STSJ Cataluña 1620/2014, 3 de Marzo de 2014
| Ponente | MARIA MACARENA MARTINEZ MIRANDA |
| ECLI | ES:TSJCAT:2014:2390 |
| Número de Recurso | 5678/2013 |
| Procedimiento | RECURSO DE SUPLICACIóN |
| Número de Resolución | 1620/2014 |
| Fecha de Resolución | 3 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Sala de lo Social |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 08019 - 44 - 4 - 2012 - 8036074
mm
ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA
ILMO. SR. LUIS REVILLA PÉREZ
ILMA. SRA. M. MACARENA MARTINEZ MIRANDA
En Barcelona a 3 de marzo de 2014
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 1620/2014
En el recurso de suplicación interpuesto por Marí Luz frente a la Sentencia del Juzgado Social 10 Barcelona de fecha 8 de octubre de 2013 dictada en el procedimiento nº 742/2012 y siendo recurrido Institut Nacional de la Seguretat Social. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. M. MACARENA MARTINEZ MIRANDA.
Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Invalidez grado, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 8 de octubre de 2013 que contenía el siguiente Fallo:
Desestimo la demanda promovida por Marí Luz contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en reclamación de incapacidad permanente en grado de absoluta y subsidiariamente total, derivada de enfermedad común, absolviendo a la susodicha parte demandada de las pretensiones objeto de la misma.
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
1. La demandante, nacida el NUM000 de 1952, en situación de alta o asimilada a la de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social, como administradora de empresa (colaboradora familiar), siendo la actividad empresarial la carpintería de madera, inició un proceso de incapacidad temporal el 1 de octubre de 2010 y agotó la duración máxima del subsidio el 28 de marzo de 2012. Se tramitó expediente, con dictamen emitido por el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques el 2 de abril de 2012; y el 8 de mayo por la Dirección Provincial de Barcelona del demandado Instituto Nacional de la Seguridad Social se dictó resolución en la que se denegaba la declaración de incapacidad permanente en ninguno de sus grados de incapacidad, derivada de enfermedad común, y el derecho a prestaciones económicas, por no reunir el requisito de incapacidad, con extinción de la incapacidad temporal, contra la que formuló reclamación previa, desestimada mediante resolución del 11 de julio de 2012; se acredita el periodo mínimo de cotización, la base reguladora es de 558,88 euros y los efectos económicos del 2 de abril de 2012.
2. Presenta: trastorno adaptativo más trastorno distímico, en la actualidad sin clínica incapacitante; omalgia bilateral de predominio izquierdo por tendinopatía crónica con leve limitación funcional; dorso lumbalgia crónica por discopatías de L3 a L5 sin signos clínicos de afectación radicular; antecedentes de lesión mesencefálica hace 10 años con hemiparesia izquierda recuperada, actualmente sin focalidad neurológica; fibromialgia en control y tratamiento.
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado no impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Por la parte actora se interpone recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando la pretensión formulada sobre declaración de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, y subsidiariamente total para su profesión habitual, absolvió al Instituto Nacional de la Seguridad Social de aquélla. El recurso no ha sido impugnado.
Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como primer motivo del recurso, la parte actora recurrente insta la revisión del hecho probado segundo del relato de la sentencia de instancia, proponiendo la siguiente redacción alternativa:
"Presenta: Depresión mayor recurrente grave. Evolución tórpida y crónica en tratamiento desde el año 1999 en CSM; omalgia bilateral ...".
En aras a lograr el éxito de la revisión propuesta, se invoca el informe psiquiátrico del CSM obrante en autos (folio 40).
Tratándose la documental invocada de informe médico, procede traer a colación nuestra reiterada doctrina, al considerar que debe aceptarse el que haya servido de base a la resolución recurrida, esto es, el admitido como prevalente en la instancia, por ser a este juzgador o juzgadora al que, de conformidad con el principio de inmediación, y de la normativa prevista en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (anterior artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral ), corresponde la valoración de la totalidad del acervo probatorio, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994, 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995, 1 de marzo de 1.996, 4 de julio de 1.997, 20, 21, y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero, 5 de abril, 13, 15, y 27 de mayo de 2.013, entre otras). Asimismo, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador o juzgadora de instancia, en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990, y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero, 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero ).
En concreto, por lo que respecta a las reglas de la sana crítica, la libre valoración de la prueba implica que el juzgador pueda realizar deducciones lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales, o absurdas, siendo el Juez o Tribunal de instancia soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esta libre apreciación sea razonada, lo que implica que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el órgano judicial ( sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero ), sin que ello implique admitir que el juez haya de seguir sus conjeturas, impresiones, sospechas o suposiciones ( sentencia del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero ).
Aplicando tal doctrina al objeto del recurso, el juzgador de instancia ha ponderado, al consignar las lesiones padecidas por la actora, la totalidad del acervo probatorio, coincidiendo en el redactado del relato fáctico atinente a aquéllas con el dictamen del ICAM y la pericial aportada por la entidad gestora demandada obrantes en autos. Por ello, no estimamos que concurran circunstancias especiales que excepcionen la aplicabilidad de la doctrina expuesta, al no desvirtuar la...
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