STS, 31 de Octubre de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 31 Octubre 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil siete.
VISTO el recurso de casación nº 1396/2004 interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración del Estado, contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2003, y en su recurso 671/02, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, sobre expulsión del territorio español. Se ha personado como parte recurrida la Procuradora Doña María Luisa Bermejo García, en nombre y representación de Don Alfonso .
En el proceso contencioso administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en fecha 30 de octubre de 2003 estimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación del Sr. Abogado del Estado se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha de 3 de febrero de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la parte recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 18 de febrero de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se desestime el recurso contencioso administrativo.
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 19 de julio de 2005, remitiéndose las actuaciones a la Sección Quinta para su resolución. Recibidas las actuaciones en esta Sección, se dio traslado al recurrido para oposición, formalizándose por escrito de 15 de febrero de 2006, y quedando el recurso pendiente de señalamiento.
Se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 30 de octubre de 2007, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado de la Sala
Se impugna en este recurso de casación número 1396/2004 la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó en fecha de 30 de octubre de 2003, y en su recurso contencioso administrativo nº 671/02, por medio de la cual se estimó el formulado por Don Alfonso, contra la resolución de la Delegada del Gobierno en las Islas Baleares de fecha 4 de marzo de 2002, que le expulsó del territorio nacional, con prohibición de entrada durante tres años, por la comisión de una infracción grave prevista en el artículo 53-a) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la L.O. 8/2000
Impugnada esa resolución en vía contencioso administrativa, la Sala de las Islas Baleares estimó la impugnación y anuló la resolución impugnada. Argumentó el Tribunal que la infracción del artículo 53-a) de la Ley Orgánica 4/2000, según su artículo 57-1, está castigada en primer lugar con la sanción de multa, permitiendo la Ley que en lugar de la multa se imponga la de expulsión, lo que exige una motivación específica que no existe en el caso de autos, razón por la cual la Sala de instancia estima el recurso y anula la resolución.
El Sr. Abogado del Estado ha interpuesto recurso de casación contra esa sentencia, en el cual articula dos motivos de impugnación.
Se alega, en primer lugar, y al amparo del artículo 88-1-c) de la Ley Jurisdiccional, la infracción de sus artículos 33.1 y 67.1, por haber fundado la Sala de instancia su fallo estimatorio en un motivo, (a saber, no haber justificado la Administración, en la resolución impugnada, por qué impuso la sanción de expulsión y no la de multa), que no había sido objeto de debate procesal.
Este motivo impugnatorio debe ser acogido pues, en efecto, un examen del escrito de demanda y de los motivos impugnatorios articulados en la misma permite concluir inmediatamente que en ningún momento se hace referencia en dicho escrito de demanda a la motivación insuficiente de la resolución combatida por lo que respecta a la opción por la expulsión en vez de por la multa .
Por otra parte, la Sala de instancia no hizo uso de la facultad procesal prevista en el artículo 33.2 de la Ley Jurisdiccional, por lo que las partes, y singularmente la Administración recurrente en casación, carecieron de oportunidad alguna para formular alegaciones sobre la posible falta de motivación ya referida, en el que la Sala de Instancia funda finalmente la sentencia combatida.
No se desvirtúa esta conclusión por las alegaciones de la parte recurrida en casación acerca del principio iura novit curia, pues dicho principio excusa al órgano jurisdiccional de ajustarse a los razonamientos jurídicos aducidos por las partes, ahora bien, siempre que no se altere la causa petendi ni se sustituya el "thema decidendi", que es justamente lo que no ha ocurrido en este caso, al no haberse mantenido el Tribunal de instancia en el marco del debate procesal entablado por las partes, con quiebra del principio de contradicción y menoscabo del derecho de defensa.
En consecuencia, procede estimar este primer motivo de casación, con la consiguiente reposición de actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia, a fin de que la Sala de instancia someta la cuestión a las partes según lo indicado en el precitado artículo 33.2 de la Ley Jurisdiccional, y resuelva luego en consecuencia.
Ello hace improcedente el examen del segundo motivo de casación, por cuanto la estimación del primero produce los efectos de casación de la sentencia y retroacción de actuaciones a fin de que se dicte otra una vez subsanado el defecto procesal apreciado.
(A esta misma solución hemos llegado, entre otras, a propósito de recursos de casación con un contenido sustancialmente igual al presente, en SSTS de 29 de marzo, 24 de mayo y 19 de julio de 2007, RRC 791/2004, 5977/2003 y 1770/2004, resp.)
De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no procede hacer una condena en las costas de casación, ni existen razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que estimando el primero de los motivos de casación aducidos, debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación nº 1396/2004 interpuesto por el Sr. Abogado del Estado, contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso contencioso administrativo nº 671/02, y en su virtud casamos y anulamos la citada sentencia, y ordenamos la retroacción de las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia, para que la Sala de instancia someta la cuestión a las partes, según lo indicado en el artículo 33.2 LJCA y resuelva en consecuencia. Sin que haya lugar a condena en costas de la instancia ni de esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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