Jurisprudència: Tribunal Suprem i Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat

El Tribunal Suprem resol un recurs contenciós administratiu interposat per l'associació judicial «Unión Judicial Independiente» contra diversos preceptes del Reglament del Consell General del Poder Judicial 1/1995, de 7 de juny, de la carrera judicial. Es torna a suscitar aquí la qüestió de la valoració de les llengües oficials pròpies de comunitats autònomes en la provisió de places judicials dins de la comunitat corresponent. Recordem que, sobre aquest particular i pel que fa als jutges, el ts ja es va pronunciar en la Sentència de 28 d'octubre de 1994, on va anul·lar l'Acord del Consell General de 23 d'octubre de 1991, que preveia l'atribució de sis anys i tres anys en l'escalafó per a qui acredités coneixements de llengua pròpia i de dret foral o especial, respectivament (vegeu-ne un comentari a la nostra Crònica de la Revista de Llengua i Dret núm. 25, pàg. 300-311). Val a dir que els preceptes que ara s'impugnen no formaven part d'aquestPage 355 Acord, sinó del Reglament esmentat, que es va aprovar posteriorment. Finalment, l'Acord del Consell de 25 de febrer de 1998 -que s'ha incorporat com a part del Reglament 1/1995- ha fixat un nou règim per a la valoració de la llengua com a mèrit en la provisió de places judicials i en els concursos de trasllat, i també ha estat impugnat per una associació judicial.

De tota manera, la controvèrsia que resol aquí el ts té més a veure amb el principi d'igualtat entre els qui accedeixen a la funció judicial que no pas amb el qüestionament del sistema de valoració dels coneixements lingüístics, si bé cal destacar que tant per les consideracions obiter dicta que fa l'alt Tribunal com per la decisió final que adopta, la resolució comporta un nou fre al coneixement de les llengües pròpies oficials de comunitats autònomes per part dels jutges i magistrats que hi ocupen places. Seguidament reproduïm el fonament de dret tercer, que enjudicia els preceptes impugnats relatius a la valoració de la llengua.

Tercero:

Entrando en el examen de la pretensión subsidiaria; el primer artículo que se impugna es el 48, en sus apartados 4° y 5°, referidos al ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez mediante concurso-oposición.

En el primero de dichos apartados se dispone que 'El Tribunal, en el momento de efectuar la valoración de méritos a que se refiere el artículo 40 del presente Reglamento y con independencia de la misma, realizará una valoración complementaria a los solos efectos de establecer el orden de preferencia para servir las plazas convocadas en aquellas Comunidades Autónomas que tuviesen lengua y Derecho propios. A tal fin, el Tribunal asignará basta seis puntos, tres por lengua y tres por el Derecho, a cada candidato que justifique dichos méritos'.

En el segundo se establece que 'El conocimiento de la lengua y Derecho propios de las Comunidades Autónomas se acreditará mediante los correspondientes títulos oficiales o certificaciones expedidas por las autoridades competentes',

Las razones de la impugnación de tales preceptos se exponen en la demanda en los siguientes términos:

