STS 983/2006, 3 de Octubre de 2006

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se alega que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al haber considerado que no ha quedado acreditada la falsedad de las facturas emitidas por la entidad "TERMINUS METAL, S.L.", que fueron descontadas por la entidad recurrente "EUROBANK DEL MEDITERRÁNEO, S.A.", al amparo de las pólizas de factoring suscritas con dicha entidad, a pesar de que constan en las actuaciones una serie de documentos que acreditan, por sí mismos, que tales facturas no obedecían en realidad a suministro alguno efectuado por la entidad "TERMINUS METAL, S.L." a las entidades "LOCSA" y "LAFARGA". Se añade que también eran falsos los albaranes de venta.

Se señala para acreditar ese error la declaración del acusado Daniel . Igualmente se señalan los documentos fax, que obran a los folios 153 a 158 de la causa, de fecha 21 de junio de 2000, remitidos por la entidad recurrente, "EUROBANK DEL MEDITERRANEO, S.A." a las entidades "LOCSA" Y "LAFARGA" en los que se reclama el pago de las trece facturas objeto de acusación y las contestaciones a tales reclamaciones que constan a los folios 159 y 160 remitidas por las entidades "LOCSA" y "LAFARGA" en las que la primera niega tener pago pendiente con la sociedad "TERMINUS METAL" y que las facturas relacionadas en su fax no corresponden a suministros de la citada sociedad a LOCSA; y la segunda contesta que no tienen constancia de ningún abono por parte de Terminus Metal ni que obran en su poder las facturas que nos indica en su fax.

Se añade que respecto a estos últimos documentos hicieron referencia varios testigos. Se indica asimismo un extracto de operaciones de la cuenta de proveedores de la entidad "Lafarga", correspondientes al provedor "Terminus Metal" en el que aparece que el último suministro efectuado por "Terminus Metal se hizo con fecha 3 de mayo de 2000 y cuando cuatro de las facturas contra "Lafarga" son de fechas posteriores. También se indica las facturas de "Terminus Metal" aportadas "Lafarga" entre las que no se encuentran ninguna de las facturas objeto de acusación. También se hace referencia al extracto de proveedores de la entidad "Locsa", en la que no figura ninguna de las once facturas correspondientes a "Locsa". Igualmente se menciona una carta que remitió la entidad "Terminus Metal" a la entidad recurrente adjuntándole unos supuestos abonos de las facturas objeto de acusación y que se sustituyeran por otras tantas facturas a nombre de la entidad "EURORECYCLING". Se menciona asimismo la correspondencia entre la entidad recurrente, "Locsa" y "Lafarga" con la compañía "Mapfre" en relación a las trece facturas.

También se señalan contestaciones de la entidad "Lafarga" a oficios de Juzgado de Primera Instancia en las que se hace constar que las relaciones con la empresa "Terminus Metal" finalizaron el 12 de mayo y se dice que algunas de las facturas objeto de acusación son posteriores. Se señala informe pericial consistente en listados informáticos de movimientos de stock de almacén de la entidad "Terminus Metal" y que según la entidad recurrente acredita que no hay salidas de material que reflejan las facturas objeto de acusación.

Se discrepa también del Tribunal de Instancia sobre el acusado Isidro al decirse en la sentencia recurrida que actuaba sólo conforme a las instrucciones de Daniel y que no estaba al corriente de las decisiones y operaciones mercantiles. Se alega que no era un simple testaferro y que estaba al corriente de todas y cada una de las operaciones y que debe considerarse cooperador necesario del delito. Se señala como documentos las pólizas de factoring firmadas por Isidro contratos de suministro entre las entidades "Terminus Metal" y "Locsa" y "Lafarga" y que además era el encargado de acudir personalmente a la entidad recurrente y presentar las facturas que se descontaban a través de las pólizas de factoring, constando su firma en la mayoría de las facturas emitidas por "Terminus Metal" como en las hojas de "remesa de factoring" que se cumplimentaron en la entidad recurrente. También firmó en los documentos remitidos a la entidad recurrente en los que se pretendía la sustitución de las facturas objeto de acusación por otras. Se añade que tenía firma autorizada en las cuentas bancarias con las que operaba "Terminus Metal". También se señalan declaraciones de varios testigos.

