Mesa Redonda: Reformas en el Sistema de Seguridad Social español

Con carácter previo es necesario aclarar que, aunque el título en el programa es la reforma de la Seguridad Social, mi intervención se concentra en el Sistema de pensiones, si bien colateralmente pueda referirme al resto de las prestaciones incluidas en el Sistema de Seguridad Social.

Antes de analizar la situación actual del Sistema de pensiones y valorar las reformas realizadas o necesarias, es conveniente enumerar los objetivos de un Sistema de pensiones. El primero es conseguir una amplia cobertura de la población; un Sistema de pensiones no puede calificarse de satisfactorio si excluye a una parte significativa de la población potencialmente beneficiaria. A la amplia cobertura se debe añadir que la renta facilitada sea suficiente para mantener un nivel de vida digno, que se permita mantener un nivel estándar de consumo. El tercer objetivo de un Sistema de pensiones, que le diferencia bastante del resto de las prestaciones, es no tener limitada su obligación al pago de prestaciones en un momento determinado, sino el hecho de ser sostenible financieramente a medio y largo plazo. Tan importante es pagar las pensiones de ahora como pagar las pensiones de dentro de cincuenta años. La Seguridad Social española cumplió recientemente 100 y, en mi opinión, creo que el principal objetivo es que cumpla otros 100 años con la misma salud que tiene ahora mismo: con el mismo nivel de cobertura y, si es posible, con mejores prestaciones.

La pregunta que surge es, ¿el actual Sistema de pensiones español cumple con estas características?. La respuesta es afirmativa en cobertura -es muy amplio en cuanto a número de personas que reciben la prestación- y es también la renta principal de la mayor parte de la población jubilada. Sus prestaciones se acercan cada vez más al grado de suficiencia, si bien es bastante difícil establecer dónde se sitúa el nivel de una prestación para considerarla suficiente. Realizada la salvedad, se constata una certeza: mantiene una progresión muy positiva en el crecimiento de las cuantías de las pensiones, y aunque todavía hay prestaciones bajas, son cada vez menos. ¿Cómo es su situación financiera? decir favorable se quedaría corto; es la más saneada de su historia. El segmento contributivo de la Seguridad Social, donde están encuadradas las pensiones contributivas, la incapacidad temporal y la maternidad, tiene un superávit del 1% del PIB y el Fondo de Reserva dispone de recursos por una cantidad equivalente a 3,7 puntos el PIB (35.600 millones de euros). Nunca en su historia el sistema de pensiones español ha disfrutado de una situación financiera tan favorable.

Pero, ante la pregunta de si el Sistema es sostenible a medio y largo plazo, aparecen algunos interrogantes y algunas incertidumbres. El Sistema parte de una muy buena situación, pero se enfrenta a un reto importantísimo a medio y largo plazo, que todos los que tenemos responsabilidades en este tema debemos conocer para adoptar las decisiones adecuadas. En CC.OO. nos preguntamos cómo se puede mantener un Sistema públicoPage 258 de pensiones como el actual, y si es posible cómo mejorarlo. El futuro depende del comportamiento de todos los implicados: los agentes sociales, los agentes económicos y los partidos políticos.

Dentro de 50 años, una fecha que en otras materias es mucho tiempo pero no así para un sistema de pensiones, hay que pagar el 50% más de pensiones de las que pagaremos en 2006. España, igual que el resto de los países de la Unión Europea y buena parte del mundo, se enfrenta a un problema severo de envejecimiento. Ahora mismo se pagan ocho millones de pensiones, en el año 2050 habrá que pagar 15,3 millones de pensiones, es decir, tendremos que realizar un esfuerzo muy importante para poder mantener la cobertura, para poder conseguir que la renta sea suficiente - conseguir que esa renta sea principal- y, hacerlo con una transferencia de renta razonable entre las personas que trabajen en cada momento y las personas que tienen que cobrar la prestación por haber trabajado, y aportado al Sistema, anteriormente.

Hasta hace relativamente poco, uno de los problemas planteados por organizaciones cuyo principal objetivo es cambiar el Sistema público de reparto por un Sistema de capitalización, era plantear que la población española era insuficiente para generar riqueza en el futuro. Este escenario demográfico ha cambiado radicalmente en los últimos cinco años: la afluencia de inmigrantes ha cambiado las previsiones de población española, y en especial en el grupo en edad de trabajar; de manera que los hipotéticos problemas de ausencia de mano de obra para trabajar se han limitado bastante, y salvo catástrofe, la población activa entre 16 y 65 años se incrementará en el futuro. Pero la intensa afluencia de inmigrantes también aumenta un poco más el reto del envejecimiento de la población, y si bien hay más personas para trabajar y, por tanto, mayores posibilidades de crear riqueza, también habrá que pagar en un determinado momento un mayor número de pensiones. El año 2015 ya habrá que pagar 700.000 pensiones más que ahora; en el año 2020 habrá que sumar otras 700.000 adicionales, y en el año 2030 será necesario pagar 1.700.000 más. En 2040, se añade otro millón setecientas mil, hasta acumular 5,3 millones adicionales (+66,6%). Las previsiones recogen un nuevo aumento en la década de los cincuenta, pero con un ritmo inferior, y «solamente» se incrementan en 303.000.

La situación financiera actual es muy buena porque el número de pensionistas es el menor posible debido a los desgraciados efectos de la Guerra Civil española. El reto comienza en 2015, y esta fecha no está tan lejos, solamente quedan ocho años. En CC.OO. para afrontar este reto, hicimos unas hipótesis, unas simulaciones en donde intentábamos mantener la misma cobertura en número de pensiones a pagar, es decir, asumir estos quince millones de pensiones de 2050, y a la vez incorporamos una cuantía media de la pensión creciente en términos reales, es decir, se mantenía la cobertura y se mejoraba la suficiencia. El supuesto se acompañaba de un crecimiento de la riqueza nacional razonable: el 2,5% de crecimiento anual. Con estos criterios, el resultado era un aumento del esfuerzo exigido a la población española de 3,4 puntos del PIB, es decir, el gasto en pensiones pasaba del 7,9% actual a pagar un 11,23% del PIB en el año 2050. Un resultado de estas características es un objetivo de consenso, de manera que las generaciones presentes y futuras puedan ser conscientes de cuáles son los esfuerzos que se les solicita. El esfuerzo no es poco importante, un gasto de 3,4 puntos del PIB en pensiones es un esfuerzo importante porque además hay que sumarle el gasto en pensiones de clases pasivas, y el gasto necesario en servicios de dependencia y asistencia sanitaria para atender a más población con más años.

¿Cuáles son los motivos para expresar incertidumbre sobre la viabilidad financiera del Sistema de pensiones cuando estamos en un momento ideal, con una situación financiera envidiable? La constatación que la tasaPage 259 anual de crecimiento de las nuevas pensiones de jubilación en el Régimen General está superando los niveles de seguridad. Para conseguir un crecimiento del PIB del 2,5% con una distribución funcional de la renta como la actual y una creación de empleo razonable, los salarios crecen aproximadamente al 2,1% anual. Dado que los salarios son la base de cotización de las pensiones, éstas no deberían superar ese porcentaje anual de crecimiento en sus cuantías. En el periodo 1995-2006 las cuantías medias de las pensiones de jubilación del Régimen General crecen al 2,4%, un dato muy importante a tener en cuenta para afrontar cualquier planteamiento futuro respecto del Sistema de pensiones.

