segregadas de la finca matriz sujetas a la misma expropiación y en que el justiprecio se fijó por mutuo acuerdo entre las partes, lo que no puede admitirse, ya que como ha declarado esta Sala, como puede verse en su sentencia de 24 de septiembre de 1984 , aun cuando es cierta la doctrina de este Tribunal sobre la improcedencia de tomar como punto de referencia los precios fijados por mutuo acuerdo, esto es así para los casos en que el obligado al pago del justiprecio, expropiante o beneficiario, ha pretendido fundar en dichos precios su valoración, y precisamente por estimarse que en su determinación, los expropiados han carecido de libertad como consecuencia del expediente expropiatorio, resultando inferiores a los obtenidos en las transacciones producidas en el mercado libre, lo que supone a "sensu contrario" que cuando estos precios jueguen en contra de la Administración no puede aceptarse su disminución".

TERCERO .- Entrando ya en el examen de los motivos, el primero , al amparo de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , por infracción, por la sentencia recurrida, de los artículos 33 y 67 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con el argumento de que la sentencia incurre en incongruencia omisiva al prescindir de todo pronunciamiento, consideración o siquiera mención a las alegaciones de la recurrente sobre el defectuoso informe del perito judicial.

Se refiere a las alegaciones formuladas en su escrito de conclusiones en el que hacía mención a que el perito judicial incurría en abultados errores, imprecisiones e inexactitudes, determinantes de la valoración y superficie de la finca, concretando esa crítica en los siguientes epígrafes:

1. - Error respecto de las fechas en las que ha de valorarse el expediente y, concretamente, con respecto a los precios de venta adoptados.

2. - Falta de testigos que refrenden el precio adoptado para la vivienda libre.

3. - Error aritmético en el cálculo de los costes de construcción.

4. - Error en los gastos de urbanización y preexistencias imputadas.

5. - Error en la imputación de los impuestos.

   Tal como resulta de la trascripción que en el precedente Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia recurrida, el Tribunal de instancia no entra a examinar pormenorizadamente los distintos puntos de discrepancia que la recurrente puso de manifiesto en su escrito de conclusiones respecto a la prueba pericial judicial. Ningún argumento específico ofrece en respuesta al juicio crítico que del informe pericial efectúa la recurrente en su escrito de conclusiones.

   Pero, no por ello el motivo debe acogerse.

   Conforme con una reiterada Jurisprudencia, la congruencia no requiere una correlación literal entre el desarrollo dialéctico de los escritos de las partes y la redacción de las sentencias. Lo que exige es que la sentencia se pronuncie categóricamente sobre las pretensiones y cuestiones formuladas por los litigantes, sin que esa obligación se extienda a los argumentos que presiden las pretensiones y cuestiones, siendo suficiente para éstos una respuesta genérica o global ( Sentencia de 31 de octubre de 2012 -recurso de casación 6299/2009 - y las en ella citadas).

   Pues bien, en aplicación de la doctrina de mención el motivo debe desestimarse.

   TERCERO .- El segundo motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se articula como subsidiario del motivo primero, por infracción de los arts. 218.2 , 317 , 319 , 326 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en última instancia, del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, con el argumento de que la sentencia incurre en una apreciación arbitraria e irrazonable de la prueba practicada.

   Sostiene que las únicas pruebas consideradas y valoradas por la Sala "a quo" son el informe técnico emitido por el perito judicial y el precio de una compraventa de unos terrenos afectados por el mismo proyecto expropiatorio y que ni la pericial ni la compraventa justifican la decisión adoptada en la sentencia.

   Al efecto hace mención de nuevo a aquellos extremos del informe pericial que refiere en el motivo primero y cuyos enunciados recogíamos en el Fundamento de Derecho precedente, para reiterar que la prueba pericial judicial, por sus errores, imprecisiones e inexactitudes no desvirtúa la presunción de acierto del acuerdo del Jurado y añadir que tampoco la desvirtúa la compraventa referida a una finca no equiparable a la de litis por diferentes razones:

1. - Porque esa finca no fue objeto de expropiación.

2. - Porque en esa finca, a diferencia de la de litis, existían casas, construcciones y árboles.

3. - Porque esa finca se ubica en suelo urbanizado y la de litis en suelo urbanizable.

