STS, 4 de Diciembre de 2012

Con fecha 19 de junio de 2010 el Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla dictó sentencia , que posteriormente fue aclarada por auto de fecha 23 de junio de 2010 , constando los siguientes hechos que se declararon probados: " 1º .- D. Rosendo , nacido el día NUM000 -1971 y con DNI NUM001 , ha figurado afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el número NUM002 . Prestó servicios por cuenta de TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA (TUSSAM), con la categoría profesional de conductor de autobús desde el día 27-3-2000. No consta que ostentara cargo de representación legal de los trabajadores en la empresa como tampoco su afiliación a organización sindical alguna. La indicada entidad tiene concertada la cobertura de los accidentes de trabajo de sus empleados con Mutua Fremap. Los días 11 y 12 de enero de 2005 D. Rosendo precisó asistencia médica por presentar una crisis de ansiedad tras sufrir un accidente de tráfico mientras realizaba su trabajo. En marzo de 2007 D. Rosendo precisó una asistencia sanitaria por dolencia abdominal que los facultativos atribuyeron a una situación de estrés laboral. En abril de 2007, el especialista en Aparato Digestivo que trataba a D. Rosendo de su dolencia, recomendaba que quedara sometido a un horario de trabajo fijo que le permitiera seguir un horario fijo de comidas. 2º.- El día 21- 5-2007 tuvo lugar una huelga en el seno de TUSSAM, durante la cual se produjeron diversos daños a bienes de la empresa. D. Rosendo fue detenido por la Policía Nacional cuando se dirigía a su centro de trabajo a secundar la huelga. Tras permanecer detenido en dependencias policiales fue puesto a disposición judicial que decretó su puesta en libertad con cargos. Como consecuencia de estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla tramitó diligencias previas seguidas con el número 3425/2007, en las que D. Rosendo figuraba como imputado. Mediante auto de fecha 20-6-2007 el indicado Juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor conocido. TUSSAM se había personado en dicho procedimiento penal, recurriendo en reforma el auto de sobreseimiento. El recurso fue desestimado por auto de fecha 30-7-2007. Contra la anterior resolución se interpuso por TUSSAM recurso de apelación el cual fue estimado. Consecuencia de ello, y reaperturada la causa, el día 26-2-2008, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la que participó D. Rosendo como imputado. El testigo que debía identificar a las personas involucradas en los hechos investigados no identificó a D. Rosendo como uno de ellos. Por la representación procesal de TUSSAM se solicitó la realización de otras diligencias de investigación que fueron rechazadas por el Juez Instructor. A la vista del resultado de las actuaciones, el Ministerio Fiscal emitió informe solicitando el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El día 7-4-2008 se dictó auto de sobreseimiento. Contra la anterior resolución TUSSAM interpuso recurso de reforma, el cual fue desestimado por auto de fecha 27-11-2008. Interpuesto recurso de apelación por TUSSAM éste fue desestimado. Durante la tramitación de las diligencias previas, la prensa vino recogiendo declaraciones de responsables de TUSSAM, en las que se expresaba que la empresa estaba a la espera del resultado del procedimiento penal para resolver sobre la imposición de medidas disciplinarias a los trabajadores imputados. Igualmente se recogían noticias y declaraciones en las que tratando el tema de la negociación colectiva y las relaciones entre sindicatos y empresa, se aludía siempre a la situación de los trabajadores que estaban incursos en procedimiento penal. En concreto, y en relación a D. Rosendo , tras su detención, se procedió a la incoación de expediente disciplinario. De esta forma, el 6-7-2007 la empresa dirigió a D. Rosendo escrito en el que se le informaba de la incoación de expediente disciplinario, se le describían