'A. En cuanto al conocimiento del Derecho de una Comunidad Autónoma, no sé por qué esa parcela del Derecho ha de ser particularmente primada respecto de otras. Los Derechos particulares o propios de las Comunidades, forman parte del ordenamiento jurídico español. No se alcanza por qué su conocimiento ha de presentarse aparte del conocimiento de otras zonas del Derecho. Pensemos en los grandes Código Civil, Penal, la Ley Hipotecaria, etc., de aplicación mucho màs frecuente. De otra parte, ello podría tener inte-Page 356rés en determinados órganos jurisdiccionales -vgr, en Juzgados de Primera Instancia-. No en otros cuales los de lo Social, lo Penal o los de Instrucción. B. El precepto discrimina a los jueces que acceden a la Carrera por oposición y beneficia a los que acceden por concurso-oposición (cuarto turno de Jueces: artículo 7 del Reglamento que sustituye al antiguo tercer turno). En efecto, conforme al artículo 33 del Reglamento, los aspirantes que hayan superado el curso teórico-práctico seran relacionados por orden conforme a la calificación media obtenida en las pruebas de acceso y en el indicada curso. Ya es bastante confuso cómo se harán las equiparaciones de las puntuaciones obtenidas por quienes accedan a la Carrera por oposición y los que lo hacen por concurso, pues el sistema de puntuación es distinto, si bien cabe trazar una equivalencia o proposición (sic) entre uno y otro (compárense los artículos 26.2 con el 41 y 47 del Reglamento). Lo decisivo es que unos y otros aspirantes, realizarán juntos el curso teórico-práctico (artículos 31, 33 y 48.3 del Reglamento). En tales condiciones, la puntuación adicional a los que han ingresado por concurso-oposición, en razón de su conocimiento de la lengua y el Derecho de las Comunidades Autónomas, discriminará a los que han ingresado por oposición: a los que ni siquiera se les da la oportunidad de demostrar tales conocimientos y que verán indefensos, es decir, sin posibilidad presente ni pasada de defender sus intereses, cómo deben ceder las plazas a que legítimamente aspiran, a aquellos que les siguen en el escalafón (Se vulnera con ello el artículo 14 de la Constitución).'

Tiene razón el Abogado del Estado al referirse a la necesidad de tener en cuenta lo dispuesto en algunos Estatutos de Autonomía a los efectos de valoración como mérito preferente en los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes en el respectiva territorio, de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y demás personal al Servicio de la Administración de Justicia; hacen referencia expresa al Derecho propio de la Comunidad y, en su caso, a la lengua también propia. Tal es el caso, señala el representante de la Administración, de los art. 23.1 del Estatuto de Autonomia de Cataluña, el 25 del Estatuto de Autonomia de Galicia y el 35 del Estatuto de Autonomia del País Vasco; valoración a la que, cabe añadir, se refiere el artículo 341.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todo lo cual da respuesta a la primera objeción que en la demanda se formula al precepto impugnado.

Cuestión distinta seria la relativa al juicio que pudiera merecer la valoración del referido mérito a los efectos que señala el precepto recurrido, habida cuenta de que no se trata de un concurso de traslado, como es el caso contemplado por el citado artículo 341.2 de la Ley Orgànica del Poder Judicial, a cuyo supuesto, según la jurisprudencia constitucional, debe entenderse únicamente referida la previsión del citado mérito en determinados Estatutos dePage 357 Autonomía (cfr. stc 56/1990, de 29 de marzo - f 45); pero tal cuestión no ha sido planteada en la demanda y debemos abstenernos, por tanto, de entrar en su examen.

Distinta suerte debe correr la alegación de discriminación de los Jueces que acceden a la carrera por oposición, pues a diferencia de lo que venia sucediendo con anterioridad a la promulgadón del Reglamento impugnado, en que se celebraban cursos diferenciados de la Escuela Judicial para los aspirantes que habían superado la oposición y para aquellos otros que habían superada el concurso entre juristas de reconocida competencia, asignándose plazas vacantes también distintas para ser cubiertas por los aspirantes seleccionados en cada uno de esos cursos, el artículo 31 de dicho Reglamento establece que 'los aspirantes que hubiesen superado la oposición libre o el concurso-oposición de acceso a la Carrera Judicial y cumplimentados los trámites previstos en el artículo anterior, ingresarán en la Escuela Judicial para realizar conjuntamente el curso teórico-práctico de selección que se ha de desarrollar en dicho centro...', anadiendo el artículo 33.1 que 'Finalizado el curso teórico-práctico de selección desarrollado en la Escuela Judicial, está confeccionará una relación de los aspirantes que hayan superado el curso, ordenada conforme a la calificación media obtenida en las pruebas de acceso y en el indicado curso y la elevará al Consejo General del Poder Judidal para que el Pleno disponga los nombramientos de los incluidos en la expresada relación como Jueces por el orden de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial'.

