STSJ Canarias , 12 de Noviembre de 2004
| Ponente | CRISTINA PAEZ MARTINEZ-VIREL |
| ECLI | ES:TSJICAN:2004:4866 |
| Número de Recurso | 1971/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº
ILMOS SRES Dña Cristina Páez Martínez Virel Presidente D.César José Garcia Otero D. Nicolás Marti Sánchez Magistrados Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2004 Vistos, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en esta capital, el presente recurso 1971/2003 en el que interviene como demandante Mar Abierto SA representada por el Procurador D.Angel Colina Gómez y como demandado Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias representada por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, versando sobre sanción en materia turística, siendo 30.050,61 Euros la cuantía del procedimiento.
Por Resolución de fecha 26 de junio de 2003 de la Consejería de Turismo y Transporte se desestima recurso de reposición y se confirma Orden del Consejero de Turismo y Transporte de 7 de abril de 2003 dictada en expediente nº 2 /131.
Por la representación procesal del recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo, formalizando demanda con la suplica de que se dicte sentencia que anule la resolución recurrida.
La demandada interesó la desestimación del recurso interpuesto.
Aparecen observadas las formalidades de tramitación.
Siendo ponente la Ilma Sra. Dña Cristina Páez Martínez Virel y VISTOS los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.
Se impugna Resolución de fecha 26 de junio de 2003 de la Consejería de Turismo y Transporte que desestima recurso de reposición y confirma Orden del Consejero de Turismo y Transporte de 7 de abril de 2003 dictada en expediente nº 2 /131.
Por la parte actora se alega caducidad del expediente sancionador pues no tiene razón la administración al considerar que el inicio del procedimiento sancionador viene constituido por la resolución del órgano competente para decretar la incoación del procedimiento y no por el acta de inspección. El artículo 81.2 a) de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias dispone de manera clara y contundente que el acta de inspección turística en caso de estimarse que existe infracción constituirá inicio del expediente sancionador. Por tanto, como la segunda acta de infracción se levantó el 12 de septiembre de 2002 y la resolución sancionadora se dictó el 7 de abril de 2003 notificándose el 9 del mismo mes y año, es claro que entre ambas fechas transcurrió el plazo de caducidad previsto en los artículos 4.1 y 6.1 del citado Reglamento ; respecto a la cuestión de fondo no existe el hecho por el que se le ha sancionado porque existió silencio administrativo positivo conforme al artículo 10 del Decreto de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de 9 de octubre de 1986 .
el orden procesal obliga a examinar, en primer lugar, la posible caducidad del procedimiento, cuestión sobre la que, como ha advertido el Tribunal Supremo (STS de 7 de noviembre de 2001) procede resolver con carácter previo. Pues bien, como advierte el Tribunal Supremo en relación al ejercicio de la potestad sancionador por la Administración competente: "... para que la sanción administrativa sea válida en derecho es preciso no solo que los actos realizados estén incluidos en la norma sancionadora, sino que, además, la sanción se imponga de acuerdo con la norma de procedimiento y en el plazo exigido por la ley. El transcurso de ese plazo sin que se imponga la sanción, determina la imposibilidad legal de efectuarlo, y si se ha hecho, determina la nulidad radical de la sanción impuesta" Y es que estamos ante una potestad administrativa sometida a plazo, con fundamento en la seguridad jurídica y en la necesidad de evitar la incertidumbre de la pendencia indefinida de un procedimiento de esta clase, cuyo incumplimiento acarrea la nulidad de la resolución sancionadora tras la entrada en vigor de la Ley 30/92, pues, como es sabido, con anterioridad a la misma el tratamiento normativo de la caducidad era distinto, en cuanto que el art. 99 de la LPA de 17 de julio de 1958 contemplaba la institución en función de la inactividad del interesado y no como deber de declararla de oficio por la propia Administración cuando se diesen los requisitos legales.
En la situación legislativa actual, el punto de partida en el examen de la caducidad es el artículo 42 de la LRJAP-PAC en la redacción introducida por la Ley 4/99, de 13 de enero , conforme al cual "
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