LEY 9/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996.

La autorización de gastos cuya cuantía exceda de doscientos millones (200.000.000) de pesetas corresponde al Gobierno, salvo las transferencias corrientes y de capital nominadas, que lo serán por el Consejero competente en la materia, dando posteriormente cuenta al Gobierno, sin perjuicio de lo que se señala en el artículo 30 respecto del Servicio Canario de la Salud.

Corresponde a las Secretarías Generales de los Departamentos la autorización y disposición de los gastos derivados de la gestión del personal del correspondiente Departamento, al Director General de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes los relativos al personal docente, dependiente de esa Consejería y al Director General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud los del personal de él dependiente.

1. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la autorización y disposición de los siguientes gastos:

   1. Los derivados de las operaciones de endeudamiento.

   2. Los no asignados expresamente a ningún otro órgano.

2. La autorización y disposición de los gastos de la Sección 22 ¿Fondo de Compensación Interterritorial¿ corresponde a los titulares de las Consejerías y Organismos siguientes:

   Educación, Cultura y Deportes

   Empleo y Asuntos Sociales

   Servicio Canario de la Salud

Podrá ser diferido el pago del precio de compra de los bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de ciento setenta y cinco millones (175.000.000) de pesetas, sin que en ningún caso el desembolso inicial pueda ser inferior al 25 por 100 del precio, pudiendo distribuirse libremente el resto hasta en cuatro anualidades sucesivas.

1. Tendrán la consideración de contratos menores los de obras, cuya cuantía no exceda de cinco millones (5.000.000) de pesetas y los de suministro y de asistencia con empresas consultoras y de servicios, cuya cuantía no exceda de dos millones (2.000.000) de pesetas.

   Los expedientes de los contratos a los que se refiere el párrafo anterior, están excluidos de fiscalización previa y para su tramitación sólo se exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la exigencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

2. En la contratación de personas físicas o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y reúnan los requisitos de solvencia académica, profesional, técnica o científica necesarios, para la realización de trabajos específicos y concretos, no habituales y de carácter excepcional, regulados por el Título IV de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones generales y particulares que le son de aplicación conforme a dicha Ley y sus disposiciones reglamentarias, deberán observarse las siguientes reglas:

   1. La contratación sólo podrá efectuarse con cargo a los subconceptos 227.06 ¿Estudios y trabajos técnicos¿ y 640.00 ¿Gastos en inversiones de carácter inmaterial¿, de cada programa presupuestario.

   2. En el expediente deberá constar, además de la documentación requerida por las normas legales y reglamentarias específicas que le son de aplicación, para la tramitación de este tipo de contratos, un certificado expedido por el Secretario General Técnico del Departamento, en el que se haga constar que el trabajo objeto del contrato no puede ser realizado por el personal al servicio de la correspondiente Consejería, ni por el personal temporal contratado conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, para la realización de trabajos de carácter urgente y no permanente.

   3. En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se hará constar de forma expresa, tanto los requisitos de solvencia académica, profesional, técnica o científica necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, como la aportación en el expediente de la documentación concreta y específica que acredite dichos requisitos y la experiencia profesional requerida para su ejecución.

   4. El incumplimiento de estas obligaciones formales, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

   5. En ningún caso, el personal contratado con cargo al subconcepto 640.00 ¿Gastos en inversiones de carácter inmaterial¿, podrá realizar tareas de carácter administrativo.

1. Las ayudas y subvenciones que se otorguen por la Administración autonómica se regirán por lo dispuesto en esta Ley, así como por lo establecido en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y demás disposiciones aplicables.

2. Será precisa la autorización del Gobierno para la concesión de ayudas específicas por importe superior a dos millones quinientas mil (2.500.000) pesetas. Asimismo, será precisa la autorización del Gobierno para la concesión de subvenciones específicas, cuyo importe exceda de quince millones (15.000.000) de pesetas, cuando afecte a transferencias corrientes y cualquiera que sea su importe, cuando afecte a transferencias de capital.

3. Excepcionalmente, el Gobierno, previo informe de la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público, podrá adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, dentro del marco previsto en el artículo 37 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en transferencias corrientes destinadas a financiar los gastos derivados de contratos-programa a que se refiere el artículo 91 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, conciertos educativos con centros docentes privados, convenios para la gestión de centros de Servicios Sociales, Protección de Menores y de atención a las toxicomanías, actividades de investigación, requiera su abono en diferentes ejercicios presupuestarios.

4. Las transferencias no están sujetas al régimen previsto para las ayudas y subvenciones. A estos efectos se entiende por transferencia todo desplazamiento patrimonial que tenga por objeto una entrega dineraria o en especie entre distintos agentes de las Administraciones Públicas y de aquellos a entes privados o particulares, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los entes beneficiarios, destinándose dichos fondos a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

5. El Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previos informes de la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público, del Interventor General y de los Servicios Jurídicos, determinará aquellas líneas de actuación y proyectos de inversión incluidos en los Anexos de Transferencias Corrientes y de Capital que, de acuerdo con la naturaleza de los mismos y lo previsto en el número anterior, se consideran transferencias.

Se excluye del procedimiento previsto en el presente apartado las líneas de actuación y proyectos de inversión que se relacionan en el anexo II de la presente Ley, tanto en lo que respecta a las consignaciones iniciales que en cada uno de ellos figuran en dicho anexo, como en lo que respecta a los incrementos de cuantía que, con la misma finalidad, se pudieran autorizar por modificación presupuestaria durante el ejercicio de 1996, dando cuenta al Parlamento de Canarias en el plazo de tres meses.

1. El Fondo de Saneamiento y Mejora de las Haciendas Municipales consignadas en la Sección 08, Servicio 02 del Estado de Gastos, transferencias a Corporaciones Locales del Estado de Gastos, se distribuirá de acuerdo a lo previsto en la Ley 3/1994, de 3 de febrero.

   A tal fin se asigna la cantidad de siete mil seiscientos millones (7.600.000.000) de pesetas, distribuyéndose a los diferentes Ayuntamientos por los criterios de población y solidaridad un total de seis mil ochocientos cuarenta millones (6.840.000.000) pesetas, conforme al detalle que se expone en el anexo V de esta Ley.

2. La percepción por los Ayuntamientos de las cantidades que le correspondan de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior y previo informe de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre las disponibilidades de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, se realizará conforme al siguiente procedimiento:

   1. Los Ayuntamientos que al 31 de diciembre de 1994 estuviesen saneados, percibirán en concepto de anticipo del Fondo, la parte del mismo correspondiente a la distribución por los criterios de población y solidaridad intermunicipal, previa petición expresa del Alcalde, a la que acompañará acuerdo plenario en el que conste expresamente la asunción de lo previsto en el párrafo siguiente.