Resulta evidente, pues, que tanto unos como otros aspirantes seleccionades por haber superado el curso, se encuentran en idéntica situación a la hora de obtener su primer destino por el orden de la puntuación media alcanzada en las pruebas de acceso en el curso, pero sólo a los que ingresaron en la Escuela a través del concurso-oposición para juristas de reconocida competencia, les reconoce el Reglamento la posibilidad de contar con un plus de puntuación a efectos de la preferencia para obtener las plazas de aquellas Comunidades Autónomas que tengan lengua y Derecho propios, si hubieren acreditado su conocimiento, lo que supone un trato desigual para los aspirantes seleccionados que hubieran ingresado en dicho centro por la vía de la oposición libre, desigualdad que al hallarse desprovista de una justificación objetiva y razonable, deviene en discriminación proscrita por el artículo 14 de la Constitución, procediendo, en consecuencia, declarar la nulidad de los apartados 4 y 5 del artículo 48 del Reglamento impugnado.

Dos són els aspectes que volem destacar del fragment transcrit. En primer lloc, el resultat final és que es torna a eliminar la valoració de la llenguaPage 358 -que només era prevista com a mèrit- en l'accés a la funció judicial. El Tribunal podia haver fet extensiu el precepte objecte de recurs als jutges que, després de superar l'oposició, accedissin al curs teoricopràtic organitzat per l'Escola Judicial. Ara bé, com exposem més endavant, creiem que la raó de fons que porta el Tribunal a no estendre l'àmbit subjectiu d'aplicació de la norma és perquè estima il·legal la computació del mèrit lingüístic considerat en si mateix. Una bona prova d'això és el fet que el ts té la convicció, i així ho expressa, que la valoració de la llengua com a mèrit només es pot aplicar en els concursos de trasllat i no, en canvi, a l'hora de cobrir per primer cop una plaça judicial. Basa aquest raonament en una interpretació restrictiva de les previsions que contenen els estatuts d'autonomia de Catalunya, el País Basc i Galícia sobre la valoració de la llengua com a mèrit en «els concursos, oposicions i nomenaments», feta d'acord amb l'article 341.2 de la Llei orgànica del poder judicial i la jurisprudència constitucional. Però aquest judici només el formula en una argumentació col·lateral, ja que aquesta qüestió no ha estat sotmesa a la seva consideració pels recurrents. Per això, en entrar en el judici sobre la discriminació d'un grup -el dels aspirants a jutges per oposició- respecte de l'altre -el dels que hi accedeixen per concurs oposició- el Tribunal busca algun element per justificar que es tracta d'un mateix grup, on, per tant, no escauen tractes diversos. I el troba en el fet que ambdós grups fan conjuntament el curs teoricopràctic, de la qual cosa deriva que, atès que es tracta d'un mateix col·lectiu, atorgar uns punts per coneixement de llengua i de dret propi a un dels dos constitueix una mesura discriminatòria. Entenem que aquesta motivació és força feble, ja que no cerca gaires raons per argumentar la identitat substancial entre els dos col·lectius i el consegüent caràcter injustificat de la diferenciació, com tampoc busca la possible finalitat de la norma que atorga els punts per coneixement de la llengua i de dret propis.

