Presentación
| Autor | Amparo Valcarce García |
| Cargo | Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad |
| Páginas | 7-12 |
La presente entrega de la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está dedicada monográficamente a la futura Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que está a punto de iniciar su andadura parlamentaria, después de ser favorablemente informada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciem-bre de 2005: exactamente un año después de la presentación en el Congreso del Libro Blanco de la Dependencia. Un año de diálogo y negociaciones con los interlocutores sociales, tal como este proyecto de país que es el Sistema Nacional de Dependencia requiere. Porque el Gobierno quiere abordar la implantación de este sistema nacional de dependencia como un proyecto de país, en el que participemos todos, recogiendo así las recomendaciones del Pacto de Toledo.
El fenómeno de la dependencia no afecta únicamente a las personas mayores. Las discapacidades graves (sean de carácter congénito, o bien provocadas por enfermedad o accidentes de tráfico) pueden determinar situaciones de dependencia a cualquier edad. En nuestro país, son 1.125.000 las personas que necesitan ayudas para realizar funciones básicas de la vida diaria, que se encuentran, por tanto, en situación de dependencia. Y serán 1.373.000 en el año 2015, según los datos estadísticos que recoge el Libro Blanco de la Dependencia.
Actualmente la atención a estas personas se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae fundamentalmente en las mujeres, que ven truncados así sus proyectos personales y profesionales.
El apoyo de las Administraciones se presta desde el sistema sanitario y desde el ámbito de los servicios sociales, pero su cobertura es insuficiente y con importantes diferencias entre Comunidades Autónomas y entre el medio rural y el medio urbano. Pensemos que se dispone de 3 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, cuando la media de los países de la Unión Europea está situada en torno al 7%. El servicio de ayuda a domicilio da cobertura a un 2% por ciento de la población dependiente, muy por debajo de las ratios de los países europeos. El servicio de teleasistencia da cobertura sólo a un 1% de la población mayor y discapacitada. El resto de los recursos (centros de día, viviendas tuteladas, estancias temporales en residencias, etc.) presenta cifras todavía más desalentadoras.
La atención de las necesidades de las personas en situación de dependencia se ha convertido en un problema social de primera magnitud y en un reto para las políticas públicas, que no pueden seguir inhibiéndose ante las dificultades y costes que la dependencia supone para cientos de miles de familias españolas. Ahora es el momento de que los servicios sociales reciban un impulso decisivo. Deben fortalecerse como sistema público y, a la vez, conectarse en red con una amplia variedad de iniciativas sociales y privadas, de modo que den respuesta eficaz al reto de la dependencia.
La sociedad española demanda a los poderes públicos soluciones ante el problema de la dependencia. El barómetro del CIS de noviembre de 2004 puso de manifiesto que para el 76% de los españoles es una prioridad que el Gobierno impulse la atención a la dependencia.
Una opinión que comparte el conjunto de las Administraciones Públicas, agentes sociales y organizaciones de mayores y discapacidad.
En el Acuerdo sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social, firmado el 8 de julio del 2004, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales expresaron la voluntad de abordar un proceso de diálogo en el ámbito de la protección social. Y ello, con el fin de adaptar «nuestra protección social a las nuevas realidades, que configuran nuevas necesidades, siendo prioritaria la atención a las situaciones de dependencia, uno de los principales problemas tanto de los jubilados y discapacitados como de sus familias».
En la respuesta a la atención a la dependencia deben estar implicadas todas las Administraciones: el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
La puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia va a tener, en primer lugar, un impacto directo en el bienestar de esas 1.125.000 personas en situación de dependencia y sus fami-lias. Tendrá, asimismo, un impacto positivo en la actividad económica y en la generación de nuevos empleos. Además, hay que tener en cuenta que el desarrollo de la infraestructura de servicios para la Dependencia producirá importantes retornos económicos, vía impuestos (IRPF, IVA, impuestos de sociedades), con lo que se dinamizará la economía. Y se contribuirá además a reducir el actual diferencial en gasto de protección social de España respecto de la media de la Unión Europea.
NUEVO DERECHO DE CIUDADANA
Pero es que, además, el Sistema Nacional de Dependencia responde al principio de que el crecimiento económico debe ir acompañado de más bienestar social. España debe alcanzar los niveles de atención de los países europeos más avanzados, que han dado pasos importantes para ofrecer a sus ciudadanos dependientes una atención adecuada. Si los pioneros fueron los Países Escandinavos y Holanda, países como Austria, Alemania, Francia o Luxemburgo, en la década de los noventa, han adoptado medidas que han supuesto una ampliación de los derechos sociales de sus ciudadanos.
