STS, 31 de Marzo de 2009

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia el 28 de abril de 2008, en virtud del recurso de suplicación nº 1294/05, interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense, en los autos nº 823/04, seguidos a instancia de Doña Aurelia contra la Xunta de Galicia ("Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural"), sobre reconocimiento de derechos. La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es del tenor literal siguiente: "Que estimando en parte la demanda formulada por Doña Aurelia la debo declarar y declaro que la relación mantenida por la actora como Veterinaria en los periodos que se indican en el Fundamento de Derecho Segundo de esta Sentencia es de carácter laboral, condenando a la Consellería demandada a estar y pasar por dicha declaración".

La sentencia de instancia, de 15 de diciembre de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense, contenía los siguientes hechos probados: " 1º.- La actora Doña Aurelia prestó servicios por cuenta y bajo la dependencia de la Consellería demandada como Veterinaria, en virtud de distintos contratos administrativos para trabajos especiales y concretos no habituales, formalizados con motivo de las campañas de saneamiento ganadero en distintas especies, que viene realizando la consellería demandada./ Dichos contratos fueron los siguientes:/ -El 8 de Agosto de 1997 suscribe contrato administrativo al amparo de la Ley 13/95 de 18 de Mayo , para la campaña de saneamiento ganadero del año 1997 con una duración hasta el 31 de Diciembre de 1997. -El 1 de Junio de 1998 suscribe contrato análogo al anterior para la campaña del año 1998, con una duración hasta e131 de Diciembre de 1998./ - El 3 de Mayo de 1999 suscribe contrato análogo al anterior para la campaña del año 1999, con una duración hasta el 31 de Diciembre de 1999./ 2º.- En el Diario Oficial de Galicia de 10 de Marzo de 2000 se publica la resolución de 3 de Marzo de 2000 por la que se anuncia la contratación por el sistema de procedimiento negociado de trabajos especiales y no habituales./ En base a dicha convocatoria la actora suscribió en fecha 5 de Mayo de 2000 contrato administrativo al amparo de 10 establecido de la Ley 13/95 de 18 de Mayo , cuyo objeto es según la cláusula primerade las mismas "la contratación de trabajos específicos y concretos no habituales para la realización de investigaciones sanitarias del Programa de Sanidad Animal, la cláusula segunda de dicho contrato establece que el contrato finalizará el 31 de Diciembre de 2001./ 3º .- A mediados de Diciembre del año 2001, la Conselleria demandada remite a cada uno de los actores comunicación escrita a medio de burofax, del siguiente tenor literal: "De conformidade có establecido nacláusula 2a do contrato administrativo suscrito por vostede en calidade de profesional autónomo coa Conselleria de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, ó amparo da Resolución do 3 de marzo de 2000 (DOGA n° 49 de 10 de marzo), a tó1010s efectos legais notificolle, en cumplimiento da devandita cláusula, que o contrato de referencia finaliza o vindeiro 31 de Decembro de 2001 .-- Na súa virtude, esta Conselleria declara extinguida a relación contractual, quedando sin efecto as funcións establecidas no mencionado contrato a partires do 31 de Decembro de 2001; requirindolle que a partires da citada data se absteña de realizar calquera das funcións encomendadas en virtude do citado contrato, e reintegrando á Conselleria o documento acreditativo para a realización das funcións obxeto do contrato de referencia./ 4º.- En la prestación de dichos servicios durante los contratos indicados, la actora ha estado sometida a la dirección técnica de la Conselleria y dentro del ámbito de organización de la Consellería la cual organizaba la ejecución de los trabajos de la actora; y le suministraba el material preciso./ 5º.- En fecha 26 de Noviembre de 2001 se presentó por la Confederación Intersindical Galega, demanda de Conflicto Colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dando lugar a los autos n° 9/01, conflicto que afecta a todos los veterinarios contratados al amparo de la resolución de 3 de Marzo de 2000 (Diario Oficial de Galicia de 10 de Marzo de 2000) de la Conselleria de Agricultura, Ganaderia e Política Agroalimentaria, dictándose Sentencia el 29 de Enero de 2002 , en cuya parte dispositiva se declara que la relación que mantienen los citados veterinarios afectados con la Conselleria es de naturaleza laboral./ Dicha Sentencia fue revocada por Sentencia del Tribunal Supremo./ 6º.- En el año 2000, la actora presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo, por considerar laboral su relación, levantándose por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el Acta de Inspección nº 127/2001 en fecha 1 de Junio de 2001 con liquidación de cuotas de los últimos cinco años (de 1996 al 2000)./ Dicha acta fue confirmada por resolución de 6 de Noviembre de 2001 por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la Consellería. / 7º.- Presentada demanda de despido por la actora junto a otros trabajadores, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social n° Dos de esta ciudad de fecha 10 de Abril de 2002 que declaró nulo el despido de los actores./ Dicha Sentencia fue revocada en parte porSentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 23 de Julio de 2002 que declaró improcedente el despido. Dicha Sentencia es firme./ 8º.- Formulada reclamación previa en fecha 30 de Julio de 2004 , la actora presentó demanda ante el Decanato el 29 de Octubre de 2004".