En segon lloc, com hem indicat, el ts argüeix que la consideració del coneixement de la llengua pròpia com a mèrit només es pot referir als concursos de trasllat, d'acord amb l'article 341.2 de la lopj, interpretat pel Tribunal Constitucional en la Sentència 56/1990, de 29 de març. Però omet, tanmateix, una dada normativa essencial, com és que la lo 16/1994, de 8 de novembre, que reforma la lopj, en l'article 110.2.b, va atribuir al Consell General la potestat reglamentària per valorar com a mèrit preferent el coneixement de la llengua i dret propis de les comunitats autònomes en la provisió de places judicials en el territori de la comunitat corresponent. Això és, el precepte esmentat amplia la valoració de la llengua a tots els supòsits de provisió de places, a diferència de l'article 341.2, que només la preveia per als concursos de trasllat. Per altra banda, el ts tampoc no esPage 359 planteja si les previsions estatutàries que estableixen la valoració de la llengua pròpia com a mèrit preferent en els concursos, oposicions i nomenaments de jutges habiliten el Consell per dictar un reglament que les desplegui. Es limita a considerar que l'única valoració de la llengua es pot fer en els concursos de trasllat, i ho fonamenta en una vaga referència a la jurisprudència constitucional, que, tot sigui dit, en realitat estableix justament el contrari del que li vol fer dir el ts i atorga un marge de maniobra important a la norma reglamentària, com també estableix la rellevància de les previsions estatutàries en aquesta qüestió: «no es objeto de la lopj una regulación exhaustiva de los méritos y circunstancias de puntuación de todas y cada una de las pruebas a que se refiere. En este punto la lopj y los Estatutos de Autonomía configuran una normación compuesta que, lejos de excluirse recíprocamente, se complementan, de modo que el órgano competente para desarrollar las previsiones de aquélla o para convocar las correspondientes pruebas selectivas deberá tener en cuenta las exigencias estatutarias en orden a establecer como mérito preferente el conocimiento de la lengua propia y del Derecho, también, propio de la respectiva Comunidad Autónoma» (stc 56/1990, fj 46). Finalment, hem d'esmentar l'Acord del Consell General del Poder Judicial de 25 de febrer de 1998, que modifica el Reglament 1/1995, de la carrera judicial, abans esmentat, i que segueix una orientació contrària a la Sentència que ressenyem. Aquesta resolució s'ocupa essencialment de regular la valoració de la llengua en els concursos de trasllat, però estableix un règim paral·lel i similar, si bé mancat de concreció que caldria, per a la promoció dels jutges (art. 114.2) i per a l'accés a la plaça judicial en primera destinació (art. 114.3).

En conclusió, amb independència de la bondat de la decisió final, la Sentència no aprofundeix la no-justificació de la desigualtat de tracte -que hauria de constituir la ratio decidendi- i, per contra, nega, sense que ho demani la recurrent, la legitimitat de la valoració de la llengua com a mèrit en l'accés a la funció judicial.

El Tribunal Suprem resol un recurs interposat per l'advocat de l'Estat contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament d'Amoroto (País Basc) pel qual s'atorga eficàcia com a Reglament de personal de l'entitat al IX arcepafe (Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del Personal de la Administración Local y Foral de Euskadi). Segons la Sentència, el recurrentPage 360 addueix que «no es prevegi cap ajuda mínima o compensació horària per al perfeccionament del castellà, única llengua oficial el coneixement de la qual és un deure per a tots els ciutadans de l'Estat, i afegeix l'objecció que l'article 206 de l'arcepafe supediti els abonaments pel seguiment de cursos únicament a la justificació documental prèvia d'haver-los seguit, de manera que la despesa per aquest concepte no té cap límit, en tot cas no el de la corresponent partida pressupostària, fet que constitueix una palesa fallida dels principis pressupostaris».

Ja s'havien produït impugnacions similars per part de l'advocat de l'Estat contra les previsions lingüístiques d'altres arcepafe que, com aquesta, han estat desestimades pel Tribunal Suprem (vegeu la Crònica de jurisprudència de la Revista de Llengua i Dret núm. 26, núm. 27 i núm. 29), atesa la seva formulació en termes massa genèrics. Sense entrar en els arguments que esgrimeix el lletrat recurrent, que no tenen cap fonament, advertim un altre cop sobre la persistència de l'Advocacia de l'Estat a impugnar qualsevol previsió lingüística que emana dels ens locals o de l'Administració autonòmica del País Basc.

En aquesta resolució la Direcció General aborda la qüestió de la redacció dels assentaments del Registre Civil en la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma. En concret, el recurrent pretén que la inscripció del matrimoni es redacti en valencià en un registre civil de la Comunitat Valenciana. Aquest tema ja va ser enjudiciat per la Sentència del Tribunal Suprem de 26 de gener de 1993 i per la Interlocutòria del Tribunal Constitucional de 25 d'octubre de 1993 (vegeu la crònica de jurisprudència de la Revista de Llengua i Dret núm. 21, pàg. 169-182), així com per la Resolució de la dgrn de 27 de juny de 1988, resolucions que ofereixen uns raonaments similars a la que aquí ressenyem.

