Representación y defensa judicial en la jurisdicción social

AutorVíctor Santa-Bárbara Rupérez
Cargo del AutorDirector Provincial de Barcelona y Coordinador Territorial de Cataluña del Servicio Público de Empleo Estatal


Los arts. 18 al 22 de la LRJS regulan la representación y defensa de las partes en el procedimiento laboral. Pero, además, las menciones a la representación y defensa de las partes aparecen también en otros preceptos de la norma: art. 194 (anuncio del recurso de suplicación), art. 195.1 (interposición del recurso de suplicación), art. 208 (preparación del recurso de casación ordinaria), art. 210.1 (interposición del recurso de casación ordinaria), art. 220 (preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina), art. 221.2 (forma y contenido del escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina) y art. 223.2 (interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina).

La modificación del art. 23.3 de la LEC por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial supuso la creación de la figura del procurador a efectos de notificaciones, cuya única función es oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal que hayan sido solicitados por el juez, tribunal o secretario judicial (actualmente, letrado o letrada de la Administración de Justicia), sin que pueda realizar solicitud alguna. Por lo tanto, el procurador a efectos de notificaciones no ostenta en ningún caso la representación de la parte; en la jurisdicción social esto se hace extensible a los graduados sociales y abogados designados a efectos de notificaciones por las partes o sus legales representantes.

Contenido
  • 1 La intervención en juicio y la designación de representante procesal
  • 2 La representación en caso de pluralidad de demandantes o demandados
  • 3 La representación por los sindicatos
  • 4 La intervención de abogado, graduado social colegiado o procurador
  • 5 La intervención de los abogados no ejercientes
  • 6 Representación y defensa del Estado
  • 7 Ver también
  • 8 Recursos adicionales
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
La intervención en juicio y la designación de representante procesal

El art. 18 de la LRJS dispone que las partes pueden comparecer por sí mismas o bien otorgar su representación a un abogado, procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. De manera que, en la jurisdicción social, la representación de las partes por profesionales u otras personas es potestativa, aunque ya se verán las excepciones.

Ahora bien, ello no significa que la representación por persona o profesional distintos a las partes esté proscrita, aunque esta debe ajustarse a lo dispuesto en el propio precepto. De modo que, la representación debe otorgarse mediante apoderamiento apud-acta (por comparecencia ante el LAJ), por escritura pública (poder notarial) o por comparecencia electrónica ( art. 24.1 de la LEC ) y cualquier persona que compareciera en juicio atribuyéndose la representación de las partes, deberá acreditarla, incluidos los sindicatos.

El art. 18 no menciona la representación y defensa de los trabajadores por el sindicato al que estuvieran afiliados, tal y como se regula en el art. 20 . Así que, a los anteriores, habría que añadir a los sindicatos que actúen en interés de los trabajadores afiliados para la defensa de sus derechos individuales, cuando estos así lo autoricen.

El art. 21.2 de la LRJS establece que, si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido por abogado, representado técnicamente por graduado social o representado por procurador, deberá hacerlo constar en la demanda.

De acuerdo con el art. 23.3 de la LEC , el ejercicio de la procura y la abogacía por una misma persona física son incompatibles, aunque el artículo segundo de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales , entre otras, añadió una disposición adicional octava a esta última, en la que se determina que «(…) las sociedades profesionales podrán ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y de la procura de los tribunales».

Si fuera el demandado quien elige conferir su representación, habrá de comunicarlo al juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes a la citación a juicio para que la parte actora también pueda designar en el mismo plazo un graduado social colegiado, procurador, abogado de su confianza o solicitar su designación de oficio, entendiéndose que, de no verificarlo, renuncia al derecho a servirse en el acto del juicio de estos profesionales.

La representación en caso de pluralidad de demandantes o demandados

El art. 19 de la LRJS se ocupa de la representación en el supuesto de que la demanda se presente por una pluralidad de demandantes o contra más de diez demandados.

Cuando se trate de una demanda presentada de forma conjunta por más de diez actores, estos deberán designar un representante común con el que se entenderán las sucesivas diligencias, es decir, en los supuestos de demandas con una pluralidad de actores (más de diez), la representación es obligatoria y común a todos ellos, una excepción a la norma que permite la comparecencia de las partes por sí mismas.

No obstante, el art. 19.4 de la LRJS contempla la posibilidad de que, en el caso anterior, cualquier demandante o demandado podrá expresar su voluntad justificada de comparecer por sí mismo o designar su propio representante, o sea, la excepción de la excepción.

En cuanto a la condición de los representantes en este supuesto, la norma no incluye a cualquier persona que goce del pleno ejercicio de sus derechos civiles sino que obligatoriamente la representación debe ser ejercida por un abogado, un procurador, un graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato.

Se amplían las opciones para conceder la representación y, a las ya citadas, se añade la comparecencia ante el servicio administrativo que tenga asignadas las competencias de conciliación, mediación o arbitraje (SMAC) o...

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