   Como ya dijimos en nuestra Sentencia de 26 de mayo, es doctrina reiterada de esta Sala la que afirma que la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración no ha sido incluida por la Jurisprudencia como motivo de casación en el orden Contencioso-Administrativo, lo cual se cohonesta con la naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia. Pero también constituye una constante línea jurisprudencial aquellas sentencias que reconocen que la anterior regla admite excepciones, entre otras, cuando se sostenga y se demuestre, invocando el motivo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , la infracción de algún precepto que disciplina la apreciación de pruebas tasadas o que su valoración resulta arbitraria o ilógica ( Sentencia de 12 de diciembre de 2012 -recurso 48/2010 - y las en ella citadas).

   A la arbitrariedad y a la falta de lógica de la valoración de la prueba pericial practicada se refiere la recurrente y lo hace correctamente por la vía del artículo 88.1 d). En consecuencia hemos de examinar si en efecto, tal como se sostiene, la valoración de la indicada prueba por el Tribunal "a quo" incurre en arbitrariedad o falta de razonabilidad, debiéndose advertir que para su apreciación no basta con justificar que el resultado probatorio obtenido por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de la parte, más acertado o ajustado al contenido real de la prueba, sino que es menester demostrar que dicha apreciación es arbitraria o irrazonable o que conduce a resultados inverosímiles.

   Pues bien, desde esa óptica limitada de acceso en casación a la valoración de la prueba, cabe adelantar que merece el calificativo de arbitraria la valoración que de la prueba pericial judicial se realiza en la sentencia.

   Tachado el informe pericial de erróneo, impreciso e inexacto, en trámite procesal oportuno, cual es el de formulación del escrito de conclusiones, y ello con contundentes alegaciones, exigía a la Sala de instancia, para no incurrir en una valoración injustificada o caprichosa de la prueba, examinar las objeciones aducidas y, realmente, tal como puede observarse en la motivación que la sentencia ofrece, residenciada exclusivamente en el fundamento de derecho quinto, no lo hace, pues salvo la mención que en la sentencia se realiza a que la Resolución del Jurado de Expropiación Forzosa del Principado de Asturias, está "... huérfana de una específica y circunstanciada motivación" en lo que se refiere al cálculo de valor en venta de las viviendas libres, y a que "... el perito judicial hace una especificación circunstanciada y detallada, tomando en consideración hasta ocho testigos ..." , ninguna consideración exterioriza el Tribunal sobre las múltiples objeciones formuladas.

   Pero no solo la Sala no exterioriza las razones por las que rechaza las críticas al informe pericial, sino que, además, la conclusión que alcanza respecto a la bondad de la pericial y a su suficiencia para desvirtuar la presunción de acierto de la resolución del Jurado, carece de toda lógica.

   La deflactación que del valor en venta apunta la sentencia recurrida como reproche al acuerdo del Jurado, con la indicación de que el Jurado ha tenido en cuenta el valor en venta vigente a la fecha de su resolución deflactando los precios al año 2006, si bien puede ser razón suficiente para entender que la resolución del Jurado en ese extremo no es conforme a derecho, en cuanto reiterada Jurisprudencia de esta Sala viene afirmando que el valor del bien expropiado debe referirse al momento del inicio de la pieza de justiprecio, sin que sea admisible calcular su valor en el momento en que se efectúa la valoración y deflactar luego la cifra así alcanzada ( Sentencias de 4 de junio de 2013 -recurso de casación 66/2011 - y 11 de noviembre de 2013 -recurso de casación 1243/2011 -), lo que en modo alguno justifica es que, como consecuencia deba estarse al informe pericial judicial y menos cuando tampoco ofrece testigos de valor en venta al tiempo de la fecha de referencia valorativa (enero de 2006) y, sí, según se infiere de propio texto del Informe, por su mención a los testigos obtenidos de una agencia inmobiliaria y a la comprobación con anuncios de prensa, al tiempo de la emisión del informe (agosto de 2010). Pero es que si atendemos al trámite de aclaraciones del informe pericial, las imprecisiones del perito no nos permite considerar dicha prueba como determinante del justiprecio ni, por supuesto, compartir la afirmación de la Sala de instancia de que el perito al valorar las viviendas libres "... hace una especificación circunstanciada y detallada" .

   En trámite de aclaración manifestó que ha optado por los precios vigentes del año 2009 (la pieza de justiprecio se inició en febrero de 2006), y que no los ha deflactado por entender que debe estar al momento en que se producirán las ventas, e indicar más tarde que las ventas comenzaron en el 2007, incurre en una evidente contradicción que por sí sola descalifica el informe.