La línia argumental bàsica, l'exposa la Direcció General en el fonament de dret segon:

Segundo: Se discute en este recurso si una inscripción de matrimonio puede redactarse en valendano en un Registro Civil dela Comunidad Autónoma Valenciana. Para resolver esta cuestión, como todas las relativas a la utilización del valenciano en el Registro Civil, hay que partir de la base de que, con arreglo al artículo 149 de la Constitución, la materia concerniente aPage 361 la ordenación de los Registros es de la competencia exclusiva del Estado y que el Registro Civil es, sin duda, uno de estos Registros de competencia exclusiva estatal (cfr. sts 26 enero de 1993 y sstc 19 y 30 de marzo de 1990). Esto explica que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana no contenga ninguna referencia al Registro Civil y no puede aducirse que la Ley Valenciana de Uso y Enseñanza del Valenciano de 23 de noviembre 1983 permita (cfr. su artículo 14) que los asientos en cualquier Registro Público se practiquen en valenciano, porque este precepto no puede entenderse referido a los Registros de competencia exclusiva estatal, como así lo viene a reconocer la disposición transitoria primera de la misma Ley valenciana, que en su párrafo segundo establece que «en lo referente a la Administración del Estado en la Comunidad Valenciana, así como a la Administración de Justicia, se estará a lo dispuesto en los acuerdos que a tales efectos se convenga por el Consell de la Generalidad Valenciana con los organismos competentes, sin perjuicio de la regulación legal de carácter estatal que sobre el uso de las distintas lenguas oficiales pudiera establecerse para las referidas esferas de la Administración».

La determinació de la llengua emprada en els assentaments registrals depèn, segons la dgrn, de la competència exclusiva que l'Estat té en matèria d'ordenació de registres (art. 149.1.8 de la Constitució), corroborada per l'absència de menció respecte d'això en la Llei d'ús i ensenyament del valencià. Per altra banda, entén que les diverses normes que estableixen impresos bilingües, com també la modificació de l'article 86 del Reglament del Registre Civil en el sentit de permetre la presentació de documents redactats en idioma oficial propi sense necessitat de traduir-los al castellà, donen compliment suficient al règim de doble oficialitat, tal com s'afirma en el fonament jurídic tercer:

Tercero: Precisamente en la medida de lo posible el Gobierno, el Ministro de Justicia y la Dirección General de los Registros han procurado, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacer efectivo dentro del Registro Civil el principio constitucional de cooficialidad o doble oficialidad del castellano y del idioma oficial propio en el territorio de las Comunidades Autónomas afectadas. Así, el Real Decreto 628/1987, de 8 de mayo, dio nueva redacción al artículo 86 del Reglamento del Registro Civil a fin de permitir que, dentro del territorio de estas Comunidades Autónomas, pudieran presentarse al Registro Civil documentos redactados en su idioma oficial propio, sin traducción al castellano; las Órdenes 26 mayo 1988, 20 julio 1989 y 21 enero 1993 han aprobado los correspondientes modelos oficiales bilingües para todos los im-Page 362presos relacionados con el Registro Civil, y la Circular 1 marzo de 1984 ha aprobado también un modelo bilingüe para la expedición de certificaciones literales de este Registro.

En el fonament jurídic quart s'avala la legitimitat de la interdicció de l'ús de les llengües pròpies en la redacció dels assentaments registrals. Així, es diu:

Cuarto: No hay, por el contrario, razones para llegar a más en esta materia de utilización en el Registro Civil de la lengua oficial autonómica. El empleo de estas lenguas en las actas mismas del Registro Civil va en contradicción con el principio implícito en la Ley y en el Reglamento del Registro Civil, y explícito en varios de sus preceptos, sobre utilización exclusiva del castellano; este principio no puede estimarse derogado por ninguna norma posterior, teniendo en atenta el carácter estatal del Registro Civil y deseable eficacia nacional e internacional y, especialmente, porque, una vez reconocido el derecho de los valencianos para utilizar el valenciano en todas sus relaciones con el Registro Civil, no queda coartada en modo alguno su derecho porque el texto de las actas haya de redactarse en castellana, ante el deber de conocer esta lengua establecido para todos los espanoles por el artículo 3.1 de la Constitución.

