STS, 7 de Julio de 1996
| Ponente | MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS |
| ECLI | ES:TS:1996:4148 |
| Número de Recurso | 101/1994 |
| Fecha de Resolución | 7 de Julio de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a siete de Julio de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) de este Tribunal Supremo, el Recurso contenciosoadministrativo, de instancia única, nº 101/94, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por D. Carlos , en su propio nombre y representación, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de octubre de 1993, por el que se deniega la petición del recurrente ( y de otros) conductores del Parque Móvil Ministerial a ser clasificados en el Grupo D, habiendo sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
D. Carlos , interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de octubre de 1993, por el que se desestima la petición formulada por el mismo, -y por otros conductores del Parque Móvil Ministerial (PMM)- referida a que se declare el derecho del reclamante, como funcionario Conductor y de Taller del Parque Móvil Ministerial, a estar encuadrado en el Grupo de Clasificación D, con todas las consecuencias inherentes a dicho encuadramiento. Por Otrosí solicitaba la acumulación a este procedimiento del seguido bajo el nº 2073/1992 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 1ª) contra la denegación presunta de la petición formulada por el mismo en fecha 17 de agosto de 1.993 sobre la misma cuestión. Por Proveído de 6 de julio de 1.995 se acordó no haber lugar a lo solicitado en el otrosí del escrito de interposición.
Admitido a trámite el recurso, por el cauce de los arts. 113 a 117 de la LJCA, se acordó tener por personado al recurrente, publicar los anuncios prevenidos en la Ley y reclamar el expediente administrativo, ordenándose una vez recibido éste, se formalizara la demanda en el plazo de 15 días, lo que efectuó el recurrente por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, en fecha 27 de septiembre de 1.995, en el que después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos terminó por Suplicar: "que teniendo por presentado este escrito, con sus documentos y copias y por devuelto el expediente administrativo, se sirva admitirlo y tenga por formalizada DEMANDA contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 1993, por el que se deniega expresamente la petición formulada el día 11 de febrero de 1993; y previos los trámites legales oportunos, en su día, dicte sentencia por la que se declare la nulidad del Acuerdo recurrido. B) Se declare y reconozca el derecho del que suscribe, como funcionario conductor y de Taller del Parque Móvil Ministerial, a estar encuadrado en el Grupo de clasificación D, con todas las consecuencia, inherentes a la pertenencia a dicho grupo. C) Se declare la nulidad y deje sin efecto el acuerdo por el que se incluyó en el Grupo E al recurrente. D) Se abone la cantidad de 398.592 pesetas, en concepto de las diferencias económicas adeudadas por estar encuadrado en el Grupo E, debiendo estar adscrito al Grupo D, así como las restantes que se puedan reclamar por tales conceptos hasta la resolución de los extremos, objeto del presente recurso. E) Se declare y reconozca el derecho del recurrente a percibir el interés de mora por el retraso sufrido en el abono de las citadas cantidades. Todo ello con expresa condena en costas a la Administración demandada".
Por el Abogado del Estado se contestó la demanda, por escrito fechado el 22 denoviembre de 1995, en el que después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos terminó por Suplicar "se dicte Sentencia desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto y condenando a la parte actora al pago de las costas".
Por diligencia de ordenación de fecha 24 de noviembre de 1.995 quedaron los autos pendientes de señalamiento para cuando por turno correspondiera.
Por Providencia de 10 de junio de 1996, se señaló para votación y fallo el día 2 de julio de 1996, en cuyo día tuvo lugar efectivamente, la deliberación y votación.
El recurrente, funcionario Conductor y de Taller del Parque Móvil Ministerial (P.M.M.), ingresó en la Escala de Funcionarios Conductores y de Taller de dicho Organismo, a virtud de oposición libre convocada por Resolución del Parque Móvil Ministerial de 23 de septiembre de 1.975, (B.O.E. nº 243, de 10 de octubre) en cuyas Bases de la Convocatoria - Base 2.1.d- se exigía a los aspirantes "hallarse en posesión del Certificado de Estudios Primarios o título académico equivalente al mismo".