Los Sistemas de pensiones suelen enfrentarse a dos peligros. El provocado por aquellas personas u organizaciones que plantean un cambio estructural del Sistema de pensiones para pasar del Sistema público de reparto actual a un sistema de capitalización -una ofensiva muy conocida en la década de los 90- que afortunadamente fue superado, gracias en especial al esfuerzo y decisión de los agentes sociales y económicos españoles, de los sindicatos, pero también, por qué no decirlo, de la patronal que suscribió acuerdos muy importantes en momentos muy significativos. En la actualidad las personas y organizaciones que plantean un cambio estructural del Sistema de pensiones no tienen mucho crédito, pero no están derrotados, sino agazapados a la espera de ver qué sucede para volver con sus planteamientos si se cumplen condiciones más propicias.

El segundo peligro viene de una defensa desmedida de las posibilidades del Sistema. Como es habitual en una coyuntura de salud financiera, se ha abierto una tendencia por parte sobre todo de los partidos políticos, si bien no son los únicos, a ser proclive a complacer todo tipo de demandas. Cuando hay dinero es más difícil rechazar las presiones de colectivos que pretenden mejorar sus prestaciones. La conducta de complacer demandas sin fijar criterios generales no es, en mi opinión, sinónimo de progresismo, porque pueden quebrar equilibrios internos en un terreno tan delicado como son las prestaciones sociales y, en especial, el Sistema de pensiones. La fácil concesión de demandas sin tener en cuenta las necesidades futuras, significa eludir la responsabilidad de gobierno y el compromiso con el Sistema público de pensiones, porque determinadas demandas, muy sugerentes de satisfacer, implican limitar la suficiencia y quebrar el principio de equidad. Un comportamiento que a medio plazo favorece a los que están agazapados esperando un empeoramiento de la finanzas públicas para demandar un cambio estructural del Sistema.

En este momento, por tanto, el mayor peligro parte de aquellos que puede que, con la mejor de sus voluntades, plantean incrementos desmesurados en el gasto, o mejoras de las condiciones de colectivos específicos no justificadas y que además no afectan a la mayoría de la población.

En esta situación, antes de satisfacer las demandas sería necesario hacerse tres preguntas. La primera, cuánto cuesta, porque cualquier modificación en el gasto tiene una deriva de 18 años y, por tanto, acompañar la medida con otras que combinen la solidaridad con la contributividad; en segundo lugar, hay que conocer si la demanda permite el acceso de todas las personas con los mismos requisitos. Como ejemplo, se pueden enumerar la jubilación parcial y la compatibilidad del SOVI y viudedad. Dos prestaciones muy sugerentes pero de dudosa equidad. No es justo que un trabajador pueda jubilarse con el 100% de su pensión dejando de trabajar a los 61 años y, sin embargo, otro con la misma contribución, se tenga que jubilar con un coeficiente reductor que puede llegar a disminuir el 32% de su pensión durante toda su vida, dependiendo única y exclusivamente de su pertenencia a una u otra empresa. Esta situación atenta contra el principio de equidad y, por lo tanto, es conveniente plantearse si lo que hace es reducir legitimidad social alPage 260 Sistema, además de socavar su suficiencia. La tercera pregunta que se debería plantear ante cualquier demanda es conocer quién las paga, al ser conscientes de la dificultad de obtener mayores recursos.

Hay dos fuentes de financiación de cualquier prestación pública: las cotizaciones sociales, en donde hay un elevado consenso sobre la dificultad de elevar su participación en relación PIB para no poner en peligro la competitividad de las empresas españolas. La segunda fórmula para conseguir ingresos son los impuestos, pero en los últimos tiempos la moda entre la clase política es bajar los impuestos, hasta el punto que el presidente del gobierno del PSOE ha declarado públicamente que bajar impuestos es de izquierdas, en un ejercicio de igualación con los partidos de derechas. Todas las propuestas de reforma fiscal presentadas desde el año 96 por todos los partidos en el gobierno -de cualquier nivel: central, autonómico o local-, sea cual sea su color, es una proclama de bajada de impuestos, a pesar de que la presión fiscal española es cinco puntos del PIB inferior a la media de la UE25. Por lo tanto, si se pretende subir las prestaciones es necesario reclamar a la vez una elevación de ingresos, ya sea por cuotas sociales -en mi opinión no se debería elegir esta opción-, o mediante impuestos, una elección más justa pero con pocos defensores.

El Sistema de pensiones necesita contínuas reformas para adecuarse a las necesidades de la sociedad, a las posibilidades de la economía, y para solucionar los problemas de funcionamiento que aparecen en la gestión diaria. Para modificar el Sistema de pensiones desde dentro, es decir sin cambiarlo estructuralmente por un sistema de capitalización, hay tres fórmulas o líneas de trabajo. Los años de cotización utilizados para el cálculo de la base reguladora inciden en el resultado final de la pensión. Algunos autores dicen que la ampliación del período de cálculo es un recorte de la prestación, y en mi opinión, esta afirmación no es cierta. Un menor crecimiento de las cuantías medias de las nuevas pensiones medidas en términos reales no es un recorte, sino una desaceleración del ritmo de crecimiento. De no haberse acometido las reformas en 1985 -bajo gobierno del PSOE- y en 1996 -con ejecutivo del PP y consenso de la UGT y CCOO-, el Sistema público de pensiones español tendría serios problemas de viabilidad, porque el gasto en pensiones sobre el PIB sería insostenible en 2015, no solo para la economía española sino para cualquier economía en el mundo, incluso las más desarrolladas. Por lo tanto, el resultado de modificar los períodos de cálculo de la prestación ha sido una medida necesaria, y además no ha supuesto un recorte en las pensiones, porque desacelerar el crecimiento desde 150 hasta 135 no es recortar la prestación sino un crecimiento menor.

Una segunda posible medida para reformar el Sistema público de pensiones es la modificación del porcentaje de la base reguladora asociada a cada año de jubilación, que en la práctica tiene exactamente el mismo efecto que la ampliación del periodo de cálculo, y que además, se puede aplicar de forma integrada.