      Si a resultas de la revisión de los diagnósticos financieros, practicada a 31 de diciembre de 1995, alguno de los ayuntamientos a que se refiere el párrafo anterior, resultase no saneado, vendrá obligado a destinar el importe equivalente al anticipo percibido a atender las medidas de saneamiento que en dichas revisiones resulten.

   2. Los ayuntamientos que al 31 de diciembre de 1994 no estuviesen saneados, percibirán, como anticipo, el cincuenta por cien de la parte correspondiente a la distribución por los criterios de población y solidaridad intermunicipal, previa petición expresa del Alcalde, a la que acompañará acuerdo plenario en el cual se haga constar expresamente el compromiso de la Corporación de destinar el importe equivalente de dicho anticipo a atender las medidas que resulten de las revisiones de los correspondientes diagnósticos al 31 de diciembre de 1995.

3. El resto hasta totalizar el importe consignado, se distribuirá por el Gobierno, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5.3, en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/1994, de 3 de febrero.

   Con cargo a esta cantidad, se podrán financiar los estudios y trabajos técnicos necesarios para su correcta aplicación.

1. Los créditos presupuestarios destinados a la financiación de las competencias y servicios asumidos por los Cabildos Insulares, que se consignan en la Sección 20 ¿Transferencias a Corporaciones Locales¿, se librarán con carácter genérico por doceavas partes a cada una de las corporaciones, subordinados dichos libramientos, en su caso, al plan general de disposiciones de fondos que realice el Gobierno de Canarias a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.

   No obstante lo anterior, excepcionalmente, la Consejería de Economía y Hacienda podrá modificar la periodicidad de los libramientos, en función del volumen de los créditos consignados o de los gastos a cubrir.

2. Cuando fuera necesario, como consecuencia del traspaso de nuevas competencias y servicios a los Cabildos Insulares que se efectúen durante el ejercicio de 1996, una vez autorizada por la Consejería de Economía y Hacienda la oportuna transferencia de crédito, trimestralmente se podrán efectuar a cada Cabildo Insular entregas a cuenta de la valoración del coste de esos nuevos servicios con cargo a los créditos de los conceptos 460 ¿Transferencias corrientes a Cabildos Insulares¿ y 760 ¿Transferencias de capital a Cabildos Insulares¿ de los programas de la Sección 20 ¿Transferencias a Corporaciones Locales¿.

1. Los centros docentes públicos no universitarios, en el ámbito territorial de Canarias, dispondrán de autonomía en su gestión económica en los términos que se establecen en este artículo.

2. El presupuesto anual de ingresos de cada centro se compondrá de los créditos del programa o programas de gastos asignados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de los posibles legados o donaciones, del producto de la venta de bienes fungibles, de los derivados de prestaciones de servicios y, en su caso, del saldo final de la cuenta de la gestión del ejercicio anterior.

   Los libramientos de fondos para atención de gastos de funcionamiento de los centros, con cargo a los créditos incluidos en los programas de la Sección 18 ¿Educación, Cultura y Deportes¿, se efectuarán con periodicidad semestral y tendrán la consideración de ¿pagos en firme¿, con aplicación definitiva a los correspondientes créditos presupuestarios.

   Los perceptores de estos fondos quedan obligados a justificar semestralmente la aplicación de las cantidades percibidas. Dado el carácter ¿en firme¿ de los fondos recibidos, el saldo que arrojen las cuentas de gestión no será objeto de reintegro y quedará en poder de los centros docentes para su aplicación a gastos, como saldo inicial de la cuenta de gestión siguiente.

3. La venta de bienes muebles requerirá la previa autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

4. La fijación de los precios de los centros por ventas de fotocopias, uso del teléfono, derechos de alojamiento, venta de pequeños productos obtenidos directamente a través de actividades lectivas y otros similares, así como por la prestación de servicios no gravados por tasas académicas, requerirán la autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

5. El proyecto de presupuesto anual de gastos se confeccionará libremente por el centro, sin más limitación que su acomodación a los créditos disponibles y a su distribución entre todas las partidas de gastos que resulten necesarias para su normal funcionamiento.

   En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos, otros distintos a los de funcionamiento de los servicios escolares del centro y los equipos y servicios de apoyo al sistema educativo, entendidos éstos de acuerdo con la clasificación económica de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6. El proyecto de presupuesto anual será sometido por la Comisión Económica al Consejo Escolar del centro, para su estudio y aprobación, en su caso.

   Si en las partidas de ingresos figurase alguna de las reseñadas en los puntos 3) y 4) anteriores, habrá de constar documentalmente la previa autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

7. Un ejemplar del proyecto de presupuesto aprobado se remitirá a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, en el plazo de un mes, comprobará que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar reparo, dentro de este plazo, el presupuesto se entenderá automáticamente aprobado; en otro caso, la Consejería notificará al centro las observaciones que formule, a fin de que los órganos de gestión y el Consejo Escolar procedan a su acomodación.

8. Cada centro deberá rendir cuenta de su gestión a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con carácter semestral a 30 de junio y a 31 de diciembre del ejercicio económico, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada semestre.

   A estos efectos, la justificación de las diferentes partidas de gastos podrá efectuarse por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales.

9. La certificación mencionada en el apartado anterior sustituirá a los justificantes originales y demás documentos acreditativos de los pagos realizados, que quedarán bajo la custodia y responsabilidad del Secretario del centro, a disposición de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para posibilitar la realización de las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus respectivas competencias.

10. El Director del centro deberá remitir dicha certificación a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada semestre natural.

    El cumplimiento de este requisito será indispensable para que pueda efectuarse el libramiento siguiente.

11. En los centros en los que no esté constituido el Consejo Escolar, la aprobación del presupuesto y la justificación de las cuentas corresponderá a sus órganos de dirección.

12. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda y a la de Educación, Cultura y Deportes, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este artículo.

13. Se autoriza a cualquier otro Departamento del Gobierno de Canarias, que ejerza competencias derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, para que, conjuntamente con la Consejería de Economía y Hacienda, mediante Orden Interdepartamental, establezca, en sus centros docentes un sistema de gestión económica basado en idénticos principios que los desarrollados en los apartados anteriores del presente artículo.

1. El Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC) dispondrá de autonomía en su gestión económica en los términos que se establecen en este artículo.

2. El presupuesto anual de ingresos del ICEC se compondrá de los créditos del programa o programas de gastos asignados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de los posibles legados o donaciones, del producto de la venta de bienes fungibles, de los derivados de prestaciones de servicios y, en su caso, del saldo final de la cuenta de la gestión del ejercicio anterior.

   Los libramientos de fondos para atención de gastos de funcionamiento del ICEC, con cargo a los créditos incluidos en los programas de la Sección 18 ¿Educación, Cultura y Deportes¿, se efectuarán con periodicidad semestral y tendrán la consideración de ¿pagos en firme¿, con aplicación definitiva a los correspondientes créditos presupuestarios.

