STS, 14 de Octubre de 1992
| Ponente | VICENTE CONDE MARTIN DE HIJAS |
| ECLI | ES:TS:1992:16507 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 3.216.-Sentencia de 14 de octubre de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don Vicente Conde Martin de Hijas.
PROCEDIMIENTO: Recurso.
MATERIA: Proceso contencioso-administrativo. Inadmisibilidad del recurso.
NORMAS APLICADAS: Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956; art. 82.
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia de 9 de marzo de 1991.
DOCTRINA: Si bien es cierto que el contenido del poder, con las certificaciones al mismo
incorporadas, es terminante para acreditar que el poderdante en ese acto representa a la Comisión
Ejecutiva del Sindicato por cuenta del que dice actuar, no lo es menos que, al haberse aportado a
los autos los Estatutos de dicho ente sindical, se ignora si tal Comisión Ejecutiva dentro del
organigrama de aquélla tiene atribuida la facultad de iniciar procesos en su nombre, constituyendo
la voluntad corporativa a ese respecto.
En la villa de Madrid, a catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al final anotados, el contencioso-administrativo que, con el núm. 3.688 de 1989, ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, representada y defendida por el Letrado don Enrique Lillo Pérez contra el artículo único del Real Decreto 2405/1985, de 27 de diciembre , por el que se regulan determinados aspectos del subsidio de desempleo de trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Habiendo sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
Antecedentes de hecho
Por la representación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras se interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución, el cual fue admitido por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se entregó al Sr. Lillo Pérez, para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de Derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia "por la que declare nulo radical el precepto impugnado por vulneración del art. 14 de la Constitución o alternativamente lo anule por vulneración del art. 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo "; también solicitó el recibimiento del pleito a prueba.
El Abogado del Estado se opuso a la demanda con su escrito en el que, después de exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala que se declare la inadmisibilidad del recurso, o subsidiariamente que se desestime; asimismo se opuso al recibimiento del pleito a prueba.
La Sala, por auto de 18 de enero de 1991, acordó recibir el pleito a prueba, verificándose la misma, según consta en autos.
Acordándose sustanciar este pleito por conclusiones sucintas, se concedió a las partes el término sucesivo de quince días, evacuándolo con sus respectivos escritos en los que, tras alegar lo que estimaron conveniente, terminaron dando por reproducidas las súplicas de demanda y contestación.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 7 de octubre de 1992, en cuyo acto tuvo lugar su celebración, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don Vicente Conde Martin de Hijas.
Fundamentos de Derecho
Frente al recurso interpuesto por don Enrique Lillo Pérez, en nombre y representación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, contra el Real Decreto 2405/1985 se opone por el Abogado del Estado su inadmisibilidad, según lo dispuesto en el art. 82, b), de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, por las siguientes razones en orden sucesivo: a) Falta de personalidad jurídica y capacidad procesal de la entidad recurrente, pues no haberse acreditado su existencia ni su personalidad jurídica, al no haberse aportado, ni incorporado a la escritura de poder, la certificación de la oficina, a la que se refiere el art. 4. de la Ley Orgánica 11/1985 , así como que, al no haberse aportado los estatutos, se ignora si la Comisión Ejecutiva de la entidad recurrente goza de competencia para facultar a don Reyes Hidalgo para que pueda iniciar las actuaciones procesales, cuestión esta última en la que el Abogado del Estado mezcla en realidad un tema atinente a la legitimación por representación con un tema de personalidad y capacidad procesal stricto sensu b) Falta de acuerdo corporativo para interponer el recurso, c) Falta de representación, pues en la certificación incorporada a la escritura de poder no consta que el compareciente ante el Notario, en nombre de la Comisión Ejecutiva, estuviera autorizado para delegar su representación. El carácter procesal de dichas alegaciones de oposición exige su examen con carácter previo.
En cuanto a la alegación de no justificación de la personalidad de la entidad recurrente, no puede prosperar, pues en la escritura de otorgamiento de poder, unida a los autos, se hace constar por el Notario autorizante la inscripción de la entidad recurrente en el Registro, lo que es prueba suficiente de su existencia legal y consecuente personalidad jurídica y capacidad procesal: ello aparte de que en este concreto caso, y a diferencia de otros (por ejemplo, el decidido en nuestra sentencia de 9 de marzo de 1991, ante alegación similar en recurso de otro sindicato), la notoriedad de la existencia de la entidad recurrente permite tenerla por probada.
