Mesa Redonda con los Interlocutores Sociales

Buenas tardes. El Sistema de Seguridad Social además de ser un instrumento de redistribución de riqueza de primer orden, tiene también otras valiosas aportaciones como es ser un elemento de estabilidad económica que limita los efectos negativos de los ciclos y su impacto en la actividad productiva. Además también es un motor de cohesión social y económica. Todas estas propiedades del sistema de Seguridad Social han hecho que Comisiones Obreras, desde hace muchos años, haya adoptado un compromiso con el sistema para mantenerlo y mejorarlo, sobre todo en lo que hace referencia al sistema de pensiones, a mantener las características de un sistema público de reparto y también con una componente de solidaridad para con los trabajadores con vida laboral irregular.

Este compromiso de Comisiones Obreras, que como decía viene de hace muchos años, se ha acentuado desde la crisis económica del año 1993 que dio lugar a la constitución del Pacto de Toledo. Fue el momento en el que nuestro sistema alcanzó una cierta maduración y recibió unos fuertes embates para intentar cambiar el sistema de reparto por uno de capitalización.

A partir de ese momento, Comisiones Obreras ha participado en todos los acuerdos a que han dado lugar las recomendaciones del Pacto de Toledo, el del 1996, el de 2001 y 2006, y ha sido firmante de todos ellos. Esto habla de la confianza que tiene Comisiones Obreras en este procedimiento consensuado entre los partidos políticos parlamentarios, el Gobierno y los interlocutores sociales para determinar las modificaciones necesarias en materia de pensiones para ir adaptando el sistema a los cambios laborales, a los cambios sociales y, en este momento, también a los cambios demográficos.

Sin embargo, en la actualidad nos preocupa profundamente que el Gobierno haya quebrado este procedimiento consensuado, presentando en el Parlamento un documento sobre Revisión del Pacto de Toledo, a la vez que presentó una actualización del Programa de Estabilización 20092013, en la Unión Europea, ambas propuestas incluyen elementos de modificación del sistema de pensiones, como son incrementar la edad de jubilación a los 67 años y ampliar el período de 15 años de cotización, que se tiene en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión.

Por último, otra interferencia, otra quiebra de este procedimiento, ha sido que en el Real Decreto de ajuste del déficit público, se incluyó la congelación de las pensiones para el año 2011.

Sin embargo, hay que tener claro que la salida de la crisis y la modificación de las pensiones son debates diferentes.

La salida de la crisis requiere de una reactivación económica y de un cambio de nuestro modelo productivo, tema en el que Comisiones Obreras lleva incidiendo muchos años, diciendo que nuestra dependencia tan determinante del turismo y de la construcción, con empleos de baja cualificación y bajos salarios, no nos permitía un crecimiento y una competitividad con el resto de los países.

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Como decía, el Gobierno con estas medidas que ha adoptado en los últimos meses, ha subordinado los intereses del sistema de pensiones a las exigencias de la Unión Europea para tranquilizar a los mercados financieros con medidas que ayuden a rebajar el déficit público.

Tenemos muchas dudas sobre el acierto de las medidas adoptadas en España y en otros países europeos, eminentes economistas y expertos dicen que nos estamos equivocando, que estas medidas de ajuste de déficit público tan duras lo que van a hacer es alargar la crisis económica, y se está viendo en el caso irlandés, donde han adoptado este tipo de medidas, y no mejoran, no ha supuesto una activación económica que permita predecir una futura salida de la crisis.

Por otra parte, se ha dicho todos estos días, el sistema de pensiones tiene suficiencia económica. Este año 2010, a pesar de la gravedad de la crisis económica y de la disminución de afiliación, va a acabar el año con un cierto superávit. También es posible, según nos dijo el Secretario de Estado, se produzca superávit en el 2011. Sin olvidar que el sistema de pensiones se ha venido utilizando para reducir e incluso eliminar el déficit público del Estado.

Por otra parte contamos con el Fondo de Reserva. Todas estas circunstancias nos conceden un plazo suficiente para realizar las reformas precisas con sosiego y con el consenso necesario, adoptando las medidas que nos permitan abordar en las próximas décadas el reto demográfico y también los cambios en el mercado laboral y en los modelos de familia.