La tercera línea de actuación es modificar la edad de jubilación, y en este terreno, es conveniente recordar que el Sistema público de pensiones español tiene un mecanismo muy interesante: la jubilación flexible. Este mecanismo permite elegir la edad de jubilación a partir de los 61 años, acomodando las necesidades, o el deseo del trabajador, con la salud financiera del Sistema; porque en la práctica si te jubilas antes cobras menos dinero durante más tiempo, y si te jubilas más tarde cobras más dinero durante menos tiempo, siempre y cuando no se quiebre el principio de equidad, es decir, si se cumplen determinadas normas. Los coeficientes reductores no son un capricho del legislador -no están improvisados- son el resultado de muchas horas de estudio del modelo. Los coeficientes reductores -entre el 7,5% y el 6% según el número de años cotizados por el tra-Page 261bajador-, representan el punto de equilibrio donde el Sistema público de pensiones puede asumir sus compromisos en el sistema de jubilación flexible. Unos porcentajes ahora complementados con los distintos pluses -2% y superación de la pensión máxima- para aquellas personas que retrasen voluntariamente su jubilación después de los sesenta y cinco años.

Termino la exposición con un breve repaso del Acuerdo recién firmado, sobre el que no se precisa mucha glosa, porque en la mayor parte de su contenido son retoques necesarios del Sistema de pensiones en línea con el contenido del Pacto de Toledo. La única modificación estructural es el establecimiento de una fecha para la integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General. Bajo este criterio, la mayor virtud del Acuerdo recién firmado es el consenso, continuando una forma de hacer las cosas iniciada en el Pacto de Toledo, que ha servido para poder parar ofensivas muy duras por parte de aquellas personas y organizaciones que no quieren un Sistema público de pensiones. El reciente Acuerdo es el primer acuerdo suscrito por todas las organizaciones sociales y económicas desde 1996, y en el caso de Comisiones Obreras mantiene el ejercicio de compromiso y responsabilidad con el Sistema público de pensiones para que cumpla los objetivos mencionados al inicio de la intervención: máxima cobertura de la población, renta principal y suficiente de la mayoría y sostenibilidad financiera presente y futura; de manera que dentro de cien años siga en vigor un Sistema público de pensiones que mejore sensiblemente la calidad de vida de la población española.

Voy a empezar por donde terminó Pilar. Precisamente cuando se consigue un Acuerdo que consigue mayor consenso que ningún otro sobre la reforma de la Seguridad Social, resulta extraño que en el día de ayer se haya cuestionado la legitimidad de los agentes sociales para este tipo de reformas. Esa legitimidad está, en primer lugar, en la propia Constitución Española. En segundo lugar, en normas internacionales de trabajo ratificadas por España. En tercer lugar, en el propio Pacto de Toledo, firmado por los partidos políticos, el cual remite a los agentes sociales el desarrollo de sus recomendaciones. En cuarto lugar, porque el diálogo social forma parte del modelo social europeo. Por último, porque el diálogo social es uno de los principales instrumentos de legitimación política.

Entrando ya en el tema que nos trae aquí, para apreciar la calidad de la reforma, a UGT le parece oportuno valorar el Acuerdo con el conjunto de medidas adoptadas desde el inicio del Diálogo Social, pues varias de ellas tienen, además, un alto valor estratégico para el sistema de pensiones.

Lo primero a destacar es el Acuerdo sobre la acción protectora de la atención a las situaciones de Dependencia que es la columna vertebral del proyecto de Ley de promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El segundo aspecto a destacar son las mejoras en el ámbito de la maternidad-paternidad y de la conciliación de la vida laboral y familiar, recogidas en el proyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres.

Y aquí me parece oportuno hacer un inciso. El pasado año, en este mismo seminario, tuve la oportunidad de exponer las tres prioridades de mi sindicato respecto a la protección social. Eran las siguientes: la atención a las personas dependientes, la mejora de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar y, por último, la mejora en general de las políticas dirigidas a mejorar la protección familiar. Estamos satisfechos de que, alPage 262 menos, las dos primeras se hayan llevado a la práctica.

El tercer aspecto que quisiera destacar es el esfuerzo en mejorar las pensiones mínimas durante los ejercicios de 2005 y 2006 reconduciendo sus cuantías a un mayor grado de suficiencia.

Aunque en otro ámbito distinto, el del mercado de trabajo, las medidas acordadas en orden a mejorar la estabilidad en el empleo, coadyuvarán a encarar el futuro de nuestro Sistema de protección social con una mayor seguridad.

Este proceso, por tanto, poco tiene que ver con otros anteriores. Y por varios motivos. En nuestra opinión, el futuro de las pensiones depende más de determinadas políticas que se adoptan en ámbitos dispares (respecto a la política migratoria, a la conciliación de la vida laboral y familiar, al aumento de servicios sociales, etc..) que a las que se puedan y deban adoptar en el propio sistema de pensiones.

Como se ha demostrado en este Acuerdo, sigue habiendo márgenes suficientes para las decisiones y opciones políticas, incluso aunque estas opciones se enmarquen en las 15 recomendaciones del Pacto de Toledo. Muestra de ello, es, por poner un solo ejemplo, el tratamiento de la pensión de viudedad.

En segundo lugar, en estos acuerdos hay mayor compromiso de gasto social y las medidas acordadas lo reconducirán a los niveles que nos debería corresponder por nuestro nivel de riqueza después de muchos años en los que el diferencial de gasto con la Unión Europea creció en más de 2 puntos, en lugar de reducirse. En el modelo social de UGT, la mejora de las prestaciones y la viabilidad del Sistema siempre han ido juntas. No hemos participado del criterio de que para asegurar la viabilidad futura del Sistema haya que desistir de mejorar las prestaciones en el presente, pues ello supondría renunciar al progreso social y dar por aceptable e inamovible el actual marco protector. Sería inaceptable que tras muchos años de crecimiento sin redistribución, se siguiese apoyando esa política.

Otro rasgo distintivo de este Acuerdo es que se produce una mejor adaptación de ciertas prestaciones a la realidad y demandas sociales, de la que son ejemplo la extensión de las pensiones de viudedad a las uniones de hecho y otras mejoras en las pensiones de orfandad, en las pensiones de incapacidad permanente o el estudio para modificar la relación laboral de las empleadas de hogar. Además, las mejoras en las prestaciones, sean éstas las pensiones mínimas u otras, afectarán a un mayor colectivo de pensionistas y trabajadores.

Tiene este Acuerdo otro mérito más y es el de la globalidad, pues los compromisos afectan a la práctica totalidad de las prestaciones y a su dinámica. El núcleo de las anteriores reformas se ha centrado en la pensión de jubilación. Paradójicamente, las pensiones de viudedad y de Incapacidad Permanente, que necesitarían de una adaptación a una realidad social muy diferente, se han venido manteniendo prácticamente en las mismas condiciones que cuando se establecieron. Pues bien, con este Acuerdo se inicia un proceso de adaptación de las mismas.

Valoramos positivamente que, frente a la opción de modificar el método de cálculo de las pensiones de jubilación, que conllevaría una reducción de la cuantía media de las pensiones, fundamentalmente en el Régimen General, se haya dado prioridad a la integración de los Regímenes Especiales con el correlativo aumento gradual del esfuerzo contributivo, y a otras decisiones estratégicas como, por ejemplo, el aumento de los incentivos a la prolongación de la vida laboral, un tratamiento más coherente de la anticipación de la jubilación, o la actualización de las bases máximas de cotización conforme a la evolución real de los precios. Conviene recor-Page 263dar que el 25% de los afiliados al Sistema, algo así como cuatro millones seiscientos mil trabajadores, o bien pueden elegir, como en el Régimen de Autónomos, la base de cotización, generalmente la mínima, o bien sólo pueden cotizar por las bases mínimas, como ocurre en el Régimen Agrario y Empleados de hogar. Centrar las reformas en el método de cálculo de las pensiones de jubilación supondría hacer recaer todo el ajuste en quienes mayor esfuerzo hacen ya, los trabajadores del Régimen General. Y aquí nos congratulamos de coincidir con el Secretario de Estado para la Seguridad Social.

Ciertamente la Seguridad Social tiene algunos retos ligados al envejecimiento demográfico a los que hay que dar solución, pero sería irresponsable que nos olvidásemos de que tiene otros retos no menos importantes. No creo que la amenaza a los sistemas de reparto, tal y como los conocemos, venga del modelo de capitalización, que muy pocos defienden hoy por su inviabilidad económica y social, sino del modelo sueco que hemos visto esta mañana que lleva el concepto de contributividad hasta sus últimas consecuencias.

Opino que el primer reto que tiene nuestro Sistema de pensiones es que ha de ser socialmente eficiente para lo que se requiere mejora de las pensiones y de su adecuación a la marcha del bienestar general pero, también, vigilar para que no haya una solidaridad excesiva hacia colectivos que realizan un menor esfuerzo contributivo.

El segundo reto, romper con dos limitaciones inaceptables que están implícitas en el Pacto de Toledo, la primera que las cotizaciones no han de incrementarse, la segunda que las aportaciones públicas sólo financiarán los complementos de mínimos de las pensiones. Aceptar esas dos limitaciones conduce a que los ajustes se hagan sobre las prestaciones y no sobre los recursos. Esta mañana hemos conocido que las aportaciones del Estado al muy contributivo sistema de pensiones sueco suponen alrededor del 1% del PIB, porcentajes similares se dan en Alemania. En España, esas aportaciones se sitúan en la actualidad en torno al 0,3% del PIB, pero cuando el Estado financie completamente los complementos de mínimos, esas aportaciones, mas las destinadas a financiar las pensiones de la modalidad no contributiva, supondrán como máximo, en un horizonte de 8 años, el 0,7% del PIB.

Por último, el capítulo de pensiones, con ser importante por su volumen, no es el único que determina el bienestar social de los ciudadanos, pues la sanidad, los servicios sociales de cuidados, entre otros muchos, forman parte también de esa protección integral que queremos. El centro del debate se ha situado en el nivel del gasto futuro en pensiones que algunos consideran inasumible para dentro de 30 o más años. En nuestra opinión el debate debiera situarse más bien sobre el nivel del gasto social globalmente considerado pues consideramos inaceptable que hoy la diferencia de gasto respecto a la media europea se haya incrementado.

Agradezco a la Universidad Menéndez Pelayo y a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que un año más nos inviten a estar aquí en este seminario. Como la veteranía es un grado, yo creo que, junto con mis compañeros de mesa, somos ya unos veteranos en esta participación.

En esta ocasión, el título de la mesa es Reformas del Sistema de Seguridad Social, un título obvio, porque evidentemente un Sistema de Seguridad Social ya centenario como ha comentado Miguel Ángel, y que nació como un sistema contributivo de sustitución de rentas en determinadas contingencias vinculadas a la relación laboral y profesional, ha necesitado, al igual que casi todos los Sistemas de los países europeos que nacieronPage 264 igualmente en el siglo XX, la realización de reformas fundamentalmente por dos razones, que todos ustedes conocen: una la de adaptarse a los cambios del mercado laboral, al que evidentemente se debe la Seguridad Social, a pesar de que muchos quisieran desvincularla totalmente, incluso los propios catedráticos de Derecho del Trabajo, que en muchas ocasiones desearían huir de la disciplina de la Seguridad Social y contemplarla como algo aparte en la relación laboral, cosa que desde mi punto de vista no es factible realizar y, por otro lado, como consecuencia de la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas de protección, a los cambios sociales que se producen y que requieren también esos esfuerzos de adaptación del Sistema de Seguridad Social. Por lo tanto, nuestro Sistema ha estado, yo creo que fundamentalmente a partir del año 1975, en un proceso no diría que contínuo, pero constante de reformas para responder a ambas necesidades y a ambos objetivos.

Siempre se ha buscado lógicamente la sostenibilidad financiera del Sistema, la primera reforma importante después de la del año 1977 fue la reforma del período de cálculo para la base reguladora de las pensiones y posteriormente, como todos ustedes saben, en momentos de crisis económicas, las reformas instauradas a partir del Pacto de Toledo y los desarrollos de las recomendaciones del Pacto de Toledo que se llevan a cabo desde el año 1997.

Un sistema de reparto como el nuestro, ¿qué retos fundamentales tiene?, pues evidentemente, como depende esencialmente del empleo, el mantenimiento del empleo, el incremento del empleo y el segundo reto importante, cómo responder al envejecimiento de la población.

Por lo que se refiere al mantenimiento del empleo las políticas y las reformas no actúan sólo en el campo de la Seguridad Social, actúan también en el marco de las relaciones laborales y hay reformas y responsabilidades que competen a los poderes públicos y otras que son también competencia de los interlocutores sociales. En el marco de las relaciones laborales, las organizaciones empresariales y sindicales hemos hecho ejercicios de diálogo social, de consenso, desde el año 1997, para contribuir al proceso de crecimiento económico, hemos suscrito sucesivas reformas que han repercutido beneficiosamente en el Sistema de Seguridad Social, que registra unas cifras de recaudación, de afiliación que -a lo largo de su ya centenaria historia- no han tenido ningún término de semejanza a lo que representa actualmente. Por lo tanto, en este contexto de reformas me gustaría hacer mención de la última reforma laboral que se ha suscrito, poco antes del acuerdo de pensiones, y que profundiza en la línea marcada por el acuerdo del año 1997: contribuir a la estabilidad del empleo, lo que sin duda va a repercutir beneficiosamente en el Sistema de Seguridad Social.

El Sistema de Seguridad Social también puede contribuir a favorecer al mantenimiento del empleo. Por la vía de las bonificaciones selectivas, el Sistema de la Seguridad Social contribuye al mantenimiento del empleo referido a determinados colectivos, que se encuentran en mayores dificultades de permanecer en el empleo, como los trabajadores de más edad, sobre los jóvenes y sobre las mujeres que se vienen incorporando desde el año 1998, con unos niveles de intensidad muy significativos en el empleo, pero que tienen todavía una tasa de actividad más baja que la que tienen ambos colectivos en los países de nuestro entorno europeo. En la medida en que el Sistema en Seguridad Social puede impulsar y favorecer que se inserten y que permanezcan en el empleo, el Sistema de Seguridad Social también es un elemento que retroalimenta por una parte al mercado laboral, por otra parte se beneficia él mismo de esas medidas.

En este contexto hay también, derivado del marco de la reforma laboral, un conjunto de medidas acordadas, de bonificaciones, quePage 265 van dirigidas a favorecer la permanencia y la incorporación en el empleo de jóvenes y de mujeres. Hay otras dos reformas recientes que también buscan, junto con el objetivo de la igualdad de oportunidades, favorecer también la permanencia en el empleo de las mujeres. Las medidas tomadas en el marco del Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en materia de Seguridad Social, buscan, por la vía de reducción de los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social, favorecer la conciliación de la vida laboral teóricamente de mujeres y hombres, aunque casi siempre son las mujeres las que se acogen a este tipo de medidas.

Tendremos que ver en la práctica cuáles son los resultados, porque -así como la reforma laboral y el Sistema Nacional de Dependencia y también la reforma de la Seguridad Social han sido medidas o iniciativas que han sido fruto del consenso entre organizaciones empresariales, sindicales y el gobierno- este proyecto de ley no ha sido objeto de consenso, no por las medidas en materia de Seguridad Social sino por otras medidas que darían pie a otra ponencia, pero que no vienen en este momento al caso. Lo que sí quiero dejar aquí es mi reflexión sobre que será importante que a medio plazo realicemos un seguimiento del efecto en términos de mantenimiento de empleo y en términos de coste para el Sistema de Seguridad Social de las medidas introducidas en este proyecto de ley de igualdad en materia de Seguridad Social porque, a nuestro juicio, introducen algunos elementos de confusión mezclando prestaciones que son de naturaleza contributiva con requisitos que son de carácter asistencial, que habrá que ver a medio plazo cuáles son sus efectos sobre el Sistema. En cualquier caso nosotros no las hemos cuestionado porque compartíamos el objetivo de que ese mayor esfuerzo del Sistema de Seguridad Social podría dar como fruto un favorecimiento de la permanencia en la vida activa de las mujeres.

El Acuerdo del 2006, como sin duda ustedes conocen en materia de Seguridad Social, ha pretendido continuar avanzando en las líneas de reforma ya iniciada desde el año 1997 y fundamentalmente en el desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, implementando aquellas que se han podido evaluar y que han producido unos resultados positivos y avanzando en el desarrollo de otras que responden fundamentalmente a cambios en el modelo de sociedad y a nuevas demandas de protección. El Acuerdo se apoya en dos principios básicos, que son el de solidaridad financiera del Sistema y la unidad de caja. Son dos principios que tiene nuestro Sistema de Seguridad Social y que las partes firmantes del Acuerdo seguimos considerando que son principios esenciales.

Se ha acordado un conjunto de medidas en un contexto global de equilibrio buscando avanzar en el principio de solidaridad, mejorando aquellas prestaciones más bajas y, a la vez, introducir medidas que refuercen la contributividad y la proporcionalidad a través de los cambios introducidos en el período de carencia y la inclusión de criterios de contributividad en el cálculo de la incapacidad permanente.

Por otro lado, la integración o el compromiso de integración del REAS en el Régimen General es también un compromiso que avanza en la simplificación de la estructura del Sistema de Seguridad Social, que es también una recomendación del Pacto de Toledo que permanecía todavía con necesidad de mayores avances y de mayores impulsos.

Se ha ratificado el compromiso de separación de fuentes de financiación. Saben ustedes que está comprometido consolidar este compromiso de separación de fuentes de financiación para el año 2014. Cuando se comprometió esta fecha para que el Estado asuma la totalidad de la financiación de los complementos de mínimos, las organizaciones empresariales -que demandábamos que ese plazo fuese más corto- hicimos un ejercicio de responsabilidad, porque en aquel momento -estoy hablando del año 2001- lasPage 266 cuentas públicas, las cuentas del Estado, eran deficitarias, y el objetivo prioritario para todos fue el de alcanzar el equilibrio e incluso un superávit de las cuentas públicas. Es verdad que este objetivo de superávit y equilibrio de las cuentas públicas ya está alcanzado desde el año 2001 y es verdad también que pivota casi exclusivamente (el cumplimiento de ese objetivo) sobre los excedentes en cotizaciones sociales a la Seguridad Social, y que por tanto, legítimamente, las organizaciones empresariales en este momento pensábamos que se podía avanzar en el plazo. El informe parlamentario del año 2003 señalaba como recomendación que se anticipara ese compromiso del Estado al año 2008. Pero por parte del gobierno se planteó que no era factible asumir ese anticipo como consecuencia de la financiación del Sistema Nacional de Dependencia. El Sistema Nacional de Dependencia -que es también, al menos en sus criterios básicos, fruto del diálogo social, de un acuerdo suscrito en diciembre del año 2005 entre el gobierno y los interlocutores sociales, las organizaciones sindicales y empresariales- prevé la creación de un Sistema Nacional de Dependencia financiado con impuestos de las administraciones públicas competentes, (la Administración General del Estado y las autonómicas) junto con la aportación de los usuarios y va a requerir, justamente en el momento en el que se había fijado como cierre del proceso de separación de fuentes el 2014, un esfuerzo significativo de financiación con los impuestos, como consecuencia del envejecimiento de la población. Por tanto, el planteamiento que se hizo es que no era posible ir financiando, ir avanzando en la construcción de ese Sistema Nacional de Dependencia con unas condiciones básicas para todos los ciudadanos con la aportación de la Administración General del Estado y a la vez hacer ese esfuerzo de mayor aportación a los complementos de mínimos. Las organizaciones empresariales asumimos este criterio de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y, por ello, se ha ratificado el compromiso de financiación al 2014. Sin embargo, planteamos, y así se asumió, que el mayor gasto que se viene generando en complementos de mínimos, como consecuencia de las políticas de incrementos de bases mínimas, se asuma desde los presupuestos del año que viene también con la aportación del Estado. En realidad lo que ocurre con los complementos de mínimos es que, siendo una prestación que racionalmente tendría que reducirse año a año porque cada vez las personas que se jubilan han cotizado por bases más altas, luego las bases reguladoras de sus pensiones deberían ser superiores a la pensión mínima, lo que reduciría el número de personas con derecho a complemento de mínimos. Por otra parte, al incrementarse también el porcentaje de la viudedad al 52%, también debiera de reducirse el número de perceptores con derecho a complemento de mínimos de viudedad. Sin embargo, cada vez que se incrementan las pensiones mínimas se abre el abanico, el umbral de los que pueden acceder a percibir esos complementos de mínimos en función de la cuantía de su pensión, porque en la medida en que estuvieran un euro por encima de la pensión mínima anterior no tendrían derecho a complemento de mínimos, pero al abrir el umbral en toda aquella cuantía en la que estén por debajo de la nueva pensión mínima que se fija, tienen derecho a complementos de mínimos y el resultado es que, desde el año 1997, el gasto en complementos de mínimos se ha incrementado el 19% y en los últimos años, en los que el esfuerzo de implemento de las pensiones más bajas ha sido más elevado, prácticamente el coste de esa revalorización adicional de las mínimas se lleva, en términos coloquiales «casi enterita» la aportación del Estado a la financiación del complemento de mínimos. Resultado: las cotizaciones sociales siguen pagando más del 72% del coste de esta prestación de carácter no contributivo. Por tanto, para nosotros será importante este compromiso porque significa avanzar en la separación de fuentes.

