Orden DSA/921/2021, de 1 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.
| Marginal | BOE-A-2021-14515 |
| Sección | III - Otras Disposiciones |
| Emisor | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Rango de Ley | Orden |
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita en septiembre de 2015 por los Jefes de Estado y de Gobierno de 193 países en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, representa un cambio en la concepción del desarrollo sostenible y el progreso de los países y las personas, respetando los límites del planeta. La Agenda 2030 constituye el marco para la acción más ambicioso del que se ha dotado España y el conjunto de la comunidad internacional hasta la fecha y debe encaminarnos hacia un futuro basado en la protección de nuestro planeta y en la garantía de una vida digna para todas las personas. A través de sus 17 objetivos y 169 metas aborda los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables, garantizando no dejar a nadie atrás, y promueve medidas para conservar la naturaleza y hacer un uso equilibrado de los recursos naturales. En definitiva, la Agenda 2030 es una oportunidad única para garantizar el bienestar de todas las personas y transitar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, justo y sostenible.
La Agenda 2030 desde el principio de universalidad establece responsabilidades a todos los países para contribuir en la resolución de los grandes retos globales y locales que nos aquejan, trascendiendo la clásica división Norte - Sur. Además, por primera vez se parte de un diagnóstico integral y compartido de los grandes problemas que atañen a las personas, a los países y a nuestro planeta, dejando atrás análisis y acciones sesgadas y compartimentadas. Así, se apuesta por una perspectiva holística del desarrollo sostenible, que tenga en cuenta siempre las dimensiones sociales, culturales, económicas y medio ambientales.
Por todo ello, la Agenda 2030 es y debe ser la piedra angular a partir de la cual articular las políticas internas, debe conformarse como un pilar fundamental ineludible en nuestra acción exterior y ha de articular el conjunto de nuestras iniciativas, garantizando la coherencia de las políticas con el desarrollo sostenible.
No obstante, a pesar de los avances significativos y de los importantes esfuerzos llevados a cabo por nuestro país para cumplir con la Agenda 2030, la realidad es que la pandemia global de la COVID-19 está generando una crisis sanitaria, económica y social de graves consecuencias para las personas dentro y fuera de nuestras fronteras.
Es en este complejo contexto en el que el Gobierno de España asume un compromiso renovado con el objetivo de avanzar decisivamente en la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un compromiso claro que se centra en una tarea fundamental: convertir en hechos las palabras y en políticas las declaraciones. Nuestro país debe ser un referente internacional en el cumplimiento de la Agenda 2030, y ésta debe ser un principio esencial en nuestra política interna, en nuestra acción exterior y en la coherencia entre todas nuestras actuaciones.
Expresión de este compromiso del Gobierno fue la creación, mediante el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que depende la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Las competencias de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 se establecen en el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Entre las funciones de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 destacan la de colaborar con todas las Administraciones públicas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030; garantizar la puesta en marcha y buen funcionamiento de los diferentes mecanismos de gobernanza, coordinación, diálogo y articulación de la implementación de la Agenda 2030; diseñar, elaborar, desarrollar y evaluar los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de España con la Agenda 2030; así como impulsar y apoyar la preparación, elaboración e implementación de las políticas palanca y medidas acordadas que aceleren en mayor grado el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.
Todo ello respetando el principio de lealtad institucional y en colaboración con los órganos competentes de la Administración General del Estado, con el resto de Administraciones públicas competentes, con la sociedad civil, el sector privado, las instituciones académicas y la sociedad en su conjunto.
Además, entre sus competencias, se encuentra la de promover la implementación de la Agenda 2030 en España a través del impulso a la actividad y contribución de la sociedad civil organizada, el sector privado y otros actores comprometidos con ella desde una perspectiva multinivel y multiactor, implicando a la academia, a los agentes económicos y sociales y al conjunto de la ciudadanía.
La Agenda 2030 debe ser abordada desde un nuevo enfoque de cooperación y coordinación institucional e intersectorial en el que es imprescindible el diálogo y la complementariedad del nivel local, nacional e internacional, así como la colaboración entre los sectores público, privado y de la sociedad civil.
En el ejercicio de esta competencia se hace necesario promover la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para lo cual, esta orden de bases tiene por objeto regular la posible concesión de subvenciones a actividades realizadas por plataformas, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones sin ánimo de lucro, entidades del ámbito de la economía social, universidades y organismos públicos de investigación que promuevan la incidencia política y social para el fomento de políticas alineadas a la Agenda 2030, así como el desarrollo de proyectos piloto, buenas prácticas, iniciativas innovadoras, impulso de la investigación científica y técnica en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y generación de alianzas que fomenten la promoción e implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta orden se adecúa a los principios de buena regulación, en concreto, responde a los principios de necesidad y eficacia, al existir razones de interés general dirigidas a la implementación de la Agenda 2030 en España y por ser, además, un instrumento adecuado para garantizar la consecución de los fines perseguidos. Se ajusta al principio de proporcionalidad, pues contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad expuesta. Asimismo, se garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que es coherente con el marco normativo general en materia de subvenciones. En cuanto al principio de transparencia, identifica claramente su propósito y la memoria, accesible a la ciudadanía, ofrece una explicación completa de su contenido.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española que confiere la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como en el artículo 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la competencia en el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Es necesaria la gestión directa y centralizada de estas subvenciones, de manera que se garanticen iguales posibilidades de obtención de disfrute por parte de potenciales destinatarios en todo el territorio nacional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta orden ha sido sometida a informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Departamento.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, dispongo:
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La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo a los créditos de sus presupuestos, a proyectos e iniciativas cuyas finalidades sean el impulso, la promoción y la alineación de políticas públicas, así como la realización de actividades para el fortalecimiento e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Las subvenciones irán destinadas a subvencionar proyectos o iniciativas relativos a:
a) Actuaciones/Actividades que promuevan acciones de incidencia política y social para el impulso de políticas públicas y planificación estratégica alineadas con...
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