los cargos (lanzar objetos contundentes contra los autobuses el día 21-5-2007) y se le daba un plazo de 5 días para alegaciones. El día 12-7-2007 D. Rosendo presentó escrito de alegaciones negando su participación en los hechos. El día 18-7-2007 la empresa le dirigió nuevo escrito en el que se le informaba de la suspensión del expediente hasta la resolución del procedimiento penal pendiente. El día 3-4-2008, el vicepresidente de TUSSAM firmo un documento asumiendo una serie de compromisos, condicionados a que se desconvocara la huelga prevista para la feria 2008. Entre tales compromisos se encontraba el referido a los trabajadores imputados en la causa penal por los hechos ocurridos en mayo de 2007, según el cual la empresa resolvería los expedientes disciplinarios de estos trabajadores una vez finalizado el procedimiento penal, comprometiéndose a que estos expedientes no supondrían la extinción de la relación laboral de los trabajadores afectados. El Comité de Empresa contestó elaborando nueva propuesta que en lo referente a los expedientes disciplinarios incluía que, de no declararse responsabilidad penal, la empresa archivaría definitivamente los expedientes disciplinarios y que, de declararse responsabilidad penal, la empresa sancionaría los hechos como máximo, como falta grave. El día 19 de mayo de 2009, la empresa adoptó la decisión de archivar el expediente disciplinario incoado a D. Rosendo como consecuencia del archivo del procedimiento penal. La decisión no pudo ser notificada al trabajador por cuanto éste ya había fallecido. 3º.- El día 22-5-2007 inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de "estado de ansiedad". Durante el proceso de incapacidad temporal fue atendido por el Equipo de Salud Mental así como por el servicio de Medicina Interna que efectuaba seguimiento y control de la dolencia digestiva. Una y otra dolencia era conectada por los distintos facultativos que atendían a D. Rosendo con la situación de estrés que padecía debido a la imputación en el procedimiento penal y a su situación en la empresa. D. Rosendo obtuvo el alta por mejoría el día 2-5-2008. El día 6-5-2008 D. Rosendo presentó escrito en la empresa dirigido a la Gerencia solicitando la asignación al turno fijo de mañana por motivos de salud. Se solicitó informe del Departamento de Prevención y Comisión de Asuntos Sociales, decidiéndose no conceder el turno solicitado por no estar suficientemente justificada la petición. D. Rosendo reiteró la petición el 3-6-2008, no siendo atendida. 4º.- Reincorporado D. Rosendo a su puesto de trabajo como conductor, el día 5-11-2008, D. Rosendo , dentro de su turno de trabajo y conduciendo un autobús sin pasajeros, salió de su ruta y se tomó la N-630 sentido a Mérida. Durante el trayecto, estacionó en un área de descanso próxima a una gasolinera y llamó por teléfono al Servicio de emergencia 112, manifestando desconocer donde estaba, y que se encontraba muy nervioso y agobiado. Una dotación de la Guardia Civil se dirigió al lugar donde se encontraba D. Rosendo . Se comprobó que D. Rosendo no se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. 5º.- El día 6- 11-2008 D. Rosendo inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de ansiedad. El día 18-11- 2008 D. Rosendo falleció. La causa del fallecimiento fue el suicidio. El lugar en el que se produjo el fallecimiento fue su propio domicilio. 6º.- El fallecimiento de D. Rosendo , ha dado lugar a una pensión de viudedad a favor de Dña. Lidia y a dos prestaciones de orfandad a favor de los menores Regina y Julio , reconocidas por el INSS y sobre una contingencia de accidente no laboral. Contra la anterior resoluciones formuló reclamación previa impugnando la contingencia de las prestaciones, la cual fue desestimada. 7º.- En relación al fallecimiento de D. Rosendo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no ha efectuado actuación alguna, no existiendo en sus archivos antecedentes relacionados con este trabajador".

