SAP Madrid 737/2008, 14 de Noviembre de 2008
| Ponente | MIGUEL HIDALGO ABIA |
| ECLI | ES:APM:2008:16370 |
| Número de Recurso | 351/2008 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 737/2008 |
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 16ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION DECIMOSEXTA
MADRID
ROLLO: 351/2008 RP
ORGANO DE PROCEDENCIA: JDO. PENAL Nº 16 DE MADRID
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: P.A. 318/2007
SENTENCIA Nº 737/2008
ITMOS/AS SRES/AS MAGISTRADOS/AS DE LA SECCION XVI
MIGUEL HIDALGO ABIA
Dª. ROSA E. REBOLLO HIDALGO
Dª. ELENA PERALES GUILLÓ
En Madrid, a catorce de noviembre de dos mil ocho.
Vistas, en segunda instancia, ante la Sección XVI de esta Audiencia Provincial, las diligencias del Procedimiento Abreviado 318/2007, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid. Seguidas por delito de CORRUPCIÓN DE MENORES contra Emilio y contra Gerardo venidas al conocimiento de esta Sección en virtud del recurso de apelación que autoriza el artículo 796.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpuesto en tiempo y forma por el procurador don Ramón Blanco Blanco, en representación de Emilio, al que se adhirió la procurador doña Concepción Montero Rubiato, en representación de Gerardo, contra la sentencia pronunciada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, con fecha 23/1/08; habiendo sido partes en la sustanciación del recurso dichos apelantes y como parte apelada el Ministerio Fiscal; siendo Ponente el ilustrísimo señor Magistrado don MIGUEL HIDALGO ABIA, Presidente de esta Sala.
La indicada sentencia, de la que se acepta su relación de trámites como tales antecedentes, contiene parte dispositiva del tenor literal siguiente:
FALLO:
"Que debo condenar y condeno a Emilio, en concepto de autor, y a D. Gerardo, en concepto de cooperador necesario por un delito de corrupción de menores, sin que concurra ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, imponiéndoles a cada uno de ellos la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de las costas procesales.
Los acusados en vía de responsabilidad civil abonarán a la perjudicada Luz la suma de 3000 euros, de la que abonará cada uno de ellos 1.500 euros".
Contra la anterior resolución por el procurador don Ramón Blanco Blanco, en representación de Emilio, interpuso recurso de apelación, al que se adhirió la procurador doña Concepción Montero Rubiato, en representación de Gerardo y admitido a trámite dicho recurso, fueron elevadas las actuaciones ante esta Audiencia Provincial, señalándose hora y día para su deliberación.
En la tramitación del recurso se han cumplido las prescripciones legales.
-
HECHOS PROBADOS
Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos que como tales se recogen en la sentencia de instancia, si bien se precisa que en la fotografía referenciada aparecía Luz encima de Gerardo, no de de Emilio, posando desnuda penetrada vaginalmente por aquél.
La parte apelante, en sus motivos de impugnación segundo y tercero, discrepa con la valoración de la prueba realizada por el Juzgado de lo Penal en la sentencia recurrida, alegando vulneración del principio de presunción de inocencia e indebida inaplicación del artículo 14.1, en relación con el artículo 189.1 a) del Código Penal, por concurrencia de error vencible sobre la edad de la menor.
"Aunque la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba corresponde, en principio, al Juez de instancia, también el Juez o Tribunal de apelación puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez, dado que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteasen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum judicium" (Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29/11/1.990 ).
No obstante, si bien el Tribunal de apelación tiene plenas facultades para conocer en su totalidad lo actuado, no es menos cierto que el principio de inmediación impone que haya que dar como verídicos los hechos que el Juez de lo Penal ha declarado probados en la sentencia apelada, cuando no existe manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando los hechos probados resulten incompletos, incongruentes o contradictorios en sí mismos o finalmente cuando hayan sido desvirtuados por alguna prueba que se haya realizado en la segunda instancia.
Plantea el recurrente una cuestión relativa a la valoración de la prueba, a través de la que pretenden imponer su criterio parcial y subjetivo al más imparcial y objetivo del Juez "a quo". El examen de las actuaciones y, en particular del acta del juicio oral, permiten comprobar cómo a éste comparecieron los implicados y los testigos por ellos propuestos, con el resultado que consta en el mismo. El Juez sentenciador en primera instancia, desde la posición privilegiada que la inmediación le confiere y que le permiten percibir directamente las manifestaciones en todos aquellos que ante él declaran y explicando las razones por las que otorga mayor credibilidad a unos que a otros de los intervinientes, llega a la conclusión de que los hechos ocurren tal como la sentencia declara probados.
Llegar a una convicción teniendo en cuenta la actividad probatoria desarrollada legítimamente en el acto del juicio oral es tarea especialmente complicada pero imprescindible para que la justicia penal se realice.
En el capítulo de los hechos probados o juicio histórico, el juzgador debe proyectar en la sentencia, como si de secuencias cinematográficas se tratara, cuáles son los acontecimientos que, habiendo desfilado contradictoriamente ante él, se han acreditado como ciertos de manera suficiente. Se trata de un proceso de selección riguroso, de una criba de cuanto por el juzgador ha discurrido, en una tarea en la que ha de aplicar las reglas de la lógica, de la psicología y las de la experiencia del comportamiento humano.
Llegado el momento de la valoración de la prueba, el Tribunal ha de enfrentarse con el problema complejo de decidir qué es lo que está probado y en qué términos, siempre, no hay que decirlo, que la actividad probatoria haya advenido por cauces de legitimidad. Siendo en este punto donde incide la problemática de la presunción de inocencia, pues sólo cuando se haya producido actividad probatoria de cargo, es decir, de signo inequívocamente acusatorio y razonablemente suficiente, de forma procesal y constitucionalmente correcta, cabe dar como probado el hecho mismo y la participación del acusado (S.T.C. 229/1984, de 1 de Diciembre ).
El derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, se asienta, según ha reiterado el Tribunal Constitucional, desde su sentencia 13/81, de 28 de Julio, sobre dos ideas esenciales: de un lado, el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución, y, por otro, que esta apreciación ha de hacerse sobre la base de una actividad probatoria que pueda estimarse de cargo, practicada con las debidas garantías. La presunción de inocencia se sitúa, pues, en el marco de los hechos respecto de los cuales pueden producirse consecuencias en el orden penal, y de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Anexo jurisprudencial
...y para utilizarla en la elaboraci[nine.taboldstyle]n del material pornográƒco.[r.sc] En el mismo sentido: SAP Madrid nº 737/2008, de 14 de noviembre, ponente Miguel Hidalgo Abia (VLEX-53885773), STS nº 803/2010, de 30 de septiembre, ponente Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. (VLEX-225701......