STS, 29 de Enero de 2003
| Ponente | Fernando Ledesma Bartret |
| ECLI | ES:TS:2003:467 |
| Número de Recurso | 9197/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION?? |
| Fecha de Resolución | 29 de Enero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Enero de dos mil tres.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Mejías, en representación de la entidad mercantil DOÑA Natalia , contra la sentencia dictada con fecha 16 de julio de 1997 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso contencioso-administrativo nº 3568/1994. Ha sido parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO.
En el recurso contencioso - administrativo nº 3568/1994, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictó sentencia, con fecha 16 de julio de 1997, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Desestimar el presente recurso contencioso- administrativo, sin declaración de costas".
Contra la referida sentencia, mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia de Málaga el día 3 de septiembre de 1997, preparó recurso de casación la representación procesal de la parte actora, escrito que tuvo entrada en la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, el día 10 de septiembre de 1997, la cual lo tuvo por preparado mediante providencia de 15 de septiembre de 1997.
El 16 de octubre de 1997 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de Dña. Natalia interponiendo recurso de casación. Invocó como único motivo, al amparo del art. 95.1.3º de la L.J., la incongruencia de la sentencia al no haber resuelto sobre la extemporaneidad apreciada por la Administración. Concluye suplicando sentencia que case la recurrida y resuelva declarando la nulidad de la Resolución administrativa dictada con fecha 13 de septiembre de 1994 por la Dirección General de la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Mediante providencia de 30 de septiembre de 1998 fue admitido el referido recurso de casación.
Se ha opuesto al recurso de casación El Abogado del Estado. Suplica sentencia que declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de 16 de diciembre de 2002 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 22 de enero de 2003, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha tuvieron lugar ambos actos.
Como se desprende de los anteriores antecedentes, la sentencia que es objeto de este recurso de casación fue notificada al Procurador representante de la parte demandante el día 25 de julio de 1997. Así lo reconoce el mismo en el párrafo segundo del escrito de preparación del recurso de casación, presentado en el Juzgado de Guardia de Málaga el día 3 de septiembre siguiente, por tanto dos días antes del vencimiento de los diez días establecidos en el art. 96.1 de la L.J. de 1956, modificada por Ley 10/1992, de 30 de abril, entonces vigente. Tal escrito tuvo entrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Málaga, el 10 de septiembre de 1997, ya fuera de plazo. De estos datos se desprende con evidencia la extemporaneidad en que incidió la preparación del recurso de casación, por cuya razón, de acuerdo con el art. 100.2.a) de la L.J., esta Sala debió haber acordado la inadmisión por inobservancia de la previsión temporal contenida en dicho art. 96 de la L.J. Llegados a este trámite, procede acordar que no ha lugar al recurso.
En efecto, ya en sentencia de 3 de junio de 1997 (reiterada en otras, como son las SSTS de 28 de junio de 1999, 30 de enero, 20 de abril y 14 de septiembre de 2001) la Sala declaró lo siguiente: «Es principio informante de nuestro ordenamiento procesal que la presentación de escritos judiciales debe tener lugar precisamente en la sede -Secretaría o Registro General, en su caso- del Juzgado o Tribunal al que vayan dirigidos o, excepcionalmente, ante el Juzgado de Guardia. Así se infiere de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 268 (que prescribe que las actuaciones judiciales deben practicarse en la sede del órgano jurisdiccional), arts. 281 y 283 (en cuanto disponen que los Secretarios Judiciales, únicos funcionarios competentes para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, pondrán diligencia para hacer constar el día y hora de presentación de los escritos cuya presentación esté sujeta a un plazo perentorio), y art. 272.3 (en cuanto autoriza el establecimiento de un Registro General para la presentación de escritos dirigidos a órganos jurisdiccionales), en relación con los arts. 250 de la Ley de Enjuiciamiento civil y 12 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1974 (que autoriza la presentación en los Juzgados de Guardia de Madrid y Barcelona de escritos y documentos dirigidos a Organos judiciales de dichas poblaciones), y con el art. 41 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, publicado en el BOE de 13 de julio de 1995 ("1. En aquellas circunscripciones judiciales en que no esté organizado de modo independiente un servicio específico con tal finalidad, corresponderá al Juzgado de guardia la recepción de los escritos cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio, siempre que se dirijan a cualesquiera otros órganos jurisdiccionales de la misma sede y tengan entrada una vez concluida la jornada de trabajo del Juzgado o Tribunal destinatario."). Como señala la sentencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 3 de septiembre de 1992, no puede desvirtuarse el verdadero contenido de esta opción, con fundamento en razones de igualdad, tutela judicial y otras, habida cuenta de que "Es una norma excepcional, justificada por el número y dispersión de los órganos judiciales existentes en dichas poblaciones"». Por ello la presentación del escrito efectuada por la representación procesal de la mercantil demandante ante el Juzgado de Guardia de Málaga debe estimarse incorrecta y no válida habida cuenta de que tal órgano judicial sólo puede admitir escritos que deben presentarse el último día de un plazo perentorio y en horas en que no se halle abierto el Registro de entrada del órgano al que vaya dirigido.
Por todo ello, no ha lugar al recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente, de conformidad con el art. 102.3 de la L.J.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de su Majestad El Rey,
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Mejías, en representación de DOÑA Natalia , contra la sentencia dictada con fecha 16 de julio de 1997 por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso contencioso-administrativo nº 3568/1994. Todo ello con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-
