Obligaciones de administradores y directivos
| Autor | John M. B. Balouziyeh |
| Páginas | 89-106 |
Page 89
La responsabilidad de una sociedad anónima, como la de cualquier otra entidad, no está nunca limitada en modo alguno. Las sociedades anónimas tienen responsabilidad ilimitada por todas sus obligaciones legales, y pueden ser requeridas a cumplir tales obligaciones en la medida en que las cubran sus activos.
Antes de definir y examinar la business judgment rule y su aplicación en cuestiones de responsabilidad social, es importante distinguir entre los general y limited partners de una sociedad anónima. Mientras que los general partners pueden ser personalmente responsables por la sociedad anónima, los limited partners son gene-ralmente responsables sólo hasta el importe de su inversión. Por lo tanto, para muchos tribunales el limited partner no es responsable incluso si interviene en la gestión como directivo o administrador.
Page 90
En Frigidaire Sales Corporation vs. Union Properties, Inc. (Wash. 1977), por ejemplo, el demandante sostuvo que los limited partners demandados debían ser tan responsables como los general partners de una sociedad anónima, ya que ejercían control sobre la misma como accionistas, administradores y directivos. El tribunal discrepó, argumentando que los limited partners no tienen responsabilidad general por las obligaciones de los general partners, incluso si son propietarios, administradores o directivos, a menos que asuman facultades que superen sus derechos como limited partners. En este caso, no había sido así y, por tanto, se ratificó la sentencia favorable a los demandados1.
A pesar de que los administradores y directivos pueden resultar personalmente responsables por su actuar ilícito y los daños causados, bajo la business judgment rule quedan protegidos por las decisiones de negocio tomadas en el ámbito de su cargo, de buena fe y con una investigación razonable. Las decisiones de negocio que se toman en el marco de la business judgment rule no son, por tanto, oponibles incluso aunque causen un daño económico a la sociedad anónima o a terceros.
La business judgment rule se basa en el principio de que los tribunales no pueden ni quieren evaluar el análisis de riesgo-beneficio realizado por los administradores y directivos a la hora de tomar decisiones de negocio. Los tribunales no quieren someter a escrutinio las decisiones de gestión de un negocio ni imponer su propio juicio sobre si los administradores actuaron razonablemente, más aún cuando los administradores son expertos en sus respectivos sectores económicos. En Kamin vs. American Express Co. (N.Y. 1976), los accionistas demandantes interpusieron una acción derivativa contra la demandada en la que solicitaron la indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia del derroche al pagar un dividendo en especie con acciones de una compañía que, en una operación que supuso grandes pérdidas, la demandada había
Page 91
comprado. La sociedad anónima demandada sostuvo que simple-mente había distribuido el valor de las acciones en especie, en vez de venderlas en el mercado, para evitar así la merma de credibilidad como consecuencia de la pérdida. Los demandantes argumentaron que la demandada debería haber vendido las acciones para enjugar la pérdida con 8.000.000 de dólares de ahorro fiscal. El tribunal concluyó que no iba a cuestionar el juicio de negocio de los administradores, aunque éste hubiese causado una pérdida a los accionistas. En tanto que los demandantes no pudieron probar la ausencia de buena fe o de una investigación razonable, la demanda fue rechazada.
El incumplimiento del deber de diligencia de un administrador o directivo constituye un acto de negligencia que conlleva la responsabilidad personal y la inaplicación de la business judgment rule. Tal incumplimiento puede ser debido a: (i) falta de buena fe o de investigación razonable, (ii) actos ilícitos que carecen de diligencia,
(iii) incumplimiento de la obligación de establecer una supervisión, o (iv) actos que implican un conflicto de intereses.