   El ICEC queda obligado a justificar semestralmente la aplicación de las cantidades percibidas. Dado el carácter ¿en firme¿ de los fondos recibidos, el saldo que arrojen las cuentas de gestión no será objeto de reintegro y quedará en poder del ICEC para su aplicación a gastos, como saldo inicial de la cuenta de gestión siguiente.

3. El proyecto de presupuesto anual de gastos corrientes se confeccionará libremente por el Consejo Rector del ICEC, sin más limitación que su acomodación a los créditos disponibles y a su distribución entre todas las partidas de gastos que resulten necesarias para su normal funcionamiento, excluido el personal al servicio del mismo Instituto.

   En ejecución de los referidos presupuestos se autoriza expresamente al director del ICEC, para la suscripción y realización de aquellos contratos menores de obra, asistencia y suministros, que sean necesarios para el normal desarrollo de las gestiones encomendadas y asumidas por el Instituto.

4. Una vez aprobado el presupuesto anual por el Consejo Rector, habrá de remitirse el mismo a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, en el plazo de un mes, comprobará que se ajusta a la normativa establecida. De no mediar reparo, dentro de este plazo, el presupuesto se entenderá automáticamente aprobado; en otro caso, la Consejería notificará al Consejo Rector las observaciones que formule, a fin de que procedan a su acomodación y adecuación normativa.

5. El Director del ICEC deberá rendir cuenta de la gestión económica del Instituto ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con carácter semestral a 30 de junio y a 31 de diciembre del ejercicio económico, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada semestre.

   A estos efectos, la justificación de las diferentes partidas de gastos podrá efectuarse por medio de una certificación del Consejo Rector sobre la aplicación dada a los recursos totales.

6. La certificación mencionada en el apartado anterior sustituirá a los justificantes originales y demás documentos acreditativos de los pagos realizados, que quedarán bajo la custodia y responsabilidad del Director del ICEC, a disposición de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para posibilitar la realización de las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus respectivas competencias.

7. El Director del ICEC remitirá dicha certificación a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada semestre natural.

   El cumplimiento de este requisito será indispensable para que pueda efectuarse el libramiento siguiente.

8. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda y a la de Educación, Cultura y Deportes, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este artículo.

1. Las Instalaciones y Centros Deportivos dispondrán de autonomía en su gestión económica en los términos que se establecen en este artículo.

2. El presupuesto anual de ingresos de los centros se compondrá de los créditos del programa o programas de gastos asignados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de los posibles legados o donaciones, de los derivados de las prestaciones de servicios y, en su caso, del saldo final de la cuenta de la gestión del ejercicio anterior.

   Los libramientos de fondos para atención de gastos de funcionamiento de los centros, con cargo a los créditos incluidos en los programas de la Sección 18 ¿Educación, Cultura y Deportes¿, se efectuarán, con periodicidad semestral y tendrán la consideración de ¿pagos en firme¿, con aplicación definitiva a los correspondientes créditos presupuestarios.

   El perceptor de estos fondos queda obligado a justificar semestralmente la aplicación de las cantidades percibidas. Dado el carácter ¿en firme¿ de los fondos recibidos, el saldo que arroje las cuentas de gestión no será objeto de reintegro y quedará en poder de los centros, para su aplicación a gastos, como saldo inicial de la cuenta de gestión siguiente.

3. Los ingresos que obtengan las Instalaciones y Centros Deportivos por la prestación de los servicios, se determinarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título XI del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, del Texto Refundido de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. El presupuesto anual de gastos se acomodará a los créditos disponibles y se distribuirá entre todas las partidas de gastos que resulten necesarias para su normal funcionamiento.

   En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos otros distintos a los de funcionamiento de los servicios y los de los equipos y servicios de apoyo a las actividades deportivas que se realicen en dichas instalaciones, de acuerdo con la clasificación económica de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Los Centros deberán rendir cuentas de la gestión ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con carácter semestral a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada ejercicio económico, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del semestre.

   A estos efectos, la justificación de las diferentes partidas de gastos se efectuará por medio de una certificación sobre la aplicación dada a los recursos totales, que se remitirá a la Dirección General de Deportes.

6. Los justificantes originales y demás documentos acreditativos de los pagos realizados, que quedarán bajo la custodia y responsabilidad del Director del Centro y a disposición de la Dirección General de Deportes, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Audiencia de Cuentas de Canarias para posibilitar la realización de las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus respectivas competencias.

7. Los directores de los Centros remitirán a la Dirección General de Deportes la documentación exigida, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada semestre natural.

   Tal envío será requisito indispensable para que pueda efectuarse el libramiento siguiente.

8. Se autoriza a las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, Cultura y Deportes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este artículo.

1. El Consejo Escolar de Canarias dispondrá de autonomía en su gestión económica en los términos que se establecen en el presente artículo.

2. El presupuesto anual de ingresos del Consejo Escolar de Canarias se compondrá de los créditos del Programa de gastos asignado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de los posibles legados o donaciones, del producto de la venta de bienes, de los derivados de prestaciones de servicios, y en su caso de los créditos procedentes de remanentes de ejercicios anteriores.

   A tal efecto, los fondos librados a justificar, con cargo a los créditos consignados en el Subconcepto 229.00 ¿Consejo Escolar de Canarias¿ del Programa 421.A ¿Dirección Administrativa y Servicios Generales¿ de la Sección 18 ¿Educación, Cultura y Deportes¿, tendrán el carácter de ¿pagos a justificar¿.

3. El proyecto de presupuesto anual de gastos se confeccionará por el Consejo Escolar de Canarias sin más limitación que su acomodación a los créditos disponibles y su distribución razonable entre las partidas de gastos necesarias para su normal funcionamiento excluido el personal al servicio del Consejo.

4. Un ejemplar del proyecto de presupuesto habrá de remitirse, para su aprobación, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, en el plazo de un mes, deberá comprobar su adaptación a la normativa reguladora. De no mediar reparo, el presupuesto se entenderá automáticamente aprobado; en otro caso, la Consejería notificará al Consejo Escolar las observaciones que formule, a fin de que proceda a su acomodación.

5. El Consejo Escolar de Canarias debe rendir cuenta de la gestión ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con carácter semestral a 30 de junio y 31 de diciembre de cada ejercicio económico, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada semestre.

   A estos efectos, la justificación de las diferentes partidas de gastos podrá efectuarse por medio de una certificación de la Comisión Permanente sobre la aplicación dada a los recursos totales.

6. La certificación mencionada en el apartado anterior sustituirá a los justificantes originales y demás documentos acreditativos de los pagos realizados, que quedarán bajo la custodia y responsabilidad del Secretario del Consejo a disposición de la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para posibilitar la realización de las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus competencias respectivas.

7. El Presidente del Consejo Escolar de Canarias remitirá a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dicha certificación, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada semestre natural.