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: "Que estimando en parte la demanda formulada por Doña Aurelia contra la Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural de la Xunta de Galicia debo declarar y declaro que la relación mantenida por la actora como Veterinaria en los periodos que se indican en el Fundamento de Derecho Segundo de esta Sentencia es de carácter laboral, condenando a la Consellería demandada a estar y pasar por dicha declaración".

Por la Procuradora Doña Mª de los Ángeles Sánchez Fernández, en nombre y representacion de Doña Aurelia, mediante escrito de fecha de entrada al Registro de este Tribunal Supremo de 20 de junio de 2008, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribual Superior de Justicia de Galicia de fecha 16 de noviembre de 2007. SEGUNDO.- Alega como infringidos los artículos 17.1, 80.1 d) de la LPL y artículo 24.1 de la CE, todo ello en relación con el artículo 2.a) de la LPL.

Por providencia de esta Sala de 15 de julio de 2008 se tuvo por personado al recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, habiendo sido impugnado por el Procurador de la citada Xunta de Galicia ("Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural").

Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 24 de marzo actual, en cuya fecha tuvo lugar.

1.- La trabajadora demandante recurre en casación unificadora la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 28-abril-2008 (rollo 1294/2005), en la que revocándose de la sentencia de instancia, -- dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense en fecha 15-diciembre-2004 (autos 823/2004) --, se desestima la demanda en la que se pretendía se dictara sentencia " por la que se declare que la relación mantenida por la actora como veterinario, con la Consellería de Agricultura durante los períodos que constan en el hecho segundo de esta demanda - de 08/08/1997 a 31/12/1997, de 01/06/1998 a 31/12/1998, de 03/05/1999 a 31/12/1999, de 05/05/2000 a 24/07/2002 --, es de carácter laboral, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y consecuentemente a acreditar en legal forma la laboralidad de dichos periodos ", argumentándose en la sentencia de suplicación que la actora, que ya no prestaba servicios para la entidad pública demandada en el momento de la presentación de la reclamación administrativa previa, carece de acción para deducir una mera pretensión declarativa sobre un reconocimiento general del carácter laboral de una relación extinguida hace años; debe hacerse constar que figuraba en los hechos declarados probados de la sentencia de instancia, inalterados en suplicación, que en proceso de despido instando por la actora, junto con otros trabajadores, veterinarios de profesión, se partió de la existencia de relación laboral entre las partes y recayó sentencia firme del TSJ/Galicia, de fecha 23- julio-2002, en el sentido de declarar la improcedencia del despido, aunque con carácter general para todos los demandantes se afirmaba que a los exclusivos efectos de la determinación de la indemnización se estaría a la antigüedad derivada del último contrato celebrado entre las partes por haber superado los anteriores el plazo de caducidad de la acción de despido entre la finalización de uno y el comienzo de otro.

2. - Se invoca por el recurrente como sentencia de contraste, a los fines de los arts. 217 y 222 Ley de Procedimiento Laboral (LPL ), la sentencia firme dictada por la propia Sala de Galicia, en fecha 16-noviembre-2007 (rollo 5402/2004 ), en la que se confirmaba la sentencia de instancia dictada a instancia de otro trabajador veterinario de la misma entidad demandada y que había igualmente obtenido el reconocimiento de la existencia de relación laboral en la sentencia de despido declarado improcedente en la propia sentencia firme del TSJ/Galicia, de fecha 24-julio-2002, estimando la demanda y declarando que la relación mantenida con el actor con la demandada en los periodos discutidos lo era con relación de carácter laboral, sometida al contrato de trabajo, y condenando a la entidad pública demandada a estar y pasar por dicha declaración. Se argumentaba en la sentencia de contraste referida, ante la oposición de la entidad demandada al mantener el carácter administrativo de la relación que había existido entre las partes y negar su naturaleza laboral, que " se evidencia, así, interés cierto y vigente en la pretensión formulada, así como una controversia efectiva en torno a la misma, subyaciendo en ella efectos y consecuencias de diversa índole en función del carácter laboral de la relación que justifican la pretensión y su formulación que abarca la condena a pasar por la declaración y sus efectos ".