Como ya se ha comentado, se ha avanzado en la aplicación del principio de solidaridad, aPage 267 través de un compromiso de mejora de las pensiones mínimas al final de la legislatura del 26% y hay un compromiso de reestructuración de la pensión de viudedad que responde a la adaptación del sistema a nuevas realidades sociales, en el cual lógicamente se deberá de trabajar porque habrá que configurar un marco jurídico específico, que aborde la protección para esas situaciones sociales nuevas que generan derecho a pensión de viudedad.

Y como consecuencia también de los cambios en la sociedad, en los que las mujeres, que somos las mayores perceptoras en número de la pensión de viudedad, nos hemos incorporado al mercado laboral y permanecemos en él y generamos pensiones por derecho propio, se plantea también cambiar la viudedad y configurarla como una prestación que recupere su sentido de sustitución de rentas, de forma que deje de ser compatible con cualquier otro tipo de renta que se perciba. Este es un compromiso en el que habrá que trabajar en el futuro.

En la línea de lo pactado en el año 2001, se sigue avanzando en el Acuerdo en las medidas para favorecer una prolongación de la vida laboral. Se mejoran los incentivos para permanecer en la vida activa después de los 65 años, se mejoran de una manera (desde nuestro punto de vista) más racional, porque, hasta ahora, aquellos trabajadores con derecho a percepción de la pensión máxima, aunque permanecieran en el mercado laboral no tenían derecho a que se mejorara la cuantía de la base reguladora de dicha pensión máxima y en el Acuerdo se contempla esta mejora. Por otro lado en la medida en que puedan existir trabajadores con carreras de cotización más largas, se incentiva con una mejora adicional que permanezcan en el mercado laboral más allá de los 65 años.

Aun cuando yo sé que ha tenido detractores, y en esto no coincidimos con la visión de CCOO, en el Acuerdo se ha trabajado sobre la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo: por un lado introduciendo elementos de racionalidad en el acceso a la jubilación parcial vinculado al contrato de relevo, pero por otro lado, siendo conscientes de que en la realidad de las relaciones laborales y en la realidad productiva el contrato de relevo es una figura, una modalidad de contratación que está en el Estatuto de los Trabajadores y que responde a unas demandas reales de, en unos supuestos rejuvenecimiento de plantillas, incorporación de población más joven al mercado laboral vinculada a la jubilación parcial de trabajadores en la mayoría de los casos con largas carreras de cotización, que de no ser así, de no existir esta figura del contrato de relevo y la jubilación parcial a él vinculado, seguramente irían abocados a jubilaciones anticipadas, con amortización de los puestos de trabajo. Con la jubilación parcial y el contrato de relevo se produce el efecto de favorecer los requerimientos de muchos sectores de la actividad productiva manteniendo una situación, a nuestro juicio, de equilibrios en el Sistema de Seguridad Social, porque no hay que olvidar que esa jubilación parcial se ve acompañada del mantenimiento como activo y como cotizante del trabajador relevista. Por tanto, desde nuestro punto de vista, lo buscado en este Acuerdo ha sido la introducción de medidas de mayor exigencia en cuanto a los requisitos para acceder a la jubilación parcial, aplicándolas de forma gradual y progresiva, de manera que, allí donde existen compromisos en acuerdos colectivos y programas de jubilación parcial con contrato de relevo, se puedan llevar a la práctica y se puedan cumplir esos compromisos sin que se perjudique el Sistema de Seguridad Social, pero sin que tampoco se perjudiquen las expectativas y los acuerdos pactados por los interlocutores sociales.

Hay alguna medida necesaria en materia de incapacidad temporal, pero habrá que seguir trabajando en el control y la mejora de la gestión de la incapacidad temporal. El Sistema tiene retos en relación a la gestión de esta prestación, existen problemas, proble-Page 268mas significativos que se derivan fundamentalmente de las diferentes administraciones que gestionan la prestación: la administración sanitaria, que es elemento determinante y fundamental en el nacimiento, evolución y permanencia en la situación de baja y la administración económica, sea el INSS o sean las entidades colaboradoras, con herramientas de gestión en las que se van introduciendo mejoras pero que, hasta ahora, desde nuestro punto de vista, resultan insuficientes.

El conjunto de medidas acordada en nuestra opinión, va a seguir contribuyendo a que el Sistema continúe avanzando, con mayores apoyos para su sostenibilidad financiera, de manera compatible con la creación de empleo y con la competitividad de las empresas. A nosotros nos gustaría que este acuerdo, cuando deba desarrollarse en el Parlamento, cuando el marco jurídico que lo acoja llegue al Parlamento, goce del máximo consenso político. Yo sé que ayer, ha habido representantes de partidos políticos que han sido muy críticos y han puesto en cuestión incluso la legitimidad de las organizaciones empresariales y sindicales para la suscripción de un Acuerdo en materia de Seguridad Social. Lógicamente no se debe realizar una valoración, en esos mismos términos, sobre lo que en ocasiones hacen los grupos parlamentarios, aunque comparto el criterio de CCOO en cuanto a que, aun siendo comprensible, existe desde el punto de vista político la tentación de que, cuando hay excedentes, tener la voluntad de realizar incrementos en el gasto social. Las Organizaciones Empresariales y, creo que también las Organizaciones Sindicales, cuando abordamos medidas de reforma en el Sistema de Seguridad Social, hasta ahora, siempre lo hemos hecho en un ejercicio de responsabilidad que trasciende lo que serían nuestros legítimos intereses de parte y yo creo que esa misma responsabilidad en términos de evaluar los efectos sobre el Sistema de determinadas medidas, no siempre la encontramos en algunas propuestas que se hacen desde los grupos políticos. En cualquier caso, nosotros consideramos, que estamos absolutamente legitimados para opinar y para ser interlocutores en materia de Seguridad Social, no solamente porque nuestra Constitución reconoce ese papel de las Organizaciones Empresariales y Sindicales, sino desde la posición de representantes de las empresas que son las financiadoras, en más del 82%, de los recursos del Sistema de Seguridad Social. Por ello, somos parte de este diálogo social que se ha traducido en el Acuerdo y también creo que estamos legitimados para desear el máximo consenso en el ámbito parlamentario.

Las reformas necesitarán un eficaz procedimiento de evaluación y seguimiento. Es difícil medir, a corto plazo, el impacto de las medidas que se introduzcan, pero deberíamos, y así nos hemos comprometido todos en el Acuerdo, hacer ese esfuerzo de seguimiento en estos años para debatir, medir y evaluar qué ocurre con nuestro Sistema de Seguridad Social y avanzar en reformas que favorezcan la sostenibilidad del mismo para generaciones futuras.

Muchas gracias por su atención.