Volem destacar diversos arguments i afirmacions desafortunades del fragment transcrit. La dgrn assenyala que no hi ha raons «per arribar a més» en aquesta matèria, i imputa aquesta absència de raons -se suposa que raons jurídiques, encara que no ho sembli- al principi implícit i explícit en la Llei i en el Reglament del Registre Civil, segons el qual l'únic idioma que es pot usar als assentaments és el castellà. L'argument és que aquest principi no es pot entendre derogat per cap norma posterior -la Constitució o la luev?- atès el caràcter estatal del Registre i la seva eficàcia nacional i internacional. Ni indica com dedueix el principi de caràcter implícit d'acord amb el qual s'ha d'usar el castellà, ni diu que l'única norma explícita que veta els idiomes propis de les comunitats és l'article 298.6 del Reglament del Registre Civil, norma dictada el 14 de novembre del 1958.

Quant a l'eficàcia nacional, no s'entén perquè no es poden traduir al castellà els assentaments fets en la llengua autonòmica -tal com avui passa, però a l'inrevés- quan hagin de tenir efecte els certificats literals fora de la comunitat autònoma (cosa que se suggeria a la stc 87/1997, de 24 d'abril, fj 4, quan s'afirmava: «puesto que, ni siquiera la necesidad de dar pu-Page 363blicidad en toda España, [...], a los datos de los asientos que el Estado estime relevantes [...], impide utilizar otras fórmulas como las ya empleadas en otros ámbitos», vid. la nostra Crònica a la Revista de Llengua i Dret núm. 29). La llengua té un caràcter merament instrumental en els registres i en altres àmbits. Els registradors han de fer la mateixa feina amb independència de la llengua que els poders públics determinin com la llengua dels assentaments, la qual cosa demostra que la llengua que ha d'utilitzar-se no depèn de la competència sobre l'administració regístral, sinó que serà la que determini qui té la competència sobre la matèria lingüística. D'altra banda, pel que fa a l'eficàcia internacional, sembla que la Direcció no recorda que hi ha estats on el castellà tampoc no és oficial i sí que ho és el català. En qualsevol cas, si la llengua de l'assentament no és comprensible allà on ha de produir efectes, es traduirà a la llengua oficial de l'Estat on es destini la certificació o el document registral.

Per acabar, el darrer argument que dóna gairebé s'ha convertit en clàusula d'estil de les resolucions desfavorables a l'ús de les llengües oficials diferents del castellà: el dret lingüístic del ciutadà valencià no queda vulnerat per l'obligació de redactar en castellà les actes perquè aquesta llengua l'han de conèixer tots els espanyols, d'acord amb l'article 3.1 de la Constitució.

En els fonaments cinquè i sisè s'afegeixen alguns arguments complementaris i s'estableix la conclusió:

Quinto: Aunque no sea materia del recurso, conviene advertir en orden a la expedición de certificaciones que éstas, por su propia naturaleza de documentos públicos y de transcripción total o parcial del acta o documento original (cfr. arts. 1216 y 1220 ccy 7 lrc), han de redactarse en el mismo idioma utilizado en el acta original, lo que tampoco implica discriminación con la lengua autonómica, tanto por la razón últimamente indicada, como por la facilidad establecida por los servicios de la Generalidad Valenciana en favor de los particulares que lo deseen para que éstos puedan obtener inmediatamente su traducción al valenciano, si quieren hacer uso de esta lengua y de la certificación dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

Sexto: En definitiva, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, contenida fundamentalmente en las tres Sentencias 82, 83 y 84, de 26 junio 1986, el derecho de los valencianos a utilizar su lengua propia se limita a su uso en sus relaciones con todas las Administraciones Públicas y a recibir respuestas en la misma lengua. Ambos derechos estan reconocidos a los valencianos en sus relaciones con el Registro Civil y en nada quedan limitados por el hecho de que en el ámbito exclusivamente interno de organización del Registro los asientos del Registro Civil se redacten sólo en castellano.