3. - La contradicción es evidente, pues, como exige el citado art. 217 LPL, en la sentencias objeto de comparación respecto de litigantes diferentes en idéntica situación, resulta que en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales (veterinarios al servicio de una entidad pública en la que ya no prestan sus servicios en el momento de la presentación de la reclamación previa y que obtuvieron en su día una sentencia firme de despido partiendo del carácter laboral de la relación jurídica que unía a las partes, instan el reconocimiento de su relación como laboral lo que es negado por la parte demandada manteniendo que la relación había tenido carácter administrativo), se ha llegado a pronunciamientos distintos, en concreto sobre el carácter meramente declarativo o no de la acción ejercitada y sobre posibilidad de su planteamiento en el ámbito del proceso laboral.

1.- El recurrente invoca como infringidos, tal como exige como requisito para recurrir el art. 222 LPL (" fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, así como del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia "), los arts. 17.1 y 80.1.d) LPL, el art. 24.1 de la Constitución Española (CE ), los arts. 1.1. y 1.3 Estatuto de los Trabajadores (ET), todo ello en relación con el art. 2.a) LPL, argumentando que la entidad pública demandada, en su calidad de empresario, tiene obligación de certificar al actor los periodos en que trabajó para la misma como personal laboral si así se lo solicita y alega un motivo para ello, y que en el caso enjuiciado concurre dicho motivo ante la negativa de la demandada, que sigue negando la existencia de relación laboral a pesar de que dicha condición ya la tiene el demandante reconocida judicialmente, y que esta obligación viene derivada del vínculo laboral que existió entre las partes, por lo que afirma tener acción para instar la pretensión objeto de su demanda inicial.

2. - Se opone la entidad demandada invocando, entre otras, la sentencia de esta Sala de fecha 21-marzo-2007 (recurso 1795/2006 ) en la que se razona que " el demandante carece... de acción para deducir una mera pretensión declarativa sobre un reconocimiento general del carácter laboral de una relación extinguida hace años, y esta falta de acción se traduce también en una falta de jurisdicción ", indicando la parte impugnante que ninguna influencia tiene para aplicar la doctrina contenida en dicha sentencia la circunstancia de que en la sentencia recurrida conste que el demandante obtuviere años atrás sentencia en la que se declaraba su despido improcedente, procedimiento donde, con carácter prejudicial, y a los efectos del procedimiento por despido, se entendía que la relación era laboral, pues ello en nada afecta a la naturaleza jurídica de las pretensiones ejercitadas en el presente procedimiento, que continúa siendo que se declare que una relación extinguida años atrás tenía el carácter de indefinida y que no es posible, por tanto, el recurso a acciones meramente declarativas para plantear cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, ni cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de derechos e intereses del actor.

3. - El Ministerio Fiscal en su informe interesa la declaración de improcedencia del recurso de casación, invocando que la cuestión ya ha sido resuelta, entre otras, en las sentencias de esta Sala de 6 y 21 de marzo de 2.007.

1.- Por razones de seguridad jurídica (art. 9.3 Constitución española), acordes con la finalidad unificadora de este recurso de casación (arts. 217 y 226 LPL ), la solución jurídica que debe darse a la cuestión suscita en el presente recurso de casación unificadora debe ser coincidente con la efectuada sobre esta misma cuestión y en litigio suscitado por otros demandantes en idéntica situación que la parte ahora recurrente y frente a la misma Administración autonómica demandada, entre otras, en las SSTS/IV 30-marzo-2009 (recurso 1910/2008 - con voto particular), 30-marzo-2009 (recurso 1626/2008 -con voto particular), 30-marzo-2009 (recurso 2452/2008 -con voto particular), 31-marzo-2009 (recurso 1610/2008 -con voto particular), 31-marzo-2009 (recurso 2013/2008 -con voto particular), 31-marzo-2009 (recurso 2092/2008 -con voto particular), 31-marzo-2009 (recurso 1825/2008), 31-marzo-2008 (recurso 1921/2008), 6-abril-2009 (recurso 1611/2008), 6-abril-2009 (recurso 1900/2008), 6-abril-2009 (recurso 2090/2008 ).

