ATS, 11 de Marzo de 2014
| Ponente | FERNANDO SALINAS MOLINA |
| ECLI | ES:TS:2014:3174A |
| Número de Recurso | 1815/2013 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de Marzo de dos mil catorce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina
Por el Juzgado de lo Social Nº 10 de los de Sevilla se dictó sentencia en fecha 14 de octubre de 2011 , en el procedimiento nº 317/11 seguido a instancia de DON Juan Pedro contra ENTIDAD "GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISEÑO, S.A. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISEÑO S.A., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 20 de enero de 2012 , que estimaba en parte el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba parcialmente la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 20 de mayo de 2013 se formalizó por la Letrada Doña Iciar Rovira Zabalgoitia, en nombre y representación de ENTIDAD GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISEÑO S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid calle Marqués de la Ensenada número 14 Oficina 11, Distrito Postal 28004 (despacho del Procurador de los Tribunales, Don Luis F. Granados Bravo.
Esta Sala, por providencia de fecha 15 de enero de 2014 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 20 de enero de 2012 (Rec. 69/2012 ), que el actor, que prestó servicios para la empresa General de Producciones y Diseño SA, mediante diversos contratos de trabajo, siendo el último de 01-01-1997 por obra o servicio determinado que se convirtió en indefinido, recibió carta de despido por causas objetivas de tipo económico de 07-02-2011, con efectos de ese mismo día, en la que consta que la empresa se ve obligada a rescindir la relación laboral teniendo en cuenta la situación de crisis que atraviesa, señalando que "mientras que en 2008 las cifras de negocios ascendieron a 34.737.647,20 euros, en 2009 se redujeron a 30.033.508,90 euros, y en el año 2010 alcanzaron los 13.364.920,98 euros" , sin que se acompañe a la carta ningún documento acreditativo de las circunstancias económicas que se expresan u otras que pudieran ser relevantes. Consta igualmente lo dispuesto en informe pericial aportado por la parte actora a fin de analizar la solvencia y situación económica de la demandada en que se han analizado los ejercicios 2006 a 2009, basándose el mismo además de en las cuentas anuales, en el denominado plan estratégico, e informe pericial de la demanda en que se han analizado los ejercicios de 2008 a 2010 y previsiones de ejercicio 2011. En instancia se declara la improcedencia del despido, sentencia confirmada en este extremo en suplicación -no así en relación a la cantidad a abonar por la empresa a efectos de indemnización puesto que se acoge la pretensión de la empresa recurrente de que la antigüedad se compute desde la fecha del último contrato suscrito- manteniéndose la condena a abonar salarios de tramitación en los términos que se recogen en el fallo, por entender la Sala que la carta de cese no cumple los mínimos requisitos formales, puesto que aunque se habla de acciones llevadas a cabo tendentes a la conservación del negocio, no cita ninguna de ellas, pese a que habla de que la situación de crisis hace insostenible mantener los recursos, tampoco indica a qué recursos se refiere, pese a que habla de que es el despido del trabajador una de las medidas que está adoptando la empresa para mantener el máximo de puestos de trabajo, no indica cuáles han sido aquellas medidas y tampoco se indica en qué porcentaje en relación con el volumen de gastos de la empresa puede influir el despido del trabajador en la superación de la situación negativa de la misma.
Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la empresa, cuestionando la calificación de la decisión extintiva, por cuanto entiende que la carta no adolece de defectos formales, señalando que "la sentencia se ha limitado a comprobar formalmente la misma y que no han valorado otras circunstancias acreditadas cuales son que el trabajador tenía conocimiento de los hechos por cuanto era persona relevante en la empresa y así lo declara el representante legal de mi mandante en forma muy expresiva desde 1 hora 5 minutos hasta 1 hora 8 en que manifiesta que era su mano derecha y que además tuvo varias reuniones con él para explicarle la situación. A mayor abundamiento el actor ha solicitado la correspondiente prueba con anterioridad y anticipo al acto de juicio y en ningún momento ha solicitado otra información mercantil sin duda porque no le causaba indefensión alguna y conocía los datos" .
