STSJ Murcia 893/2011, 7 de Octubre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 893/2011 |
| Fecha | 07 Octubre 2011 |
T.S.J.MURCIA SALA 1 CON/AD
MURCIA SENTENCIA: 00893/2011
ROLLO DE APELACIÓN nº. 13/11
SENTENCIA nº. 893/11
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN PRIMERA
compuesta por los Ilmos. Sres.:
-
Mariano Espinosa de Rueda Jover
Presidente
Dña. María Consuelo Uris Lloret
-
Juan Antonio Hurtado Martínez
Magistrados
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº. 893/11
En Murcia, a 7 de octubre de 2011.
En el rollo de apelación nº. 13/11 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia nº 439/10, de 6 de julio, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 3 de Murcia dictada en el recurso contencioso administrativo nº. 1072/08, tramitado por las normas del procedimiento abreviado, en cuantía indeterminada, en el que figuran como parte apelante D. Jesús, representado por el Procurador Sr. Sevilla Navarro y asistido por el Letrado Sr. Miñano Cárceles, y como parte apelada la Delegación del Gobierno en Murcia representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre expulsión y prohibición de entrada en España; siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Hurtado Martínez, quien expresa el parecer de la Sala.
ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 1 de Murcia, lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la parte apelada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el día 27 de septiembre de 2011.
La sentencia apelada desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la recurrente contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia de 24 de octubre de 2008, por la que se acordó la expulsión de la misma y la prohibición de entrada en España durante diez años, por infringir el art. 53 a) de la L.O. 4/2000, reformada por L. O. 8/2000, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social, por encontrarse irregularmente en territorio nacional por carecer de documentación expedida por las autoridades españolas que autorice su presencia en España.
Alega la apelante para fundamentar el recurso de apelación los motivos de vulneración del procedimiento señalado legalmente, al no haberse conferido la audiencia el recurrente con traslado de la propuesta de resolución, así como la infracción del principio de proporcionalidad e inadecuada imposición de la sanción.
La Administración apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación solicita la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios argumentos.
Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en cuanto no sean modificados por los de la presente.
En cuanto a la falta de notificación de la propuesta de resolución, los Juzgados de lo contenciosoadministrativo de la Región vienen sosteniendo, en sintonía con el criterio de esta Sala, que la falta de traslado de la propuesta de resolución no puede constituirse en un motivo absoluto determinante de la anulabilidad del acto administrativo, sino que ha de ser objeto de examen casuístico, llegando a la conclusión de que no se produce indefensión si a la hora de dictarse la resolución no se tienen en cuenta otros elementos diferentes a los que obran en el expediente y en el acuerdo de incoación.
En principio, la omisión de la propuesta de resolución según ha señalado con reiteración la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sería suficiente para determinar la invalidez de los actos impugnados por originar indefensión al interesado (art. 24.2 C.E .), ya que supone privar a éste de su derecho a ser informado de la acusación una vez que el instructor ha examinado las alegaciones formuladas por el mismo y que se han practicado las pruebas de cargo oportunas, así como del derecho a hacer unas nuevas alegaciones que sobre dicha acusación crea oportunas en su defensa. Así la STS de 27 de abril 1998 (con cita de la SSTS de 21-4, 2 y 6-6 y 30-7-97 y 9 y 16-3-98 ), señala que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el art. 24.2 CE, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata.
Sin embargo, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso. Así lo ha establecido la Sentencia de la Sala 3ª. del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2.000, dictada en interés de la ley, en relación con el art. 13. 2 del R.D. 320/94 regulador del procedimiento sancionador en materia de tráfico.
La norma contenida en el artículo 110 R.D. 864/2001, de aplicación al presente supuesto en atención a la fecha de incoación del expediente, prevé una estructura procedimental equivalente a la de la norma interpretada por el Tribunal Supremo, pudiendo extenderse a ella el referido criterio como pauta para apreciar la necesidad de notificación de la propuesta de resolución. Por consiguiente, atendido el criterio sostenido en la S.T.S. de 19 de diciembre de 2.000, no se estima vulnerado el principio de audiencia en estos casos concretos.
En el supuesto enjuiciado se puede comprobar cómo el extranjero formuló alegaciones frente al acuerdo de iniciación, planteando únicamente cuestiones formales e invocando el principio de proporcionalidad. No se practicó prueba alguna que pudiera ser tenida en cuenta en la resolución sancionadora tendente a desvirtuar los hechos determinantes de la iniciación del expediente sancionador, dado que aquéllas propuestas por la actora fueron desestimadas, mediante resolución que sí fue notificada, al entenderse innecesarias.
En consecuencia, estos motivos del recurso no pueden tener acogida.
Para resolver si la resolución impugnada vulnera el principio de proporcionalidad, hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha considerado que el carácter reglado de la potestad sancionadora impide que la Administración pueda tener libertad para elegir soluciones distintas, pero igualmente justas, lo que significa que las sanciones deben ser impuestas en cada caso atendiendo a las circunstancias de graduación establecidas en la normativa aplicable. Por lo tanto, no cabe mantener que la sanción de expulsión en vez de la de multa aplicables según el art. 57 de la Ley 4/2000, modificada por Ley 8/2000, pueda ser impuesta de forma arbitraria sin atender a dichas circunstancias, ni que pueda ser impuesta discrecionalmente en todas las infracciones graves como la aquí cometida, ni que tal discrecionalidad no pueda ser controlada por los Tribunales. La Administración a través de un proceso reglado, que puede ser controlado por estos últimos, debe averiguar cuál es la sanción que debe imponer en cada caso. Se trata de buscar la sanción justa y proporcionada a la infracción cometida, lo que comporta que en el supuesto de que como consecuencia de dicha búsqueda reglada llegue a la conclusión de imponer una determinada sanción, deba expresar las circunstancias que ha tenido en cuenta al respecto para hacer posible el control referido por parte de los Tribunales, teniendo en cuenta que, como ya hemos señalado, es admisible la motivación " in alliunde ", pues señala la Jurisprudencia que resultaría en exceso formalista despreciar la motivación por el hecho de que no conste en la resolución misma, siempre que conste en el expediente administrativo.
En el mismo sentido se ha pronunciado la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 14 de octubre y 22 de diciembre de 2005, lo que ha obligado a esta Sala a modificar el criterio que hasta ahora venía manteniendo, confirmando el sostenido por los Juzgados, de considerar proporcional la expulsión, por entender que dicha medida era la única con la que se restauraba el orden jurídico perturbado y que además tenía cobertura legal en el art. 57 de la Ley 4/2000, modificada por la Ley 8/2000 .
Tales sentencias señalan que el arraigo,...
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