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que ESTIMANDO la demanda que en materia de DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA ha sido interpuesta por DÑA. Lidia , y por los menores Julio y Regina , contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA FREMAP y TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M., debo declarar y declaro que la contingencia de las prestaciones de viudedad y orfandad a las que dio lugar el fallecimiento de D. Rosendo derivan de accidente de trabajo, condenando a los demandados, en el ámbito de su respectiva responsabilidad a estar y pasar por esta declaración".

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M. ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, la cual dictó sentencia en fecha 22 de septiembre de 2011 , en la que consta el siguiente fallo: "Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SAM (TUSSAM) , y con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por la MUTUA FREMAP ATEPSS 61 contra la sentencia de fecha 19/06/2010 aclarada por auto de fecha 23/06/2010, dictada por el Juzgado de lo Social número OCHO de los de SEVILLA en virtud de demanda sobre Seguridad Social, formulada por DÑA. Lidia , y sus menores Regina y Julio , contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General Seguridad Social, MUTUA FREMAP ATEPSS 61, y TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SAM (TUSSAM), debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida".

Por la representación de TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM) se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 3 de noviembre de 2011. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en fecha 19 de mayo de 2011 .

Por providencia de esta Sala de fecha 13 de abril de 2012 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de diez días.

Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso IMPROCEDENTE, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 27 de noviembre de 2012, fecha en que tuvo lugar. En la votación correspondiente el Sr. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana de la Serrana mantuvo una posición opuesta al criterio mayoritario, y anunció la formulación de voto particular, por lo que la ponencia de este asunto fue asumida por el Sr. Jordi Agusti Julia.

1. La demandante ha interesado que se declare que las prestaciones por muerte y supervivencia reconocidas como consecuencia del fallecimiento de su esposo, derivan de riesgo profesional. El Juzgado de lo Social nº 8 de los de Sevilla ha estimado su pretensión, e interpuesto recurso de suplicación por la empresa demandada y por la entidad aseguradora codemandada, éste ha sido desestimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla de fecha 22 de septiembre de 2011 (recurso 186/2011 ).

2. Consta acreditado -según se desprende del relato de hechos probados de la sentencia de instancia no modificado en suplicación- que el trabajador fallecido, con la categoría profesional de conductor de autobús, para "Transportes Urbanos de Sevilla" (TUSSAM), los días 11 y 12 de enero de 2005 precisó asistencia médica por presentar una crisis de ansiedad tras sufrir un accidente de tráfico mientras realizaba su trabajo, que en marzo de 2007 precisó nueva asistencia sanitaria por dolencia abdominal que los facultativos atribuyeron a una situación de estrés laboral, y que abril de 2007 el especialista que le trataba de su dolencia recomendaba que quedara sometido a un horario de trabajo fijo que le permitiera seguir un horario fijo de comidas. Posteriormente, el día 21 de mayo de 2007 tuvo lugar una huelga en el seno de la empresa demandada, durante la cual se produjeron diversos daños a bienes de la empresa. El trabajador fallecido fue detenido por la Policía Nacional cuando se dirigía a su trabajo a secundar la huelga, y tras permanecer detenido en dependencias policiales fue puesto a disposición judicial que decretó su puesta en libertad con cargos.

   Como consecuencia de estos hechos, el Juzgado de Instrucción n º 13 de los de Sevilla tramitó diligencias previas seguidas con el número 3425/2007 en las que el fallecido figuraba como inculpado. Mediante auto de fecha 20 de junio de 2007 , el Juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor reconocido, recurriéndose en reforma dicho auto por la empresa demandada y siendo desestimado por auto de 30 de julio de 2007. Interpuesto recurso de apelación por la empresa fue estimado y, como consecuencia de ello, y reaperturada la causa, el día 26 de febrero de 2008, el Juzgado de Instrucción llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la que participó el fallecido como imputado. El testigo que debía identificar a las personas no involucradas no identificó al fallecido como uno de ellos. A la vista del resultado de las actuaciones el Ministerio Fiscal emitió informe solicitando el sobreseimiento provisional de las actuaciones, dictándose auto de sobreseimiento el 7 de abril de 2008 . Contra esta resolución recurrió en reforma la empresa demandada, y desestimado este recurso, por auto de fecha 27 de noviembre de 2008, interpuso nuevo recurso, ahora de apelación, que fue igualmente desestimado.

