SAP Murcia 254/2013, 24 de Septiembre de 2013
| Ponente | MARIA DEL CARMEN POZA CISNEROS |
| ECLI | ES:APMU:2013:2984 |
| Número de Recurso | 155/2013 |
| Procedimiento | APELACIóN JUICIO RáPIDO |
| Número de Resolución | 254/2013 |
| Fecha de Resolución | 24 de Septiembre de 2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Murcia, Sección 2ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
MURCIA
SENTENCIA: 00254/2013
SENTENCIA
NÚM. 254/13
ILMOS. SRS.
D. ABDÓN DÍAZ SUÁREZ
PRESIDENTE
D. AUGUSTO MORALES LIMIA
DÑA. MARIA POZA CISNEROS
MAGISTRADOS
En la Ciudad de Murcia, a veinticuatro de septiembre de dos mil trece.
La Sección Segunda de esta Ilustrísima Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, el Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de Determinados Delitos que, por delito/falta de hurto, se ha seguido, en el Juzgado de lo Penal número Cuatro de Murcia, bajo el núm. 455/12 y, antes, en el Juzgado de Instrucción núm. Siete de Murcia, como Diligencias Urgentes 313/12, contra Franco, representado por el Procurador D. José Escudero Girona y defendido por la Letrada Dña. Antonia Mª Díaz Meca, habiendo sido partes, en esta alzada, el Ministerio Fiscal que actúa como apelante, así como el acusado que lo hace como apelado. Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. MARIA POZA CISNEROS, que expresa la convicción del Tribunal.
El Juzgado de lo Penal citado dictó, en los referidos autos, sentencia con fecha 20.1.12, sentando como hechos probados los siguientes:
"Que el día 8 de noviembre del 2012 Franco, mayor de edad, de nacionalidad georgiana, en situación regular en España y ejecutoriamente condenado en sentencias firmes de 27 de mayo del 2011 y de 25 de abril del 2012 por delito de hurto, con dependencia a la heroína y cocaína, el día 8 noviembre 2012 se encontraba en el interior del establecimiento Mediamar, sito en la Avda. Juan de Borbón de esta capital, donde con ánimo de lucro coge una tableta informática marca Samsung cuyo total neto es de 362 euros con 81 sentimos de euro, más veintiún por ciento de IVA en suma de 76 euros con 19 céntimos. Al tratar de abandonar el establecimiento es interceptado por un vigilante de seguridad y siendo así recuperada la tableta sustraída".
Estimando el Juzgador recurrido que los referidos hechos probados eran constitutivos de falta, dictó el siguiente "FALLO: Que debo condenar y condeno a Franco, como autor criminalmente responsable de una falta de hurto del art. 623.1 del C. Penal a la pena de un mes multa con una cuota diaria de dos euros y quedando sujeta responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y con imposición de la mitad de las costas causadas.
Que debo absolver y absuelvo a Franco del delito intentado de hurto del art. 234 del C. Penal de que viene acusado y con declaración de oficio de las costas de este respecto."
Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes, oponiéndose la representación del penado a su estimación.
Teniéndose por interpuesto el recurso en ambos efectos, se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno Rollo bajo el núm. 155/13 y, por providencia de 17.6.13, se señaló la deliberación, votación y fallo de la causa para el 24.9.13 siguiente, en que ha tenido lugar.
En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Se admite la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.