   El informe pericial judicial incurre en otra irregularidad en relación con las viviendas sociales, al ofrecer unos precios que, conforme a las certificaciones aportadas por la contraparte, no se corresponden con las del año 2006, año de referencia valorativa.

   Si a lo expuesto añadimos el error aritmético que el perito judicial comete al fijar como gastos generales (proyecto y dirección de obra de arquitecto, estudio de seguridad social, dirección de obra de aparejador, coordinación de seguridad y salud, gestión de residuos, notario, registro, gestión y administración, licencias, tasas y permisos, y gastos de promoción y ventas) 44.919.637,47 euros, en cuanto en aplicación de los porcentajes que él mismo utiliza la cifra resultante es la de 59.064.407,65 euros, así como el seguimiento sin más, sin justificación alguna, del informe del perito Sr. Hermenegildo a la hora de expresar las superficies del ámbito y los costes de urbanización e indemnización por preexistencias, necesariamente debemos concluir que al asumir la Sala el informe del perito judicial incurre de forma patente en falta de lógica o razonabilidad, y es que teniendo por finalidad la prueba pericial facilitar al Juzgador los conocimientos técnicos que contempla el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , mal puede sostenerse que el indicado informe cumple ese objetivo.

   El motivo, conforme a lo expuesto, debe estimarse, por lo que de conformidad con el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional , ha de ser esta Sala de casación quien resuelva lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, esto es, bien mediante la fijación del justiprecio, bien concretando las bases que en ejecución de sentencia han de tenerse en cuenta.

   Siendo ello así, se revela innecesario el examen de los demás motivos casacionales dirigidos todos ellos a cuestionar el justiprecio fijado en la sentencia recurrida, con argumentos en gran parte y en lo esencial ya analizados al resolver el motivo segundo.

   En efecto es innecesario examinar el motivo tercero, por el que al amparo el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , denuncia la recurrente la infracción del artículo 27 de la Ley 6/1998 y de la Jurisprudencia , con el argumento de que, a efectos de valoración, no cabe equiparar los precios fijados en una compraventa y en un expediente expropiatorio, con cita al efecto de las sentencias de esta Sala de 20 de junio de 2006 , 27 de noviembre de 2001 y 17 de noviembre de 2000 . En definitiva, en disconformidad con que la Sala "a quo" tenga en cuenta la transacción que refiere en el Fundamento de Derecho Quinto, considerado por la Sala no como prueba determinante del justiprecio y sí como circunstancias que corroboran que el justiprecio del Jurado es absolutamente erróneo.

   Carece igualmente de interés el examen del motivo cuarto por el que, por la vía de la letra d) del artículo 88.1, se denuncia la infracción de los artículos 24 y 28 de la Ley 6/1998 , en relación con el artículo 37.2 de la Orden ECO 805/2003 y de la Jurisprudencia que exige acudir, en aplicación del método residual, a precios reales de mercado obtenidos de fuentes ciertas y seguras, con el argumento central de que el perito judicial y la Sala, al asumir su dictamen, toman como valor de las viviendas el del año 2009.

   Lo mismo cabe decir con respecto al motivo quinto, a través del cual la recurrente, por la vía del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , aduce la infracción por la sentencia recurrida del párrafo segundo del artículo 27.1 y del artículo 30, ambos de la Ley 6/1998 , en relación con el artículo 37.3 y apartados 3 y 4 del artículo 8 de la Orden ECO 805/2003, con el argumento de que el perito judicial incurre en graves errores aritméticos al establecer el "quantum" por el epígrafe de gastos generales y omite gastos y costas relevantes relativos a la urbanización e indemnización por preexistencias.

   Y a igual conclusión llegamos respecto al motivo sexto, por el que por el mismo cauce de la letra d) del artículo 88.1, aduce la recurrente la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre presunción de acierto de los acuerdos valorativos del Jurado, con el argumento de que no puede entenderse desvirtuada la presunción con un informe pericial que tacha de gravemente erróneo.

   CUARTO .- Como decíamos en nuestra tan citada Sentencia de 26 del pasado mes de mayo, ajustándonos estrictamente a los términos del debate por así exigirlo el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional , parece oportuno indicar en primer lugar y como punto de partida que aunque la prueba pericial practicada no puede ser acogida por los errores y omisiones que referíamos al analizar el motivo segundo, no por ello ha de estarse, como pretende la recurrente, con una equivocada concepción del alcance o significado de la presunción de acierto de los acuerdos valorativos de los Jurados de Expropiación, a la resolución del Jurado impugnada.

