SAP León 42/2007, 9 de Febrero de 2007
| Ponente | LUIS ADOLFO MALLO MALLO |
| ECLI | ES:APLE:2007:192 |
| Número de Recurso | 207/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 42/2007 |
| Fecha de Resolución | 9 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Audiencia Provincial - León, Sección 3ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
LEON
SENTENCIA: 00042/2007
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION TERCERA
LEON
Apelación Civil núm. 207/06
Autos Proc. Ordinario nº 27/05
Juzgado de 1ª Instancia nº.1 de La Bañeza
S E N T E N C I A Nº. 42/07
Iltmos. Sres.
D. LUIS ADOLFO MALLO MALLO. Presidente
D. ALFONSO LOZANO GUTIERREZ. Magistrado
D. PILAR ROBLES GARCIA.- Magistrada.
En León, a nueve de febrero de dos mil siete.
VISTO ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial el recurso de apelación civil arriba indicado, en el que ha sido apelante D. Pedro Jesús, representado en la instancia por el Procurador D. Sigfredo Amez Martínez, no habiéndose personado ante esta Sala y dirigido por el Letrado D. Miguel García López; y apelados COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA PLAZA000, PORTALES NUM000 AL NUM001 DE LA BAÑEZA, representados en la instancia por el Procurador D. Angel Lorenzo Becares Fuentes y ante esta Sala por Dª Blanca, dirigida por la Letrada Dª Yolanda Gómez Ramos. Actuando como Magistrado Ponente para este trámite el Ilmo Sr. D.LUIS ADOLFO MALLO MALLO.
El Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº. 1 de La Bañeza (León) dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "DESESTIMAR la demanda interpuesta por el Procurador D. Sigfredo Amez Martínez en representación de Don Pedro Jesús contra la Comunidad de Propietarios del edificio de la PLAZA000 nº NUM000 al NUM001 representada por el Procurador D. Angel Lorenzo Becares Fuentes condenando a la actora al pago de las costas procesales."
Contra la relacionada sentencia, que lleva fecha de 11 de Mayo de 2006 se interpuso recurso por la parte apelante, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del término del emplazamiento y en legal forma las partes litigantes y seguidos los demás trámites se señaló el día 22 de Enero de 2007 para deliberación.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales excepto el plazo para dictar sentencia previsto en el art. 465.1 LEC de 2000, de imposible cumplimiento debido a la acumulación de asuntos anteriores y preferentes pendientes en este tribunal.
No se comparte la fundamentación jurídica de la sentencia apelada.
La representación procesal de D. Pedro Jesús formula demanda contra la Comunidad de Propietarios de la PLAZA000 (Portales NUM000 a NUM002 ) de La Bañeza, en reclamación de la cantidad de 7.998,97€ de principal, importe de los trabajos de reparación efectuados por el actor en Septiembre. de 2002 en un piso ( NUM000 y tres locales comerciales, de C.O.A.G., Herboristería y Electricidad), para reparar los desperfectos causados por atranques de las conducciones de las Comunidad.
La Comunidad demandada se opuso a la reclamación aduciendo la inexistencia de relación contractual con el actor, negando haber contratado la ejecución de los trabajos cuyo precio se reclama.
La sentencia recaída en la instancia acoge la tesis opositora y desestima la demanda, pronunciamiento contra el que se alaza el demandante interesando su desestimación y el dictado de una sentencia que acoja sus pretensiones.
Anticipamos ya que el recurso va a ser estimado, discrepando nosotros de la apreciación de la prueba que se contiene en la sentencia de instancia.
Si bien es cierto que el recurso ordinario de apelación se le concibe como una simple revisión del procedimiento anterior seguido en al primera instancia, permitiendo al órgano "ad quem" conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito -T.S. 1ª SS. de 6 de julio de 1962 y 13 de mayo de 1992 -, se presenta como impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, habida cuenta que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vedada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares interés -T.S. 1ª SS. de 16 de junio de 1970, 14 de mayo de 1981, 22 de enero de 1986, 18 de noviembre de 1987, 30 de marzo de 1988, 24 de julio de 2001, 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003 -, debiendo, por tanto, ser respeta la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica, de ahí que sea posible que dentro de las facultades que se concedan a Jueces y Tribunales de instancia den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ello por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, todo ello sin olvidar, claro está, como la revisión del valor probatorio que debe darse a los diferentes testimonios prestados por los testigos que depusieran a instancia de parte, debe hacerse con suma cautela, teniendo en cuenta la regla máxima de la sana crítica recogida en el artículo 376 de la mencionada Ley procesal, apuntando insistentemente la doctrina jurisprudencial que la apreciación del referido medio probatorio es puramente discrecional del órgano judicial, dado que la norma citada no contiene reglas de valoración tasada que se puedan violar, al ser dicho precepto admonitivo, siendo tan sólo digna de tener en cuenta la impugnación cuando se constate que la apreciación de los testimonios ofrecidos es ilógica o disparatada, según recogen, entre otras las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1984, 9 de junio de 1988, 8 de noviembre de 1989, 13 y 30 de noviembre de 1990, 10 de octubre de 1995, 12 de noviembre de 1996 y 17 de abril de 1997, de lo que se colige que el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas haya de respetarse al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en al sentencia -T.C. S. de 17 de diciembre de 1985, 13 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994-, debiendo únicamente ser rectificado cuando en verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo", bien de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin riesgos de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.
En la misma línea recuerda la A.P. Valencia, Secc. 8ª en Sentencia de 26-10-04 que: " Fundado el recurso en error en la valoración de la prueba por parte de la Juzgadora de instancia, a tal fin conviene hacer una serie de precisiones.
En principio, la facultad revisora del Tribunal de apelación es total y así se dice que si bien es cierto que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza principio dispositivo y de rogación - pero en forma alguna tratar de imponerlas a los juzgadores (S. TS. 23-9-96) no puede sustituirse la valoración que hizo el Juzgador de toda la prueba practicada por la que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes (S TS. 7-10- 97) y aún dictadas las anteriores...
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