Comisiones Obreras hace votos para que el Pacto de Toledo, en un plazo breve de tiempo, realice unas nuevas propuestas para abordar estas modificaciones y, Comisiones Obreras se compromete a alcanzar, en un plazo razonable, un acuerdo en la Mesa de Dialogo social.

Los objetivos fundamentales del sistema de pensiones, para Comisiones Obreras son, alcanzar la máxima cobertura de la población, que las pensiones sean suficientes para mantener el mismo nivel de vida que tenía el trabajador cuando estaba en activo y, por otra parte, también asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.

Para nosotros la financiación del sistema debe realizarse fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales, aunque siempre se mantenga la garantía del Estado, ya que las prestaciones son un derecho subjetivo, y también estamos abiertos a que ciertos ámbitos de la protección social se financien con impuestos generales.

Somos partidarios de que la financiación sea fundamentalmente a través de cotizaciones sociales, porque pensamos que es una garantía para que la cuantía de las pensiones, de la pensión que consigue el trabajador cuando se jubila, se corresponda al esfuerzo contributivo que ha realizado a lo largo de su vida laboral, cuestión que creemos no estaría tan asegurada si la financiación de las pensiones, en una parte fundamental, se hiciera a través de impuestos generales.

Por otra parte, pensábamos y, seguimos pensando, que una financiación fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales excluiría a las pensiones de los avatares de una crisis económica como la que vivimos en la actualidad. Vemos que no ha sido así en su totalidad, pero creemos que la razón y la legitimidad amparan nuestra argumentación sobre la no utilización del sistema de pensiones para fines ajenos a sus fines.

Para conseguir que la financiación sea fundamentalmente a través de las cotizaciones sociales, propugnamos que se mantengan los tipos de cotizaciones actuales, porque el coste de las cotizaciones sociales en España está en la media de la Unión Europea. En un salario de 20.000 Euros al año, un punto de rebaja supondría un beneficio adicional para el empresario de 200 Euros al año.

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La disminución de costes salariales derivados de cotizaciones sociales supondría una transferencia de rentas del trabajo a excedente empresarial afectando a la distribución de la renta. Desde el año 2000 los costes salariales han disminuido su peso en el Producto Interior Bruto del país, repercutiendo en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

En definitiva la mejora de la competitividad de nuestra economía no depende de la rebaja de cotizaciones, porque realmente es un beneficio bastante magro para el empresario, pero la sostenibilidad de nuestro sistema de protección sí que puede depender del mantenimiento de las cotizaciones.

Otras medidas para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones son: la separación de fuentes de financiación, todavía los complementos a mínimos y otras cuestiones como el gasto de personal se financian con cotizaciones sociales, lo que supone 7.000 millones de Euros al año; incrementar las bases mínimas y máximas de cotización, la carta de Derechos Sociales de la Unión Europea establece que la base mínima debería estar en el 60% del salario medio neto, y ésa es nuestra propuesta; en cuanto a las bases máximas también propugnamos que se puedan incrementar ligadas a las pensiones máximas, aunque sin disminuir, o incluso se podría aumentar, el diferencial que existe entre la base de cotización máxima y la pensión máxima, que en la actualidad está por encima de los 600 Euros al mes.

Otra cuestión importante es la mejora de las tasas de actividad de los jóvenes, a través de una incorporación más temprana al mercado laboral, y de las mujeres. Las mujeres deben poder conciliar la vida laboral y familiar y para ello, como ya se ha dicho también ayer, hay que mejorar sustancialmente los servicios sociales, prioritariamente las escuelas infantiles, también mejorar las prestaciones económicas y regular que las excedencias para el cuidado de menores y dependientes sean periodos cotizados. Además de completar el desarrollo del sistema de atención a la dependencia.

Hay que conseguir que las mujeres tengan vidas laborales similares a las de los hombres. Una incorporación importante de las mujeres al mercado laboral, en iguales condiciones que los hombres, nos permitiría revisar el modelo de pensiones de viudedad. En este momento el coste de las pensiones de viudedad más las de orfandad representan el 20% del gasto del sistema.

En esta revisión del modelo habría, desde luego, que eliminar o por lo menos moderar la compatibilidad de las pensiones de viudedad con las rentas del trabajo, ver la posibilidad de ampliar más las pensiones temporales, incluso una vez que fueran las pensiones de viudedad un número residual, se podría estudiar una financiación impositiva liberando este coste de las cotizaciones sociales.