Page 364

Volem cridar l'atenció sobre la qüestió de la traducció de l'acta per fer un certificat. Segons la dgrn, el certificat ha d'estar en el mateix idioma que l'acta orginal d'on s'extrau. Es a dir, el Registre no pot fer certificats literals canviant l'idioma de l'acta original o, el que és el mateix, no es poden fer certificats en l'idioma propi de la comunitat tenint en compte que aquests serien traducció de l'original en castellà. La Direcció General entén que això no suposa discriminació per raó de llengua, atès que tots els espanyols tenen l'obligació de saber el castellà i perquè la Generalitat Valenciana ofereix la possibilitat de traduir-los al valencià. L'afirmació que una traducció no té el mateix valor que l'original pot ser o no encertada -s'hauria de tenir en compte la possibilitat de traducció jurada-, però el que és segur és que, si es manté l'afirmació anterior, no es pot dir que es respectí el dret del ciutadà a rebre el certificat en la seva llengua, perquè mai no serà un certificat autèntic, sinó una simple traducció; en altres paraules, el tracte que rep la llengua autonòmica -el valencià en aquest cas- és clarament desigual respecte del castellà. Mentre aquesta és la realment oficial, la segona queda relegada a un segon ordre, es desoficialitza en la mesura que no pot produir plens efectes jurídics en tot un sector.

Per tant, és falsa també l'afirmació que conté el fonament de dret sisè, que diu que, acollint la doctrina de la sts de 26 de juny de 1986, «el dret dels valencians a fer servir la llengua pròpia es limita al seu ús en les relacions amb totes les administracions públiques i a rebre respostes en la mateixa llengua». El dret a rebre resposta en la mateixa llengua -que també ha establert recentment la stc 87/1997 esmentada abans- aquí no es respecta, perquè l'únic que s'arriba a donar és una traducció, feta i costejada per la Generalitat Valenciana, que, a més, no pot produir els mateixos efectes jurídics que la versió autèntica, ja que segons diu el fj 5 els efectes poden ser «dentro del territorio de la Comunidad Autónoma», amb la qual cosa, a més a més, tàcitament, nega que en altres comunitats autònomes es parli la mateixa llengua, ja que redueix els efectes a l'àmbit territorial valencià. Ultra això, convé recordar que la Generalitat Valenciana no té per què costejar la traducció, perquè és l'administració registral qui hauria d'atendre les despeses originades per la seva ignorància, ja que és l'organisme responsable de facilitar les certificacions que li són demanades. En la stc 87/1997 també es deia que «el titular del Registro deberá proveer los medios que faciliten la consulta de las mismas en la lengua oficial solicitada con plena garantía de seguridad y sin dilaciones» (fj 6, paràg. cinquè). Això és, ha de costejar les despeses d'una traducció immediata i fidel. Aquesta solució és més coherent amb la reclamació competèncial que l'Estat fa, perquè qui és titular de la competència hauria d'assumir les conseqüències de qualsevolPage 365 tipus que se'n derivin, incloses les econòmiques. A banda que, en tot cas, és l'administració registral la que dóna el servei al ciutadà i la que ha de concretar les previsions juridicolingüístiques legals que defineixen l'abast i els efectes de l'oficialitat constitucionalment i estatutàriament declarada; que és l'argumentació que considerem preferent segons el nostre parer.

Així mateix, en un altre ordre de coses, la dgrn, en afirmar que les certificacions literals «han de redactarse en el mismo idioma utilizado en el acta original, lo que tampoco implica discriminación con la lengua autonómica», incorre en dues noves imprecisions, una de naturalesa jurídica i una altra d'índole històrica. La imprecisió jurídica consisteix en el fet que, segons ha dit el Tribunal Constitucional, la discriminació no es produeix entre llengües, sinó entre persones. La imprecisió històrica ens ve a recordar que els assentaments han estat i són fets en castellà per la prohibició expressa de realitzar-los en llengua catalana (o altres llengües oficials) durant força anys. La dgrn no hauria d'oblidar la imposició de fer els assentaments en castellà, cosa que situa en plans diferents la possibilitat d'inscriure en valencià o en castellà. Hi ha discriminació (en sentit no tècnic) perquè no hi va haver igualtat d'oportunitats, perquè no existia llibertat de tria. En conseqüència, no s'hauria d'assumir ara aquella imposició, de manera que el respecte a la literalitat del document original no ens pot obligar a emetre les certificacions en llengua castellana, sinó que la certificació ha de fer-se en la llengua que desitgi el sol·licitant o bé traduir tot el fons registral. En tot cas no s'hauria de mantenir, amb la Constitució i les lleis de normalització lingüístiques a la mà, l'obligació de realitzar el assentaments en castellà en comunitats autònomes que disposen d'altres llengües oficials.