   Tal envío será requisito indispensable para que pueda efectuarse el libramiento siguiente.

8. Se autoriza a las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, Cultura y Deportes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este artículo.

9. Del proyecto del Presupuesto del Consejo Escolar de Canarias y de la ejecución del mismo al finalizar el ejercicio se dará cuenta a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Parlamento de Canarias.

1.1. La gestión de los créditos consignados en el Programa 422F para la financiación de las Universidades Canarias se realizará de acuerdo con lo señalado en el presente artículo quedando exceptuados de la aplicación de las normas reglamentarias que regulan el régimen general de ayudas, subvenciones y transferencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.2. Se establece que los gastos totales para personal, para todos los conceptos retributivos será de 10.217.380.000 pesetas para la Universidad de La Laguna y de 7.756.000.000 de pesetas para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estas cantidades deberán figurar, por tanto, como Capítulo I en los presupuestos de cada Universidad para 1996 y el incremento o minoración de las mismas requerirá la autorización previa del Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, Cultura y Deportes.

2. Los créditos que se destinen a la financiación de los gastos corrientes de las Universidades, que figuran debidamente nominados a favor de las mismas en el Capítulo IV del Programa 422.F, se abonarán a las Universidades fraccionados en doceavas partes, al comienzo de cada mes natural.

   No obstante, la autorización del gasto correspondiente puede ser única para el total del crédito existente en la partida.

   3.1. Las Universidades Canarias estarán sometidas al control de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que lo ejercerá mediante auditorías anuales.

   Asimismo, las Universidades estarán obligadas a remitir antes del 30 de junio de 1996 a las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, el presupuesto correspondiente a dicho ejercicio de 1996, la liquidación de los presupuestos del año anterior y la memoria económica prevista en los artículos 210 y 215 de los Estatutos de la Universidad de La Laguna y 210 de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

   La liquidación se adjuntará y figurará separadamente, en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma que se remita a la Audiencia de Cuentas para su fiscalización.

   3.2. A efectos del seguimiento de lo establecido en el apartado 1.2 de este artículo las Universidades vendrán obligadas a remitir mensualmente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, certificado de los importes de las nóminas de todo su personal, incluyendo todos los conceptos, incluso los correspondientes a cuotas patronales, sin perjuicio de que la indicada Consejería pueda solicitar el detalle de las nóminas de todo el personal cuando lo estime oportuno.

   3.3. A fin de establecer la evolución de cada concepto salarial, y poder determinar correctamente las previsiones para próximos ejercicios, independientemente de lo señalado en el apartado 3.1 anterior, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes propondrá a la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Intervención General, la realización de las auditorías que estime necesarias para el seguimiento del Capítulo I de cada Universidad a lo largo de 1996.

4. Los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios en las Universidades Canarias, serán fijados para cada curso académico por el Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, Cultura y Deportes. En todo caso, estos precios se fijarán de conformidad con lo previsto en el artículo 54.3.b) de la Ley de Reforma Universitaria y Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, del Texto Refundido, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las disposiciones de fondos para hacer frente a los pagos por certificaciones de obras incluidos en el Plan de Inversiones Universitarios aprobado por la Ley 8/1994, de 20 de julio y que se financian con las operaciones de endeudamiento autorizadas por dicha Ley, se realizarán previo informe favorable expreso de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Durante el ejercicio económico de 1996, el régimen presupuestario y contable del Servicio Canario de la Salud se regirá por lo establecido en el presente título.

La totalidad de los créditos que amparan la gestión del Servicio Canario de la Salud, se consignan en la Sección 24 del Estado de Gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, desglosado por servicios que se corresponden con los diferentes centros de gastos que constituyen las áreas de gestión.

En consecuencia, los referidos créditos se agregarán contablemente con los del resto de la Administración de la Comunidad Autónoma por lo que la cuenta del Servicio Canario de la Salud se rendirá integrada en la de aquélla.

En régimen normativo para la gestión de los mencionados créditos se ajustará a la que corresponda a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma sin perjuicio de las excepciones que se deriven de lo establecido en el presente título.

La vinculación de los créditos del Servicio Canario de la Salud, consignados en la Sección 24 del Estado de Gastos será la que se indica en el articulado de esta Ley, con las excepciones que a continuación se indican:

1) Los créditos del Capítulo II se ajustarán a la vinculación vigente para los demás órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, excepto el artículo 25 de ¿Asistencia Sanitaria con medios ajenos¿ que lo será a nivel del propio artículo.

2) Los créditos del concepto 489 destinados a ¿farmacia, recetas médicas¿, tendrán carácter de ampliable, hasta el límite de las obligaciones que se precisen reconocer conforme a lo que se establece en el artículo 9.B 2 de la presente Ley.

3) El Consejero de Economía y Hacienda determinará la vinculación de aquellos créditos que se incorporen para la cobertura de obligaciones del INSALUD, reconocidas con anterioridad al traspaso de competencias en virtud del Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo.

Las modificaciones de crédito del Servicio Canario de la Salud, se ajustarán a lo establecido en el Capítulo II, del Título I, de la presente Ley, con las siguientes excepciones:

- Las transferencias de crédito, entre Servicios de un mismo Programa de la Sección 24 que afecten al Capítulo II, del Estado de Gastos, se autorizarán por el Consejero de Sanidad y Consumo, a propuesta del Director del Servicio y a iniciativa de los titulares de los Servicios afectados, excepto las que se refieran a la redistribución de créditos derivados de los programas de gestión convenida.

- El régimen de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se ajustará a lo estipulado en el artículo 39 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiendo al Consejero de Economía y Hacienda la resolución de dichas modificaciones en todos aquellos casos en los que no se requiera Ley para su autorización.

1. La autorización de los gastos para la cobertura de ¿farmacia, recetas médicas¿, consignadas en el concepto 489, de la Sección 24 se efectuará, en todo caso, por el Director del Servicio Canario de la Salud.

   Dichas autorizaciones no superarán nunca las cuantías máximas de cien millones (100.000.000) de pesetas correspondiendo la autorización hasta doscientos millones de pesetas al Presidente del Organismo.

2. Por Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, previo informe de la de Economía y Hacienda, se establecerán las cuantías máximas del gasto de los contratos a autorizar, respectivamente, por el Director del Servicio Canario de la Salud, los Directores Generales de Área, Gerentes de Atención Primaria y Directores Gerentes de Hospitales en ejecución de lo estipulado en los apartados y artículos de la Ley 11/1994, de 26 de julio.

   En ningún caso dichas cuantías máximas podrán superar el importe establecido en el artículo 12 de la presente Ley.

Uno.- Podrán generar crédito por el total de su importe en el Presupuesto del Servicio Canario de la Salud los siguientes ingresos:

1. Los ingresos a los que se refieren los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud, en gestión directa a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros obligatorios privados y en aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.

2. Venta de productos, materiales de desecho o subproductos sanitarios, no inventariables, resultantes de la actividad de los centros sanitarios en los supuestos en que puedan realizarse tales actividades con arreglo a la Ley General de Sanidad, Ley del Medicamento y demás disposiciones sanitarias.

3. Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios.

4. Ingresos procedentes de convenios, ayudas o donaciones finalistas o altruistas, para la realización de actividades investigadoras y docentes, para la promoción de trasplantes, donaciones de sangre, o de otras actividades similares.

Dos.- La Consejería de Sanidad y Consumo fijará el régimen de precios y tarifas de las atenciones, prestaciones y servicios a que se refiere el apartado Uno anterior, tomando como base sus costes estimados de conformidad con lo establecido en los artículos 168 y 169, del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de las Tasas y Precios Públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Consejería de Economía y Hacienda informará preceptivamente cuantas normas, acuerdos y convenios incidan en la financiación y gastos del Servicio Canario de la Salud, y particularmente los programas de gestión convenida a que se refiere el artículo 70 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, conciertos de asistencia sanitaria, convenios con Centrales Sindicales sobre retribuciones básicas y complementarias y resoluciones en las que se fije la productividad del personal estatutario.

1. Durante el ejercicio presupuestario de 1996, la cuantía de los componentes de las retribuciones del personal en activo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, Organismos dependientes de ella, Universidades Canarias y demás entidades de derecho público, no sometido a legislación laboral, experimentará un incremento del 3,5 por cien respecto a la establecida para el ejercicio de 1995.

2. Asimismo, para el ejercicio presupuestario de 1996, la masa salarial del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, Organismos de ella dependientes, Universidades Canarias, así como de las empresas y demás entes públicos de la Comunidad Autónoma, experimentará un incremento del 3,5 por cien respecto a la establecida para el ejercicio de 1995.

   Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de retribuciones salariales y extrasalariales y gastos de otra naturaleza devengados en el ejercicio presupuestario de 1995 por el personal laboral afectado incluso los pluses derivados de convenios en vigor, exceptuándose, en todo caso:

   1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

   2. Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.

   3. Las indemnizaciones correspondientes a traslados, subvenciones o despidos.

   4. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.

   Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen incrementos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, a lo establecido en el presente artículo deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan a lo establecido en él.

   Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

4. Se establece un Fondo de Acción Social, de carácter no consolidable, por importe de doscientos diez millones (210.000.000) de pesetas para su distribución entre los funcionarios y el personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias. En dicha Acción Social se incluyen las percepciones por ayudas de estudio a favor del personal, cónyuge y descendientes, en los términos que se determinen reglamentariamente y todas aquellas otras que se obtengan y tengan la finalidad de redistribución social, así como los gastos derivados de las pólizas de seguro concertadas para todo el personal, incluido el laboral, al servicio de esta Comunidad Autónoma.

5. Los créditos de gastos de personal previstos dentro de esta Ley en las diferentes secciones no implicarán, en ningún caso, variación de las relaciones de puestos de trabajo ni reconocimientos de derechos económicos, que se regirán por las normas que les sean de aplicación.

6. Las retribuciones básicas de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos sanitarios locales, serán las que corresponden a los funcionarios de su mismo grupo.

7. Las retribuciones del personal que ha sido traspasado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo, experimentarán un incremento del 3,5 por cien, respecto de las que venían percibiendo al treinta y uno de diciembre de 1995.

8. Las retribuciones del personal que ha sido traspasado a la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de los correspondientes Decretos y cuyo régimen retributivo, a la entrada en vigor de esta Ley, no se ajuste a lo dispuesto en los artículos 34 y 36, experimentarán un incremento del 3,5 por cien, respecto de las que venían percibiendo al treinta y uno de diciembre de 1995.

Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública y en la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno haya aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en dichas leyes, solamente podrán ser retribuidos, en su caso, por los conceptos y en las cuantías siguientes:

1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

   GRUPOS SUELDOS TRIENIOS A 1.824.444 70.056 B 1.548.456 56.040 C 1.154.268 42.060 D 943.812 28.080 E 861.624 21.060 b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 36, apartado 9), de la presente Ley.

3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

   NIVEL IMPORTE PESETAS 30 1.602.036 29 1.437.012 28 1.376.568 27 1.316.112 26 1.154.628 25 1.024.416 24 963.972 23 903.552 22 843.084 21 782.760 20 727.116 19 689.952 18 652.824 17 615.672 16 578.580 15 541.428 14 504.312 13 467.160 12 430.008 11 392.916 10 355.776 9 337.224 8 318.612 d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado al puesto de trabajo que se desempeña en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

   A efectos de lo previsto en el número 6, del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y de conformidad con el artículo 32, apartado 1 de la presente Ley, para el ejercicio económico de 1996 el valor de cada punto del complemento específico queda fijado en 32.801 pesetas anuales.

5. Las gratificaciones por servicios extraordinarios, se concederán dentro de los créditos asignados a tal fin, quedando fijados globalmente para cada Consejería en el 1,0 por ciento del coste total del personal funcionario, excluido el personal funcionario docente y estatutario del Servicio Canario de la Salud, según los créditos iniciales consignados en los artículos 10, 11 y 12 del Estado de Gastos y cuya cuantía se refleja en el subconcepto 151.00 de dichos Estados, excepto para las Secciones 06 ¿Presidencia del Gobierno¿ y 08 ¿Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales¿, que será del 2,146 por ciento.

   Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

   Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta razonada de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia y Relaciones Institucionales, efectúe las modificaciones precisas de este porcentaje, debiéndose financiar, en su caso, el exceso con cargo a créditos del Capítulo II (Gastos Corrientes) de las respectivas secciones.

6. El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo, sin que en ningún caso su percepción implique derecho alguno a su mantenimiento.

   Se faculta al Gobierno para que fije globalmente por Departamentos su cuantía, en función de un porcentaje sobre el coste total del personal funcionario sin incluir los docentes ni el estatutario del Servicio Canario de la Salud según los créditos iniciales consignados en los artículos 10, 11 y 12 de los Estados de Gastos, debiéndose financiar, en su caso, con cargo a créditos del artículo 15 ¿Incentivos al rendimiento¿.

7. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley Territorial 13/1987, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1988.

1. Durante el ejercicio de 1996, el Presidente, Vicepresidente, Consejeros del Gobierno y los Viceconsejeros, percibirán sus retribuciones en las mismas cuantías que durante 1995, incrementadas en un 3,5 por cien.

   Asimismo, durante 1996, las retribuciones de los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y asimilados, experimentarán un incremento del 3,5 por cien, respecto de las estipuladas durante 1995 por los distintos conceptos que en dicho año integraron su régimen retributivo.

   Los miembros del Gobierno y los Altos Cargos percibirán las retribuciones que correspondan en doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias y sin perjuicio de que en los meses de devengo de estas últimas se perciba el importe de los trienios que corresponda, para quienes ostentando la condición de funcionario o personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, se encontrasen en la situación de servicios especiales.

2. Las retribuciones del Presidente del Consejo Consultivo serán las que corresponden a los Consejeros del Gobierno de Canarias.

   Las retribuciones de los restantes miembros del referido órgano serán las señaladas para los Viceconsejeros.

   Aquellos miembros del Consejo que siendo profesores universitarios opten por percibir sus retribuciones principales por la Universidad a la que pertenecen, sólo tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio que correspondan a sus funciones.

3. Los miembros del Gobierno y los Viceconsejeros no percibirán ¿asistencias¿ por concurrir a las sesiones de órganos colegiados de la Administración Pública Canaria.

1. Los funcionarios sujetos a régimen retributivo distinto al correspondiente al puesto de trabajo al que hayan sido adscritos, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen.

2. A los únicos efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, a propuesta de los Departamentos interesados y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, autorizará la oportuna asimilación para determinar las retribuciones que correspondan a los citados funcionarios.

   Esta asimilación en modo alguno supondrá el reconocimiento de los derechos económicos distintos a los que le correspondan por el desempeño del referido puesto de trabajo.

3. Cuando con sujeción a la normativa vigente, el funcionario realice una jornada inferior a la normal, se reducirán sus retribuciones en la proporción correspondiente en la forma prevista en dicha normativa.

4. Los funcionarios que realicen una jornada de trabajo reducida en un tercio o un medio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, experimentarán una disminución de un tercio o un medio, respectivamente, sobre la totalidad de sus retribuciones tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios. Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias, en el caso de que los funcionarios prestasen su jornada de trabajo reducida el día 1 de los meses de junio y/o diciembre, fecha de devengo de las citadas pagas.

5. El complemento familiar se regirá por su normativa específica, adaptándose su cuantía, en su caso, a lo que se disponga sobre ella en las disposiciones aplicables.

6. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter, correspondientes al personal incluido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, se regirán por su normativa específica.

7. Para el cálculo de los anticipos reintegrables a funcionarios, únicamente se computarán las retribuciones básicas brutas señaladas en las letras a) y b) del apartado 2, del artículo 82 de la Ley de la Función Pública Canaria, que aquellos perciban.

   Los funcionarios tendrán derecho a percibir como anticipo el importe de hasta dos mensualidades, cuya amortización se podrá realizar en un plazo máximo de dieciocho meses.

8. Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del funcionario el día 1 del mes que corresponda, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

   1. En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el del reingreso al servicio activo, y en el de incorporación por conclusión de licencia sin derecho a retribución.

   2. En el mes que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivo de fallecimiento o jubilación, y en el que comience a disfrutar de licencia sin derecho a retribución.

   3. En ningún caso la aplicación de la presente norma conllevará pérdida de derechos económicos para los funcionarios en los casos de cambio de destino o reclasificación del puesto de trabajo, en que se devengarán por días.

9. Las pagas extraordinarias serán dos al año. Su importe será para cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, incluyéndose el grado en aquellos regímenes retributivos en que esté establecido este concepto. Se devengarán el día 1 de los meses de junio y diciembre, abonándose por el Departamento a que esté adscrito el funcionario en la fecha de percepción y con referencia a la situación y derechos del mismo en dicha fecha, salvo en los siguientes casos en que se liquidarán por días:

   1. Cuando el tiempo de servicios prestados en cualquier Departamento de la Comunidad Autónoma de Canarias fuera inferior a la totalidad del periodo correspondiente a una paga, ésta se abonará en la parte proporcional que resulte según los meses y días de servicio efectivamente prestados en esta Administración.

   2. Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondiente reducción proporcional.

   3. En el caso del cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

10. A los efectos previstos en el número anterior, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no se computará dentro de los servicios efectivamente prestados.

11. En la determinación de los criterios que permitan al Gobierno fijar la cuantía del complemento específico a que hace referencia el número 6 del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, se incluirá la repercusión de las percepciones que correspondían por indemnización por residencia en 1995.

12. Las retribuciones de los funcionarios interinos se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

13. Las retribuciones del personal eventual se adecuarán a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

14. Las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia y Relaciones Institucionales, conjuntamente, propondrán al Gobierno, para su aprobación, las normas reglamentarias precisas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 de la presente Ley.

15. Las convocatorias que se realicen excepcionalmente en base a la autorización prevista en la Disposición Adicional Decimoséptima para ingresos en Cuerpos y Escalas de Funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos y de Cuerpos Estatales, cuando sus retribuciones se satisfagan con cargo a créditos autorizados por la presente Ley, así como también las de pruebas selectivas de personal laboral, en promoción interna o acceso libre, requerirán el informe favorable previo de la Consejería de Economía y Hacienda, en el que se acredite la existencia de dotación presupuestaria suficiente; si se incumpliera, llevará a la nulidad de lo actuado. El cumplimiento de este trámite deberá figurar expresa y obligatoriamente en el texto de las convocatorias correspondientes.

16. El personal contratado para realizar sustituciones en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes lo será con relación jurídico-laboral, debiendo ser fiscalizados los contratos por la Intervención General.

1. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año de 1996, deberá solicitarse en su caso de la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente actualización de la masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 1995.

2. A iniciativa de la Consejería correspondiente, previo informe favorable de las Consejerías de Economía y Hacienda y Presidencia y Relaciones Institucionales y a propuesta conjunta de ambas, compete al Gobierno la aprobación de las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo.

3. Las retribuciones complementarias que, durante un plazo máximo de tres meses puedan percibir los funcionarios a partir de su cese en el desempeño de los puestos de trabajo, por alteración de su contenido o por su supresión en la relación de puestos de trabajo, tendrán el carácter de ¿a cuenta¿ de las que les correspondan por el nuevo que ocupen. No procederá reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas a cuenta fueran superiores a las correspondientes al puesto finalmente ocupado.

4. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario o la formalización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral, así como la modificación de la categoría profesional de estos últimos, requerirá que su coste en cómputo anual, esté dotado presupuestariamente, bien en su sección o en los créditos destinados para tal fin en la Sección 19 ¿Diversas Consejerías¿.

5. A efectos del reconocimiento del derecho para la percepción de ayudas de estudios por el personal al servicio de la Comunidad Autónoma, los beneficiarios habrán de percibir unos ingresos brutos anuales inferiores a tres millones quinientas mil (3.500.000) pesetas, incrementados en quinientas mil (500.000) pesetas por hijo.

   Para el cómputo de los ingresos brutos del funcionario, se tendrá en cuenta la suma de todos los ingresos, de cualquier naturaleza que a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, perciban aquél y su cónyuge considerados conjuntamente, disminuyéndose dicho conjunto de ingresos en un millón de pesetas (1.000.000) anuales por cada hijo minusválido físico o psíquico que conviva con ellos, acreditándose tales circunstancias en el expediente tramitado.