2. - En las referidas sentencias, en especial en la primera de las citadas, se establece que: " La cuestión que se plantea en el recurso ha sido ya resuelta por la Sala en numerosas sentencias, entre las que pueden citarse las de 19 y 21 de marzo, 24 y 29 de mayo 2007, 5 y 26 de junio, 18 de julio, 31 de octubre, 13 y 27 de noviembre de 2007 . En estas sentencias se establece que no estamos ante una cuestión litigiosa que se promueva entre un empresario y un trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, como establece el artículo 2.a) de la LPL . La mera declaración del carácter laboral de la relación tiene consecuencias laborales efectivas cuando la relación entre las partes está vigente. Pero, desde el momento en que esa relación quedó extinguida hace varios años, el conflicto actual ya no se produce entre un empresario y un trabajador, salvo que ese conflicto tuviese por objeto el cumplimiento de alguna obligación derivada del vínculo que existió entre las partes y que pudiese ahora ser justiciable, como sería el caso, por ejemplo, de una responsabilidad en materia de Seguridad Social respecto a una prestación causada después de extinguido el contrato de trabajo. No es éste el caso, pues lo que se pretende en la demanda no es una declaración que proyecte sus efectos sobre el desarrollo de aquella relación ya hace tiempo terminada, sino que lo que se pide es que se realice una calificación de la misma en orden a acreditar determinada puntuación en un concurso para el acceso a determinados puestos de trabajo de la Administración autonómica; cuestión que no correspondería al ámbito propio de la jurisdicción social, aunque se tratara de concursos para acceder a puestos de carácter laboral (sentencias de 14 de octubre de 2000, 7 de febrero de 2003 y 30 de mayo de 2.006 , entre otras muchas). En definitiva, lo que la parte demandada pretende no es resolver una controversia actual o pretérita con su empleador público, sino acreditar mediante una sentencia laboral un mérito a efectos de la puntuación en un concurso administrativo, es decir, obtener una declaración que ha de surtir efectos fuera del vínculo laboral y en el marco de una actuación administrativa de selección de personal y esto no entra en la competencia del orden social de la jurisdicción ".

   " Se trata de un dato que tendrá que alegarse y acreditarse en el correspondiente procedimiento administrativo de selección y que, en su caso, dará origen a una controversia sobre la puntuación en un concurso para cuyo conocimiento será competente el orden Contencioso-Administrativo, en virtud de los artículos 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ciertamente, en esa controversia podría resultar necesario decidir si la relación que el actor mantuvo con la Administración demandada entre 1992 y 1995 fue administrativa o laboral, pero es ésta una cuestión laboral que el orden contencioso-administrativo tendrá que resolver con carácter prejudicial conforme al artículo 4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa , al pronunciarse sobre una pretensión administrativa principal relativa al resultado del concurso. Lo que no cabe es que esa cuestión prejudicial laboral en el proceso administrativo se transforme en un pleito laboral que resulta completamente artificial, porque ni existe ya relación laboral entre las partes, ni se ventila ninguna controversia de este carácter entre ellas ".

   " Pero, aunque a efectos dialécticos se aceptara la competencia del orden social para conocer de la impugnación de los actos de gestión de las denominadas bolsas de trabajo, la conclusión anterior no se alteraría, porque en tal caso el orden social tendría, desde luego, jurisdicción, pero no para conocer de una pretensión declarativa de reconocimiento retroactivo de la laboralidad, ya sin interés práctico alguno, sino para pronunciarse sobre una pretensión que impugnara la decisión de no reconocer, a los efectos de la bolsa, los méritos ligados a la prestación de servicios, fueran estos laborales o no ".

