STS, 19 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat |
| ECLI | ES:TS:2003:8275 |
| Número de Recurso | 7859/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil tres.
En el recurso de casación núm. 7859/1999, interpuesto por la Procuradora Dª Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación de D. Carlos María , con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1857/96, con fecha 25 de febrero de 1999, que estimó el recurso promovido por la parte recurrente, contra la resolución de 19 de julio de 1996 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso ordinario formulado contra la anterior resolución de 1 de diciembre de 1995 que concedió el registro del nombre comercial nº 175.007 "Carlos María ", siendo partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado y la Cía Mercantil MIGUEL TORRES, S.A., representada por el Procurador D. Antonio Mª Álvarez-Buylla Ballesteros.
En el proceso contencioso-administrativo núm. 1857/1996, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 25 de Febrero de 1999, estimando el recurso el recurso interpuesto por el Procurador D. Juan Rodes Durall, en nombre y representación de la Cía Mercantil MIGUEL TORRES, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de julio de 1996, por la que se concedía la marca núm. 175.007 " Carlos María ", para negocio de vinos y de elaboración de vinos espumosos.
Contra la referida sentencia se presentó escrito preparando recurso de casación por la representación de la parte codemandada D. Carlos María , el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de julio de 1999, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 9 de diciembre de 1999, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y se dictara sentencia declarando la compatibilidad de los signos distintivos enfrentados y la procedencia de la concesión del nombre comercial nº 175.007 " Carlos María ".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 20 de julio de 2001. Por providencia de fecha 17 de octubre de 2001, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LA CÍA. MERCANTIL MIGUEL TORRES, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron en escritos presentados respectivamente los días 26 de noviembre de 2001 y 11 de enero de 2002, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso y por el Abogado del Estado además, que se impusieran las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 10 de noviembre de 2003, se señaló este recurso de casación para votación y fallo el día 11 de diciembre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de febrero de 1999, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Entidad MIGUEL TORRES, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de julio de 1996, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la anterior Resolución de 1 de diciembre de 1995, que concedió el registro del nombre comercial 175.007 " Carlos María " para un negocio de vinos y de elaboración de vinos espumosos, anulando dichas resoluciones por ser disconformes a Derecho, declarando la improcedencia del registro solicitado.
La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, objeto del recurso de casación, fundamenta la denegación del nombre comercial " Carlos María " por el riesgo de confusión con las marcas TORRES y MIGUEL TORRES, en base a los siguientes razonamientos jurídicos:
"...analizando la conformación de los distintivos en liza se muestra la relevante trascendencia del vocablo "TORRES", empleado de forma sustancialmente idéntica en los distintivos de la entidad actora y en el nombre comercial cuyo registro se solicita, al punto que el nombre " Carlos María " frente a "MIGUEL" o el apellido añadido "Gonzalo " se revelan como añadidos carentes de una suficiente carga distintiva, de tal suerte que la prioridad de los opuestos debe desplegar sus consiguientes efectos, sobre todo atendida la acentuada interrelación en las áreas comerciales donde pueden desplegar efectos los distintivos en contraposición, desde luego, dirigidos al público en general.
Es así que, desde esa perspectiva, las alegaciones de identidad, parecido o similitud se revelan con una suficiente fuerza en el sentido de que, según las reglas de la sana crítica, se alcanza la evidencia de que para los posibles sujetos interesados pueden resultar efectivamente confundidos en el caso. Todo ello en sintonía con la Sentencia nº 769, de 4 de octubre de 1993, de la que se ha acompañado copia por la parte actora, para una marca, e inclusive con la Sentencia n1º 623, de 23 de julio de 1998, para un rótulo de establecimiento, que como otros pronunciamientos de esta Sección y Sala entre las mismas partes, no deben pasar desapercibidas para las mismas.
Por consiguiente, la conclusión que cabe alcanzar es que la conformación del nombre comercial solicitado no muestra una suficiente y trascendente eficacia distintiva en relación a las marcas y nombre comercial opuestos por la entidad actora atendido su respectivo objeto, al extremo que se puede afirmar que se aprecia un riesgo de confusión para el público al que van dirigidos".
El recurso de casación se funda en base a un único motivo de casación articulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de los artículos 12, 76 y 81 de la Ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable, censurando que la sentencia de la Sala de instancia no ha tenido en cuenta la necesaria distinción entre la función de la marca y un nombre comercial, inobservando la jurisprudencia de esta Sala que establece la necesidad de realizar la comparación de conjunto de los signos distintivos en pugna que están integrados por varios elementos, y advierte que la mera analogía o semejanza entre las palabras que titulan las marcas no es suficiente para obtener la protección registral, si los artículos sobre los que se proyecta aplicar son distintos y fácilmente diferenciables.