Habiendo sido clasificado en el Grupo E, el recurrente, invocando el Art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y la O.M. de 4 de febrero de 1986, solicitó, por escrito presentado el 11 de febrero de 1986, se declarará su derecho a ser clasificado en el Grupo D, con todas las consecuencias inherentes a dicho encuadramiento, incluso las diferencias económicas existentes derivadas de ese distinto encuadramiento, así como los intereses por retraso en el abono de esas diferencias, petición que resultó denegada por el Consejo de Ministros en Acuerdo adoptado en su reunión de 1 de octubre de 1993.
Y frente a dicho Acuerdo denegatorio, el recurrente interpuso el presente recurso contencioso administrativo, ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Cierto es, - y así se razona en el Acuerdo impugnado, para justificar la actual clasificación del recurrente en el GRUPO, E- que una constante legislación ha venido, históricamente, atribuyendo a la Escala de Conductores y de Taller del P.M.M. el nivel o índice más bajo de los existentes en la función pública, teniendo en cuenta la titulación mínima exigida para su ingreso.
Y así, como antecedentes legislativos más próximos, está el Art. 11.2 de la Ley 50/1984 de 30 de diciembre (de Presupuestos Generales para 1985) que dispuso que los Cuerpos, Escalas y Plazas que en 31 de diciembre de 1984, tuviesen asignados índices de proporcionalidad 10, 8, l6, 4 y 3, se integrarán respectivamente en los Grupos A, B, C, D y E del Art. 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto. Por ello, y dado que la Escala de Conductores y de Taller del P.M.M. tenían un índice de proporcionalidad 3, quedó integrado en el Grupo E.
Posteriormente, las Leyes de Presupuestos para los años 1986, 1987 y 1988, (en sus artículos respectivamente, 13.1.a; 15.1 y 48) reiteraron lo preceptuado en el Art. 11.2 de la Ley 50/84, de 30 de diciembre (de Presupuestos para 1985) pero supeditándolo al hecho de que no procediera otro tipo de actuación o integración como consecuencia de la "titulación exigida" para el ingreso en los Cuerpos, Escalas o Plazas respectivas.
Habrá que centrar, por tanto, la atención, para resolver la cuestión controvertida, en la titulación que fue exigida al recurrente para el ingreso en la Escala de funcionarios Conductores y de Taller del P.M.M. Esta fue el "Certificado de Estudios Primarios" -según la Base 2.1.d de la Convocatoria (B.O.E. Nº 243 de 10 de octubre de 1975)-.
Planteado así el debate, ha de tenerse presente que cuando se publicó la mencionada convocatoria, a través de la cual ingresó el recurrente (año 1975), se exigía en ella un requisito -"el Certificado de Estudios Primarios"-, que ya había desaparecido del sistema educativo vigente en aquel momento, pues dicho certificado de estudios primarios era el de menor rango o nivel en el sistema educativo anterior a la Ley 14/1970 de 4 de agosto (General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa) y esta última Ley implantó un nuevo sistema en el que el certificado de estudios primarios ya no existía, en cambio, en el nuevo sistema, el de menor rango o nivel "el certificado de escolaridad".
Por otro lado la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 1975, sobre equivalencia de títulos académicos y profesionales no citó para nada el "certificado de Estudios Primarios". Pero una Orden posterior del mismo Ministerio, la de 4 de febrero de 1986 (B.O.E. de 8 de febrero) subsanóaquella omisión. Efectivamente, en la exposición de motivos- preámbulo de la Orden se lee " la Orden de 26 de noviembre de 1975, por la que se establecieron las equivalencias de varios títulos con el de Graduado Escolar, no incluyó entre ellas la del Certificado de Estudios Primarios. Sin embargo la posesión de ese título significaba la superación de los cursos que comprendía el nivel educativo de la enseñanza primaria y la superación de unas pruebas ulteriores. Parece lógico que quienes superaron en su día el techo académico que suponía la obtención de ese certificado de estudios primarios y que era la máxima acreditación que podía obtenerse después del periodo de enseñanza obligatoria, estén hoy en condiciones iguales, al menos a efectos laborales, que aquellos a quienes por razones de edad, les ha sido posible obtener con el nuevo plan de estudios el Título de Graduado Escolar. Las razones anteriormente expuestas exigen que por este Departamento se arbitren las medidas conducentes a determinar la equivalencia de los títulos de Certificado de Estudios Primarios, expedidos con anterioridad a la finalización del curso 1975-76 con el de Graduado Escolar, a los solos efectos de acceso a empleos públicos o privados y de promoción en ellos".
