SAP Asturias 36/2005, 26 de Enero de 2005
| Ponente | BERTA ALVAREZ LLANEZA |
| ECLI | ES:APO:2005:186 |
| Número de Recurso | 468/2004 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 36/2005 |
| Fecha de Resolución | 26 de Enero de 2005 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Asturias, Sección 7ª |
SENTENCIA Núm. 36/05
Ilmos. Sres. Magistrados:
PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS CASERO ALONSO
MAGISTRADOS: DÑA. BERTA ALVAREZ LLANEZA
D. ALFONSO SUÁREZ ACEVEDO
En GIJON, a veintiséis de Enero de dos mil cinco.
VISTOS, por la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial de Oviedo, con sede en Gijón, los presentes autos de J. Cognición n° 600/99, Rollo núm. 468/4, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Gijón ; entre partes, como apelante Guadalupe representado por el Procurador Sra. Glez Longo, bajo la dirección letrada de D. María Vega Valle, como apelado FINANCIA SERVICIOS FINANCIEROS EFC SA, representado por el Procurador Sra. Zaldivar Caveda, bajo la dirección letrada de D. Ignacio Fdez Jardón.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Gijón, dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 6-4-04 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sra. Zaldivar Caveda, en nombre y representación de FIANNCIA SERVICIOS FIACIIEROS EFC SA, Contra Dª Guadalupe , debo condenar y condeno a dicha demandada a abonar a la parte actora la suma de 230.994 ptas. actualmente MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.388,88 Euros) e intereses de demora resultante de aplicar 2,5 veces el interés legal vigente en cada momento, sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales.
Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de Guadalupe , se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia Provincial, donde se registró al Rollo n° 468/04, y cumplidos los oportunos trámites, pasaron los autos al Ponente para resolver.
En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.
Vistos siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BERTA ALVAREZ LLANEZA
Frente a la sentencia de instancia, estimatoria parcial de la demanda, se recurre en apelación formulándose oposición de contrario.
Aduce en el escrito de interposición que el contrato de financiación o préstamo suscrito entre la apelante y la entidad demandante ha de declararse nulo, bien por el incumplimiento de la normativa relativa a los contratos elaborados fuera del establecimiento mercantil, bien porque es de aplicación al mismo las excepciones opuestas frente al contrato de prestación de servicios a él vinculado y resultando nulo éste el de crédito también lo es. Se formula oposición de contrario.
Sentado lo que antecede, conviene significar que la sentencia y conforme a la argumentación que expone en la fundamentación jurídica no aprecia la vinculación al estar excluido de su ámbito de aplicación, los créditos gratuitos, y esta argumentación no está suficientemente combatida por la recurrente.
Pero es que además en orden a la vinculación esta Sala ya se ha pronunciado entre otras en las SS de 15-5-03 y 22-7-03 en el sentido siguiente:
"... Antes de decidir sobre la existencia de pacto de exclusiva en el concreto caso que ahora se somete a la consideración de la Sala, parece preciso hacer alguna consideración sobre el contenido y el alcance del mismo pues controvertida es la cuestión en la doctrina, y no resulta con la suficiente claridad cual es la concepción del acuerdo entre proveedor y financiador que la recurrente postula.
Se ha mantenido por algún sector doctrinal, y a tal interpretación parece acogerse la recurrente, que el acuerdo concertado en exclusiva al que se refiere el artículo 15.b) de la Ley de Crédito al Consumo solo se da en aquellos casos en que el consumidor, si quiere hacerse con el bien o servicio de que se trate, necesariamente ha de estipular un contrato de crédito con un determinado prestamista o financiador, sin que pueda ni pagar al contado ni obtener financiación de otro modo. Este entendimiento del pacto, aunque avalado por la normativa comunitaria y vigente en algunos países de nuestro entorno (Italia, Irlanda... ), limita excesivamente el ámbito de la vinculación contractual, y contraviene al tenor del párrafo segundo del artículo 15 b ), en el que se reconoce al consumidor la posibilidad de obtener financiación de otro concedente distinto al que esté vinculado el proveedor de bienes o servicios. Debe consecuentemente ser rechazado.
Una segunda posibilidad consiste en entender que hay acuerdo concertado en exclusiva cuando el prestamista contrae la obligación de ofrecer crédito única y exclusivamente a los clientes de un concreto proveedor, sin perjuicio de que el consumidor adquiera el bien al contado o financiado por entidad distinta. Parece sin embargo que debe desecharse tal interpretación pues no se comprende porqué la protección del consumidor ha de variar...
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