Invoca la empresa recurrente de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 6 de junio de 2012 (Rec. 629/2012 ), respecto de la que no cabe apreciar la existencia de contradicción, pues en los supuestos en que se pronuncian las sentencias compradas no concurren las identidades del artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . En efecto, consta en dicha sentencia que el actor recibió carta de despido por causas objetivas, constando probado que la cifra de negocios de la empresa en 2009 fue de 2.808.376,39 euros, en 2010 de 2.382.349,37 euros, arrojando la cuenta de pérdidas y ganancias de 2009 un resultado de 94.415,40 euros y en 2010 de 23.398,99 euros, autorizándose por resolución de la autoridad laboral la suspensión de 9 contratos de trabajo como consecuencia del pacto alcanzado por la empresa y los representantes de los trabajadores. En suplicación se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda por despido presentada por el trabajador, por entender que en la carta constan datos suficientes sobre la causa extintiva al referir a la causa económica implicada en la disminución de ingresos a que refiere y la productiva vinculada a la actividad profesional del afectado (estructurista). Añade la Sala que la carta cumple con las exigencias legales teniendo en cuenta además que el trabajador intentó en suplicación revisar los hechos probados con sustento no sólo en la documental aportada por la empresa, sino también en la que incorpora a su propio ramo probatorio, lo que denota que tenía conocimiento de la situación empresarial negativa.
De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, por cuanto no existe identidad en las cartas de despido entregadas por las empresas a los trabajadores despedidos, ni en la constatación de las causas alegadas. En efecto, en la sentencia recurrida se declara la improcedencia del despido teniendo en cuenta que aunque la carta refiere a acciones llevadas a cabo tendentes a la conservación del negocio, no cita ninguna de ellas, aunque habla de que la situación de crisis hace insostenible mantener los recursos, tampoco indica a qué recursos se refiere, pese a que habla de que es el despido del trabajador una de las medidas que está adoptando la empresa para mantener el máximo de puestos de trabajo, no indica cuáles han sido aquellas medidas y tampoco se indica en qué porcentaje en relación con el volumen de gastos de la empresa puede influir el despido del trabajador en la superación de la situación negativa de la misma. Por el contrario, en la sentencia de contraste se declara la procedencia del despido teniendo en cuenta que en la carta constan datos suficientes sobre la causa extintiva al referir a la causa económica implicada en la disminución de ingresos a que refiere y que consta probada, y la productiva vinculada a la actividad profesional del afectado. Además, debe tenerse en cuenta que en la sentencia de contraste la Sala falla en atención a que el trabajador interesó la revisión de hechos probados -para intentar fundamentar que no existía una situación económica negativa sino una disminución de beneficios-, no sólo en atención a la documental aportada por la empresa, sino también en atención a la que incorpora a su propio ramo probatorio, de lo que deduce que tenía conocimiento de la situación económica de la empresa alegada en la carta de despido, y nada de ello consta en la sentencia recurrida.
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 30 de enero de 2014, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 15 de enero de 2014, sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto o argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de la misma, ya que se limita a reiterar lo ya expuesto en el escrito de interposición del recurso en relación con la existencia de contradicción, lo que no es suficiente.
De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas, pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña Iciar Rovira Zabalgoitia en nombre y representación de ENTIDAD GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISEÑO, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid calle Marqués de la Ensenada número 14 Oficina 11, Distrito Postal 28004 (despacho del Procurador de los Tribunales, Don Luis F. Granados Bravo) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 20 de enero de 2012, en el recurso de suplicación número 69/12 , interpuesto por GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISEÑO S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de los de Sevilla de fecha 4 de octubre de 2011 , en el procedimiento nº 317/11 seguido a instancia de DON Juan Pedro contra ENTIDAD "GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISEÑO, S.A. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
