STS, 23 de Julio de 1991
| Ponente | PEDRO ANTONIO MATEOS GARCIA |
| ECLI | ES:TS:1991:7776 |
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 1991 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.509.-Sentencia de 23 de julio de 1991
PONENTE: Excmo. Sr. don Pedro Antonio Mateos García.
PROCEDIMIENTO: Cuestión de competencia negativa.
MATERIA: Competencia de los Tribunales Superiores de Justicia.
NORMAS APLICADAS: Arts. 66, 74 y disposición transitoria 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Arts. 2, 33, 53 y 57 de la Ley 38/1988 .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 23 de enero y 7 de marzo de 1991.
DOCTRINA: La interpretación sistemática y global es determinante de que con la publicación de la
Ley 38/1988 son de inmediata aplicación los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial
reguladores de las competencias de las Salas, tanto de la Audiencia Nacional como de los
Tribunales Superiores de Justicia, de manera que las Salas de esta jurisdicción de los Tribunales
Superiores de Justicia han asumido las competencias atribuidas por el art. 77 de la Ley Orgánica y
además, hasta que funcionen los Juzgados de lo Contencioso, las que a éstos puedan
corresponder.
En la villa de Madrid, a veintitrés de julio de mil novecientos noventa y uno.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal, constituida por los señores al margen, el recurso contencioso-administrativo núm. 496/1991, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador don Antonio Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de don Jose Pablo , contra la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de 20 de noviembre de 1989 . Habiendo sido parte recurrida la Administración, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Antecedentes de hecho
El Procurador don Antonio Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de don Jose Pablo , interpone recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; por providencia de 29 de marzo de 1990 se acuerda oír al recurrente y al Abogado del Estado sobre la posible competencia de la Audiencia Nacional, evacuando dicho trámite ambas partes; por Auto de 27 de junio de 1990 se acuerda tener por competente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que se remitirán las actuaciones previo emplazamiento de las partes.
Personada la representación procesal de don Jose Pablo ante la Sala de loContencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y por providencia de 30 de octubre de 1990, se acuerda oír a las partes y al Ministerio Fiscal por término de diez días sobre la posible incompetencia para conocer del asunto, evacuando las partes y dicho Ministerio Fiscal el trámite con el resultado de autos. Por Auto de 23 de enero de 1991 la Sala de la Audiencia Nacional acuerda rehusar el conocimiento del presente recurso por estimar que le corresponde a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que se remiten los autos a la Sala del excelentísimo Tribunal Supremo.
Personado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el Procurador don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre de la parte recurrente, por diligencia de 11 de marzo de 1991 se acuerda oír por diez días a las partes y al Ministerio Fiscal acerca de la competencia del presente recurso, evacuando dichas partes y el Ministerio Fiscal dicho trámite con el resultado de autos.
Para votación y fallo del presente recurso se señaló la audiencia del día 18 de julio de 1991, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don Pedro Antonio Mateos García, Magistrado de esta Sala.
Fundamentos de Derecho
La problemática que suscita la actual cuestión de competencia negativa se circunscribe a la indagación de la concreta Sala de lo Contencioso-Administrativo -de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid- a la que corresponde legalmente conocer del recurso interpuesto contra resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 20 de noviembre de 1989, confirmatoria, en alzada, de la adoptada el 26 de junio de 1989 por el director general de Ordenación Pesquera, en cuya virtud se denegó la solicitud de incorporación del buque pesquero «Itxaropena» en el censo de arrastre de fondo en el Cantábrico y noroeste; y como sobre el tema que dejamos sintéticamente expuesto se ha pronunciado ya este Tribunal en diversas ocasiones abordando cuestión similar (por todas, Sentencias de 23 de enero y 7 de marzo de 1991), es por lo que, en razón del principio de unidad de doctrina que debe inspirar las resoluciones judiciales y además por entender ajustado al ordenamiento el criterio en aquélla establecido, nuestra decisión actual se enderezará a reproducir las consideraciones que entonces se formulaban.