Dos, son pues, los errores que se atribuyen al Tribunal sentenciador, el primero al no haber declarado la falsedad de las facturas emitidas por la entidad "TERMINUS METAL, S.L.", que fueron descontadas por la entidad recurrente "EUROBANK DEL MEDITERRÁNEO, S.A.", al amparo de las pólizas de factoring suscritas con dicha entidad; y la segunda, no haber considerado cooperador necesario de la conducta delictiva al acusado Isidro .

El motivo no puede prosperar.

Independientemente de que varios de los llamados documentos que se señalan para acreditar el error denunciado no lo son, a estos efectos casacionales, en cuanto se trata de declaraciones que no pierden su naturaleza personal aunque estén documentadas en las actuaciones, lo cierto es que los demás señalados en defensa del motivo no acreditan por sí solos la falsedad que se invoca ni un protagonismo en el coacusado Isidro, que el Tribunal de instancia ha rechazado.

Ha señalado esta Sala en numerosas sentencias, (293/2006, de 13 de marzo y 1340/2202, de 12 de julio

, entre otras), que este motivo de casación exige los siguientes requisitos: en primer lugar ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Resulta esencial, por consiguiente, que la exigida literosuficiencia del documento significa autonomía probatoria, es decir, que por su propio contenido y condición tenga capacidad demostrativa autónoma sin necesidad de acudir a conjeturas o argumentaciones ni precisar adición de otras pruebas (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998)

Y esos presupuestos no concurren en el caso que examinamos, sin que pueda alterarse el relato de los hechos que se declaran probados en base de unos señalados documentos que pueden constituir indicios susceptibles de interpretación pero que en modo alguno evidencian, sin prueba en contrario, que el Tribunal de instancia haya incurrido en los errores que se le atribuyen, máxime cuando en la sentencia recurrida se razona sobre las dudas que ha planteados la invocada falsedad de las facturas y se mencionan las pruebas que se han tenido en cuenta para alcanzar la convicción de que el coacusado actuaba siguiendo las directrices que le marcaba Daniel, señalando las pruebas que le han permitido alcanzar esa convicción.

El motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Este motivo se refiere al delito continuado de estafa y que el error es el mismo del motivo anterior, es decir haber considerado no acreditada la falsedad de las facturas y que asimismo incurrió en error el Tribunal de instancia cuando afirmó que la entidad recurrente asumía el riesgo de anticipar fondos por facturas pro forma y que tal riesgo elimina el elemento típico del "engaño" propio del delito de estafa. Y se remite a la documentación del motivo anterior, señalando que la existencia de facturas pro-forma no es óbice para entender que la entidad recurrente "EUROBANK DEL MEDITERRÁNEO" fue engañada. Asimismo se señalan las pólizas de factoring.

Por último se dice que la Sala de instancia también incurre en error respecto a la supuesta sustitución de facturas de "Terminus Metal" por las de "Eurorecycling" y se señalan las declaraciones de varios testigos así como diversos fax entre la entidad recurrente y la entidad "Terminus Metal" relativos a la posible sustitución de las facturas.

También se discrepa de la Sala sobre la valoración que hace el Tribunal de instancia de un informe con relación al momento en que se produjo cambio en la titularidad de la empresa.

Es de reiterar lo expresado para rechazar el anterior motivo, los documento señalados no evidencian, por sí solos, los plurales errores que se atribuyen al Tribunal sentenciador, que ha contado con pruebas, incluidas las que se indican en apoyo de este motivo, para construir el relato fáctico de la sentencia recurrida sin que se señalen documentos que por su evidencia y falta de contradicción probatoria permitan sustentar un cambio en los hechos que se declaran probados.

Esto último no se ha producido y el motivo no puede ser estimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Este motivo se refiere al delito continuado de alzamiento de bienes y a la participación de ambos acusados en el mismo.

En concreto se alega la activa participación del acusado Isidro en este delito.