Muchas gracias. Mis primeras palabras son de gratitud hacia la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, organizadora de este Seminario que ya se ha convertido en un clásico anual de éxito y de público. También quiero expresar mi agradecimiento a todos los participantes en esta sesión, reconociéndoles un debido mérito a que sigan ustedes con tanta fidelidad nuestras intervenciones.

Yo intentaré ser breve, y por ello, un tanto conclusivo en mi exposición, porque pretendo dejar para el posterior coloquio la ampliación, la discusión o el debate sobre los puntos de vista de nuestra Confederación en esta materia.

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Está claro que para CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la prioridad y la atención que merece el Sistema de la Seguridad Social es obvio. Así lo hemos venido demostrando desde nuestra creación y a lo largo de toda nuestra trayectoria institucional desde nuestro propio nacimiento, ya que ese Sistema desempeña una función primordial en las vidas de todos los ciudadanos, de las familias, de las empresas y en la consolidación del progreso económico y social de toda nuestra sociedad. Es, sin duda, el más importante instrumento de transferencias sociales con el que cuenta la ciudadanía española, y por ello una herramienta fundamental de cohesión de la sociedad española, a cuya financiación por otra parte contribuimos de modo preponderante las empresas. Solamente a modo de recordatorio, el cuadro de financiación del Sistema vía ingresos o el cuadro de gastos totales y su desglose por coberturas de las diferentes contingencias creo que proporciona una imagen tanto cuantitativa como cualitativa representativa de lo que les acabo de decir.

En definitiva, los sistemas de protección social tienen una importancia absolutamente crucial, tanto en España como en toda Europa.

Por eso, en toda Europa los sistemas de protección social merecen también una atención prioritaria desde las instancias competentes de la Unión Europea y de los diferentes Estados Miembros. Ya en 1999, en una Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, denominada «Una estrategia concertada para modernizar la protección social» se decía textualmente «Los sistemas de protección social se enfrentan actualmente a una serie de retos comunes, que requieren la necesidad de adaptarse a un mundo de trabajo en cambio, a las nuevas estructuras familiares y a las convulsiones demográficas de los próximos decenios».

En Europa, los Sistemas Públicos de Seguridad Social, tanto en las situaciones de partida como en los objetivos a conseguir, suelen ser coincidentes tanto a nivel europeo como a nivel nacional: situaciones de presente o inmediato futuro, más o menos críticas, que imponen la necesidad de adaptar y racionalizar efectivamente los sistemas de protección social, como única vía de asegurar su viabilidad y pervivencia.

Los distintos documentos de la Unión Europa y muchos Estados Miembros, ponen de manifiesto la necesidad de mantener y consolidar ese modelo de protección social que viene a coincidir con el llamado modelo social europeo, siendo preciso a tal fin la adaptación a contextos socioeconómicos distintos de aquéllos en los que tales sistemas fueron inicialmente creados, de modo que puedan armonizarse las políticas económicas acordes con un crecimiento económico sano y sostenido, y con la capacidad de competir de nuestras empresas.

En términos generales, se ha reconocido que una parte integrante del modelo social europeo está constituida por unos sistemas de protección social sólidos. La protección social contribuye a facilitar la capacidad de adaptación profesional y a conseguir mejores resultados económicos. La protección social es, pues, un factor productivo.

En estos documentos, como en la mayor parte de los trabajos técnicos sobre esta materia, se destacan cuatro grandes cambios que se dan en nuestra sociedad actual y son factores determinantes en el futuro de los sistemas de protección social:

En primer lugar, las nuevas formas de vida y organización laboral. Las diferentes tasas de creación de empleo en los sectores agrario, industrial o de servicios, la transformación de las estructuras de cualificación profesional, el acortamiento de la vida profesional por la mayor dedicación a los procesos de educación y formación o por elPage 270 abandono temprano de la vida laboral, distintos modelos de carreras profesionales, entre otras circunstancias, son aspectos que han incidido en la definición de un nuevo modelo de vida laboral más diverso, más flexible y más variable.

Otra segunda característica, con incidencia en los sistemas de protección social, es la evolución de la participación de hombres y mujeres en la vida profesional, pues parece claro que la progresiva participación de la mujer en el mercado de trabajo plantea nuevas situaciones y exigencias en materia de protección social.

En tercer lugar, los cambios demográficos como el envejecimiento de la población, con incrementos muy importantes de la población de edad avanzada respecto de la población en su conjunto, puede poner en situaciones críticas la viabilidad al sistema de pensiones, y fuerza a acelerar el ritmo de reforma de los mismos. También genera una mayor demanda de atención sanitaria y de servicios sociales cuya gestión y financiación añaden situaciones de dificultad a la mayor parte de los sistemas de protección social, tal y como hoy están estructurados y concebidos.

La tendencia al envejecimiento de la población europea sigue estando presente en la UE de los 25, aun cuando la población de los nuevos Estados Miembros de la UE es algo más joven que la de la UE de los 15. El rejuvenecimiento moderado y de corta duración de los diez nuevos países dará pronto lugar a un proceso de envejecimiento más acentuado, como se reconoce en el Informe de la Comisión al Consejo sobre la situación social en la Unión Europea de 2004.

Ese envejecimiento se debe a la tendencia a la baja tasa de fertilidad en casi todos los Estados Miembros, al incremento de la esperanza de vida (sobre todo en los países de la UE de los 15), como consecuencia de la mejora de los estilos de vida, de los progresos médicos y de la tendencia a la baja del nivel de mortalidad de los países de la UE de los 15.

Por último, el aumento de la inmigración neta puede ayudar a remediar el desequilibrio debido a estos cambios demográficos compensando las carencias de mano de obra. Sin embargo, las sociedades sólo podrán aprovechar estas ventajas potenciales si se crean las condiciones precisas para integrar a los inmigrantes en el mercado de trabajo a la vez que en la sociedad en general.

A modo de consideración resumida del panorama internacional en materia de protección social, podemos concluir que en los Sistemas de Seguridad Social -con base financiera de reparto y gestión pública de sus prestaciones- la práctica totalidad de los países de la Unión Europea ha introducido, sigue introduciendo, y va a continuar haciéndolo, modificaciones muy importantes, dirigidas tanto al ámbito de las prestaciones como al de su financiación.

En la realidad española los procesos de reforma se han establecido sobre la base del consenso político y social iniciado con los Pactos de Toledo. Esta dinámica se ha venido manteniendo con la renovación del Pacto de Toledo en 2003, con el Acuerdo para el Diálogo Social de 2004, y con el que acabamos de suscribir la pasada semana sobre medidas de mejora.

La renovación del Pacto de Toledo establece en sus conclusiones la importancia del diálogo con los agentes sociales y económicos. Por otro lado en la declaración para el diálogo social de julio de 2004, gobierno e interlocutores sociales establecemos el objetivo común de alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, de calidad en el empleo y de bienestar social a través de la concertación.

Las Recomendaciones del Pacto de Toledo han sido objeto de un amplio desarrollo, y puede ser un referente de utilidad paraPage 271 expresar nuestras reflexiones o propuestas de futuro.