Otro tema fundamental para la mejora de la sostenibilidad del sistema es reforzar la contributividad y la equidad del sistema. Hay que tener mayor relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización que ha hecho el trabajador a lo largo de la vida, aunque siempre preservando la componente de solidaridad en los casos que sea necesario.

Para avanzar en esta dirección, entre otras medidas, hay que dificultar la planificación personal de las carreras de cotización, por ejemplo en los trabajadores autónomos que elevan mucho sus bases de cotización en los últimos 15 años de actividad.

También es importante que se financien a través de la fiscalidad los costes derivados de las políticas activas y desajustes del mercado laboral. Estaríamos hablando, en este caso, de los ERE’s y también sería interesante revisar los costes que supone la jubilación parcial, que en la actualidad están recayendo en exclusiva sobre el sistema de Seguridad Social. Se podrían estudiar otro tipo de pro SUMARIO

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puestas, como repartir los costes de la jubilación parcial entre el empresario, el trabajador y la Seguridad Social.

Sigue pendiente de resolver la cotización en los regimenes especiales, como por ejemplo el Régimen Especial Agrario. El Régimen Especial Agrario, con aproximadamente 800.000 trabajadores, tiene unos tipos de cotización reducidos, por lo que el sistema asume la diferencia entre la recaudación del régimen y el coste de las prestaciones generadas. Si los tipos de cotización reducidos se mantienen porque, en opinión de los empresarios del sector, un acercamiento a los tipos de cotización del Régimen General pondría en peligro la viabilidad económica del sector, habría que buscar otras vías alternativas de financiación.

Para concluir realizaré unos comentarios sobre las reformas paramétricas que se proponen en la nueva revisión del sistema de pensiones. Una de ellas, como decía, es el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Nosotros, desde Comisiones Obreras, pensamos que todavía hay un espacio para seguir acercando la edad real de jubilación, que está en 63,8 años, hasta la edad ordinaria a los 65 años, hay que intentar que todos los trabajadores acerquen más la edad real a la edad ordinaria de jubilación de forma voluntaria, incentivando la utilización de la jubilación flexible.

Por otra parte, el incrementar la edad de jubilación a los 67 años, conllevaría una falta de equidad con algunos colectivos muy llamativa. El otro día se comentaba aquí el caso de los trabajadores de clases pasivas que pueden jubilarse a los 60 años, en algunos casos con una indemnización. Es cierto que las pensiones de clases pasivas no se pagan con cotizaciones sociales si no por imposición general. Pero además de trabajadores todos somos contribuyentes y resulta discriminatorio que algunos trabajadores puedan jubilarse a los 60 años y otros tengan que esperar hasta pasados los 65 años, siempre que el retraso hasta los 67 se haga de forma gradual.

En sentido contrario en CCOO apostamos por el fomento de la flexibilidad en el acceso a la jubilación. Creemos que se debe de generalizar la posibilidad de jubilarse anticipadamente a todos los trabajadores, siempre que se le apliquen los coeficientes reductores que permitan que los años que se adelanta la jubilación sean neutros financieramente para el sistema. Si un trabajador opta por jubilarse antes y acepta percibir una pensión menor durante el resto de su vida, no debería haber impedimento legal para que pueda elegir, dentro de los limites legalmente previstos, jubilarse de acuerdo con sus circunstancias personales.

Complementariamente se debe seguir incentivando la prolongación voluntaria de la edad de jubilación para las personas que escojan seguir trabajando después de los 65 años.

Otra cuestión a tener en cuenta en relación a la edad de jubilación, tal como explicó el lunes Fernández Cordón, es la diferencia existente en la esperanza de vida en diferentes profesiones. Del acuerdo de pensiones de 2006 hay tres temas que no se han cerrado: la convergencia de los trabajadores del Régimen Especial Agrario, la convergencia del Régimen Especial de Empleadas de Hogar, y el establecimiento de un procedimiento general que permita aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación en los casos de actividades penosas, tóxicas y peligrosas.