Finalment, després de les consideracions que hem efectuat, no podem compartir l'argument últim de la Resolució, quan indica que els drets dels valencians no queden afectats en la seves relacions amb el Registre Civil pel fet que en «l'àmbit exclusivament intern d'organització del Registre els assentaments es redactin només en castellà». Com es pot afirmar que els certificats han de ser en l'idioma original de l'assentament i, alhora, dir que la llengua de redacció de l'assentament és una qüestió organitzativa interna?

En conclusió, els arguments reals que aporta la Resolució per redactar els assentaments registrats exclusivament en castellà es limiten als següents: el Registre Civil és una competència estatal i, com a tal, l'Estat l'exerceix establint que els assentaments només es redactin en castellà, que és l'idioma que, d'acord amb l'article 3.1 de la Constitució, tothom té el deure de conèixer. La resta de raonaments que ofereix la Direcció General són fal·laços o sobrers, i solament serveixen per confondre.

Page 366

La particularitat d'aquesta resolució és que rebutja la pretensió de modificar el nom inscrit per qüestions fonètiques. La recurrent, que estava inscrita al Registre Civil de Cerdanyola del Vallès, pretenia canviar el seu nom registrat «Joana» per «Yoana», perquè no li agradava la pronunciació que tenia en català. La Direcció General estableix que aquesta no és una circumstància suficient per al canvi. Al nostre entendre, l'argument que la modificació no és prou substancial no és cert, atès que, tot i que gràficament només canvia una lletra, la pronúncia final és força diferent, cosa que sens dubte condiciona la manera en què és i vol ser coneguda la recurrent en el seu entorn social.

Aquestes dues resolucions deneguen el canvi del nom registral de les recurrents pel nom que pretenen. En el primer cas, el nom que consta en el Registre és «María Amada». La resolució creu encertada la interlocutòria del jutge encarregat que acorda el canvi del nom inscrit pel de «Maite», en comptes del sol·licitat «Mayte», i ho argumenta dient que la «i» llatina és la grafia correcta per a aquest nom en eusquera, català i castellà, a part de ser la traducció en basc d'«Amada». Per altra banda, sembla indicar que si es tractés d'una imposició, i no d'un canvi, es podria consignar amb «y» («teniendo en cuenta que no se trata de una primera imposición sino de un cambio...»), cosa que afebleix el raonament en què es basa la resolució.

En el segon supòsit es desestima el canvi del nom inscrit «Elena» per «Helena». La raó principal és que es tracta d'una modificació mínima, que ni tan sols suposa una alteració fonètica. Però afegeix que l'al·legació de la recurrent que el mot «Helena» és l'únic correcte en gallec no es pot acollir perquè ella no té cap vinculació amb Galícia, Ja vam observar en un altre cas com aquest (vegeu Revista de Llengua i Dret núm. 24, pàg. 391 i 392) com la Direcció General utilitza el criteri ortogràfic -en totes les llengües de l'Estat espanyol- segons li convé (cosa no sempre fàcil de seguir) per admetre o rebutjar un canvi de nom. És més, de vegades argüeix la necessitat de vinculació amb la llengua que ofereix la grafia del nom volguda i altres vegades no.

Com hem assenyalat en anteriors cròniques, la normativa ortogràficaPage 367 de les llengües de l'Estat s'està convertint en un expedient fàcil per no admetre canvis de nom. És poc rigorós que la Direcció General limiti la possibilitat que els ciutadans canviïn la grafia del nom mitjançant la utilització subterfugis lingüístics.