   Durante la tramitación de las expuestas diligencias, la prensa vino recogiendo declaraciones de responsables de la empresa demandada, en las que se expresaba que se estaba a la espera del resultado del procedimiento penal para resolver sobre la imposición de las medidas disciplinarias a los trabajadores imputados. En concreto y con respecto al trabajador fallecido, tras su detención, se procedió a la incoación de expediente disciplinario, remitiéndole la empresa el 6 de julio de 2007 escrito en el que se le informaba de la incoación de expediente disciplinario, describiendo los cargos (lanzar objetos contundentes contra los autobuses el día 21 de mayo de 2007) y se le daba un plazo de 5 días para alegaciones. El día 12 de julio de 2007 presentó el trabajador escrito de alegaciones negando su participación en los hechos, dirigiéndole la empresa nuevo escrito el día 18 de julio de 2007 en el que se le informaba de la suspensión del expediente hasta la resolución del procedimiento penal pendiente. Tras la asunción por la empresa de una serie de compromisos, condicionados a que se desconvocara la huelga prevista para la feria 2008, y entre tales compromisos el de resolver los expedientes disciplinarios de los trabajadores imputados penalmente, una vez finalizado el procedimiento penal, el día 19 de mayo de 2009, la empresa adoptó la decisión de archivar el expediente disciplinario incoado al trabajador fallecido, decisión que no le pudo ser notificada, al haber ya fallecido.

   En fecha 22 de mayo de 2007, el trabajador inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de "estado de ansiedad". Durante este proceso fue atendido por el Equipo de Salud mental así como por el servicio de Medicina Interna que efectuaba seguimiento y control de la dolencia digestiva. Una y otra dolencia era conectada por los distintos facultativos que atendían al trabajador con la situación de estrés que padecía debido a la imputación en el procedimiento penal y a su situación en la empresa. El día 6 de mayo de 2008, el trabajador solicitó de la empresa demandada la asignación al turno fijo de mañana por motivos de salud. Se solicitó informe del Departamento de Prevención y Comisión de Asuntos Sociales, decidiéndose no conceder el turno solicitado por no estar suficiente justificada la petición. El trabajador reiteró la petición el 3 de junio de 2008 no siendo atendida. Reincorporado el día 5 de noviembre de 2008 a su puesto de trabajo como conductor, dentro de su turno de trabajo y conduciendo un autobús sin pasajeros salió de su ruta y se tomó la N-630 sentido a Mérida. Durante el trayecto, estacionó en un área de descanso próxima a una gasolinera y llamó por teléfono al Servicio de emergencia 112, manifestando desconocer donde estaba, y que se encontraba muy nervioso y agobiado. Una dotación de la Guardia Civil se dirigió al lugar donde se encontraba el trabajador. Se comprobó que no estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Al día siguiente, 6 de noviembre de 2008, inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de ansiedad, falleciendo el día 18 de noviembre de 2008 en su propio domicilio, siendo la causa del fallecimiento el suicidio.

3. Tras rechazar la revisión de hechos probados que instaban la demandada y codemandada recurrente, la Sala de suplicación, partiendo de la narración fáctica, que en los sustancial se ha expuesto anteriormente, concluye en que el trabajador fallecido se había encontrado inmerso en un clima de conflictividad laboral importante, por haber comenzado una huelga en la empresa el día 21 de mayo de 2007, en cuyo seno se produjeron incidentes importantes con actuaciones penales, incluida la detención del trabajador, que fue imputado penalmente y como tal participó en una rueda de reconocimiento, siguiéndose igualmente por la empresa actuaciones disciplinarias, cuyo resultado final de archivo del expediente, por archivo de la causa penal, no llegó a conocer el trabajador a causa de su fallecimiento. Razona la Sala, que en el contexto de conflictividad laboral descrito, y pocos días después del comienzo de la huelga, el trabajador inició un proceso de incapacidad temporal por ansiedad, del que causó alta por mejoría, no resultando difícil conectar causalmente este proceso de incapacidad temporal, a pesar de que se tramitó por enfermedad común, con el ejercicio profesional, por la vía del artículo 115.2 e) de la Ley General de Seguridad Social , dado que con anterioridad no consta ningún proceso previo de incapacidad temporal por enfermedad mental. Destaca la Sala, que el trabajador obtuvo el alta por mejoría y comenzó de nuevo a trabajar, pero que a pesar de su reincorporación a la empresa, continuaba abierto el proceso penal y el disciplinario y la empresa le denegó el cambio de turno a fijo de mañana que por motivos de salud había solicitado, de manera que volvió a iniciar proceso de incapacidad temporal, con diagnóstico de ansiedad, tras el relatado episodio de pérdida de facultades psíquicas y capacidad volitiva. En estas condiciones, concluye y coincide la Sala de suplicación, con la sentencia de instancia, en que dado que antes del inicio de la problemática laboral no existe constancia de enfermedad mental del trabajador, en la exclusiva relación del suicidio con la problemática laboral, cuyas consecuencias para el trabajador no terminaron con la huelga, dado que sus derivaciones se arrastraron hasta el final de sus días, pues hasta el omento se supo inmerso en un expediente disciplinario, cuyo final favorable no llegó a conocer.

