escrito interposicion demanda procedimiento abreviado

CARGA DE LA PRUEBA. PRUEBA DOCUMENTAL. La jurisprudencia ha destacado que no es aplicable en aquellos casos en los que el tribunal efectúa una valoración probatoria de los hechos fundándose en distintos medios de prueba, sino solamente cuando el tribunal, no obstante llegar explícita o implícitamente a la conclusión de la inexistencia de prueba sobre los hechos, hace recaer las consecuencias de...

URBANISMO. PLAN ESPECIAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANOS. SOLICITUD DE PARALIZACIÓN HASTA TANTO NO SE EFECTUASEN LOS ACCESOS EXIGIDOS EN EL PLAN ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE INEJECUCIÓN: INVIABILIDAD JURISDICCIONAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 29.2 DE LA LRJCA, AL NO TRATARSE DE ACTO ADMINISTRATIVO.

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero.

DEMANDA DE ERROR JUDICIAL. La demanda, lejos de identificar el menor indicio de error judicial en la sentencia del Juzgado nº 6 de Sevilla, no es más que una manifestación, sucinta por lo demás, de la discrepancia del demandante con la desestimación de su recurso contencioso-administrativo por entender que tenía que haber sido estimados por las mismas razones que en la demanda se exponía y a las...

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. RETRIBUCIONES. ERROR JUDICIAL. La pretensión de declaración de error judicial se contrae a la exclusiva finalidad de constituir presupuesto inexcusable, junto con la sentencia dictada en proceso de revisión, de una ulterior acción resarcitoria, por responsabilidad patrimonial de Estado Juez, sin que la situación jurídica declarada o reconocida por la sentencia a la que

PREVARICACIÓN OMISIVA. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. Rebaja de la pena de prevaricación omisiva a dos alcaldes condenados por perpetuar durante catorce años con su inacción, la situación de contaminación acústica.

Promovido por don Pablo César Quinzo Quinzo en relación con los Autos dictados por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en recurso de apelación frente a Sentencia del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

DELITO DE USURPACIÓN. Los acusados acaban condenados por el mismo delito de usurpación en su modalidad de ocupación ilegal, que se dice desarrollada de forma estable desde una fecha no exactamente determinada a lo largo de los años, por un lapso de tiempo cuya extinción se ubica en 2014 en un caso y en octubre de 2015 en otro, precisamente en el primero que así resulta mas amplio y prolongado en...

CESE DE PROFESORES INTERINOS. TRATO DISCRIMINATORIO. Se avala el despido en los meses de julio y agosto de una docente sin plaza fija que dio clases durante cuatro cursos consecutivos en el mismo centro escolar y que demandó a la Comunidad de Madrid por discriminación. Sin embargo, la Administración actuó conforme a derecho en tanto y en cuanto llevó a cabo los ceses por motivos de organización...

CONCURSO DE ACREEDORES. SUCESIÓN DE EMPRESA. EXTINCIÓN COLECTIVA DE CONTRATOS DE TRABAJO. Un grupo de trabajadores demanda a una empresa que continúa la actividad de una empresa liquidada, para que les pague el resto de la indemnización de despido que no les fue abonada con cargo a la masa. Se establece que, sean cuales sean las circunstancias en las que se ha desarrollado la extinción colectiva...

FARMACÉUTICO. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. Se declara que el farmacéutico sancionado tiene derecho a no disponer de la pastilla del día después en su farmacia por estar inscrito como objetor de conciencia y no vulnerase el derecho de la demandante a disponer de dichas pastillas. Este derecho debe ejercerse respetando la libertad y el derecho a la vida y a la salud del paciente. Se estima recurso de...

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 42 Y 144.2 DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES.DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.UBER, B.V.

Responsabilidad por el ejercicio infundado de acciones judiciales. Interposición de una querella. Inexistencia.

CALUMNIAS. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. VULNERACIÓN DERECHO FUNDAMENTAL. Se constata que el nuevo hecho -la sentencia del TEDH- supone una evidencia de que el recurrente no debió ser condenado. Se anula la condena impuesta por vulneración del derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo y 20 de la Constitución Española. Se estima el recurso de revisión.

URBANISMO. SOLICITUD DE INCOMPETENCIA AUTONÓMICA EN PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN DE LA ILEGALIDAD. COMPETENCIA. SILENCIO ADMINISTRATIVO. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COHECHO. PREVARICACIÓN. La malversación no requiere engaño, maquinación o artificio en la disposición. Su concurrencia no aparece en la tipicidad de la malversación, por lo que es factible la subsunción en el delito de fraude, usar artificios, maquinaciones, para defraudar al Estado y en el delito de malversación cuando se produce la...

Derecho a la tutela judicial efectiva por falta. Ley de contratos de las administraciones públicas. Delito de estafa. Recurso contra la sentencia

Autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias del art. 126.2 del Reglamento de Extranjería. Aplicación del art. 69.1.e de dicho Reglamento. Necesidad de ponderación y términos de esta.

RECURSO DE CASACIÓN. INTERÉS CASACIONAL. EXTRANJEROS RESIDENTES. EXPULSIÓN POR CONDENA PENAL. Constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales

TASA PARA RECURRIR. INCONSTITUCIONALIDAD. Es inconstitucional la tasa requerida a la organización recurrente cuyo impago determinó el archivo del recurso contencioso administrativo que ésta había interpuesto. La inconstitucionalidad de la tasa fue declarada por el Tribunal Constitucional con posterioridad a las resoluciones judiciales que determinaron el mencionado archivo. A pesar de ello, tal...

EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO FIRME. PROCEDIMIENTO JUDICIAL. DERECHO A PERCIBIR UNA SUBVENCIÓN EN CONCEPTO DE AYUDA. El principio de tutela judicial efectiva sin indefensión y el principio de transparencia en materia de concesión de ayudas públicas, que se encuentra ligado a la protección jurídica de los intereses financieros de las Administraciones Públicas, modulan el alcance revisor del...

• Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales

El sujeto pasivo del proceso penal que no disfruta de la justicia gratuita afronta dos posibles consecuencias procesales contra su patrimonio. Condenado habrá de satisfacer el coste económico del proceso, y aunque mantendrá la gratuidad de los gastos intrínsecos al servicio público (sueldos de jueces, fiscales y otros funcionarios, infraestructura, intérpretes) en detrimento de un contribuyente...

Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Solicitud de revisión de actos firmes por causa de nulidad de pleno derecho, amparada en la declaración de inconstitucionalidad de la STC 59/2017. La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales "en la medida en que (pueden) someter a...

REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

La Sentencia otorga el amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. De conformidad con la doctrina sentada en la STC 63/2016, de 11 de abril, se declara que la demora superior a un año en la celebración de la vista del juicio de extranjería no es razonable ni está justificada a la luz de la complejidad del litigio, del interés del demandante y de su conducta procesal.