En consecuencia el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, dispuso en el apartado Primero de es O.M. de 4 de febrero de 1.986: "A los únicos efectos de acceso a empleos públicos o privados y de promoción en ellos se consideran equivalentes los títulos académicos oficiales de Graduado Escolar y el de Certificado de Estudios Primarios expedido con anterioridad a la finalización del año académico 1975-76".
Es visto, por tanto, que en el caso presente, estando el recurrente en posesión del Certificado de Estudios Primarios, y habiendosele exigido dicho Título en la Convocatoria para su ingreso en la Escala de funcionarios conductores y de Taller del P.M.M., a la que pertenece, por haber superado las pruebas de esa convocatoria, la equivalencia establecida entre dicho Título y el de Graduado Escolar en la Orden de 1986, a la que acabamos de aludir, otorga al recurrente el derecho a su clasificación en el GRUPO D, a tenor de lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 30/84, de 2 abril, en donde al regularse los Grupos de Clasificación se establece que "los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías de los funcionarios al servicio de la Administración Pública, se agruparán, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso en los siguientes Grupos:...: Grupo D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente...".
Se impone por tanto, en este particular referido a la clasificación del recurrente, estimar el recurso contencioso-administrativo, y dejar sin efecto, por no ser conforme a Derecho, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 1993, en cuanto deniega al recurrente su clasificación dentro del Grupo D.
En relación con la pretensión económica del recurrente, contraída en la demanda al abono de 398.592 pesetas, correspondientes al período comprendido entre 1987 y 1992, por diferencias económicas surgidas de haber estado clasificado en el Grupo E, en lugar de haberlo estado en el Grupo D, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artº 46 de la Ley General Presupuestaria (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre) declarar prescrito el período de reclamación que exceda de los 5 años anteriores a la fecha de 11 de febrero de 1.993, fecha esta última en la que el recurrente presentó su reclamación en vía administrativa, debiéndose, además, determinar la cantidad adeudada, en ejecución de Sentencia, por las diferencias reales de retribución que pudieran existir, durante el periodo no prescrito, entre las percibidas por el recurrente por su clasificación en el Grupo E y las que hubiera percibido de haber estado clasificado en el Grupo D.
Y todo ello sin el abono de intereses que postula el recurrente, pues éstos, según el artº 45 de la Ley General Presupuestaria, solo procederían si la Administración no pagara la cantidad adeudada dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta resolución judicial, (una vez determinada en ejecución de Sentencia la cantidad líquida resultante) y desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de tal obligación; intereses, que, en su caso, serían los previstos en el artº 36.2 de la mencionada Ley.
No se aprecian circunstancias de las previstas en el artº 131 de la LJCA, para hacer pronunciamiento especial de condena en materia de costas.
Por todo lo expuesto, en nombre de S. M. y por la autoridad que nos confiere la Constitución.
Que estimando como estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por D. Carlos , contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su reunión de fecha 1 de octubre de
1.993, anulamos y dejamos sin efecto dicho Acuerdo, por no ser conforme a Derecho, en lo que afecta a dicho recurrente, y declaramos el derecho de este último, como funcionario Conductor y de Taller delParque Móvil Ministerial, a ser encuadrado en el Grupo de Clasificación D, con todas las consecuencia inherentes a dicho encuadramiento, quedando, en consecuencia, sin efecto su encuadramiento en el Grupo de Clasificación E, condenando a la Administración demandada a que abone al recurrente la cantidad que se determine en ejecución de Sentencia, por diferencias económicas derivadas de la pertenencia a uno y otro Grupo de Clasificación, según las reglas establecidas en el Fundamento Jurídico Tercero de esta Sentencia y sin hacer pronunciamiento especial de condena en materia de costas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, en el día de la fecha, de lo que como Secretario de la misma. Certifico.
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