STS, 13 de Septiembre de 2002
| ECLI | ES:TS:2002:5826 |
| Procedimiento | D. RAMON RODRIGUEZ ARRIBAS |
| Fecha de Resolución | 13 de Septiembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil dos.
VISTO ante esta Sección Segunda de la Sala Tercera el recurso de casación nº. 6552/97, interpuesto por el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz, representado por el Procurador Sr. Solera Lama, asistido de Letrado, contra la Sentencia dictada, en fecha 30 de Abril de 1997, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso nº. 942/96 interpuesto por la Federación de Consumidores de Euskadi contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz de 28 de Diciembre de 1995, sobre aprobación definitiva de precios públicos a aplicar durante 1996, por el Servicio Público Urbano Colectivo de Viajeros a cargo de la Sociedad "Tuvisa".
Comparece, como parte recurrida, la Federación de Consumidores de Euskadi, representada por la Procuradora Sra. Dª. Concepción Tejada Marcelino, asistida de Letrado.
La representación procesal de la Federación de Consumidores de Euskadi, interpuso recurso contencioso administrativo y formalizada la demanda, en la que alegó los hechos e invocó los fundamentos de derecho que estimó del caso, pidió se dicte Sentencia por la que se estime la demanda y se declare la nulidad del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Vitoria de fecha 28 de Diciembre de 1995, por el cual se procede a la modificación de las tarifas aplicables al servicio de transporte urbano de viajeros (autobuses) durante el año 1996 al haberse adoptado dicho acuerdo prescindiendo de la normativa y procedimiento legalmente establecido y por carecer de competencia para ello. Solicitando en Otrosí el recibimiento a prueba del recurso.
Conferido traslado a la representación procesal del Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz, evacuó el trámite de contestación, solicitando se dicte Sentencia por la que se ratifique la plena conformidad a Derecho del Acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria- Gazteiz de 28 de Diciembre de 1995, por el que se aprueban las tarifas para 1996 a aplicar a los Servicios de Autobuses.
En fecha 30 de Abril de 1997, la Sala de instancia dictó Sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal : Fallo " Que estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Letrada Dª. Idoia Pérez Araiz en representación de la "Federación de Consumidores de Euskadi", contra Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz de 28 de Diciembre de 1995, sobre aprobación definitiva de precios públicos a aplicar durante 1996 por el Servicio Público urbano Colectivo de Viajeros, a cargo de la Sociedad "Tuvisa" y declaramos el mismo nulo de pleno derecho en tanto se ha prescindido del trámite esencial de solicitud de autorización de incremento de precios ante la comisión de precios de Euskadi, desestimando el recurso en lo demás, y no haciendo imposición de costas."
Contra la citada Sentencia la representación procesal del Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz, preparó recurso de casación según lo establecido en el art. 96 de la Ley reguladora de este orden Jurisdiccional, en la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de Abril e interpuesto este, compareció, como parte recurrida, la Federación de Consumidores de Euskadi, que se opuso al mismo, pidiendo la confirmación de la Sentencia de instancia; tras lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, señalado para el 11 de Septiembre de 2002, fecha en que tuvo lugar dicha actuación procesal.
En el presente recurso de casación, el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz, al impugnar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, estimando parcialmente la demanda de la Federación de Consumidores de Euskadi, declaró nulo de pleno derecho el acuerdo municipal sobre precios del servicio público de transporte de viajeros, articula hasta seis motivos de casación, de los que los cinco primeros son susceptibles de tratamiento conjunto.
En efecto, con común amparo en el nº. 4º del art. 95.1 de la Ley de la Jurisdicción, en la redacción de 1992, la Corporación recurrente invoca la infracción , por la Sentencia impugnada, de las siguientes normas y jurisprudencia:
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- Del art. 107.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, en cuanto, al establecer la autorización por las Comunidades Autónomas de las tarifas de Servicios , la refiere a las que hayan de serlo " con arreglo a la legislación sobre politica general de precios", de donde deduce que ha de ser establecida por una norma con rango de Ley, condición de lo que carece el Decreto 230/1988 del Gobierno Vasco que creó la Comisión de Precios de Euskadi.