La otra reforma paramétrica de la que se habla, es la ampliación del período del cálculo de la pensión. En el modelo actual, en donde se tienen en cuenta los 15 últimos años de cotización, realmente se beneficia a las carreras laborales tradicionales, en las que un trabajador empezaba su vida laboral con unos salarios más bajos y en los últimos años de su vida laboral era donde tenía los salarios más altos. Sin embargo sabemos que estas carreras tradicionales cada vez van a ser más escasas. Por otra parte este sistema también penaliza a los trabajadores que son expulsa

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dos del mercado laboral en los últimos años. En definitiva, el modelo actual tiene aspectos positivos y otros no tanto, por lo tanto creemos que se deben estudiar todas las posibilidades en cuanto a cómo debe, en el futuro, calcularse la pensión.

Comisiones Obreras está dispuesto a considerar en la mesa de diálogo social todas las propuestas que realice la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, para asegurar su sostenibilidad y para asegurar la permanencia de sus características en cuanto a sistema público de reparto y solidaridad.

Por otra parte para minimizar los posibles efectos perjudiciales en cualquier reforma, es necesario que ésta se haga con la suficiente gradualidad para no quebrar las expectativas de los trabajadores que ya están próximos a la jubilación.

Sin olvidar que el consenso político y de los interlocutores sociales es fundamental para que las reformas mantengan la confianza en el futuro del sistema, especialmente, en el caso, de los trabajadores más jóvenes.

Muchas gracias.

Buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi exposición, querría agradecer a la Universidad Menéndez Pelayo y a los organizadores de este curso su invitación a la Unión General de Trabajadores.

Hablemos de pensiones. Mis primeras palabras, las quería utilizar para poner en verdadero valor la actitud y la responsabilidad de las organizaciones sindicales españolas. La coherencia, la seriedad y el rigor con que defienden la permanencia y mejora de aquella Seguridad Social que fue configurada como un mecanismo de protección y aseguramiento de la calidad de vida de los más necesitados.

En mi opinión, el compromiso de las organizaciones sindicales frente a la adaptación y mejora del sistema público de pensiones no puede ponerse en duda, y quienes nos tachan de mantener una posición inmovilista y dicen que ésta «llevará a la muerte por inanición del sistema público de pensiones», así lo he oído, tan sólo tienen que recordar, y no se tienen que alejar mucho en el tiempo, algunas de las medidas contenidas en el Acuerdo de Julio del 2006 de medidas en materia de Seguridad Social, donde por ejemplo, se acordó el endurecimiento de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.

En definitiva, quería resaltar que las organizaciones sindicales en España y en concreto, la organización sindical a la que yo represento, la Unión General de Trabajadores, no es ajena hoy ni tampoco lo fue en el pasado a las preocupaciones surgidas de la evolución demográfica y sus posibles efectos. Nadie pone en cuestión que los sistemas de protección social, y muy especialmente los sistemas de pensiones, tendrán que afrontar en el futuro el reto de pagar más pensiones y durante más tiempo, como consecuencia del envejecimiento demográfico y del aumento de la esperanza de vida, pero sin embargo y, lógicamente, nuestro posicionamiento se distancia de aquellos que asentados en el catastrofismo y en base a predicciones a 50 años, sostienen la inviabilidad de nuestro sistema de pensiones, si no se toma de forma urgente y drástica, dicen, una serie de medidas, que en nuestra opinión sólo se encaminan exclusivamente a la reducción de los gastos sociales, lo cual no nos engañemos, supone o va a suponer una reducción de las prestaciones sociales y de la intensidad de éstas.

Es decir, propuestas como retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, además de suponer un recorte en la pensión media de jubilación, para nosotros resulta una medida

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innecesaria, básicamente por dos motivos: primero, porque en nuestro país tenemos unas de las edades reales de jubilación más altas de Europa, son 63 años y 10 meses, y segundo, porque a nuestro modo de ver resulta más justo, más lógico, seguir apostando por el fomento y mejora de la prolongación de la jubilación voluntaria, más allá de los 65 años. Esta figura, que está establecida en la Ley General de Seguridad Social, no supone ningún recorte de derechos sociales y además contribuye a la sostenibilidad del sistema. Les voy a dar algún dato al respecto: en el año 2009 las jubilaciones demoradas, las jubilaciones más allá de los 65 años, se incrementaron un 40% en comparación con las del 2008.

Por lo tanto, si unimos la prolongación voluntaria de la actividad laboral más allá de los 65 y la evolución que ha tenido la edad real de jubilación en estos ocho últimos años creo que Octavio dijo ayer que en los ocho últimos años había aumentado dos años la edad real, posiblemente en cinco u ocho años nos podríamos encontrar con una edad real de jubilación en torno a los 67 años, sin falta de que sea obligatoriamente legislada o impuesta.