Si el demandante consigue probar la falta de buena fe o de una investigación razonable, no resultará aplicable la business judgment rule y los administradores o directivos podrían ser personalmente responsables. El caso de Smith vs. Van Gorkom (Del. 1985) constituye un ejemplo de negligencia grave por falta de investigación razonable, lo que supuso que la business judgment rule no resultase de aplicación. En Smith, los accionistas demandantes interpusieron una acción contra los miembros del consejo de administración por aceptar una oferta de compra de la sociedad anónima sin realizar antes una investigación razonable acerca de si el precio ofrecido de 55 dólares por acción era el mejor precio que podía obtenerse. El tribunal señaló que los directivos confiaron en las manifestaciones del director general sin contrastarlas personalmente con la informa-
Page 92
ción disponible. La business judgment rule no protegió a los demandados por cuanto éstos habían actuado con negligencia grave; el resultado no cambió por el hecho de que los accionistas aprobaran posteriormente la venta de la sociedad anónima.
La business judgment rule protege a los administradores o directivos únicamente cuando éstos ejercen un juicio de negocio (es decir, cuando se toma una decisión de negocio), pero no se aplica a actos negligentes u otra conducta ilícita en los que no se adopta decisión o juicio alguno, incluso cuando tal conducta no es fraudulenta ni ilegal. Así, puede haber responsabilidad personal cuando un directivo o administrador, de manera negligente, deja de dirigir o supervisar. Por ejemplo, en Francis vs. United Jersey Bank (N.J. 1981), Lillian Pritchard, la accionista demandada, administradora de Pritchard & Baird Intermediaries Corporation, fue considerada personalmente responsable por dejar de supervisar y dirigir a sus dos hijos, quienes se apropiaron indebidamente de 12.000.000 de dólares de las cuentas de la sociedad anónima, causando así una pérdida a los clientes. La business judgment rule no resulta aplicable en tales supuestos.
Los administradores de una sociedad anónima tienen un deber positivo de establecer mecanismos de supervisión y asegurar que la información corporativa y los sistemas de información sean adecuados. La falta de tal supervisión constituye un incumplimiento del deber de diligencia que supone, asimismo, la responsabilidad personal y la no aplicación de la business judgment rule. Por el contrario, si se aplica una supervisión razonable y la gerencia actúa de buena fe para asegurar que la información sea adecuada, la business judgment rule sí resulta aplicable, incluso cuando la supervisión no logre detectar comportamientos inadecuados.
Considérese, por ejemplo, In re Caremark International Inc.
Derivative Litigation (Del. Ch. 1996), en el que Caremark, un pro-
Page 93
veedor de servicios de salud, celebró contratos con médicos y hospitales para realizar consultas e investigación sin antes haber dejado claros algunos aspectos derivados de la confusa ley sobre prohibición de pagos de comisiones por remisiones. Cuando el gobierno investigó a Caremark y acusó a dos directivos, algunos accionistas inter-pusieron demandas derivativas contra el consejo de administración por la falta de supervisión. El tribunal concluyó que los administradores de Caremark habían estado realizando esfuerzos adecuados para centralizar el control y supervisar a los empleados y, por lo tanto, no eran responsables aunque no hubiesen detectado la conducta inadecuada de los directivos.
Cuando la business judgment rule resulta aplicable, el deman-dante tiene ante sí un gran reto si quiere ganar el caso frente al administrador o directivo demandado. No obstante, cuando haya un conflicto de interés no ratificado, la business judgment rule no resultará aplicable y la carga de probar que la decisión fue razonable y justa pasará al demandado. Véase, por ejemplo, Bayer vs. Beran (N.Y. Sup. Ct. 1944), en la que el presidente de la demandada, Celanese Corporation of America, contrató una campaña publicitaria en la que su mujer era la cantante y cuyo coste era de 1.000.000 de dólares por año. En la demanda por negligencia y derroche, la business judgment rule no se aplicó por ser un supuesto de autocontratación. El presidente tuvo la carga de probar que su decisión fue adoptada en el mejor interés de la sociedad anónima, lo que consiguió al mostrar, por ejemplo, que la cantante no había cobrado en exceso. Por lo tanto, la demanda no fue aceptada.
Téngase también presente Lewis vs. S.L. & E., Inc. (2d...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba