STSJ Castilla-La Mancha 70, 18 de Enero de 2006
| Ponente | MIGUEL ANGEL PEREZ YUSTE |
| ECLI | ES:TSJCLM:2006:70 |
| Número de Recurso | 530/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 70 |
| Fecha de Resolución | 18 de Enero de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1 ALBACETE SENTENCIA: 00008/2006 Recurso nº 530/2002 CUENCA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Sección Primera.
Presidente:
Iltm o. Sr. D. José Borrego López.
Magistrados:
Iltm o. Sr. D. Mariano Montero Martínez.
Iltm o. Sr. D. Miguel Angel Pérez Yuste SENTENCIA Nº 8 En Albacete, a dieciocho de Enero de dos mil seis.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, seguidos bajo el número 530/2002 , del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U., representada por el Procurador Don Trinidad Cantos Galdámez y dirigida por la Letrada Doña Pilar Lucas Soria, contra el Ayuntamiento de Tébar, que no se ha personado en los presentes autos, en materia de aprobación de la ordenanza de radiocomunicación.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Miguel Angel Pérez Yuste.
Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 29 de Julio de 2002, recurso contencioso-administrativo contra la resolución adoptada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Tébar.
Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando sentencia por la que: "se dicte sentencia estimando el recurso interpuesto, declarando no conforme a derecho la Ordenanza municipal sobre la Ordenación de las instalaciones de Radiocomunicación en el Municipio de Tébar, objeto del presente Recurso y con expresa imposición a la Administración demandada de las costas causadas en el presente procedimiento"..
Por providencia de fecha 2 de Octubre de 2003, se emplazó a la Corporación Municipal demandada para comparecer en los presentes autos, sin que hasta la fecha se haya personado en los mismos.
No habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba, ni trámite de conclusiones, se señaló día y hora para votación y fallo, el 10 de Enero de 2006, en que tuvo lugar.
En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
Se revisa la Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones de Radiocomunicaciones de Tébar (Cuenca), aprobada por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 23 de Enero de 2002 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de Junio de 2002.
La impugnación afecta a los artículo 1, 2, 3, 4, (apartados 3 y 8), 6 y Disposiciones Transitorias Segunda y Adicional Segunda . Sin perjuicio de la impugnación concreta de cada uno de los preceptos mencionados, en el escrito de demanda se establece como principio básico del recurso, que la Disposición General es contraria a la Constitución Española (Art. 149.1.21ª), Ley 11/98 de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones , RD 1066/2001 de 28 de Septiembre por el que aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y RD Ley 9/2000 de 6 de Octubre , asumiendo competencias en materia de telecomunicaciones que en absoluto le corresponden, invadiendo la competencia estatal en la materia.
Segu ndo. Para la resolución del presente recurso hemos de partir, necesariamente, de la Sentencia dictada por el Tribunal el 1 de julio de 2005 en el recurso nº 212/2002 , la que a su vez parte de la Sentencia de 2 de marzo de 2005 en el recurso nº 871/2001 , así como la dictada el 9 de Junio de 2005 en el recurso nº 891/2001, en el que se impugnaba la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Tobarra para la instalación y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación; con independencia de la diferente redacción de la los escritos de alegaciones, los motivos impugnatorios genéricos son los mismos, sin perjuicio de la existencia de alguna pequeña particularidad que merezca un tratamiento independiente; y existe una gran similitud argumental entre este recurso y el enjuiciado con el nº 212/2005 por lo tanto procede trasladar a la presente lo ya expuesto en las sentencia indicada, la que resuelve todas las cuestiones que aquí se plantean; la diferencia es que al no establecerse en la presente Ordenanza límites de emisión o distancias inferiores a los establecidos en la normativa estatal o autonómica, la desestimación de la demanda ha de ser íntegra. Decíamos en la indicada resolución de 1 de julio de 2005 a partir del párrafo segundo del fundamento jurídico segundo:
La Corporación demandada se opone a la demanda sobre la base de la sujeción a derecho de la Ordenanza impugnada por haberse dictado al amparo de las competencias municipales previstas en el ordenamiento jurídico; competencias que le otorgan tanto la propia Constitución Española como la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de las Bases de
Régimen Local (Art. 25 y 26), como la Ley 2/1998 de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha -LOTAU- (art. 165 y siguientes) así como el RAMINP (Decreto 2414/1961); que se ha elaborado teniendo en cuenta las directrices de la Comunidad Europea, que la regulación municipal a través de la Ordenanza impugnada no excede su ámbito competencial, incidiendo más en determinadas exigencias urbanísticas, medioambientales y de prevención de la salud de los vecinos de Tobarra, que son competencia del Ayuntamiento; que se ha decantado por el principio de precaución de manera que con los límites y distancias que establece no se pueda prestar o disminuya la calidad del servicio; que la mercantil actora no busca sino su propio beneficio económico sin tener en cuenta las demandas de prevención de la salud del conjunto de la sociedad.