Las dos primeras Recomendaciones, separación y clarificación de las fuentes de financiación y constitución de reservas, marcan el objetivo de clarificar y racionalizar las fuentes de financiación del Sistema de modo que las cotizaciones sociales financien únicamente las prestaciones contributivas, lo que facilitaría que en épocas de auge o bonanza económica permitieran las pertinentes mejoras de prestaciones, a la vez que producir disminuciones significativas de cotizaciones, y constituir reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos, a los cuales son extraordinariamente sensibles los Sistemas de Reparto puro como lo es el Sistema de Seguridad Social español.

En materia de separación de fuentes de financiación entendemos que no se ha culminado el horizonte previsto en las referidas Recomendaciones.

Al ser una de las características de nuestro Sistema de Seguridad Social la universalización de un mínimo de prestaciones, se haya cotizado o no, resulta imprescindible la clara y definitiva separación de las fuentes de financiación de los dos subsistemas: el contributivo, a través de cotizaciones y el asistencial, incluyendo los complementos a mínimos, a través de los impuestos, por cuanto éstos son la forma adecuada de ejercitar la solidaridad social

En efecto, el gasto sanitario público ya se financia totalmente con impuestos, pero todavía se continúan financiando con cotizaciones sociales los complementos de mínimos de las pensiones. Reiteramos la necesidad de consolidar el proceso de separación de fuentes de financiación del Sistema de Seguridad Social, en función del carácter contributivo o asistencial de las prestaciones por considerar tal separación una de las reformas estructurales más significativas para consolidar el Sistema de Seguridad Social y garantizar su viabilidad financiera.

Creemos que está todavía pendiente adaptar la financiación de nuestro Sistema de Protección Social a la media europea en cuanto a las cuantías y estructura que representan las cotizaciones empresariales, las aportaciones del Estado con cargo a impuestos, y la participación de los asegurados en la financiación de la Seguridad Social española.

El desarrollo de las recomendaciones en materia de cotizaciones sociales, y pese a que en el reciente Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo se contempla una reducción de las cotizaciones empresariales al Fondo de Garantía Salarial y por desempleo, ha producido que la presión contributiva de las mismas no haya disminuido, ya que en paralelo se han producido incrementos sostenidos en las bases mínimas de cotización, medidas legislativas para aumentar más que proporcionalmente las bases máximas para aproximarlas a los salarios reales, que han comportado incrementos significativos de los costes sociales con carácter adicional a los incrementos salariales y del IPC.

La estructura de financiación de la protección social española descansa en exceso en los impuestos sobre el empleo que son en esencia las cotizaciones sociales, y el rendimiento positivo que este tipo de financiación procura en los momentos de auge económico se transforma en dificultad exponencialmente negativa en las fases de estancamiento o recesión relativas. Los mecanismos de indiciación incorporados a ciertas prestaciones de nuestro Sistema de Seguridad Social, pueden generar situaciones de desequilibrio, con especial dificultad en los momentos menos favorables del ciclo económico.

Siguiendo el espíritu de la última Recomendación del Pacto de Toledo, y con el objetivo de obtener el deseable equilibrio financiero del Sistema a medio y largo plazo, debería elevarse a la condición de máxima prioridad la mejora de la competitividad de nuestras empresas y el mantenimiento del empleo y la búsqueda de fórmu-Page 272las que propicien y favorezcan su crecimiento futuro, porque el empleo constituye el primer y principal elemento que garantiza la sostenibilidad y vialidad futura de nuestro Sistema de Seguridad Social.

La experiencia ha hecho evidente que la introducción de mayores cotas de flexibilidad en las relaciones laborales, unido a políticas de reducción de los costes laborales indirectos, se traduce de forma efectiva y comprobada en la creación de empleo.

Por otra parte, es unánime la posición de las instituciones más especializadas y prestigiosas en materia económica, de empleo y protección social, recomendando de manera insistente que la reducción de los costes laborales no salariales constituye una política especialmente apropiada para favorecer la creación de empleo, así como la conveniencia de mejorar el marco legislativo regulador de la previsión social complementaria para hacerlo practicable sobre todo en el ámbito de las pymes.

Se han hecho esfuerzos positivos, como reflejan los siguientes datos de la realidad socioeconómica española:

* La renta per cápita española se sitúa en el 90,7 por ciento de la media comunitaria (UE de los 15).

* El déficit público se ha ido reduciendo hasta alcanzar en 2005 un superávit del 1,1 por ciento.

* La inflación alcanzó la cifra 3,4 por ciento, siendo esta variable la que a la economía española le resulta más difícil aproximar a la media comunitaria.

* La tasa de empleo ha ido mejorando en los últimos años hasta situarse en el 52,1 por ciento en 2005.

* Ese incremento del empleo se ha visto reflejado en el aumento de afiliados a la Seguridad Social que, a diciembre de 2005, alcanzó la cifra récord de 17.835.000 afiliados.

* La tasa de paro, que se situaba en 1994 en un 16,5 por ciento de la población activa, ha ido disminuyendo a lo largo de los 10 últimos años hasta llegar al 9,2 por ciento en 2005.

Pero esta situación no debiera inducirnos al error de pensar que ya no existen problemas en nuestro Sistema de Protección Social, o que si existen, son de tono menor.

Creo que debemos reflexionar para continuar buscando soluciones operativas y eficaces a medio y largo plazo, en un debate sereno, racional y profesional, que, desde el conocimiento detallado de la situación financiera actual de todo el Sistema de Protección Social español, permita afrontar las reformas necesarias para asegurar la viabilidad y el fortalecimiento futuro de nuestra Seguridad Social.

En este sentido, el trabajo desarrollado en las Mesas de Diálogo Social y, en concreto, en la mesa de Protección Social ha culminado con la firma del Acuerdo de Medidas de Reforma de la Seguridad Social.

Aunque no supone una reforma en profundidad, pretende dar un paso en la dirección correcta para asegurar la viabilidad futura del Sistema y compatibilizar la mejora de las prestaciones con el necesario equilibrio financiero.

Así, se contemplan medidas en el ámbito de la acción protectora derivada de las prestaciones económicas contributivas con la finalidad de incrementar la correspondencia entre cotizaciones y prestaciones u otras con el objetivo de adecuar la jubilación a la realidad actual, adoptando medidas en línea con las orientaciones de la Unión Europea y otros Organismos Internacionales para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral. También se establecen reformas en la estructura del Sistema de Seguridad Social, en elPage 273 marco de las recomendaciones 3ª y 6ª del Pacto de Toledo encaminadas a la equiparación en prestaciones y obligaciones de los cotizantes, como exigencia de la equidad que debe presidir el Sistema.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa reitera su compromiso de participar en cuantas ocasiones se nos solicite, para transmitirles nuestros puntos de vista, y en especial, transmitirles el deseo, la voluntad y el compromiso de CEPYME de participar activamente en todos los procesos de reflexión, diálogo o negociación que tengan por objeto directo o indirecto la Seguridad Social.