STSJ Canarias 1066/2009, 28 de Diciembre de 2009
| Ponente | EDUARDO JESUS RAMOS REAL |
| ECLI | ES:TSJICAN:2009:5540 |
| Número de Recurso | 913/2009 |
| Número de Resolución | 1066/2009 |
| Fecha de Resolución | 28 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Social |
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación núm. 0000913/2009 , interpuesto por MENCAS S.L. , frente a la Sentencia del JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de SANTA CRUZ DE TENERIFE en los Autos 0000931/2008 en reclamación de DESPIDO , ha sido Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./DÑA. Eduardo Jesús Ramos Real .
ANTECEDENTES DE HECHOS
Según consta en autos se presentó demanda por Dª Teodora contra la empresa "MENCAS, SL" y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 9 de febrero de 2009 por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 4 de los de Santa Cruz de Tenerife .
En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:
Doña Teodora ha prestado servicios para Mencas, SL desde el 2 de enero de 2008 como Ayudante de Dependienta, con salario mensual prorrateado de 800 euros. El 2 de enero de 2008 las partes suscribieron contrato de duración determinada por obra o servicio, consistente en campaña de navidad, reyes, rebajas, nuevas marcas deportivas.
El 16 de julio de 2008 la empresa le comunica el fin del contrato. El 16 de julio de 2008 sobre las 21 horas la actora acude a urgencias y se le diagnostica de amenaza de aborto, y se le indica reposo y control por ginecólogo de zona. La actora permanece en situación de incapacidad temporal desde el 17 de julio de 2008. TERCERO.- El actor presentó papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación el 10 de julio de 2008 y el acto se celebró el 28 de julio de 2008 sin avenencia, folio 4.
La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por Doña Teodora contra MENCAS SL, debo declarar la nulidad del despido verificado el 16 de julio de 2008, condenando a la empresa a readmitir a la actora con abono de los salarios dejados de percibir a razón de 26,67 euros diarios en los términos expuestos.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la empresa demandada, siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, el 17 de diciembre de 2009 habiéndose cumplido con las formalidades legales.
La sentencia de instancia estima la pretensión ejercitada por la actora, Dª Teodora , trabajadora que con la categoría profesional de Ayudante de Dependienta venía prestando servicios para la empresa "MENCAS, SL" desde el día 2 de enero de 2008, habiendo suscrito contrato de trabajo temporal en la modalidad de obra o servicios determinado, que interesaba que se declarara que el cese del que fuera objeto el día 16 de julio de 2008 por finalización de la obra objeto del contrato era nulo por haberse producido estando la trabajadora en estado de gestación.
Frente a la misma se alza la empresa demandada mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de un motivo de nulidad, un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que, anulada la sentencia de instancia, se repongan las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquel en que se ha cometido la infracción de normas o garantías del procedimiento causante de indefensión que denuncia o, en caso de no ser estimada dicha petición que, revocada la misma, sea desestimada íntegramente la demanda que da inicio al presente procedimiento.
Por el cauce del apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la empresa demandada, ahora recurrente, la infracción del artículo 85 párrafo 1º de la Ley de Procedimiento Laboral , del artículo 240 párrafo 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , del artículo 24 de la Constitución Española y de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el presente procedimiento, pues la Magistrada de instancia declara el carácter fraudulento de la contratación temporal de la actora cuando dicha alegación no fue articulada en la demanda rectora de autos, lo cual le ocasiona indefensión.
En primer lugar hemos de decir que para que pueda estimarse el recurso de suplicación por quebrantamiento de forma y se declare la nulidad de actuaciones han de concurrir los siguientes requisitos:
- infracción de normas o garantías del procedimiento;
- existencia de indefensión; y
- protesta previa en el momento procesal oportuno.
Por tanto, no toda infracción de norma procesal dará lugar a la nulidad por quebrantamiento de forma, siendo preciso que la misma haya provocado a la parte consecuencias negativas, limitando sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, siendo la indefensión el alma de la nulidad (sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 30 de julio de 1991 ). La indefensión no ha de ser meramente formal, sino también material, incumbiendo al recurrente demostrar que el error judicial anuló o limitó sustancialmente los derechos inherentes a su calidad de parte en el proceso (sentencias del Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de 1985, 5 de octubre de 1989 y 25 de abril de 1994 y del Tribunal Central de Trabajo de 3 de junio de 1974 y 23 de enero de 1987 ).