   Constatado que la resolución del Jurado incurre en la determinación del justiprecio, ya de forma radical, ya en alguno o algunos de los parámetros utilizados, en disconformidad con la normativa que rige la valoración expropiatoria, obviamente carece de prosperabilidad la pretensión de que se mantenga la resolución pese a su disconformidad a derecho.

   Hecha, a modo de introducción, la consideración precedente, debemos reiterar que el tema de debate suscitado por la parte recurrente y expropiada en su escrito de demanda se circunscribió a su discrepancia con la resolución del Jurado en los siguientes extremos: superficie del ámbito, aprovechamiento, gastos de urbanización, indemnizaciones por preexistencias, precio de venta de las viviendas libres y cronograma de la actuación urbanística, cuestión esta que ahora queda al margen pues, si bien la indicada parte planteó en la instancia su discrepancia con el plazo de diez años considerado por el Jurado al entenderlo desorbitado, la sentencia recurrida lo da por bueno y frente a ello no ha interpuesto recurso de casación.

   También queda al margen del debate las cuestiones relativas a la superficie del ámbito y al aprovechamiento, cuestiones que la sentencia no aborda salvo por la asunción, en su integridad, de la pericial judicial, que se limita a recoger lo dictaminado por el perito Sr. Hermenegildo en informe que se aporta a las actuaciones con el escrito de demanda. Y queda al margen porque ni la superficie del ámbito ni el aprovechamiento considerado en la sentencia es objeto de impugnación en los motivos casacionales esgrimidos, centrados en los precios de venta y en los costes de urbanización.

   En cuanto a los gastos de urbanización e indemnizaciones por preexistencia lo que nos dice el técnico adscrito al Jurado es que se ha obtenido sumando los costes de construcción considerados en el Plan Especial por la beneficiaria y las indemnizaciones por preexistencias, con la indicación de que no se han tenido en cuenta los costes reales de ejecución trasladados a la fecha de la valoración porque son muy similares a los previstos y porque los mayores costes finales de alguna partida solo reducirían el valor adoptado. Frente a ese dictamen y su asunción por el Jurado, pese a la disconformidad que la expropiada muestra en su escrito de demanda, la sentencia nada expresa salvo por la aceptación global del informe pericial judicial que nada añade al dictamen del perito Sr. Hermenegildo , en el que se está al presupuesto de contrata, pero sin aportar elementos que permitan considerar en este extremo que tiene poder de convicción suficiente para desvirtuar el acuerdo del Jurado.

   Nos resta examinar el precio de las viviendas libres que, conforme reiterada doctrina que ya referenciamos al examinar el motivo casacional segundo, ha de hallarse en atención a precios reales de mercado a la fecha de la valoración. Ello no se cumple en la resolución del Jurado que se atiene a valores del año 2009 y los deflacta al año 2006, pero tampoco con el informe pericial judicial, ni por el emitido a instancia de la aquí recurrida por el Sr. Hermenegildo , quienes abogan por los precios reales de la promoción.

   Es por lo expuesto por lo que posponemos para ejecución de sentencia la determinación del justiprecio que se realizará con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERO .-Ha lugar al recurso de casación número 4439/2011, interpuesto por la Procuradora Dña. Marta Mª Barthe García de Castro, actuando en nombre y representación de la SOCIEDAD MIXTA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SUELO, S.A. ("SOGEPSA") , contra la Sentencia nº 555, dictada -19 de mayo de 2011- por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el P.O. nº 1964/08 .

SEGUNDO .-Casamos y dejamos sin efecto dicha sentencia y, con estimación parcial del recurso contencioso administrativo, anulamos el Acuerdo del Jurado de 7 de julio de 2009 por no ser conforme a Derecho, posponiendo para ejecución de sentencia, conforme a las establecidas en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta nuestra Sentencia , la determinación del justiprecio, manteniendo en cuanto al devengo de intereses lo resuelto por la Sala de instancia.

TERCERO .- Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Octavio Juan Herrero Pina Dª. Margarita Robles Fernandez D. Juan Carlos Trillo Alonso D. Jose Maria del Riego Valledor D. Wenceslao Francisco Olea Godoy D. Diego Cordoba Castroverde Dª. Ines Huerta Garicano PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Ines Huerta Garicano , estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretaria, certifico.