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- Del art. 26.1.d) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en cuanto establece que el servicio de autobuses urbanos es competencia exclusiva y obligatoria de los Municipios con mas de 50.000 habitantes.
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- De la Ley 39/1988 ( de Haciendas Locales) y los artículos 137 y 140 de la Constitución, en cuanto a la autonomía municipal y suficiencia financiera, que se vulneran a considerar que tiene capacidad decisoria en tan importante asunto otra Administración.
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- Del art. 48.1 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 50 de la Norma Foral 41/1989 sobre la misma materia, ninguna de las cuales concede competencias a otras Administraciones diferentes de la Municipal.
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- De la Jurisprudencia contenida en Sentencia de la misma Sala nº. 762/94, de 17 de Noviembre de 1994 que resolvió rechazando la competencia de la Comisión de precios de Euskadi , que ahora considera con respaldo legal.
Los motivos de casación que acabamos de resumir , tienen en común que tratan de fundar la negación de competencia por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco para intervenir en la materia de los precios del transporte público municipal, aunque en el caso de la alegada vulneración de la Jurisprudencia, a que se refiere el quinto de dichos motivos, no quepa ahora hacer otra cosa que desestimarlo, ya que no debió ser admitido , al invocar infringida la doctrina contenida en una sola Sentencia, que, además no ha sido dictada por el Tribunal Supremo, único órgano jurisdiccional del que puede emanar aquella.
Sobre la cuestión de fondo, de las competencias en la materia discutida , se ha pronunciado esta Sala en Sentencia de 23 de Febrero de 2001, dictada en un caso en el que lo cuestionado en la instancia era la competencia municipal.
En la referida Sentencia se reitera la doctrina, relativa a la llamada potestad tarifaría de los Ayuntamientos, expresión bajo la que se recogen las facultades que el ordenamiento les reconoce para fijar tanto las tarifas correspondientes a los servicios prestados directamente por la Corporación, en los términos del art. 155 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aún vigente en lo esencial, esto es, con o sin órgano especial de administración, asumiendo la función pública del servicio, o indirectamente, por concesión otorgada a particular o empresa mixta, o por consorcio con otros entes públicos, acudiendo a las tasas o tarifas y los precios públicos fijados por los Ayuntamientos en el marco de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Ya las sentencias de esta Sala de 9 de abril de 1968, 12 de noviembre de 1979, 1 de marzo de 1980, 10 de marzo de 1988 y 15 de diciembre de 1992, fueron estableciendo progresivamente la diferencia entre las «tarifas o precios» de los servicios públicos y las «tasas y/o precios públicos», de carácter fiscal, atribuyendo a unos y otros naturalezas diferentes, en función de sus respectivos regímenes de implantación, modificación e impugnación, así como de sus conceptos y finalidades de aplicación.
Es indiscutible que la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes por Carretera, dispuso en su art. 113.1 que «los Municipios serán competentes con carácter general para la gestión y ordenación de los servicios urbanos de transporte (...)», precisando en el art. 115.1 que «el otorgamiento de los títulos habilitantes para la realización de transportes urbanos de viajeros corresponderá a los órganos municipales competentes», añadiendo en su art. 117.1 que «la autoridad local competente establecerá con sujeción a la normativa general de precios, el régimen tarifario de los transportes urbanos de viajeros, con consideración en su caso, de la parte del coste de los mismos que deba ser financiado con recursos diferentes a las aportaciones de los usuarios».
En consecuencia, la potestad tarifaría de los Municipios, en este aspecto, es indiscutible, como se cuidan de señalar las dos sentencias de 1998 que hemos citado.
Ahora bien, la doctrina de la Sentencia que estamos reproduciendo, continua diciendo lo siguiente: La jurisprudencia que antes citamos ha recordado que una serie de preceptos han cohonestado las competencias municipales con las que corresponden a las Comunidades Autónomas en esta materia y, en su caso, al Estado.
