Un nuevo sistema de descentralización

AutorJosé Antonio Pérez Juan
Páginas187-206

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A) Alicante y la normativa territorial de 1870

La ley provincial de 20 de agosto de 1870 articula un modelo territorial basado en el reconocimiento atenuado de la autonomía provincial869. En ella se configura un sistema de descentralización en el que se dibuja una DipuMonóvar, Miguel Jorro, por Callosa de Ensarriá, Bernardino Sendra, por Pego, Pascual Rodríguez, por Dolores, Rafael Santonja, por Alcoy y José Antonio Agulló, por Elche. Este último había sustituido al diputado titular Santamaría el 5 de febrero de 1869 al tomar este posesión del cargo de diputado a Cortes. Unos días antes, el 9 de enero, los vocales Tomás España, Antonio Carió y Juan Bautista Samper representantes de los partidos de Alicante, Denia y Villajoyosa, respectivamente, renunciaron a sus cargos. Finalmente, señalar que Anselmo Bergez, fue el único que se mantuvo de la Diputación instalada en septiembre de 1868 al no participar en la toma de los citados acuerdos.

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tación con un amplio poder representativo pero, al mismo tiempo, subordinada al poder central870.

1. Retraso en la aplicación del nuevo organigrama provincial

A pesar de que la nueva normativa se promulgó en agosto 1870, no será hasta principios de 1871 cuando se aplique. El motivo fundamental de esta demora obedece a las excepcionales circunstancias que atravesó la provincia en estas fechas. Por aquel entonces, Alicante era caldo de cultivo para la propagación de las epidemias. La higiene pública estaba descuidada. Así lo denunciaba públicamente un periódico de la época a mediados de 1869:

No exageramos (...), es cuestión de no poder vivir en Alicante, si no se toman medidas muy serias y fuertes de policía urbana (...). !Qué calles; qué inmundicia y polvo en ellas a todas horas; qué atmósfera tan cargada, efecto de la polvareda que se levanta en las calles, donde hay un palmo de tierra como si fuera un arrecife; cuánta suciedad, Dios Eterno, y cuánta queja inútil

871.

De este modo, declarada la epidemia en Barcelona, todo hacía presagiar que el puerto lucentino muy pronto sería pasto de la enfermedad872. El 5 de octubre, el gobernador civil reconocía públicamente el brote de la enfermedad endémica873. Dos días después, el miedo a contraer la enfermedad afectaba al normal funcionamiento de la Corporación provincial. La salida de los diputados de la capital volviendo a sus lugares de residencia obligó al ministerio de la Gobernación a autorizar la constitución de la Diputación «con los que se reúnan»874. La situación lejos de mejorar empeorará. Las ausencias de vocales irán aumentando hasta el punto de funcionar el despacho de los expedientes con un único asistente875. Empero no serán los únicos abandonos. El personal provincial también huirá de la capital876. El día 14 se co-

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nocían los nombres de las personas «que se ausentaron de sus destinos con motivo de la invasión en esta capital de la fiebre amarilla». En su informe, al tiempo que manifestaba que las plantillas de las casas de beneficencia, hospital, Junta de agricultura e instrucción estaban completas, denunciaba las ausencias de los siguientes empleados:

En el instituto cinco catedráticos, y un ausiliar que se hallaban en uso de licencia por vacaciones; dos de los que estan enfermos, en la escuela normal de maestros dos profesores por la primera causa, y no tener recursos pª. vivir, que han ido a buscar al lado de sus familias, en la escuela normal de maestros un ausiliar, por igual causa que los anteriores; y en la secretaría de la Diputación el oficial 1º en uso de licencia, y de quien se dice falleció en Villena, y dos escribientes

877.

A estas renuncias se unirán, días después, la dimisión presentada por el secretario Juan Pérez Ortíz878, así como de numeroso personal de la planta de secretaría879.

La situación era realmente insostenible. El 12 de noviembre, extendida la enfermedad por la capital, el Gabinete ministerial autorizaba a la Diputación para reunirse en Villena880. A las tres de la tarde de ese mismo día se constituía en esa ciudad, bajo la presidencia de Alejandro García y con la asistencia de los vocales Rodríguez, Pérez Llacer, Pastor de la Roca, Ibars y Bergez. Por la mañana se abría el pleno a las once con la designación del vocal Ramón Rodríguez Mérida como vicepresidente interino, al presentar su dimisión Alejandro García. Acto seguido, tras resolver distintos expedientes

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en materia de personal881, aprobaba una partida extraordinaria de dos mil quinientas pesetas para atender la situación sanitaria de la capital. Finalmente, se remitían a la sección de fomento distintos expedientes sobre carreteras para la elaboración de las condiciones en que se había de realizar la subasta. Más tarde, a las tres, tenía lugar la segunda reunión. En ella, después de cubrir algunas plazas vacantes del personal provincial882, acordaba sufragar los gastos «de instalación de las oficinas y traslación y permanencia en el lazareto de esta ciudad de los empleados de la Diputación». Finalmente, se elevaba una exposición al Gobierno requiriéndole la liquidación definitiva de las cantidades que el Tesoro adeuda a la provincia, así como la suspensión de los plazos generales establecidos en materia de quintas y elecciones «en atención á las aflictivas circunstancias porque atraviesa la Capital de la provincia»883.