Contra la sentencia de instancia, reacciona el Ministerio Fiscal por el único motivo de entender que la calificación procedente es la propuesta de delito intentado de hurto del art. 234 del Código Penal, en cuanto el valor del IVA ha de incluirse para calcular el valor del objeto sustraído, con invocación de lo dispuesto en el art. 365 LECrim ., a lo que se opone la Defensa con extensa cita de las decisiones jurisprudenciales discrepantes y, en particular, con invocación de la SAP Murcia, Sección 3ª, de 7.1.09
Una vez delimitado el concreto objeto devolutivo, es preciso proceder a su análisis, teniendo en cuenta las limitaciones que, con carácter general, afectan a las facultades revisoras del tribunal de apelación. La doctrina del Tribunal Constitucional permite al Juez o Tribunal de apelación valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez de primer grado, considerando que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteasen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iudicium" ( SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90, 21/93, 120/94, 272/94 y 157/95 ). Sin embargo, esta doctrina relativa a las facultades del tribunal "ad quem", en cuanto a las sentencias absolutorias, fue matizada o corregida por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 167/2002, de 18 de septiembre (y en otras posteriores), estableciendo que el respeto a los principios de inmediación y contradicción, vigentes también en la segunda instancia, impiden que el tribunal de apelación que no ha practicado las pruebas pueda modificar la valoración que de las pruebas personales haya hecho el juez de instancia. Esta nueva doctrina ha sido objeto de tres interpretaciones en el orden jurisdiccional: primera, que no resulta factible revocar una sentencia absolutoria de la primera instancia sin practicar de nuevo en la segunda las pruebas personales que dependan de los principios de inmediación y contradicción, obligando el Tribunal Constitucional a reproducir en segunda instancia la prueba ya practicada en la primera o al menos la declaración del acusado, sin modificación de la normativa procesal vigente; segunda, que no cabe de facto revocar en la segunda instancia las sentencias absolutorias dictadas en las causas en las que la práctica de la prueba depende en cierta medida de los principios de inmediación, oralidad y contradicción, limitándose así el derecho a los recursos de las partes perjudicadas y del Ministerio Fiscal; y tercera, que la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional equivale a una declaración de inconstitucionalidad del anterior artículo 795 LECrim . y del nuevo artículo 790, reformado por la Ley 38/2002 . De esas tres interpretaciones, la primera ha sido objeto de severas críticas, considerando que supone la creación ex novo de trámites procesales legalmente inexistentes, a la vista de las restricciones que impone el apartado 3 del citado artículo 790 LECrim ., para la práctica de prueba en segunda instancia, no existiendo, tampoco, precepto legal que obligue al acusado absuelto a someterse a un segundo procedimiento oral ante la Sala. Y también ha sido criticada la tercera de las interpretaciones, pues, como señala la Sentencia de esta misma Audiencia Provincial, Sección 5ª, de
28.11.11, "lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar contraria a la Constitución una práctica judicial concreta que excede de los límites de las facultades de revisión atribuidas por el modelo limitado de apelación vigente en nuestro ordenamiento, no la regulación legal en sí misma, ya que ésta admite perfectamente una interpretación conforme con la Constitución". De entre estas tres interpretaciones, en efecto, la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se ha decantado por la segunda de las interpretaciones, señalando que "las recientes SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, 170/2002, de 30 de septiembre, 199/2002, de 28 de octubre y 212/2002, de 11 de noviembre de 2002, han modificado la doctrina anterior del Tribunal Constitucional para reconocer que también en la resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación, dado que el recurso de apelación penal español, como sucede con la casación, no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la instancia" (v. SSTS 258/2003, de 25 de febrero ; 352/2003, de 6 de marzo ; 494/2004, de 13 de abril ; y 1532/2004, de 22 de diciembre )".
En relación con sentencias de instancia condenatorias, como es el caso, la SAP Murcia, Sección 5ª, de 15.11.11, tras reiterar las "indudables ventajas de la inmediación judicial" de las que sólo goza el Juzgador de instancia, concluía que la valoración probatoria, realizada por aquél, conforme a los principios de oralidad, contradicción y, sobre todo, inmediación, había de prevalecer frente a la valoración que la parte apelante realizaba en el escrito de interposición del recurso, "sin que este órgano "ad quem", que no tuvo contacto directo con las declaraciones prestadas en juicio, pueda corregir la valoración probatoria judicial de primer grado, sobre la base de lo que consta en el acta del juicio. En este punto, debe recordarse la doctrina expuesta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en Sentencias, entre otras, de 25 de febrero de 2.003 ( Sentencia número 258/2003), de 6 de marzo de 2.003 ( Sentencia número 352/2003 ) y de 13 de abril de 2.004 (Sentencia número 494/2004 ), en las que, en interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en la Sentencias número 167/02 y otras posteriores, señala el Alto Tribunal que el recurso de apelación penal español no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la primera instancia y que en la resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación. Y en este mismo sentido, también recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2.007 ( Sentencia número 406/2007 ) que "nuestro país se halla englobado en un contexto cultural en cuyos ordenamientos jurídico-procesales no se reproduce el juicio en la segunda...
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