   Como conclusión final, sienta la Sala de suplicación, que "de todo lo expuesto, bien por la vía del artículo 115.1 de Ley General de la Seguridad Social , por considerar la enfermedad mental del trabajador que le llevó a quitarse la vida, como derivada directamente del quehacer laboral por aplicarse la presunción que tal norma contiene al no haberse acreditado que causa distinta a la de trabajo produjera la dolencia que le llevó al suicidio, bien por la vía del artículo 115.2 e) de la misma ley , entendiéndose que la dolencia mental que padecía el trabajador y que le llevó a quitarse la vida fue contraída por la realización del trabajo y tuvo por causa exclusiva la ejecución de este, se desprende que el fallecimiento del trabajado deriva de accidente de trabajo."

4. Contra dicha sentencia de suplicación, interpone recurso de casación para la unificación de doctrina la empresa demandada, aportando como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 19 de mayo de 2011 (recurso 2231/2010 ). En esta sentencia, el trabajador demandante, conductor- perceptor, igualmente para la empresa "Transportes Urbanos de Sevilla" (TUSSAM), en fecha 22 de mayo de 2007 inició proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes, permaneciendo en dicha situación hasta el 16 de mayo de 2008, fecha en que fue dado de alta por control INSS, duración doce meses. Incoado de oficio expediente administrativo, el trabajador fue reconocido por el EVI que el 10 de noviembre de 2008 emite informe de valoración médica en el que se consigna que asegurado padece trastorno adaptativo secundario a proceso vital estresante (problemática laboral : huelga, arresto, juicios repetidos que desestiman el caso y empresa que recurre manteniendo causa abierta) reacción depresiva prolongada, considerándole, en atención a la medicación, limitado para tareas de riesgo para si y para terceros, indicándose que probablemente si se solucionan los problemas judiciales, dada la edad del paciente, se resolverán los problemas por lo que es revisable. El expediente finalizó mediante resolución del INSS de fecha 14 de noviembre de2008, que declaró al trabajador afecto de incapacidad permanente total para su profesión habitual, y disconforme con la contingencia declarada, el trabajador solicitó se declarase el origen profesional de la situación de incapacidad permanente, siendo desestimada su reclamación. Consta probado, que efectuada convocatoria de huelga en la empresa TUSSAM del 21 al 27 de mayo de 2007, el día 21 de mayo el trabajador fue detenido por la policía nacional por haber sido visto -según el atestado policial- arrojando piedras contra los autobuses en la Avenida de Andalucía, y habiéndose incoado para la averiguación de los hechos Diligencias Previas núm. 425/2007 por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de los de Sevilla en las que el 7 de abril de 2008, recayó auto de sobreseimiento provisional y archivo, que fue recurrido en reforma y subsidiaria apelación por la empresa, confirmándose el mismo por Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla de 11 de marzo de 2008 .

   La empresa incoó en julio de 2007 expediente disciplinario al trabajador por causar daños materiales durante la jornada de huelga, suspendiéndose su tramitación hasta tanto se resolviera el procedimiento penal cuyo archivo determinó, asimismo, el del expediente, lo que se comunicó al trabajador, mediante burofax, el 19 de mayo de 2009. El trabajador tenía asignado, el día 21 de mayo de 2007, servicios mínimos en jornada que comenzaba a las 15 horas, habiendo puesto la empresa a disposición de la plantilla distintos mecanismos (telefónicos e informáticos) para informar a los trabajadores del mantenimiento o no de la convocatoria de huelga y del turno atribuido a cada uno para el caso de que la misma se desconvocara.