Poco más funcionó la Diputación en Villena. No se volvió a reunir hasta el 21 de diciembre con carácter extraordinario, donde tramitaría algunos asuntos pendientes en materia electoral884.

El brote endémico era controlado a principios de diciembre de 1870885.

El 31 la Diputación celebraba su primera sesión en Alicante, bajo la vicepresidencia de Rodríguez Mérida y con la asistencia de los vocales Pérez, Villalobos, García, Pastor de la Roca, Lloret, Pérez Llacer y Bergez. Aquel día se conocían los terribles sucesos políticos acaecidos en la Península al producirse el asesinato del general Prim886. No era la primera vez que la Dipu-

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tación de Alicante manifestaba su posición ante acontecimientos políticos de carácter nacional. A mediados de julio de 1870, cuando el Gobierno centraba todos sus esfuerzos diplomáticos en la búsqueda de un rey para España, la Corporación elevaba un manifiesto de apoyo a la labor realizada por el Ministerio, con independencia del candidato elegido887. Sin embargo, como sabemos, el debate sobre la forma de gobierno se encontraba abierto en la sociedad española y nuestra Diputación reflejaba en su seno el sentir popular. En consecuencia, la citada exposición no fue apoyada de forma unánime por el pleno provincial, sino que estuvo acompañada de un voto particular. Éste fue elaborado por el vocal José Pastor de la Roca888, quien tildaba de «prematura» la actitud de la Corporación alicantina al mostrar su apoyo a la candidatura del Gobierno sin conocer la persona designada para ello. Pese a la dureza de su discurso, finalizaba la exposición, afirmando que aceptaría la decisión adoptada por la «soberanía nacional legítimamente constituida en armonía con los principios democráticos proclamados en la Revolución de Septiembre»889. No acabó aquí la cuestión. Meses después, conocida la propuesta de Amadeo de Saboya890, la Corporación elaboraba un nuevo

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manifiesto de apoyo a la candidatura del Duque de Aosta para rey de España891. También en esta ocasión los diputados Pastor de la Roca y Rodríguez manifestaron sus reservas, no comprometiéndose a votar conforme a la mayoría, al considerar que la decisión sobre este asunto correspondía a «la Nación legítimamente constituida»892.

2. Instalación de la Diputación provincial conforme a la nueva legislación

No será hasta principios de 1871 cuando la Diputación se instale de acuerdo a los nuevos postulados normativos. Con carácter previo a la reunión era necesario realizar algunas modificaciones en sus infraestructuras. Una de las principales reformas que introducía la ley provincial de 1870 afectaba al número de vocales que integraban el pleno. Las instalaciones que contaba en aquellos momentos la Diputación alicantina eran insuficientes para dar cabida a todos ellos. El 31 de diciembre se realizaban las primeras gestiones para la búsqueda de un nuevo local en que se albergaran las oficinas provinciales893. Desconocemos los resultados de las mismas, no obstante, el 9 de febrero de 1871 se autorizaba a Nicasio Camilo Jover para realizar las reformas necesarias en el salón de sesiones894.

El 17 de febrero se iniciaba un nuevo ciclo en la historia de la Diputación de Alicante. Con la asistencia de cuarenta y tres diputados electos895, a excepción del representante del cuarto distrito de Alcoy896y bajo la presiden-

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cia del gobernador civil González Llana, daban comienzo las sesiones. En primer lugar, siguiendo lo establecido en los artículos 26 y siguientes, se constituía la Diputación de forma interina. Desempeñaba la presidencia, con carácter provisional, el diputado de mayor edad, Ramón Torregrosa, ejerciendo de secretarios los dos vocales más jóvenes, Rafael Terol y Vicente Ibars. Acto seguido se nombraban dos comisiones compuestas de tres vocales cada una encargadas, la primera, llamada permanente, de examinar las actas de los vocales y, la segunda, auxiliar, de conocer las credenciales electorales de los miembros de la comisión permanente897. En ese momento, quedó suspendida la sesión durante unas horas para que pudieran los miembros de las citadas comisiones realizar su labor.

A las...

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