Es de justicia resaltar el papel inestimable que las familias españolas están jugando en la atención a las personas dependientes. Desde aquí quiero reconocer su labor, cuya cuantificación e intensidad quedaron plasmadas en el Libro Blanco de la Dependencia. Pero al mismo tiempo es preciso destacar que el progresivo envejecimiento de la población y los cambios en las familias españolas están provocando que el «apoyo informal», o cuidados en el medio familiar, en el que principalmente se sustenta el cuidado de las personas dependientes, mayores y discapacitados, esté entrando en crisis.
Esto quiere decir que las necesidades de atención son cada vez más importantes y, en cambio, las posibilidades de las familias de prestar tales cuidados son menores. Por ello, atender no sólo a las necesidades de las personas dependientes, sino también de sus familias, se ha convertido en objetivo fundamental para los poderes públicos. Se trata de demandas sociales ampliamente aceptadas, que afectan al corazón del Estado del bienestar, por lo que desarrollar un sistema de atención a las personas dependientes abre nuevos derechos de ciudadanía y fortalece los valores y principios que inspiran la sociedad de bienestar.
Completar el Estado de Bienestar, acercarnos a los niveles de cobertura de prestaciones de los países de nuestro entorno europeo, supone evitar el deslizamiento de los servicios sociales hacia un modelo de tipo asistencial, cuya protección resulta fragmentaria, parcial e insuficiente. Supone no hacer recaer la provisión de cuidados principalmente en mujeres, cuyo trabajo es invisible y no cuantificado económicamente. Supone, en definitiva, establecer un nuevo derecho de ciudadanía que garantice atención y cuidados a las personas en situación de dependencia.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA
El Sistema ha de configurarse en torno a la igualdad en el acceso al mismo, valoración y reconocimiento único en todo el Estado y gestión descentralizada en Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Los servicios no serán gratuitos. Los beneficiarios deberán participar en la financiación en función de su situación socioeconómica.
Todo ello se sustenta, y puede ser enunciado, a partir de una serie de principios:
- El carácter universal y público de las prestaciones.
- El acceso a las prestaciones de dependencia en condiciones de igualdad.
- La participación de todas las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias.
MODALIDADES DE PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA
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Provisión de los servicios, incluidos en el catálogo, destinados a facilitar la autonomía personal y a cubrir las necesidades de asistencia de las personas con dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria.
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Hasta tanto no sea posible la atención mediante un servicio púb1ico o concertado, se procederá al reconocimiento de una prestación económica vinculada a la cobertura de los gastos de un servicio privado prestado por una entidad o centro reconocido como idóneo para la atención a la dependencia.
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El beneficiario podrá excepcionalmente recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores familiares, siempre que se den las condiciones de convivencia y de habitabilidad de la vivienda adecuadas para ello.
CATÁLOGO DE SERVICIOS
El catálogo de servicios incluirá aquellos que se orientan a la promoción de la autonomía personal (prevención de las situaciones de dependencia, teleasistencia, ayudas técnicas para la autonomía personal, ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar, o asistencia personalizada). Pero también, como ya he indicado, los Servicios de atención y cuidado, que abarcan, desde la ayuda a domicilio (la atención de las necesidades del hogar y los cuidados personales) hasta la atención en Centros de Día y de Noche, (centros de día para mayores, centros de atención diurna para menores de 65 años, o centros de atención especializada, centros de noche) y la atención en centros residenciales (residencias de personas mayores dependientes, Centros de atención a dependientes con discapacidad psíquica, Centros de atención a dependientes con discapacidad física).
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA
El desarrollo del Sistema Nacional de Dependencia será gradual, al menos en dos legislaturas, con el fin de acompasar el desarrollo de las prestaciones con la creación de la infraestructura necesaria para ello.
Su financiación -suficiente, estable y sostenible- habrá de proceder del esfuerzo financiero que realicen el Estado y las Comunidades Autónomas.
UN PROYECTO DE PAÍS
España reforma su Sistema de protección social, a partir de la necesidad de preservar el «modelo social europeo». Este proceso tiene una trayectoria histórica muy consolidada, enmarcada en el diálogo con los interlocutores sociales.
La implantación del Sistema Nacional de Dependencia facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar.
Constituye una fuente generadora de empleo capaz de acoger un número importante de personas que, en la actualidad, tiene dificultades para acceder al mundo del trabajo.
La inversión a realizar para la implantación del Sistema producirá importantes retornos económicos. Establecer un Sistema de atención a la dependencia que responda a las demandas de los ciudadanos tiene grandes ventajas: mayor protección social, más creación de empleo, mayor creación de riqueza. En definitiva, como decía anteriormente, acompasar el crecimiento económico con más bienestar.
Se trata de un reto tan ambicioso como inaplazable. La atención a las personas dependientes, a nuestros mayores y discapacitados, es una exigencia para avanzar en la sociedad del bienestar y, con ello, construir una sociedad más justa y más digna.