El escrito de oposición al recurso de casación formulado por la Entidad Mercantil MIGUEL TORRES, S.A., se centra en expresar los límites impuestos al Tribunal Supremo para alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia, señalando que la marca solicitada ya ha sido enjuiciada con anterioridad, rechazándose la inscripción de la marca núm. 1.173.496 TORRES VALLS, y alega que la sentencia recurrida no ha infringido el artículo 12 de la Ley de Marcas, debiendo además reconocerse el carácter notorio de la marca prioritaria.
Procede desestimar la prosperabilidad del motivo de casación fundado en la infracción del ordenamiento jurídico al realizar la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de febrero de 1999 una aplicación razonable de los artículos 12, 76 y 81 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre al no poder la Entidad recurrente pretender la sustitución del juicio de riesgo de confundibilidad entre el nombre comercial aspirante y las marcas registradas que ha realizado la Sala de instancia de forma motivada.
Debe advertirse que de conformidad con la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo, advertida en las sentencias de 23 y 14 de octubre de 2003, y 24 de noviembre de 2003, la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impide al Tribunal Supremo en su función de juez de casación, alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de Instancia salvo que se hayan vulnerado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, de modo que determinadas apreciaciones efectuadas por las sentencias de instancia en el ámbito legal del derecho de marcas, como lo son el juicio sobre la similitud o semejanza entre marcas, sobre la existencia o no de riesgo de confusión, u otras apreciaciones análogas que son, en definitiva, apreciaciones de hecho, no pueden ser revisadas en esta sede casacional salvo que sean manifiestamente irrazonables o carentes de justificación, o bien porque se hayan efectuado a partir de un erróneo entendimiento o mediante una incorrecta aplicación de los conceptos legales del derecho de marcas, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia de este Tribunal (sentencias de 2 de octubre de 2.002 (RC 6611/1996) y de 25 de septiembre de 2.003 (RC 3.465/1.998).
La sentencia de instancia impugnada no incurre en error en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al expresar que "las alegaciones de identidad, parecido o similitud se revelan con la suficiente fuerza (...) que, según las reglas de la semántica, se alcanza la evidencia de que para los posibles sujetos interesados pueden resultar efectivamente confundidos en el caso", aunque no distinga con nitidez los conceptos jurídicos de identidad y de semejanza que tienen un ámbito de aplicación diferenciado, al sólo exigir éste, por su indeterminación, la actividad del juzgador dirigida a dar claridad al halo de incertidumbre del concepto.
La interpretación aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermeneutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
La sentencia realiza una aplicación razonable del artículo 81 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que prescribe que serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas, intergrada con el artículo 76 de la referida Ley, que define el nombre comercial como el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares, porque aunque la firma identificadora del nombre comercial se proyecta en el marco de la actividad empresarial a que se refiere y que, en el caso de las marcas, la función identificadora se cumple en el mercado en que se ofrecen los productos o servicios amparados por aquélla, se advierte pretendian con la inscripción del nombre comercial aspirante el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales vinculados a la protección registral de la marca notoria, provocando error en los consumidores por riesgo de asociación, lo que promueve la declaración de incompatibilidad del nombre comercial Carlos María con las marcas MIGUEL TORRES y TORRES.
Debe recordarse que conforme es jurisprudencia constante de esta Sala, advertida en la sentencia de 13 de junio de 2002, el artículo 13 a) de la Ley de Marcas, que impide que puedan registrarse como marcas el nombre o los apellidos de quien solicita su registro, siempre que uno u otros estén incursos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 12, impide la inscripción de las razones comerciales que identificadas con un nombre induzcan a confusión con marcas que por su notoriedad tienen la protección registral reforzada según se expresa de forma concluyente en el fundamento jurídico sexto:
"El artículo 3 de la nueva Ley dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extraregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España para los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).
En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extraregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.
Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuesto que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se pude indicar una conexión entre dicho bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.
Incluso sin esta protección ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomado carta de naturaleza, esto es, colocándonos en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1988, los preceptos de ésta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal.
Tratándose, en efecto, de productos iguales o similares (vinos y otras bebidas alcohólicas), la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada ("TORRES") por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra ("TORRES PARÉS") en cuyo distintivo la Sala de instancia aprecia la ausencia de elementos diferenciadores suficientes." .
Procede, consecuentemente, concluir en la declaración de no haber lugar al recurso de casación, con imposición de las costas procesales causadas en este recurso a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional contencioso- administrativa.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Carlos María contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de febrero de 1999, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1857/1996; con imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Sr. Llamas Soubrier.- Secretario Sección Tercera- Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-
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