STS, 5 de Febrero de 2004
| Ponente | D. Pedro José Yagüe Gil |
| ECLI | ES:TS:2004:653 |
| Número de Recurso | 5656/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 5 de Febrero de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Febrero de dos mil cuatro.
Visto el recurso de casación nº 5656/00, interpuesto por el Procurador Sr. Castillo Ruiz, en nombre y representación de Dª María del Pilar , D. Jesús Manuel , D. Fidel y D. Jose Pablo , contra la sentencia dictada en fecha 26 de Junio de 2000, y en su recurso nº 322/97 por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), sobre impugnación de denegación de concesión de aguas subterráneas para riego, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de Dª María del Pilar , D. Jesús Manuel , D. Fidel y D. Jose Pablo se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 17 de Julio de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 1 de Septiembre de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se estime el recurso contencioso administrativo, y se otorgue la concesión solicitada.
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 31 de Octubre de 2001, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Administración General del Estado) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 16 de Enero de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 4 de Diciembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de Enero de 2004, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) dictó en fecha 26 de Junio de 2000 y en su recurso contencioso administrativo nº 322/97, por medio de la cual se desestimó el formulado por Dª María del Pilar , D. Jesús Manuel , D. Fidel y D. Jose Pablo contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 25 de Octubre de 1995, que denegó la concesión de aguas públicas para riego con caudal de 28 l/s y extensión de 34.35 hectáreas, en la finca Tiesas de Abajo, término municipal de Puebla de Don Fabrique (Granada). Dicha resolución fue confirmada, en recurso ordinario, por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de 29 de Noviembre de 1996.
Esas resoluciones administrativas denegaron la concesión solicitada a la vista de un informe del Sr. Ingeniero Jefe del Servicio de la Oficina de Planificación Hidrológica en el que se hizo constar, primero, que la cuantía del caudal solicitado es elevada dada la situación actual de déficit generalizado de recursos en la Cuenca, y, segundo, que existe en el Plan Hidrológico definitivamente aprobado por el Consejo de Cuenca el mandato explícito (durante la situación de sequía), de gestión de los recursos con el criterio de recuperación de reservas, tanto de las aguas superficiales como subterráneas; por lo que, y teniendo en cuenta, además, el uso propuesto, el informe debía ser desfavorable en tanto persistan las circunstancias de déficit generalizado y sequía en la Cuenca.
Los demandantes impugnaron esa denegación en vía contencioso administrativa alegando no habérseles dado en el expediente trámite de audiencia, carecer la resolución de motivación suficiente y haberse infringido el artículo 108.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de Abril, por aplicación indebida, ya que ese precepto se refiere sólo a los casos en que exista ya aprobado Plan Hidrológico de Cuenca, lo que en este supuesto (según precisó la parte en su escrito de conclusiones) sólo se hizo por posterior Real Decreto 1664/98, de 24 de Julio.
La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo.
Contestando a los argumentos impugnatorios, y rechazándolos, la Sala razonó que en el trámite del artículo 108 del Reglamento no es necesaria la audiencia del interesado, propio de un momento posterior; que la resolución recurrida está suficientemente motivada; que, no habiendo sido aprobado el P.H.C., las concesiones habrán de otorgarse, según la Disposición Transitoria 6ª de la Ley de Aguas, atendiendo a la existencia de caudales disponibles y de conformidad con el orden establecido en los apartados 3 y 4 de su artículo 58, y que, ante la escasez de recursos hídricos con la consiguiente inexistencia de caudal de agua para riego, la Administración no podía resolver de modo distinto.
La parte actora ha formulado recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Granada.
En él esgrime dos motivos de impugnación, a saber, primero, infracción del artículo 105-c) de la Constitución Española y del artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, (por no haberse dado audiencia al solicitante antes de dictarse la resolución denegatoria), y, segundo, infracción del artículo 108 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico por aplicación indebida, (ya que tal precepto sólo es aplicable cuando exista Plan Hidrológico de Cuenca, lo que no es el caso).
Ninguno de esos motivos puede ser aceptado.
Según la Disposición Transitoria 6ª de la Ley de Aguas "hasta tanto sea aprobado el Plan Hidrológico de la Cuenca, las concesiones se otorgarán atendiendo a la existencia de caudales suficientes (...)".
La insuficiencia de caudales puede deducirse de los trabajos preparatorios del Plan Hidrológico de la Cuenca (P.H.C.), aunque ése no se haya aprobado definitivamente.
En tal caso, la cita que en su resolución denegatoria haga la Administración del artículo 108-4 del Reglamento de la Ley de Aguas no debe entenderse como una indebida aplicación anticipada del P.H.C. sino como un argumento expresivo de que, según los trabajos e informes preparatorios de éste, no hay caudales suficientes, lo cual autoriza a denegar la solicitud como si el P.H.C. ya existiera.
El dado decisivo es, pues, la inexistencia de caudales suficientes.
A partir de este argumento, procede rechazar los dos motivos de casación que nos ocupan.
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- El primero, (atinente a la falta de audiencia), porque la inexistencia de caudales, conforme a lo dicho, habilita a la Administración para aplicar al caso analógicamente el artículo 108 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que no exige trámite de audiencia. En efecto, el rechazo de la solicitud "a limine" que permite el artículo 108 para el caso de su incompatibilidad con el P.H.C. es también posible cuando existe una causa de denegación tan clara y determinante como la inexistencia de caudales.
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- El segundo, (indebida aplicación del artículo 108 del Reglamento, al no existir aún P.H.C.), porque, conforme a lo que llevamos dicho, la Administración puede acudir al trámite de ese precepto cuando de los trabajos preparatorios se deduzca la falta de agua.
Por lo demás, nos remitimos a los argumentos que hemos expuesto en nuestra sentencia de esta misma fecha, recaída en el recurso de casación nº 8136/00 (ponencia Excmo. Sr. Menéndez Pérez), que resuelve un caso idéntico al presente.
.Al declararse no haber lugar al presente recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo (artículo 139-2 de la Ley Jurisdiccional). Esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cantidad de 300'00 euros.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación nº 5656/2000, interpuesto por el Procurador Sr. Castillo Ruiz, en la representación dicha, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) en fecha 26 de Junio de 2000 y en su recurso contencioso administrativo nº 322/97. Y condenamos a la parte actora en las costas del presente recurso de casación, hasta un límite, respecto de la minuta de Letrado, de 300'00 euros.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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