Así, han de tenerse en cuenta el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, el cual dispone que «el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: (...) Transporte público de viajeros»; el art. 117.1 de la Ley 16/1987 que «la autoridad local competente establecerá, con sujeción a la normativa general de precios, el régimen tarifario de los transportes urbanos de viajeros, con consideración, en su caso, de la parte del coste de los mismos, que deba ser financiado con recursos diferentes a las aportaciones de los usuarios»; y el art. 45.2 de la Ley de Haciendas Locales 39/1988, de 28 de diciembre, mantenido incólume por la sentencia de diciembre, insiste, en materia de precios públicos, en la referencia al valor de mercado o de la utilidad derivada del servicio disfrutado.
Siendo pues indudable, la competencia del Ayuntamiento, no lo es menos, por tanto, que ésta tiene que ejercitarse con respeto a la normativa general y a las competencias que corresponden a las otras Administraciones implicadas.
La misma jurisprudencia aludida, así como la STC 53/1984, han destacado la compatibilidad de estas competencias aparentemente dispares, señalando que la Corporación Local está limitada y debe respetar la política de precios que emane de las Administraciones competentes en dicha materia.
Al ser contrarias a la doctrina de la Sala las tesis sostenidas en los cuatro primeros motivos de casación , han de rechazarse, debiendo añadirse que la competencia atribuida a las Comunidades Autónomas y en su caso, al Estado, en materia de politica de precios, no exige -como pretende la recurrente- que el concreto órgano administrativo para su ejercicio sea creado por Ley formal.
El último de los motivos de casación articulados por el Ayuntamiento recurrente, se ampara, como los demás, en el nº. 4º del art. 95.1. de la Ley de la Jurisdicción en la redacción de 1992, para invocar infringidos por la Sentencia impugnada los artículos 62 y 66 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Argumenta la Corporación citada que la anulación del Acuerdo de 28 de Diciembre de 1995 se ha producido por considerar que se había prescindido del trámite esencial de solicitud de autorización a la Comisión de precios de Euskadi y que, aunque este trámite fuera preceptivo, es posterior a la adopción del acuerdo, por lo que este es válido aunque fuera ineficaz hasta que se remita a la expresada Comisión, por lo que no habría nulidad absoluta.
Pretende ignorar la recurrente en esta casación que -como se cuida de señalar acertadamente la Sentencia de instancia- lo que convierte en radicalmente nulo el acuerdo municipal es el haber establecido autonomamente las tarifas del transporte urbano, prescindiendo de la existencia de otra competencia concurrente, que se negaba y se continua negando por el Ayuntamiento y no el haber omitido u olvidado cumplimentar la solicitud de autorización a la Comunidad Autónoma para que ejerciera su competencia en materia de control de precios; pues esto último ( que es lo que parece sostener subsidiariamente la Corporación Municipal de Vitoria-Gazteiz) supondría que se hubiera abstenido de ejecutar su propio acuerdo, (como tambien pone de manifiesto en su oposición el recurso de casación la parte aquí recurrida, Federación de Consumidores de Euskadi) cuando, por el contrario , lo publicó en el Boletin Oficial correspondiente para la inmediata exigencia de los nuevos precios públicos.
En cuanto a costas y habiendo de desestimarse todos los motivos de casación esgrimidos ha de aplicarse el art. 102.3 de la Ley de la Jurisdicción, en la redacción de 1992, que obliga a imponer aquellas al recurrente.
Por lo expuesto en nombre de Su Majestad el Rey y la potestad que nos confiere el pueblo español.
Que debemos desestimar y desestimamos la casación interpuesta por el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz contra la Sentencia dictada, en fecha 30 de Abril de 1997, por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº. 942/96, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección legislativa correspondiente, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior Sentencia en el dia de la fecha, siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Rodriguez Arribas, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, lo que como Secretario de la misma, certifico.
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