5. Habiendo reclamado el trabajador que la incapacidad permanente total declarada se reconociera como derivada de accidente de trabajo, la demanda fue desestimada en la instancia, e interpuesto recurso de suplicación, fue asimismo desestimado por la sentencia de contraste. La Sala de suplicación, tras hacer referencia a la definición del accidente de trabajo que efectúa el artículo 115.1 de la Ley General de la Seguridad Social , y a la presunción que establece el apartado 3 del propio artículo 115 de la misma LGSS , razona que : "resultando incontrovertido que el presente supuesto los hechos de los que se dice derivan las secuelas psicológicas del actor, se producen durante el período de huelga, en horas en las que aquél no se encontraba prestando los servicios mínimos para los que fue designado, y teniendo en cuenta asimismo que el demandante ni se hallaba en las dependencias de la empresa realizándolos ni en sus cometidos de conducción, y de produjeron fuera del horario para l que estaba prevista su prestación de servicios, hallándose en acciones relacionadas exclusivamente con la huelga de la que era partícipe, debe concluirse que, con independencia del resultado de las Diligencias Penales y disciplinarias que le fueron incoadas, resulta evidente que los hechos se produjeron en circunstancias totalmente ajenas a las que determinan cualquiera de los supuestos de accidente de trabajo previstos en el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social , cuya infracción se denuncia, y con ruptura del nexo causal, como así entendió en caso análogo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24-2-1998 ."

1. La parte recurrida, viuda del trabajador fallecido, al impugnar el recurso, niega que entre las sentencias comparadas se de la necesaria contradicción, afirmación que comparte el preceptivo informe del Ministerio Fiscal.

2. Con carácter previo, pues, la primera cuestión que ha de resolver la Sala es la referente a la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, comprobando si entre las resoluciones contrastadas concurre la necesaria contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral ; y esta contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto de los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas, al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, según ha declarado la Sala en sentencias de 9 de febrero de 2004 (Rec. 2515/2003 ); 10 de febrero de 2005 (Rec. 914/2004 ); 15 de noviembre de 2005 (Rec. 4922/2004 ); 24 de noviembre de 2005 (Rec. 3518/2004 ); 29 de noviembre de 2005 (Rec. 6516/2003 ); 16 de diciembre de 2005 (Rec. 338020/04 ); 3 de febrero de 2006 (Rec. 4678/2004 ); 6 de febrero de 2006) (Rec. 4312/2004 ); 7 de febrero de 2006 (Rec. 1346/2005 ); 28 de febrero de 2006 (Rec. 5343/2004 ); 15 de septiembre de 2008 (Rec. 1126/2007 ) y 24 de septiembre de 2008 (Rec. 1523/2007 ).

1. Si bien es cierto que las dos sentencias comparadas resuelven supuestos de determinación de contingencia, y existen elementos comunes entre las mismas, ya que se trata de trabajadores que prestaban servicios como conductores para la misma empresa -Transportes Urbanos de Sevilla- y en ambas sentencias se parte de la huelga de transportes acaecida en la ciudad de Sevilla el día 21 de mayo de 2007, los dos trabajadores fueron detenidos simultáneamente, iniciándose diligencias previas con imputación penal inicial -si bien con resolución final de sobreseimiento de las actuaciones- e incoación de sendos expedientes disciplinarios, iniciando ambos trabajadores proceso de incapacidad temporal por estrés laboral el día 22 de mayo de 2007, que terminó en la sentencia de contraste con la declaración de incapacidad permanente y en el de la recurrida con el fallecimiento por suicidio, basta con la descripción de lo declarado probado en cuanto a los elementos fácticos soporte de la declaración judicial que efectúa cada una de las sentencias, tal como ha quedado reflejado en el primero de los fundamentos de la presente resolución, para poner de manifiesto la existencia de profundas diferencias entre los dos casos, de lo que deviene que las situaciones contempladas no sean homologables a los fines de la unificación doctrinal que con este excepcional recurso se persiguen. Como ha venido señalando reiteradamente esta Sala, en supuestos varios, entre otras en las sentencias de 10 de mayo de 2005 (rec. 6082/2003 ) y 30 de octubre de 2007 (rec. 1766/2006 ), aun cuando pueda ser patente que las dos sentencias comparadas hayan contemplado una misma realidad, "lo cierto es que la proyección de esta realidad en el proceso es diferente y en esa discrepancia entre la verdad material y la procesal debe primar esta última a efectos de la contradicción, ya que no se comparan los hechos en sí mismos, sino los hechos tal como aparecen acreditados en las sentencias y si éstas deciden sobre apreciaciones fácticas distintas, no habrá contradicción a efectos doctrinales, que es la que interesa en este recurso, aunque puede haberla respecto a la versión de los hechos, que quedan fuera de la finalidad unificadora. No se trata sólo de que la relación fáctica de la sentencia recurrida sea más detallada que la sentencia de contraste, sino de que en aquella sentencia se introducen datos relevantes que no constan en la segunda"

