STSJ Comunidad de Madrid 50097/2011, 28 de Septiembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 28 Septiembre 2011 |
| Número de resolución | 50097/2011 |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.4 BIS
MADRID
SENTENCIA: 50097/2011
PROC. SR. RODRÍGUEZ-JURADO SARO
PROC. SR. BUFALÁ BALMASEDA
A.E.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE ACTUACIÓN POR OBJETIVOS (P.A.O. 2011)
Sección 4ª-BIS
RECURSO Nº 468/06 Y ACUMULADO el 1005/06
PONENTE ILMA. SRA. Dª FÁTIMA DE LA CRUZ MERA
S E N T E N C I A Nº 50097 /2011
Presidente Ilmo. Sr.
D. FRANCISCO GERARDO MARTÍNEZ TRISTÁN
Magistrados Ilmos. Sres.
D. ALFONSO SABÁN GODOY
D. GREGORIO DEL PORTILLO GARCÍA
Dª. MARGARITA PAZOS PITA
Dª. FÁTIMA DE LA CRUZ MERA
En Madrid a 28 de Septiembre de dos mil once.
Vistos los autos del presente recurso nº 468/2006 y acumulado nº 1005/2006 que, ante esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, han promovido respectivamente, el Procurador D. Fernando Rodríguez- Jurado Saro, en nombre y representación de Dª. Socorro, contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 2 de marzo de 2006 por la que se fijó el justiprecio de la finca nº NUM000 del "Proyecto de expropiación Autopista de Peaje R-4 de Madrid a Ocaña. Tramo: Madrid-CM-4001. Clave: 98-M-9005-A", en el término municipal de Parla y por el Procurador
D. Daniel Bufalá Balmaseda, en nombre y representación de AUTOPISTA MADRID SUR CONCESIONARIA ESPAÑOLA S.A., contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 4 de mayo de 2006 que desestimó el recurso de reposición deducido contra la Resolución antes citada. Ha sido parte la Administración General del Estado, representada por la Abogacía del Estado.
En el momento procesal oportuno la parte actora citada en primer lugar, el expropiado, formalizó la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando la estimación del recurso, en el mismo sentido, la entidad beneficiaria solicita en su escrito de demanda la estimación de sus pretensiones.
La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del presente recurso.
Recibido el pleito a prueba se practicaron las que fueron admitidas y practicadas con el resultado que obra en autos.
Dado traslado a las partes, por su orden, para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, reiterándose en sus respectivos pedimentos.
Conclusos los autos se señaló para votación y fallo de éste recurso el 27 de septiembre de 2011 en que se deliberó y votó.
Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. FÁTIMA DE LA CRUZ MERA, que expresa el parecer de la Sala.
Se interponen los presentes recursos contencioso-administrativos contra la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 4 de mayo de 2006 que desestima el recurso de reposición deducido por la beneficiaria contra la Resolución del mismo Jurado de 2 de marzo de 2006 por la que se fijó el justiprecio de la finca nº NUM000 del "Proyecto de expropiación Autopista de Peaje R-4 de Madrid a Ocaña. Tramo: Madrid-CM-4001. Clave: 98-M-9005-A", en el término municipal de Parla (Madrid).
El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa valora el terreno expropiado de conformidad con su clasificación urbanística (no urbanizable), a pesar de entender que se trata de un sistema general, atendiendo a su carácter de sistema viario de interés para todo el territorio nacional, que no tiene por destino inmediato completar el equipamiento municipal, ni "crear ciudad", sino que sirve a la vertebración del territorio, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que cita. Tras ello aplica el art. 26 de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, si bien considera que el valor así obtenido, teniendo en cuenta la poca significación del aprovechamiento agrario y la situación del suelo en la Comunidad de Madrid, es poco representativo y alejado de la realidad, por lo que entiende que el valor real de mercado es igual a la media de los valores rústico (aceptando los 1,2 #/m 2 en que lo cifra el informe del Vocal Ingeniero Agrónomo) y urbanístico (aceptando los 43,60 #/m 2 en que lo cifra el informe del Vocal Arquitecto de Hacienda, que lo obtiene del precio de venta de viviendas de protección oficial para la zona 2, de 868,28 #/m 2, aplicándole los coeficientes del 0,20 y del 0,80, así como el coeficiente de aprovechamiento de 0,3487 y el 90% al sustraer el 10% para cesiones). En resumen, la fórmula que utiliza la resolución impugnada para fijar el justiprecio da un resultado de 22,40 #/ m 2, más el 5% de premio de afección y 506,60 # de indemnización por los perjuicios derivados de la rápida ocupación, lo que conduce a un total de 238.811,24 #.