Hemos hablado del retraso de los 65 a los 67, pero igual de innecesario, y para nosotros perjudicial, es la medida o la propuesta de aumentar el período para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, manteniendo el resto de su configuración legal. Y es que ya hay estudios que concluyen o que afirman que, aumentar el período de cálculo de 15 a 20 años supondría una reducción de la pensión media de más del 3,5%.

Bien, ha dicho mi compañera Blanca que esta medida posiblemente mejoraría las pensiones de los despedidos al final de su vida laboral. Puedo estar de acuerdo, pero bajo mi punto de vista o desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores entendemos que esta medida o esta propuesta perjudicaría notablemente a las pensiones de aquellos colectivos, fundamentalmente jóvenes, que tienen carreras de seguros inestables y que verían reducida la cuantía de la pensión de jubilación si se implanta finalmente esta propuesta.

Lógicamente, como he dicho antes, la Unión General de Trabajadores se aparta y se distancia de estas propuestas. Aceptamos la necesidad de afrontar los desafíos que recaen sobre el estado de bienestar como consecuencia, fundamentalmente, del reto demográfico, pero rechazamos aquellos planteamientos que sitúan las prioridades de reforma exclusivamente en la reducción de la cuantía de las pensiones y que suponen, por tanto, un recorte en las prestaciones y en la protección social de los presentes y futuros pensionistas. En nuestra opinión los retos económicos y demográficos no se resolverán a través de la reducción, sino a través de la creación de empleo de calidad, del aumento de la productividad, por medio del incremento de los ingresos del sistema y poniendo en una posición principal el principio de justicia social y solidaridad que debe regir nuestra Seguridad Social.

En definitiva, para la Unión General de Trabajadores la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones depende del reforzamiento del mismo. Por ello, y aun compartiendo la necesidad de asegurar esta sostenibilidad mediante la adopción de medidas que pudieran aminorar la tendencia al desbordamiento del gasto en determinadas prestaciones, entendemos que ello pudiera ser perfectamente compatible con la mejora de las prestaciones en el momento presente, y en este sentido, para nosotros, lo razonable sería atender a cinco cuestiones esenciales.

La primera, realizar un esfuerzo para dignificar las prestaciones y los servicios dirigidos a las familias, y conciliar mejor la vida laboral y familiar. Y es que tenemos que tener presente que la protección a las familias en España sigue estando hoy todavía muy alejada de países como Francia o Alemania donde el gasto en protección a las familias en relación al PIB es del doble.

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Segundo, entendemos que es necesario que se estudien y analicen la oportunidad de nuevas fuentes complementarias de financiación de la Seguridad Social. En este sentido, para nosotros es importante que primero se consiga que el 100% de los complementos a mínimos sean financiados por medio de aportaciones públicas y segundo, como ha dicho mi compañera, que con cotizaciones sociales no se continúen financiando prestaciones que deberían financiarse con recursos públicos.

En tercer lugar, para nosotros es necesario que se realice un esfuerzo por la mejora del salario mínimo interprofesional.

En cuarto, que se continúe la mejora de las cuantías de las pensiones mínimas.

Quinto, las pensiones medias también tienen que ser elevadas. Y es que, un ejemplo, la pensión media de jubilación se sitúa actualmente en 882,27 Euros, y la pensión media del sistema es de 778,14 Euros mensuales. Ambas por debajo del salario mediano bruto que se sitúa, según la Encuesta de Estructura Salarial, en 1.194,17 Euros. Esto nos dice, o esto ocasiona que hoy en España el 40% de pensiones se encuentran amenazadas por el riesgo de pobreza.

La solución, por tanto, no puede pasar por la reducción de su cuantía y máxime, y les doy otro dato, cuando según la Encuesta de Condiciones de Vida en el 36% de los hogares españoles, el 36% de los hogares españoles, viven de una única fuente que es la obtención de una pensión.

