ATS, 22 de Mayo de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 22 Mayo 2008 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintidós de Mayo de dos mil ocho. HECHOS
Por la Procuradora de los Tribunales Dña. Rocío Sampere Meneses, en nombre y representación de BANKINTER, S.A. se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 25 de junio de 2.007, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el recurso nº 1374/05, en materia de solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre Sociedades.
Por providencia de 12 de diciembre de 2.007, se dio traslado a las partes, por plazo común de diez días, para que pudieran formular alegaciones sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso siguiente: No haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de la norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia (art. 89.2 de la LRJCA en relación con 86.4 LRJCA).
Trámite que ha sido evacuado por ambas partes.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D Ramón Trillo Torres Presidente de la Sala
Por la Procuradora de los Tribunales Dña. Rocío Sampere Meneses en nombre y representación de BANKINTER, S.A. se han interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 25 de junio de 2.007, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el recurso nº 1374/05, contra el Acuerdo de 28 de julio de 2005 del TEAF de Guipúzcoa, desestimatorio de la reclamación 2004/609 contra desestimación presunta de la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002.
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
La nueva Ley de esta Jurisdicción, pues, no hace sino ratificar y ampliar una consolidada doctrina jurisprudencial surgida bajo el imperio de la Ley anterior (Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).
En este asunto, el escrito de preparación del recurso interpuesto por la representación procesal de BANKINTER, S.A únicamente contiene la siguiente fundamentación: "El recurso se interpondrá en base a dos fundamentos jurídicos: a. El apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, entendiéndose vulnerados en concreto los artículos 10.3 y 12.2 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades y los artículos 31.1 (en relación con el artículo 14 de la Constitución), 31.3 y 133 de la Constitución Española, junto con el artículo 9.3 de la Constitución. En el supuesto que nos ocupa, mi representada solicitó la procedencia de la rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002, por la deducción de la base imponible del Impuesto de la cantidad correspondiente a las provisiones estadísticas. B) Que se entiende vulnerado el artículo 45.2.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa".
Por tanto, es evidente que no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, pues aunque en el escrito de preparación del recurso se citan los concretos preceptos que se entienden infringidos, en modo alguno se justifica que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido, lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con el 89.2, de la mencionada Ley, por haber sido defectuosamente preparado.
No obstan a esta conclusión las alegaciones efectuadas por la representación procesal de BANKINTER, S.A., con ocasión del trámite de audiencia, aduciendo que en el recurso de casación se ha justificado de manera suficiente la infracción, pues si bien el artículo 86.4 condiciona la recurribilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -que sean susceptibles de casación- a que el recurso, es decir, el escrito de interposición del mismo, pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal (o comunitario europeo) que sea relevante y determinante del fallo recurrido, es justamente tal condicionamiento, en cuanto afecta a la impugnabilidad de la sentencia, el que determina que en el artículo 89.2 se exija al recurrente justificar en el trámite inicial del procedimiento impugnatorio -en el escrito de preparación del recurso- que la infracción de las normas jurídicas hábiles, que en su día podrán hacerse valer como fundamento del recurso de casación, ha sido relevante y determinante de la sentencia.
Es de recordar, además, que la inobservancia del artículo 89.2 afecta a la sustancia misma del escrito de preparación -no se trata de un defecto formal-, razón por la que no puede entenderse subsanada por remisión al contenido de la sentencia, ni en actuaciones posteriores, sin desnaturalizar su significado.
Por otra parte, como también alega el recurrente, la circunstancia de que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia no cambia las cosas, ya que el sistema de recursos es el establecido en la ley, a lo que debe añadirse que aunque la defectuosa preparación del recurso debe examinarse por la Sala de instancia, es al Tribunal Supremo a quien corresponde definitivamente pronunciarse al respecto.
Al ser inamisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional, declarándose que la cantidad máxima a reclamar en concepto de honorarios de letrado por la parte recurrida es de 600 euros, atendida la actividad profesional desarrollada por dicho letrado en este recurso de casación, al igual que esta Sala ha resuelto en supuestos similares.
En su virtud,
declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de BANKINTER, S.A., contra la Sentencia de 25 de junio de 2.007, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el recurso nº 1374/05, resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida en concepto de honorarios de letrado, la cantidad de 600 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
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