SAP Badajoz 73/2013, 4 de Abril de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 73/2013 |
| Fecha | 04 Abril 2013 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N.3
MERIDA
SENTENCIA: 00073/2013
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ
Sección Tercera
Mérida
SENTENCIA Nº 73/13
ILMOS. SRES......................../
MAGISTRADOS...................../
D.ª JUANA CALDERÓN MARTÍN
-
JESÚS SOUTO HERREROS
-
JUAN MANUEL CABRERA LÓPEZ
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Recurso Civil núm. 116/2013
Juicio Ordinario nº 522/2011
Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Mérida
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Mérida, cuatro de abril de dos mil trece.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados al margen referidos, ha conocido el presente procedimiento, dimanante del Rollo de Apelación número 116/2013, que a su vez trae causa del Juicio Ordinario número 522/2011, seguido en el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Mérida, siendo parte demandante D. Secundino (Abogado Sr. Ortega Enciso, Procurador Sr. García Luengo) y parte demandada (apelante) D.ª Otilia y la entidad "Corporación de Medios de Extremadura", S.A. (Abogado Sr. García de Arriba Marcos, Procuradora Sra. Riesco Collado).
Es Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS SOUTO HERREROS.
Se aceptan en cuanto son relación de trámites y antecedentes los de la Sentencia apelada que con fecha 29-XI-2012 se dictó en el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Mérida .
Contra la expresada Sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte demandada, que le fue admitido, dándose traslado a la contraparte, y una vez verificado se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el Rollo de Sala, que fue seguido por sus trámites.
La parte apelante entiende esencialmente que se ha producido error en la valoración de la prueba.
En la tramitación del recurso se han observado todas las prescripciones legales.
El recurso ha de estimarse. Es reiteradísima la jurisprudencia (por todas, SSTS 18-II-2013, 13-XI-2012 ) que tratan sobre la colisión entre el derecho al honor y la libertad de información, y que esencialmente se resumen de la siguiente manera: El artículo 20.1. d) CE, en relación con el artículo 53.2 CE, reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.
La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. El artículo 18.1 CE garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 CE . El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio, FJ 7).
El artículo 7.7 LPDH define el derecho al honor en un sentido negativo, desde el punto de vista de considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona. Según reiterada jurisprudencia ( SSTS de 16 de febrero de 2010 y 1 de junio de 2010 ) «...es preciso que el honor se estime en un doble aspecto, tanto en un aspecto interno de íntima convicción -inmanencia- como en un aspecto externo de valoración social -trascendencia-, y sin caer en la tendencia doctrinal que proclama la minusvaloración actual de tal derecho de la personalidad».
El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.
La limitación del derecho al honor por la libertad de información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre uno y otro derecho, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005 ; 19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002 ; 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005 ; 19 de febrero de 2009, RC
n.º 2625/2003 ; 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 ; 4 de junio de 2009, RC n.º 2145/2005 ; 22 de noviembre de 2010, RC n.º 1009/2008 ; 1 de febrero de 2011, RC n.º 2186/2008 ). Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.
La técnica de ponderación exige valorar:
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el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información (y expresión) sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC núm. 1457/2006 ). La protección constitucional de las libertad de información alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción ( SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, 29/2009, de 26 de enero, FJ 4).
En este marco debe destacarse que no hay un deber de mantener en secreto las investigaciones policiales en tanto no haya recaído una decisión judicial sobre la responsabilidad penal de los afectados sino que, al contrario, como establece la STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 11 "reviste relevancia e interés público la información sobre los resultados positivos o negativos que alcanzan en sus investigaciones las...
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ATS, 12 de Noviembre de 2013
...con fecha 4 de abril de 2013 por la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección Tercera), con sede en Mérida, en el rollo de apelación nº 116/13 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 522/11 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de - Mediante Diligencia de ordenación, se tuvieron por ......