STSJ Castilla-La Mancha 60/2008, 28 de Febrero de 2008
| Ponente | JOSE BORREGO LOPEZ |
| ECLI | ES:TSJCLM:2008:1273 |
| Número de Recurso | 750/2003 |
| Número de Resolución | 60/2008 |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 60
En Albacete, a veintiocho de Febrero de dos mil ocho.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes
autos, seguidos bajo el número 750/03, del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de DON Felipe , representado por la Procuradora Sra. Almansa Nueda, contra el SESCAM, representado y dirigido por el Servicio Jurídico
del Sescam, en materia de responsabilidad patrimonial. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. José Borrego López, Magistrado
Especialista de lo Contencioso-Administrativo.
Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 20 de Octubre de 2003,recurso contencioso- administrativo contra el acto presunto por silencio administrativo negativo de la
solicitud de responsabilidad patrimonial deducida por Don Felipe , el 07 de Abril de 2003.
Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.
Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimaroio de la demanda, confirmando en todas sus partes la legalidad de la resolución impugnada, con imposición de costas a la parte recurrente.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba, y practicadas las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 14 de Febrero de 2008, trasladándose, por necesidades del servicio, al 26 de Febrero de 2008, en que tuvo lugar.
Se somete al control judicial de la Sala, el acto presunto por silencio administrativo negativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulado por Don Felipe , el 07 de Abril de 2003, ante el Sescam.
Se plantea con carácter previo, por el Sescam, la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación pasiva, al no serle imputables los daños reclamados. Excepción que ha de ser rechazada, pues dicho planteamiento ya ha sido rechazado por nuestro Tribunal Supremo, al interpretar que los expedientes iniciados o en trámite en fase de transferencia de competencias del Insalud al Sescam, ha de ser resueltas por el Sescam; lo que se haría en el presente caso más ostensible, si no atenemos a la fecha de la presentación de la reclamación.
Es doctrina jurisprudencial consolidada -sentencias del Tribunal Supremo de 31 de Octubre de 1.978, 2 de Febrero de 1.980, 4 de Marzo y 5 de Junio de 1.981, 25 de Junio de 1.982, 16 de Septiembre de 1.983, 20 de Enero y 25 de Septiembre de 1.984, 24 de Noviembre de 1.987, 25 de Abril de 1.989, 2 de Enero y 17 de Noviembre de 1.990, 7 de Octubre de 1.991 y 29 de Febrero de 1992, 28 de Marzo de 2000 (R.A. 4051), 30 de Marzo de 2.000 (R.A. 4052), 6 de Febrero de 2.001 (R.A. 653), 30 de Junio de 2003, (R.A. 5798), 19 de Octubre de 2004 (R.A. 7422 ), entre otras muchas-, que la responsabilidad directa y objetiva de la Administración, iniciada en nuestro Ordenamiento positivo por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1.956 , y consagrada en toda su amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones del Estado y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, ha culminado, como pieza fundamental de todo Estado de Derecho, en el artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978 , al establecer que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Así, pues, la copiosa jurisprudencia sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina de la que pueden significarse como pilares fundamentales los siguientes: a) La legislación ha estatuido una cobertura patrimonial de toda clase de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total actividad administrativa; b) Servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración; c) De ahí que siempre que se produzca un daño en el patrimonio de un particular sin que esta venga obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico, hay que atender que se origina la obligación de resarcir...
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