Manifestábamos lo siguiente en el fundamento jurídico segundo.
"Segundo.- Antes de analizar los concretos preceptos impugnados, es esencial la determinación de la competencia municipal en el complejo campo de la telefonía móvil, en que existe claramente una concurrencia de competencias con la administración estatal, e incluso la autonómica. En este sentido tiene una importancia capital la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Diciembre de 2003 (EDJ 2003/187108), que establece en el fundamento jurídico tercero a partir del apartado a): "
-
Como tuvimos ocasión de señalar en STS 24 de enero de 2000 EDJ 2000/529, el artículo 149.1.21 CE EDL 1978/3879 delimita las competencias estatales en materia de telecomunicaciones respecto de las Comunidades Autónomas, mientras que las competencias municipales derivan de la Ley, sin perjuicio de que la autonomía local represente una garantía institucional reconocida por la CE EDL 1978/3879 para la "gestión de los intereses locales" (Art. 137 y 140 CE EDL 1978/3879). Y añadíamos, en STS de 18 de junio de 2001 EDJ 2001/31729 , que la existencia de un reconocimiento de la competencia en una materia como exclusiva de la Administración del Estado no comporta, por sí misma, la imposibilidad de que en la materia puedan existir competencias cuya titularidad corresponda a los entes locales.
El sistema de fijación o de determinación de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas que se verifica en el Título VIII de la Constitución EDL 1978/3879 tiene como finalidad el establecer los principios con arreglo a los cuales deben distribuirse las competencias básicas, normativas y de ejecución entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como entes territoriales investidos de autonomía legislativa. Sin embargo, no impide que la ley, dictada con arreglo al esquema competencial citado, reconozca competencias a los entes locales ni anule la exigencia constitucional de reconocer a cada ente local aquellas competencias que deban considerarse necesarias para la protección de sus intereses en forma tal que permita el carácter recognoscible de la institución.
La autonomía municipal es, en efecto, una garantía institucional reconocida por la Constitución EDL 1978/3879 para la "gestión de sus intereses" (artículos 137 y 140 de la Constitución EDL 1978/3879) y hoy asumida en sus compromisos internacionales por el Reino de España (artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988 EDL 1988/10791).
Los Ayuntamientos pueden establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público que requiera el establecimiento o la ampliación de las instalaciones de concesionarios u operador de servicios de telecomunicaciones, en su término municipal, utilizando el vuelo o el subsuelo de sus calles.
Ello no es obstáculo al derecho que lleva aparejada la explotación de servicios portadores o finales de telecomunicación (la titularidad que corresponde a los operadores) de ocupación del dominio público, en la medida en que lo requiera la infraestructura del servicio público de que se trata (artículos 17 LOT/87 EDL 1987/13243 y 43 y siguientes LGT/98 EDL 1998/43460).
Este principio es plenamente aplicable a las instalaciones por parte de los operadores (sujetos a la sazón al régimen de concesión) que puedan afectar en cualquier modo a los intereses que la Corporación municipal está obligada a salvaguardar en el orden urbanístico, incluyendo la estética y seguridad de las edificaciones y sus repercusiones medioambientales, derivadas de los riesgos de deterioro del medio ambiente urbano que las mismas puedan originar. Las expresadas instalaciones por parte de las empresas de servicios aconsejan una regulación municipal para evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que puede producirse, por lo que no es posible negar a los Ayuntamientos competencia para establecer la regulación pertinente. La necesidad de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba