STSJ Comunidad de Madrid 716/2007, 27 de Junio de 2007
| Ponente | INES MARIA HUERTA GARICANO |
| ECLI | ES:TSJM:2007:8978 |
| Número de Recurso | 722/2006 |
| Número de Resolución | 716/2007 |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.8
MADRID
SENTENCIA: 00716/2007
Rº 722/06
SENTENCIA Nº 716
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION OCTAVA
Ilmos. Sres.
Presidente
Dña. Inés Huerta Garicano
Magistrados
D. Miguel Angel Vegas Valiente
Dña. Carmen Rodríguez Rodrigo
En la Villa de Madrid a veintisiete de junio de dos mil siete.
VISTO por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los Autos del recurso contencioso-administrativo especial de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona nº 722/06, interpuesto -en escrito presentado el día 18 de julio del pasado año- por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, actuando en nombre y representación de Dña. María Inmaculada, contra la desestimación presunta del recurso de alzada deducido frente a la Resolución de la Dirección General de Personal de 29 de diciembre de 2005, por la que se deniega su solicitud de reconocimiento de pensión de viudedad de D. Juan Alberto, Agente nº NUM000 de las Fuerzas de la Policía Territorial del Sahara.
Han sido partes demandadas la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que postuló una sentencia que anulase la resolución impugnada por vulneración del art. 14 de la C.E. en razón de que hasta 1999 se han reconocido pensiones de viudedad y orfandad a favor de esposas e hijos de Personal Saharauis cuando el causante -como en el caso de autos- dispusiera de D.N.I. español o bilingüe, a quienes se les aplicaba la Ley 112/66 y el RDL 670/87, mientras a quienes carecían de dicho DNI se les aplicaba la Ley 172/65, siendo denegado a partir de dicha en fecha en razón de que, desde entonces, se les considera personal marroquí. Se cita, en apoyo de su pretensión, la Sentencia del Juzgado Central nº 7 (nº 47/05 ), Sentencia de la Sección Novena de esta Sala y Tribunal nº 140, de 2 de marzo de 2005, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2004, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Canarias de 12 de julio de 2002 y 10 de octubre de 2003, en las que, en supuestos idénticos, se considera que los causantes son personal indígena, pero no marroquí y ello porque la nacionalidad del personal saharaui únicamente podrá ser determinada mediante el denominado Referéndum de Autodeterminación del Sahara propiciado por la ONU.
El Abogado del Estado contestó a la demanda en escrito por el que interesaba el dictado de sentencia confirmatoria de la Resolución recurrida.
El Ministerio Fiscal, en igual trámite, solicitó la desestimación del recurso.
Habiéndose recibido el proceso a prueba, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.
Para votación y fallo del presente recurso se señaló la audiencia del día 26 de junio de 2007, teniendo lugar.
En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
Siendo Ponente la Magistrada de la Sección Iltma. Sra. Dña. Inés Huerta Garicano.
El objeto del presente recurso, idéntico al de los Rº 718, 937, 938 y 939/06, se concreta en determinar si las Resoluciones impugnadas por las que se deniega la solicitud de pensión de viudedad de la actora con base en el art. 17 de la Ley 172/65 incide negativamente en el contenido constitucional del derecho a la igualdad (art. 14 C.E.).
Del expediente remitido por la Administración demandada y de las alegaciones vertidas en los escritos forenses de las partes, quedan acreditados los siguientes extremos:
1) El esposo de la hoy actora, nacido en Esmara, con DNI bilingüe español, Agente de la Policía Territorial del Sahara nº NUM000, fallecido -en situación de retiro (O.C. de 22 de abril de 1976)- el 4 de mayo de 2005, disfrutó hasta dicho momento de pensión de retiro otorgada al amparo de la Ley 172/65.
2) La hoy actora (su viuda), en escrito presentado el 27 de noviembre de 2005, instó el reconocimiento de pensión de viudedad, siendo denegado -en aplicación del art. 17 de la Ley 172/65- en Resolución (confirmada presuntamente en alzada) de 29 de diciembre de ese mismo año.