Solución diferente merece, sin embargo, la alegación atinente a la no justificación de que en el organigrama de la entidad fuera la Comisión Ejecutiva el órgano corporativo con capacidad para decidir el ejercicio de acciones procesales, y para conferir poder a la persona que , en su nombre, ha apoderado al Letrado actuante. En tal sentido, si bien es cierto que el contenido del poder, con las certificaciones a él incorporadas, es terminante para acreditar que don Reyes Hidalgo Ortiz, poderdante en ese acto, representa a la Comisión Ejecutiva del Sindicato, por cuenta del que dice actuar, no lo es menos que, al no haberse aportado a los autos los Estatutos de dicho ente sindical, se ignora si tal Comisión Ejecutiva, dentro del organigrama de aquélla, tiene atribuida la facultad para iniciar proceso en su nombre, constituyendo la voluntad corporativa a ese respecto; esto es, no se cuestiona la representación del apoderado, sino la capacidad corporativa del órgano poderdante, sin cuyo elemento no cabe imputar lo hecho por el apoderado al ente sindical en cuya representación dice actuar.
No cabe aquí , por otra parte, acudir a ningún criterio de notoriedad pues evidentemente desde esa perspectiva no es lo mismo la existencia del ente de perfecto conocimiento público, que la distribución interna de las facultades de actuación entre sus órganos.
Como decíamos, en nuestra sentencia de 9 de marzo de 1991, antes citada, en las personas jurídicas "la representación se confía a determinados órganos corporativos, en un momento ulterior (correcta o incorrectamente) puedan delegar convencionalmente la facultad de representar a la entidad par el ejerciciode acciones. De este modo, ante un concreto apoderamiento notarial para la representación procesal, el juicio sobre si la actuación del apoderado puede imputarse a la entidad, que se dice representada por él , debe detenerse como dato previo en el de si el concreto poderdante puede tenerse, a su vez, como representante de la entidad, en cuyo nombre comparece ante el fedatario público, para lo que es imprescindible el examen de los Estatutos". La falta de aportación de éstos supone la no acreditación de la representación en que se dice actuar debiendo prosperar así el motivo de inadmisiblidad del recurso alegado por el Abogado del Estado, según lo dispuesto en el art. 82. B) de nuestra Ley Jurisdiccional, con la consecuente abstención de entrar a conocer del fondo del asunto.
La radicalidad de la argumentación precedente haría innecesario abordar la cuestión suscitada en orden a la ausencia de acuerdo corporativo para la interposición del recurso, como elemento de formación de voluntad del ente que aparece como recurrente, alegación, que, en cualquier caso, también, debe admitirse, como causa de inadmisiblidads, según reiteradas sentencias de esta Sala , como las de 14 y 21 de junio, 14 de noviembre y 13 de diciembre de 1990, 1 de febrero, 25 de marzo , 5 de mayo y 24 de septiembre de 1991.
No es admisible sin embargo, la alegación de falta de representación porque al poderdante no conste autorizado para delegar su representación, pues esa autorización está insita , salvo prohibición, según lo dispuesto en el art. 1721 del Código Civil , entre sus facultades como mandatario.
No se aprecian motivos que justifiquen una especial imposición de costas.
Que debemos declarar y declaramos inadmisible el recurso contencioso-administrativo formulado por don Enrique Lillo Pérez, en representación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en impugnación del Real Decreto 2405/1985, de 27 de diciembre , por falta de acreditación de la representación de la recurrente en el proceso, absteniéndonos de entrar a decidir sobre el fondo del asunto, sin hacer especial declaración en cuanto a costas.
ASI por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-César González Mallo.-Enrique Cáncer Lalanne.-Ramón Trillo Torres.-Vicente Conde Martin de Hijas.-Marcelino Murillo Martín de los Santos.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Vicente Conde Martin de Hijas, Magistrado Ponente de esta Sala del Tribunal Supremo, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que certifico.-Rubricado.
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