La discrepancia, origen del actual conflicto competencial, tiene su causa próxima en el contenido y alcance que debe reconocerse al art. 57 de la Ley 38/1989 , cuya interpretación, como decíamos en la última Sentencia citada, ha de hacerse de modo sistemático e integrador, rechazando la literal y aislada del precepto; y con tal perspectiva es de observar cómo el «precitado art. 57 no tiene otro designio que el de llenar el vacío en la distribución de competencias efectuada por la Ley Orgánica del Poder Judicial ante la falta de implantación inmediata de los Juzgados de lo Contencioso, pues sin dicha norma, exclusivamente dirigido a las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, quedaría un amplio campo de impugnación contenciosa sin posibilidad de revisión judicial»; y es por ello por lo que ha de entenderse que «con el mencionado art. 57 se atribuye provisionalmente y hasta tanto entren en funcionamiento los aludidos Juzgados de lo Contencioso a las Salas de los Tribunales Superiores aquellas materias de las que habían de entender tales Juzgados, pero en modo alguno cabe sostener, al amparo del tan repetido precepto, que las competencias que quedan residenciadas en las Salas de los Tribunales Superiores son exclusivamente las señaladas en la Ley Jurisdiccional, sin que les correspondan las que expresamente las atribuye la Ley Orgánica. En resumen, la interpretación sistemática y global es determinante de que con la publicación de la Ley 38/1988 son de inmediata aplicación los preceptos de la Ley Orgánica, reguladores de las competencias de las Salas tanto de la Audiencia Nacional como de los Tribunales Superiores de Justicia, según se desprende de los arts. 2, 33 y 53 de la Ley de Planta y Demarcación 2.509 Judicial , de manera que las Salas de esta jurisdicción de los Tribunales Superiores de Justicia han asumido las competencias atribuidas por el art. 74 de la Ley Orgánica y, además, hasta que funcionen los Juzgados de lo Contencioso, las que a éstos puedan corresponder; sostener que las Salas de los Tribunales Superiores exclusivamente tienen atribuidas las competencias determinadas en la Ley Jurisdiccional, marginando las previstas en la Ley Orgánica, determinaría que quedaría sin aplicación la disposición transitoria 34 de ésta, cuando no hay nuevo precepto en la Ley 38/1988 que así lo disponga, y se prolongaría su vigencia con la correlativa consecuencia de que no podría entenderse derogado el Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero , ni directamente aplicables los arts. 66 y 74 de la Ley Orgánica, como si dichos preceptos continuaran congelados en su aplicación, cual lo fueron por la disposición transitoria antes citada mientras devino aplicable. En conclusión, la obligada y directa aplicación del art. 6o de la Ley Orgánica desposee a la Sala de la Audiencia Nacional de competencia para conocer del caso cuestionado, como de su inciso final se deduce, sin que quepa entender que conserva competencias atribuidas por el Real Decreto-ley de su creación y paralelamente resulta de aplicación directa el art. 74 de la Ley Orgánica, el cual determina la competencia de la Sala del Tribunal Superior porque no existe precepto que atribuya elsupuesto que contemplamos a otro órgano judicial, debiendo, en fin, entenderse que el art. 57 de la Ley 38/1988 complementa la atribución de competencias propias de los expresados Tribunales y modificada la Ley de esta jurisdicción en lo necesario ( art. 53 de la Ley de Planta ) para la directa aplicación de dicho art. 74».
No existe pues, duda, añadíamos en la calendada Sentencia, de que «cumplidas las previsiones de la disposición transitoria 34 de la Ley Orgánica mediante la entrada en vigor de la Ley 38/1988 , quedó superado el obstáculo que representaba aquella disposición para la directa aplicación del sistema de competencias establecido en la Ley Orgánica, así como que alcanza plenitud la derogación del Real Decreto-ley 1/1977 , que quedó demorada hasta la publicación y entrada en vigor la Ley de Demarcación y Planta Judicial , por lo que no es posible su aplicación y menos sostener que a su amparo la Sala de la Audiencia Nacional conserva competencias nacidas del Real Decreto-ley de su creación, dado que en la Ley 38/1988 no existe para tales Salas un precepto, cual el del art. 57, dirigido a ellas».
En armonía con cuanto dejamos expuesto, fiel reproducción de cuanto hemos expresado en Sentencias anteriores, procede decidir la cuestión de competencia suscitada atribuyendo el conocimiento del recurso contencioso-administrati-vo que la originó a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al cual le deberán ser remitidas las actuaciones para que ante el mismo siga su total tramitación, sin que existan motivos para hacer pronunciamiento expreso sobre costas.
Que debemos declarar y declaramos competente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer del recurso interpuesto, en la representación que ostenta, por el Procurador don Antonio Rodríguez Muñoz, contra la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de 20 de noviembre de 1989, confirmatoria, en alzada, de la adoptada el 26 de junio del mismo año 1989 por el director general de Ordenación Pesquera, en cuya virtud fue denegada la solicitud de incorporación del buque pesquero «Itxaropena» en el censo de arrastre de fondo en el Cantábrico y noroeste; debiendo, en consecuencia, ser remitidas todas las actuaciones, interesando acuse de recibo a la Sala de cuya competencia declaramos, esto es, a la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que ante ella continúe su tramitación, sin que hagamos pronunciamiento especial sobre costas.
Póngase esta Sentencia, mediante testimonio, en conocimiento de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional y del Ministerio Fiscal a los oportunos efectos.
ASI, por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pablo García Manzano.- Manuel Garayo Sánchez.-Pedro Antonio Mateos García.-Francisco José Hernando Santiago.-Juan Manuel Sanz Bayón.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado don Pedro Antonio Mateos García, Ponente que ha sido en la tramitación de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el día de hoy, lo que como Secretario de la misma certifico.-Diego Fernández de Arévalo.-Rubricado.
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