Para concluir, y ya acabo, me gustaría hacerlo con palabras de Cándido Méndez en su última comparecencia en el Pacto de Toledo, Cándido Méndez dijo lo siguiente: «Ante el cambio de rumbo colectivo de los gobiernos europeos, quiero resaltar la responsabilidad y el valor con que debemos responder los representantes de los partidos políticos, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales para preservar y garantizar que los pilares del estado del bienestar, pensiones, sanidad, educación, no se vean debilitados como consecuencia del viraje de la mayoría de gobiernos europeos hacia el ajuste fiscal y la disminución de los gastos públicos que incluye el empleo, los salarios y las pensiones, en un momento en el que la economía europea sigue siendo frágil y vulnerable ante una nueva recesión».

Muchas gracias.

Hola buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar la oportunidad que se me brinda aquí de transmitir como representante CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, el punto de vista de nuestra organización sobre un área que afecta a nuestra convivencia, a nuestra economía, de un modo absolutamente prioritario y estratégico.

Desde el nacimiento de CEPYME y a lo largo de toda nuestra trayectoria, la Seguridad Social española y nuestro sistema de protección social ha sido objeto de una prioritaria atención y dedicación por parte de nuestra Confederación.

Si echamos la vista atrás ya son décadas de participación activa y constructiva en los procesos de diálogo, de negociación y concertación mediante los correspondientes acuerdos sociales en los que hemos traducido nuestra actividad y nuestro compromiso.

De hecho para CEPYME la Seguridad Social española es importante, no sólo por su enorme dimensión económica, sino porque también la financiación de este gigantesco sistema de transferencias sociales se financia mayoritariamente por cotizaciones empresariales.

CEPYME valora además muy positivamente la Seguridad Social española como un instrumento esencial de cohesión social, como ya decía también la compañera de mesa Blanca Villate, de estabilizador estructural y de su imprescindible papel de vertebración en la sociedad española.

Creo que es especialmente oportuno señalar también el lugar destacado que ha tenido, y debe seguir teniendo, el compromiso social y político más aún en los momentos de crisis que estamos viviendo.

Precisamente por ello se hace ahora más necesario dedicar nuestra atención a hacer una observación continua del funcionamiento del sistema, al servicio de una voluntad de adecuación y de reforma permanente del mismo, todo ello en un marco de consenso amplio o muy próximo a la unanimidad, lo que permite llevar a cabo los elementos de corrección imprescindibles para asegurar la viabilidad del sistema.

También merece la pena destacar la eficacia de las instituciones e instrumentos de gestión del Sistema de Seguridad Social, aquí tenemos al Director General de la Tesorería y la verdad es que es memorable su actuación, porque permite conocer, de manera fiable y precisa y además en tiempo, para tener un buen diagnóstico de la situación y ayudar a hacer los necesarios pronósticos para emprender reformas y soluciones.

En el contexto de la crisis económica y financiera, sin precedentes, la Seguridad Social española ha sido la única Administración que ha registrado superávit en sus cuentas públicas en el año 2009. Y, aunque esto ha sido así hasta ahora, una prolongación en el tiempo de la situación que atraviesa el mercado laboral puede poner en serio peligro el mantenimiento de este superávit en el medio plazo.

Los elementos determinantes del equilibrio y por tanto de la viabilidad del futuro de los sistemas de protección social y reparto puro, como es el caso español, se asientan en dos variables: una, la estructura demográfica de la población protegida y, otra, el empleo que es el que financia las prestaciones de la población pensionista que exista en cada momento.

A nuestro juicio la sostenibilidad a medio plazo de nuestro sistema público de Seguridad Social debe fundamentarse en el empleo, más bien en la generación de empleo, para ser más precisos, con base en una estructura económica y social competitiva que permita seguir afrontando el nivel de prestaciones crecientes derivadas del envejecimiento de la población.

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La viabilidad de futuro de nuestro sistema de protección social va a depender, por tanto, de la capacidad que debe alcanzar nuestro sistema productivo para generar un crecimiento económico equilibrado y sólido en el concepto de la competencia internacional en la que desenvolvemos, inevitablemente, nuestra actividad.

Quisiera resaltar, cuando me estoy refiriendo a la competitividad del sistema económico español, que no sólo hablo de las necesidades que tenemos las empresas que se genere un marco que favorezca y potencie nuestra capacidad competitiva:creo que es el conjunto de la sociedad española, y con ello me refiero tanto al sector público como al sector privado, la que tiene que ser competitiva dentro del mundo globalizado en el que desenvolvemos nuestra actividad.