6. Se establece el subconcepto 170.02 de la Sección 19 ¿Diversas Consejerías¿, con cargo al cual se financiarán:

   1. Las plazas vacantes que se vayan cubriendo a lo largo del ejercicio de 1996.

   2. Las diferencias económicas entre la plaza de origen y la de destino en los supuestos de los artículos 77 y 78 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

7. Las insuficiencias presupuestarias que se pudieran ocasionar por desfases o variaciones de efectivos reales se financiarán de la siguiente forma:

   1. En el supuesto de que los créditos iniciales sean insuficientes para hacer frente a los gastos de los efectivos reales, mediante transferencias de créditos de la sección en la que se produzca el desfase o de los créditos previstos en la Sección 19 ¿Diversas Consejerías¿, subconcepto 170.02, del Programa 121.C ¿Gastos Diversos e Imprevistos¿.

   2. En los casos de cambio de puesto de trabajo por cualesquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de la Función Pública Canaria, mediante transferencias de crédito entre las secciones afectadas, y en caso de existir diferencia retributiva entre los dos puestos de trabajo, se financiará con créditos de la Sección 19 ¿Diversas Consejerías¿ subconcepto 170.02 del Programa 121.C ¿Gastos Diversos e Imprevistos¿.

   3. Tratándose de personal proveniente de otras Administraciones Públicas, mediante transferencias de créditos con cobertura en la Sección 19 ¿Diversas Consejerías¿ subconcepto 170.02 del Programa 121.C ¿Gastos Diversos e Imprevistos¿ y con aplicación en la sección presupuestaria correspondiente.

8. En el mes de enero de 1996, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, contabilizará la autorización y disposición en módulo anual de los créditos correspondientes a efectivos reales existentes.

   Dicha contabilización comprenderá asimismo la totalidad de las plazas laborales de los centros docentes de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

9. Podrán generar créditos los reintegros motivados como consecuencia de situaciones de Incapacidad Temporal, con el fin de formalizar las contrataciones necesarias al objeto de asegurar el funcionamiento de los servicios afectados por tales situaciones.

1. Con cargo a los respectivos créditos de inversiones, sólo podrán formalizarse contrataciones de carácter temporal, para obra o servicio determinados cuando los órganos pertinentes de la Comunidad Autónoma precisen contratar personal para la realización por administración directa y por aplicación de la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, de obras o servicios, correspondientes a algunas de las inversiones incluidas en los Presupuestos. Esta contratación requerirá el informe favorable de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Presidencia y Relaciones Institucionales, siempre que concurran los siguientes requisitos:

   1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa o con aplicación de la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones, que figuren específicamente definidas en el correspondiente Anexo de Inversiones, adecuándose su contraprestación a los límites retributivos establecidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   2. Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla ni por personal laboral temporal, que ocupe plaza en la Relación de Puestos de Trabajo o figure contratado al amparo de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

   De las contrataciones realizadas se informará a la Comisión de la Función Pública Canaria.

2. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 11/1994, de 19 de mayo y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. En los contratos se hará constar la obra o servicios para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales.

3. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevén en el artículo 37 de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.

4. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral. Estos informes no serán necesarios cuando la contratación se formalice mediante contratos tipos debidamente informados con anterioridad.

5. La realización de los contratos regulados en el presente artículo será objeto de fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

6. El incumplimiento de estas obligaciones formales, así como la asignación a personal contratado de funciones distintas de las que se determinen en los contratos, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos y otros ingresos públicos de la Comunidad Autónoma, comisiones e ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o cualquier ente público, como contraprestación o premio en multas impuestas, aún cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

1. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones de crédito por plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma como se documente, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, por importe de ocho mil millones (8.000.000.000) de pesetas destinadas a financiar las operaciones de capital incluidas en las correspondientes dotaciones del Estado de Gastos.

2. En el marco de lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Gobierno disponer la creación de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o la realización de préstamos o créditos así como señalar los criterios generales a que deberán ajustarse.

3. Asimismo, corresponde al Gobierno la creación de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias destinada a la inversión efectiva de las dotaciones de la Reserva para Inversiones en Canarias a que se refiere el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, así como al Fondo de Previsión para Inversiones acumuladas por las Sociedades y demás Entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades o por los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ejerzan actividades empresariales, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

   Esta emisión podrá coordinarse, en su caso, con la de la Deuda que las Corporaciones Locales Canarias acuerden emitir con igual destino.

4. Corresponde al Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA), convenir, en las operaciones de crédito exterior, las cláusulas y condiciones usuales en estas operaciones, incluso el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o a tribunales extranjeros.

5. A los efectos previstos en los apartados anteriores de este artículo, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para:

   1. Proceder a la emisión de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, estableciendo su representación, voluntaria o exclusiva, en anotaciones en cuenta, títulos valores u otro documento que formalmente la reconozca; fijar su plazo, tipo de interés y demás características dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las condiciones del mercado; formalizar, en su caso, en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias tales operaciones y recurrir a cualquier técnica para la colocación de la emisión de la referida Deuda Pública.

   2. Proceder a la contratación de préstamos o créditos; fijar su plazo, tipo de interés y demás características y formalizar en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias tales operaciones.

6. Las operaciones de créditos a que se refieren las letras a) y b) anteriores podrán concertarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 1996 o 1997 en función de las necesidades de Tesorería.

7. En aquellas operaciones de crédito que financien proyectos de inversión de carácter plurianual, únicamente se computará como endeudamiento para el ejercicio corriente, dentro del límite establecido en el apartado 1 del presente artículo, el importe de la anualidad de los citados proyectos para dicho ejercicio, sin perjuicio de la formalización en presupuestos posteriores de la anualidad que corresponda.

8. Se autoriza, asimismo, al Consejero de Economía y Hacienda para:

   1. Adquirir en el mercado secundario valores negociables de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con destino a su amortización.

   2. Proceder, al amparo de lo dispuesto en las normas de emisión o contratación, o por mutuo acuerdo con los acreedores, al reembolso anticipado, total o parcial, de las operaciones de crédito o a la revisión de alguna de sus condiciones.

   3. Acordar modificaciones en las condiciones de las operaciones de crédito que obedezcan a su mejor administración, siempre que redunden en beneficio de la Comunidad Autónoma de Canarias y que no se perjudiquen los derechos económicos del acreedor.

   4. Acordar las operaciones de refinanciación, intercambio financiero y las modificaciones, sustituciones y conversiones en las operaciones de crédito existentes con anterioridad, o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, con novación, incluso del contrato y con ampliación en su caso del plazo inicialmente concertado, para obtener un mejor coste o una mejor distribución temporal de las cargas financieras o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones del mercado. Estas operaciones no se computarán en el límite fijado en el apartado 1 del presente artículo, ni incrementarán el volumen de deuda viva de la Comunidad Autónoma.