2. En efecto, en primer lugar, consta en la sentencia recurrida, que tras ser recurrido el auto de archivo provisional de las actuaciones penales, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la que participó el trabajador, no siendo identificado por el testigo como una de las personas involucradas en los hechos, extremo éste que no consta en la sentencia de contraste. Pero más importantes son las diferencias existentes en la evolución del proceso de incapacidad temporal en uno y otro caso. Así, además de que en el supuesto de la sentencia recurrida la salud del trabajador ya venía estando afectada psíquicamente por el trabajo, antes de la baja de 22 de mayo de 2007 , primero por una crisis de ansiedad derivada de accidente de tráfico, y después por trastornos digestivos siendo la causa el estrés laboral, y nada se refiere con respecto a la situación de salud del trabajador anterior a la citada fecha en la sentencia de contraste, resulta que en dicha sentencia consta que el trabajador fue dado de alta por control INSS al haber agotado los 12 meses de duración, iniciándose de oficio expediente administrativo para el reconocimiento de incapacidad permanente por enfermedad común. Por el contrario, en la sentencia recurrida, tras el alta por mejoría en fecha 2 de mayo de 2008 , el trabajador se reincorporó al trabajo, y cuatro días después solicitó la asignación al turno de mañana por motivos de salud, lo que le fue denegado por la empresa por estimar que no estaba suficientemente justificada la petición, que reiteró sin ser atendida, y el día 5 de noviembre de 2008, cuando desempeñaba su trabajo como conductor de un autobús sin pasajeros sufrió el episodio de ansiedad con pérdida de facultades psíquicas y capacidad volitiva ya descrito en el fundamento jurídico primero de esta resolución, lo que motivó una nueva baja e inicio de proceso de incapacidad temporal al día siguiente por ansiedad, falleciendo 12 días mas tarde siendo la causa de fallecimiento el suicidio. Pues bien, no sólo es el hecho puntual de la detención policial, la imputación penal y la incoación de expediente disciplinario, lo que ha llevado a la Sala de suplicación en la sentencia recurrida a estimar existente la relación de causalidad entre el quehacer laboral y el suicidio del trabajador, y en definitiva como contingencia la de accidente de trabajo, sino también -y significativamente- todas estas circunstancias que se han relatado y que no concurren en el caso de sentencia de contraste, razón por la cual ésta entendió inexistente el nexo causal y denegó la declaración de contingencia de accidente de trabajo de la incapacidad permanente reconocida.

3. En definitiva, se trata de dos sentencias que, en sendos supuestos particulares y concretos, adoptaron decisiones de signo diverso, con relación a la determinación de contingencia, en atención a las respectivas circunstancias acreditadas en cada uno de los procesos con respecto a dicha determinación, por lo cual -como ya se anticipó- no puede hablarse de discrepancia doctrinal alguna que precise de unificación.

1. Los razonamientos procedentes conllevan -de conformidad con la propuesta del Ministerio Fiscal- a desestimar en este momento procesal, por falta del requisito ineludible de contradicción, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa demandada, con pérdida del depósito constituido para recurrir, imposición de las costas a la recurrente, y dando a las consignaciones, en su caso efectuadas, el destino legal acorde con los pronunciamientos de esta sentencia ( artículos 226 y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral ).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.