La parte beneficiaria recurrente alega, en síntesis, que el método
de valoración utilizado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa no tiene cobertura legal, siendo un método creado "ad hoc" para fijar un valor por razones de equidad. Entiende, con invocación de las Leyes 53/2.002 y 10/2.003 que modificaron la Ley 6/1.998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que el terreno expropiado debe valorarse conforme a la clase de suelo que es (no urbanizable) y que resulta inaplicable el art. 43 LEF, de modo que no pueden apreciarse expectativas urbanísticas.
Asimismo señala la beneficiaria que la consideración de la concurrencia de expectativas urbanísticas no justifica la valoración del suelo a partir de un valor urbanístico, sin que en cualquier caso haya sido probada la concurrencia de tales expectativas. A lo que viene a añadir que, de existir tales expectativas, las mismas únicamente pueden ser valoradas incrementando en un porcentaje máximo del 50% el valor fijado para el suelo conforme a su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección agraria.
A efectos dialécticos, señala que la determinación del valor urbanístico asumida por el Jurado no se ajusta al criterio jurisprudencial y que, en el caso de considerar asumible la valoración del suelo conforme lo hace el Jurado, el valor que se obtendría sería el de 16,95 #/m2.
Finalmente añade la beneficiaria que la Sala debe pronunciarse sobre la procedencia de imputar los intereses de demora que deben ser satisfechos por la Administración de la que depende el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, ante el retraso en la tramitación de los expedientes de determinación de justiprecio. El recurrente expropiado afirma que nos hallamos ante un sistema general pues la infraestructura que nos ocupa, a su paso por Parla, crea ciudad. Sostiene asimismo que dada la proximidad de la finca al núcleo urbano de Parla y a polígonos industriales, es una realidad que se trata de suelo urbano. Además, pone de relieve que la finca está a tan solo 16 kms. del centro de Madrid y que el Jurado, valorando fincas en Getafe y Parla ha dado mayores valores. Finalmente solicita que se le indemnice por la expropiación parcial y por la inutilidad del resto de la finca no expropiada.
Por su parte, la Abogacía del Estado sostiene la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas, instando la desestimación del recurso deducido de adverso.
Los hechos que se deben tener en cuenta en el presente litigio son los siguientes, tal y como se desprende del contenido del expediente administrativo:
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- Por Real Decreto 3540/2000 se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación del tramo objeto de este recurso de la autopista de peaje R-4 Madrid a Ocaña a la parte también demandante Autopista Madrid Sur.
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- El proyecto de trazado se aprobó el 10 de julio de 2001, siendo objeto de publicación en el BOE de 17 de septiembre de 2001 y en otros medios, oficiales y privados, los días subsiguientes.
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- El 15 de octubre de 2001 se levantó acta previa a la ocupación de la finca de litis y el día 14 de noviembre de 2001 se levantó acta de ocupación por una superficie, en ambos actos, de 10.132 m2. La clasificación urbanística de la finca es la de suelo no urbanizable de especial protección agraria.
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- La Administración requirió al titular de la finca para que formulara hoja de aprecio, que la presentó pidiendo un justiprecio de 42,07 euros/m2. Ante la desavenencia en el justiprecio, la correspondiente pieza separada fue remitida al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que resolvió el justiprecio en las resoluciones que son objeto de impugnación.
Una de las cuestiones relevantes de fondo planteadas por ambos recurrentes consiste en resolver si es aplicable a este caso o no lo es la doctrina jurisprudencial relativa a la valoración de terrenos destinados a sistemas generales, los cuales pese a su calificación como no urbanizables, deberían ser valorados como si de terrenos urbanizables se tratara. Todas las cuestiones relevantes que en este caso se plantean, tanto la clasificación del suelo, como el método de valoración ya han sido resueltos por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2008 resolviendo un recurso de casación en relación con el proyecto expropiatorio de la R-5, en el siguiente sentido:
"Desde la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 (BOE de 14 de mayo ), pasando por el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (BOE de 16 y 17 de junio ), por el adoptado mediante el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio (BOE de 30 de junio ), por la propia Ley 6/1998, por la posterior 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo (BOE de 29 de mayo ) y, en fin, por el Texto Refundido surgido...
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STS, 20 de Diciembre de 2012
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