   5. Las operaciones recogidas en la letra d) de este apartado se contabilizarán en una cuenta extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y por conceptos conexos de las referidas operaciones se registrarán en los pertinentes créditos presupuestarios.

   6. De estas operaciones se dará cuenta al Parlamento de Canarias en el plazo de tres meses.

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para:

1. Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto colocar excedentes de Tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 1996, salvo que exista pacto expreso de recompra con la entidad financiera correspondiente.

2. Concertar operaciones financieras pasivas por plazo no superior a un año, cualquiera que sea la forma como se documente, con el límite del 5 por ciento del importe total de los ingresos de la Comunidad Autónoma, destinadas a cubrir necesidades transitorias de Tesorería y que podrán ser excepcionalmente amortizadas dentro del ejercicio presupuestario siguiente.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias puede prestar avales durante el ejercicio de 1996 para las operaciones de crédito interior o exterior que se concierten con las Entidades Financieras hasta un importe máximo de seis mil doscientos millones (6.200.000.000) de pesetas.

2. Dentro del total señalado en el apartado anterior se aplicarán los siguientes límites máximos de avales de la Comunidad Autónoma de Canarias:

   1. A Sociedades Anónimas Laborales, Sociedades Agrarias de Transformación y Sociedades Cooperativas, con exclusión de las de crédito y de seguros, por un importe máximo de trescientos millones (300.000.000) de pesetas, para garantizar operaciones de crédito interior destinadas a financiación de inversiones en Inmovilizado Material.

      Cada aval individualizado no representará una cantidad superior al 15 por ciento de la cuantía indicada en el párrafo anterior.

   2. A las Corporaciones Locales de Canarias, por un importe máximo de mil millones (1.000.000.000) de pesetas aplicables a operaciones de endeudamiento interior para la financiación de proyectos de inversión en producción, abastecimiento, saneamiento y reutilización de aguas, alcantarillado, adquisición de suelo para viviendas de promoción pública y autoconstrucción y para la adquisición o primer equipamiento de centros de servicios sociales o de Formación Técnico Profesional, cuya gestión posterior vaya a ser realizada por la propia Corporación.

      Cada aval garantizará, como máximo, el cincuenta (50) por ciento del principal de la operación para la que se concede y no excederá, para cada beneficiario del cinco (5) por ciento del importe máximo señalado.

   3. A empresas públicas o privadas radicadas en Canarias, concesionarias de transporte público insular e interinsular, por un importe máximo de quinientos millones (500.000.000) de pesetas.

   4. A la empresa Gestión Urbanística de Tenerife, por un importe máximo de trescientos cincuenta millones (350.000.000) de pesetas, para garantizar operaciones de crédito interior destinadas a la realización de gastos de inversión en adquisición o urbanización de suelo y realización de estudios y proyectos.

   5. A la Empresa Gestión Urbanística de Las Palmas, por un importe máximo de trescientos cincuenta millones (350.000.000) de pesetas, para garantizar operaciones de crédito interior destinadas a la realización de gastos de inversión en adquisición o urbanización de suelo y realización de estudios y proyectos.

   6. A la empresa Viviendas Sociales de Canarias, S.A., por un importe máximo de dos mil millones (2.000.000.000) de pesetas.

   7. A la empresa Hoteles Escuelas de Canarias un importe máximo de quinientos millones (500.000.000) de pesetas.

   8. Otros, por importe máximo de mil doscientos millones (1.200.000.000) de pesetas, cuya formalización deberá ser comunicada al Parlamento en el plazo de un mes.

3. El importe del segundo aval a prestar por la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio de 1996 a las sociedades de garantía recíproca, radicadas en Canarias para su aplicación al primer aval concedido por las mismas a pequeñas y medianas empresas, no podrá exceder de cien millones (100.000.000) de pesetas.

   La aplicación del segundo aval de la Comunidad Autónoma de Canarias a cada beneficiario del primer aval no podrá exceder del 15 por 100 de la cuantía indicada en el párrafo anterior.

4. No se computarán en el límite fijado en el apartado 1 del presente artículo, los avales que se prestan por motivo de la refinanciación o sustitución de operaciones de crédito, en la medida en que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos, ni tampoco los que se establezcan de conformidad con la Ley 8/1994, de 29 de julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias.

5. Los avales a prestar por la Comunidad Autónoma de Canarias serán autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero del Departamento competente por razón de la materia.

6. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para:

   1. Proceder a la formalización de los Avales en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las condiciones y circunstancias que para cada caso establezca el Gobierno.

   2. Acordar la comisión a percibir por la Comunidad Autónoma de Canarias como contraprestación del riesgo asumido en virtud de los avales prestados. Dicha comisión se hará efectiva en el momento de la constitución del crédito avalado, y no podrá ser superior al 2,0 por ciento del importe del aval.

1. Con efecto del día 1 de enero de 1996, los tipos impositivos del artículo 9 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, aplicables a las diferentes Tarifas serán los siguientes:

   Tarifa Primera: Gasolinas clasificadas en el Código NC 2710, 34.220 pesetas, por l.000 litros, excepto las de bajo contenido en plomo, clasificadas en los Códigos NC 2710.00.27, 2710.00.29 y 2710.00.32 (Gasolinas para motores, distintas de las gasolinas de aviación, con un contenido en plomo igual o inferior a 0.013 grs. por litro), cuyo tipo impositivo queda establecido en 30.220 pesetas por 1.000 litros.

   Tarifa Segunda: Gasóleos incluidos en el Código NC 2710, 19.166 pesetas por 1.000 litros.

   Tarifa Tercera: Fueloil clasificados en el Código NC 2710, 75 pesetas por tonelada métrica.

   Tarifa Cuarta: Propanos y Butanos clasificados en los Códigos NC 2711.12 y 2711.13, 75 pesetas por tonelada métrica.

2. Con efecto del día 1 de enero de 1996, el porcentaje aplicable al Recargo transitorio definido en el artículo 4 de la Ley 8/1992, de 4 de diciembre, será de un diez por ciento.

1. Para el ejercicio de 1996 los tipos de cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,035 a la cuantía exigible al 31 de diciembre de 1995.

2. Se consideran como tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

3. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a publicar la relación de las cuantías actualizadas de las tasas a que se refiere el número 1 anterior, así como a introducir en el Estado de Ingresos de los Presupuestos el desglose de las aplicaciones que se precisen para el desarrollo de las prescripciones del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, del Texto Refundido de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Para el ejercicio de 1996 la tarifa de Exacción Fiscal sobre la Gasolina en Canarias se fijan en la cantidad de 1.1414 pesetas por litro de gasolina.