Percepciones y experiencias de una muestra de españoles hacia los tribunales penales
| Autor | Esther Fernández Molina |
| Cargo del Autor | Profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Directora del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha fundado en 1990 |
| Páginas | 99-118 |
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BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR
Profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Directora del
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La
Mancha fundado en 1990. Es editora-Jefe de la Revista Española de In-
vestigación Criminológica.
1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, las ciencias sociales han centrado su atención
en la opinión que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de las ins-
1 Este trabajo forma parte del proyecto «Justicia penal para todos. Un estudio del fun-
cionamiento y la accesibilidad de la justicia penal» (Ref. SBPLY/17/180501/00027)
que ha sido nanciado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y conanciado por Fondo Europeo
de desarrollo regional.
CAPÍTULO 5
PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS
DE UNA MUESTRA DE ESPAÑOLES
HACIA LOS TRIBUNALES PENALES1
Esther Fernández Molina
Centro de Investigación en Criminología
Universidad de Castilla-La Mancha
CRIMINOLOGÍA APLICADA
B. ROMERO FLORES DIRECTORA | A.L. CUERVO GARCÍA, A.M. VINAGRE GONZÁLEZ COORDINADORAS
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tituciones públicas y, entre ellas, se ha comenzado a explorar cuáles son las
percepciones de la población sobre el funcionamiento de la justicia penal. La
razón de por qué es pertinente explorar la opinión pública descansa en el
mismo corazón de nuestra estructura democrática. En una democracia los
ciudadanos eligen a sus representantes y esperan que estos tengan en cuenta
sus opiniones en las políticas y las instituciones que se desarrollan para regular
la vida pública (Wood, 2009).
Hay unas áreas en las que el público tiene más interés que en otras, y es
indudable que el ámbito de la seguridad pública y la delincuencia es un aspec-
to que preocupa de manera principal y cada vez más a los ciudadanos. Por ello,
y aunque existe un debate no exento de dicultades de cuál debe ser el papel
de los expertos y cuál el de los ciudadanos en la toma de decisiones legislativa
(Becerra, 2013; Diez, 2003), para que no exista un décit democrático la voz
de los ciudadanos ha de tenerse en cuenta. De hecho, en el debate público se
está constantemente tomando el pulso a las percepciones y las demandas de
los ciudadanos, fundamentalmente a través de los medios de comunicación;
y el papel que la opinión pública juega hoy día en la gobernanza pública es
innegable. Toda la política actual, y muy especialmente, por la atención que
genera, la política criminal cuenta con el límite de «hasta lo que el público es
capaz de apoyar o tolerar» (Wood, 2009:34); prueba evidente de ello han sido
las continuas reformas que ha sufrido el código penal español en las últimas
décadas, amparadas todas ellas en atender la demanda social. En consecuen-
cia, si el clamor popular es el principal argumento legitimador de la política
criminal se hace imprescindible saber exactamente qué opinan los ciudadanos
del sistema penal y qué le demandan (Varona, 2009).
Sin embargo, conocer y tener en cuenta la opinión de los ciudadanos no
sólo es importante para satisfacer y salvaguardar la democracia, tal y como ha
demostrado recientemente la investigación cientíca, tener en cuenta la opi-
nión del ciudadano a la hora de administrar justicia penal tiene consecuencias
importantes para reforzar la legitimidad del sistema y, en última instancia,
para garantizar la cooperación con las instituciones de control y el cumpli-
miento de las leyes (entre otros, Tyler 2003, 2006).
De esta manera si «la opinión pública está aquí y ha llegado para quedarse»
(Larrauri, 2009:15), el análisis cientíco en el ámbito penal debe centrarse no
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