3. - Añaden las referidas sentencias, con referencia mas concretas a las peculiaridades de los supuestos en ellas enjuiciados, que: " Es cierto que en el presente caso, junto a la acción declarativa de reconocimiento del carácter laboral de la relación, se ejercita otra de condena, en virtud de la cual se pide que la Administración demandada sea condenada a ´acreditar en legal forma la laboralidad de dichos períodos. Pero esta acción de condena carece de autonomía y no es más que una mera consecuencia instrumental del reconocimiento de la laboralidad en que se funda la pretensión básica de carácter declarativo. Es así, porque en realidad la certificación se ha expedido por la Administración, lo que sucede es que no lo ha sido en los términos que el demandante pretende, porque se han certificado los contratos administrativos y no el carácter laboral de los servicios prestados ".

   " Esto requiere dos matizaciones. En primer lugar, es necesario señalar que con esta pretensión se está alterando el contenido del acto administrativo de certificación, que, según la doctrina administrativista, es un acto de conocimiento y no un acto de voluntad. En la certificación el funcionario que la autoriza, conforme al artículo 37.8 LRJAPC , se limita a consignar lo que consta en un archivo público, sin realizar una nueva valoración o calificación de lo que allí obra. Y lo que sin duda consta en los archivos son los contratos administrativos que han sido certificados. Es cierto que en el presente caso debe constar algo más: la sentencia del Juzgado de lo Social, que menciona el hecho probado quinto y que reconoció la laboralidad. Pero esto sólo demuestra que la certificación no ha sido completa en la medida en que debió comprender también el contenido decisorio de esta sentencia. Con todo, lo cierto es que esta omisión era fácilmente subsanable por la parte, que sólo tenía que adjuntar certificación de la mencionada sentencia para completar el certificado en lugar de instar un nuevo proceso para lograr la certificación de algo que, como declaración de voluntad en orden a la calificación de una relación jurídica, tampoco podía ser propiamente objeto de una certificación. De nuevo aparece aquí la falta de interés práctico de la pretensión ejercitada y su artificiosidad: se pide un reconocimiento de laboralidad para que en virtud del mismo se expida una certificación de algo que no consta como tal en un archivo público cuando además ya se tiene una declaración judicial de laboralidad que puede utilizarse a los efectos prácticos que se pretenden ".

   " En segundo lugar, también hay que precisar que no estamos ante una obligación laboral de certificar la existencia de una relación laboral ya extinguida, sino ante una obligación administrativa de certificación. No existe para el empresario una obligación laboral de certificar la existencia de una relación laboral que no ha sido concertada como tal, que él no admite y que tuvo lugar varios años después de extinguida esa relación. El artículo 75.5 de la LCT fue derogado por el ET (disposiciones finales 3ª y 4ª de la Ley 8/1980 y disposición derogatoria del Real Decreto Legislativo 1/1995 ) y además no obligaba a certificar contra lo pactado sobre el carácter de la relación jurídica: había que certificar sólo ´el tiempo servido´ y ´la clase de trabajo o servicio´ y esto se ha certificado en el presente caso a la vista de lo que dice en el hecho probado sexto. El artículo 22.6 de la LISOS tampoco establece una obligación de este alcance: se limita a calificar como infracción la no expedición de las certificaciones de empresa establecidas para la tramitación de prestaciones de Seguridad Social. Lo que existe, como ya se ha razonado, es una obligación administrativa de certificar conforme al artículo 37.8 de la LRJAPC . Esta obligación se ha cumplido, lo que sucede es que el actor discrepa sobre su contenido y el mismo podría efectivamente resultar incompleto, pero esta discrepancia tendría que resolverse mediante la impugnación del acto de certificación en vía administrativa y, en su caso, ante el orden contencioso-administrativo de la jurisdicción ".

   Añadiendo finalmente que " Por último, es obvio que tampoco una decisión de falta de acción que es, en definitiva, de falta de jurisdicción equivale a una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, si esta decisión está razonada y fundada en Derecho y no constituye una restricción excesiva contraria al principio pro actione, pues como señala la STC 75/2008 , con cita de doctrina constitucional, lo que se deriva del artículo 24 de la Constitución en esta materia es ´la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión -o de no pronunciamiento- que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican´. Ahora bien, en el presente caso el recurrente ha obtenido una respuesta razonada de la sentencia recurrida, que esta Sala confirma plenamente. La tutela judicial a su pretensión le será otorgada por el orden jurisdiccional competente ".

4. - Procede, en aplicación de la doctrina unificada expuesta, la desestimación del recurso, sin que, de acuerdo con el art. 233 LPL, proceda la imposición de costas por tener reconocido la parte recurrente el beneficio de justicia gratuita.

   Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.