3) Según consta en Informe del Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa de 14 de diciembre de 2006 obrante en los Rº 937, 938 y 939/06 (idénticos al de autos y ya fallados en sentencias dictadas el día 30 de mayo y el 6 de junio del corriente) -un testimonio del cual se ha incorporado a los presentes autos- se dice "...que las solicitudes de las citadas pensiones han sido reiteradamente denegadas.....en base a los arts. 15 y 17 de la Ley 172/65, de 21 de diciembre............Sin embargo, es lo cierto que a partir del año 2003, comienzan a dictare Fallos estimatorios de las pensiones de referencia.......reconociéndolas el derecho a la correspondiente pensión de viudedad, con fundamento en que los causantes estaban en posesión del Documento Nacional de Identidad español y percibían su pensión de retiro por la Legislación de Clases Pasivas española, por lo que no resulta de aplicación la Ley 172/65..., en base a la cual se habían denegado las pensiones..........Por lo expuesto, de conformidad con la doctrina jurisprudencia indicada,....no opone obstáculo legal al reconocimiento.... siempre y cuando se acredite......."1º) Que el causante de los derechos pasivos sea personal saharaui, no marroquí.......2º) Que los referidos causantes estuvieran en posesión del Documento Nacional de Identidad Español de carácter bilingüe; 3) Que la pensión de retiro que tuvieran reconocida......no fuera por aplicación de la Ley 172/65...., sino por la Legislación de Clases Pasivas....; 4º ) Que quede acreditado de forma fehaciente que la solicitante tenga el vínculo familiar exigido con el causante..............................., se considera procedente que la pensión debe surtir efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente a la nueva solicitud........, pues precisamente el reconocimiento de las pensiones es consecuencia de las Sentencias referidas dictadas.............".
La recurrente funda su petición de reconocimiento de pensión de viudedad en el trato discriminatorio que supone el hecho de que a otras viudas, en idéntica situación, que solicitaron la misma pensión entre 1982 y 1999 se les reconociera dicho derecho, mientras que, a partir de esa fecha, se les deniega en aplicación de la Ley 172/65, cuando sus causantes no son personal marroquí, sino indígena, como así ha sido reconocido en las antecitadas Sentencias. En definitiva, lo que alega es la vulneración del principio de igualdad en su perspectiva de igualdad en la aplicación de la Ley.
El derecho a la igualdad, en su perspectiva de igualdad en la aplicación de la ley, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en doctrina pacífica y constante, proscribe el tratamiento desigual de situaciones idénticas -dentro de la legalidad-, a menos que exista una justificación objetiva y razonable en la que fundamentar esa desigualdad de trato.
Por ello, para poder apreciar la existencia de ese trato discriminatorio injustificado es imprescindible: 1) que el recurrente ofrezca un término de comparación idéntico, no simplemente semejante o análogo; 2) que la desigualdad de trato carezca de una justificación objetiva y razonable; 3) que, siempre y en todo caso, la actuación administrativa ofrecida como término de comparación sea legalmente irreprochable.
La demandante ofrece como término de comparación, demostrativo de la discriminación injustificada de que ha sido objeto, las resoluciones de la Administración dictadas entre 1982 y 1999 que concedieron en supuestos idénticos al de autos pensiones de viudedad como la aquí rechazada.
Es cierto que en cuanto a los derechos pasivos del personal, por lo que a este recurso interesa, natural del Sahara, que sirvió al Estado Español, se han seguido por la Administración hasta tres criterios diferentes.
En un primer momento y en virtud del Acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 11 de marzo de 1982, al Personal de la Policía del Africa Occidental Española (Grupos Nómadas) que estuvieran retirados entre el 31 de diciembre de 1941 y el 30 de septiembre de 1971 y que estuvieran en posesión del D.N.I. bilingüe se les consideró españoles, amparados por el Decreto 329/67 (sobre remuneraciones de las Clases de Tropa y Marinería), mientras que, quienes no estaban en posesión de tal documento, su derechos pasivos se reconocieron con arreglo a la Ley 172/65, modificada por la Ley 111/66, de 28 de diciembre, (que reguló la situación del personal marroquí que sirvió en el Ejército Español y cuyo art. 3º disponía que dicha Ley sería aplicable "a todo el personal marroquí procedente de los Grupos de Regulares y otras Unidades del Ejército español, retirado con anterioridad a la fecha de su aplicación y que tenga derecho a pensión de retiro, sea por aplicación de los dispuesto para las Clases Pasivas del estado o por su legislación especial".
Posteriormente, sobre la base de un dictamen de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa de 29 de junio de 1998, una Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998 (EDJ1998/23334), Informe de la Subsecretaría de Ministerio de Administraciones Públicas de 17 de junio de 1997 y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11...
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