Por consiguiente, es fundamental definir políticas económicas, presupuestarias, fiscales, educativas, laborales, políticas estructurales al fin, que corrijan el fuerte deterioro que ha sufrido la situación presupuestaria con el propósito de aumentar el grado de competencia de nuestro sistema socioeconómico y garantizar una rápida vuelta a la senda de la estabilidad.

Respecto al otro pilar sobre el que se asienta nuestro sistema de protección social, que es la estructura demográfica, la brusca reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida al nacer, está transformando la estructura de la pirámide poblacional española. Esto implica que el aumento de la población mayor de 65 años llevaría aparejada una aceleración en el gasto como resultado de la intensificación del proceso de envejecimiento de la población.

El envejecimiento de la población puede poner en situaciones críticas la viabilidad del sistema de pensiones y fuerza a acelerar el ritmo de reforma de los mismos.

También genera una mayor demanda de atención sanitaria y de servicios sociales cuya gestión y financiación añaden situaciones de dificultad a la mayor parte de los sistemas de protección social, tal como hoy están estructurados y concebidos.

No debemos dejar de lado lo que están haciendo y lo que proyectan hacer, realizar, países de nuestro entorno socioeconómico con sistemas o modelos de Seguridad Social similares, es el caso que ha dicho Paco Avendaño, que es necesario mirar otros sistemas que pueden aportarnos soluciones diferentes. Las medidas experimentadas por otros, ya en curso o bien en proyecto, nos pueden resultar útiles e ilustrativas para acomodar nuestra estrategia de reformas.

Y en este sentido es necesario seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado.

Respecto a la edad de jubilación, que ha sido tema de esta mesa, se hace necesario proseguir en la consecución del objetivo de que la edad real de jubilación se aproxime a la edad legal, y también continuar avanzando en la incentivación para que se produzca la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación.

Esto produciría efectos muy positivos en la viabilidad del sistema, puesto que no sólo aumenta la población activa, que potencialmente puede cotizar, sino que además reduciría el gasto en pensiones.

Vamos a tener que seguir observando cómo se comportan factores que en tiempos relativamente recientes tuvieron una repercusión relevante en el cambio de la estructura demográfica española. Es el caso de la inmigración o de la importante y valiosa incorporación de la mujer al mercado laboral, junto con otros elementos que pueden ser la incidencia de las prestaciones médicas y asistenciales, en la prolongación de las expectativas de vida de nuestra sociedad.

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Respecto a las últimas reformas que se han adoptado por el Gobierno en materia de pensiones, o que afectan a las pensiones, con carácter general CEPYME considera que es positivo que el Gobierno acometa medidas concretas dirigidas a controlar el déficit público en el cumplimiento del compromiso del Gobierno español con la Seguridad Social y la sociedad española en su conjunto.

Aunque consideramos que se quedan cortas con la magnitud de la crisis en la que estamos inmersos, es nuestro deber recordar que deben ir acompañadas de otro tipo de medidas, imprescindibles para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Respecto a las pensiones y a la congelación de la revalorización de las pensiones contributivas, mediante la supresión del Artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, durante el año 2011 comporta un ajuste que, aunque es políticamente difícil de asumir, representará un ahorro, que contribuirá a la consolidación presupuestaria del Sistema de la Seguridad Social.

En palabras del Ministro de Trabajo, en su comparecencia en el Pacto de Toledo, dijo que las pensiones contributivas han ido manteniendo su poder adquisitivo e incluso han incorporado ganancias, ya que en el año 2009 la revalorización general de las pensiones fue del 2%, mientras que la inflación en ese ejercicio no pasó del 0,3%, produciéndose por tanto una ganancia neta para los pensionistas del 1,7%.

Nosotros consideramos que esta medida que ha adoptado el Gobierno va a suponer un ahorro, valorando en torno a unos 1.400 millones de Euros, lo cual serviría de gran ayuda para lograr la consolidación presupuestaria de la Seguridad Social.

Resulta, en definitiva, imprescindible el análisis de esta cuestión, puesto que el gasto en pensiones ha ido incrementándose exponencialmente en los últimos años y la previsión es que siga en esta línea en los años venideros. Y resulta igualmente imprescindible la adopción de acuerdos o medidas de reforma con el mayor consenso posible.

Creo que debo poner fin a mi intervención, agradeciendo a todos su atención y a la Universidad por haber podido participar aquí. Gracias.