Por otro lado, la sentencia es el acto el Juez en el que se enjuician los hechos debatidos y sus fundamentos de derecho y, en vista de ellos, se decide o falla. La sentencia, como respuesta que proporciona el Juez en la solución de un conflicto, debe ser, además de motivada, congruente con las peticiones de las partes (artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral ). Que la sentencia tenga que ser congruente supone la concordancia entre la decisión judicial y lo pedido en la demanda y demás peticiones oportunamente articuladas en el juicio. Puede por ello la sentencia incurrir en defecto de incongruencia, bien omisiva, si no resuelve acerca de todo lo pedido, o bien excesiva cuando resuelve acerca de lo no pedido.
La incongruencia excesiva o extra petitum, como hemos apuntado, se produce cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un tema que no está incluido en las pretensiones procesales, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción (sentencias del Tribunal Constitucional 154/191,172/1994, 116/1995, 60/96 y 98/1996 , entre otras).
De tal forma, la congruencia supone la concordancia entre la resolución judicial y lo pedido en la demanda y demás pretensiones articuladas oportunamente en el juicio. Pero la congruencia debe ser entendida en sus justos términos, pues no significa una adaptación literal a los pedimentos, y mucho menos a las palabras, bastando para cumplir el referido principio de congruencia con que la parte dispositivaguarde acatamiento a lo sustancial de los solicitado, que sus declaraciones tengan la eficacia jurídica necesaria para que queden resueltos todos los puntos objeto de debate. Por ello, siempre que lo recogido en el fallo de la sentencia esté dentro de los límites cuantitativos y cualitativos de la petición, la misma es congruente.
Como mantiene la Sala IV del Tribunal Supremo en auto de fecha 21 de mayo de 1998 , en el que se extiende en la cuestión relativa al alcance del deber de congruencia en el ámbito procesal de la rama social del Derecho:
"El Tribunal Constitucional ha declarado en sentencias de fechas 10 de diciembre de 1984 y 10 de junio de 1987 , que no es incongruente que el Juez aplique por derivación las consecuencias legales de una petición, aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas en normas de derecho necesario, o que se concedan efectos no pedidos por las partes siempre que se ajusten al objeto material del proceso (sentencia de 1 de febrero de 1985 ), resultando esta tendencia interpretativa alejada de una rigidez formalista que debe operar si cabe con mayor laxitud en el proceso laboral, como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1969 y 6 de mayo de 1988 y este criterio se debe mantener pues, estando inspirado el proceso laboral en el principio dispositivo, su aplicación tiene menos rigor que en el proceso civil, es decir, en esta rama ese principio está matizado por varios preceptos procesales que tienen su raíz en el principio de impulso de oficio, como es la posibilidad de iniciar procesos a instancia de la Autoridad Laboral, la facultad del juez de no aprobar la conciliación aunque las partes se avengan, la advertencia de defectos en la demanda, el otorgamiento de la palabra a las partes a discreción del juez, la posibilidad de que ordene continuar una prueba aunque esté renunciada por la parte, preguntar libremente a partes y a testigos o limitar el número de éstos cuando esté instruido. Por otra parte, el principio iura novit curia aplicado al juez tiene en este proceso mayor intensidad pues la demanda no requiere tener fundamentos de derecho, ni es precisa la intervención de técnico en derecho en los procesos de instancia, lo que obliga en ocasiones al juez a corregir determinados enfoques jurídicos inadecuados o a suplir omisiones producidas por error de las partes, sin que con eso abandone su imparcialidad. Además de lo anterior, en el proceso laboral se ventilan derechos que en gran parte son irrenunciables por virtud de lo dispuesto en el artículo 3 párrafo 5º del Estatuto de los Trabajadores y 69 del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social y si por virtud de la congruencia el juez aceptara peticiones inferiores a los mínimos...
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