Se señala conductas investigadas por la Agencia Estatal Tributaria y que del impago generalizado de las pólizas que la entidad "Terminus Metal" tenía concertadas con la entidad recurrente ese acusado tenía conocimiento de la difícil situación de la sociedad "Terminus Metal" y que participaba directamente en la marcha de la empresa así como conocía de que se procedía a la venta de los inmuebles de "Terminus Metal" en cuanto intervino en las escrituras públicas de compraventa y recibió parte del pago del precio aplazado. Se reitera, como se dijo en defensa de otro motivo, que tenía firma autorizada en la cuenta aperturada en "Caixa Penedes".

También se dice que la sentencia de instancia incurre en error cuando afirma que el dinero obtenido con dichas ventas se fue ingresando en la cuenta que la entidad "Terminus Metal" tenía en Caixa Penedés y en la propia caja de la empresa, a excepción de dos cheques, alegándose por la entidad recurrente que de la documentación obrante en las actuaciones se acredita que existe otra cantidad de diez millones de pesetas, procedente de una venta formalizada en escritura de fecha 1 de junio de 2000 que no ha sido ingresada en esa cuenta bancaria ni en la caja de la entidad ni se ha justificado su destino, señalándose que se ha podido acreditar respecto del resto del pago pero no con relación a esa cantidad.

También se discrepa de la Sentencia de instancia en cuanto se dice que el padre de uno de los acusados, llamado Daniel hubiese recibido cuatro millones y medio de pesetas en metálico de la venta de fecha 1 de junio de 2000 "por su gestión e intermediación". Y se refiere a declaraciones de ese testigo, y un dictamen pericial.

Finalmente se dice que también incurre en error la Sentencia que se recurre respecto a la transferencia de fecha 10 de julio de 1999 a la entidad "Techmet", ya que la entidad bancaria se equivocó al realizar la transferencia puesto que en lugar de consignar el importe en franco franceses lo hizo en euros.

Como se ha señalado al rechazar los motivos anteriores, la entidad recurrente presenta como documentos que evidencian error en varios extremos de la Sentencia recurrida cuando lo que realmente hace es una distinta valoración de las pruebas que ha tenido en cuenta el Tribunal de instancia y que le han permitido una convicción en sentido distinto al que lo hace la acusación particular.

El Tribunal de instancia explica su propia valoración, rechazando que se hubiese acreditado la falsedad de las facturas y que el coacusado Isidro hubiera tenido una participación que permitiera sustentar una calificación jurídica de cooperador necesario en la conducta delictiva atribuida al recurrente condenado en la instancia.

Reiterar una vez más, que las declaraciones de testigos y una prueba pericial no pueden alterar, por esta vía procesal, el relato de hechos de la sentencia recurrida, no pasando de pruebas personales sujetas a la valoración del Tribunal sentenciador, como se ha hecho respecto los destinos de determinadas partidas, entregas al padre del coacusado Daniel o transferencia en euros cuando debiera haberse realizado en francos.

No se han acreditado, como se exige por esta Sala respecto a este cauce procesal, los errores invocados y el motivo no puede prosperar.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción del artículo 257.1.2º del Código Penal.

Se discrepa de la cuantificación del delito de alzamiento de bienes por el que se condena al acusado Daniel .

Se discrepa, pues, de la valoración que se ha hecho por el Tribunal de instancia respecto a la cantidad que, en principio, debía abonar Daniel en concepto de responsabilidad civil, que viene recogida en los hechos que se declaran probados, que deben ser respetados, y son reflejo de los razonamientos que se hacen en la sentencia recurrida respecto a los perjuicios causados a la entidad bancaria por las maniobras fraudulentas, si bien ha tenido en cuenta, lo que es perfectamente correcto, el saldo favorable a la entidad a través de la cual actuó el acusado, por una transferencia realizada en moneda distinta a la que se había ordenado.

El motivo no puede prosperar.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción de los artículos 109, 110 y 115 del Código Penal.

Por las razones expresadas en los motivos anteriores se discrepa del pronunciamiento que en materia de responsabilidad civil se efectúa en la Sentencia que se recurre.

Es de reiterar lo expresado para rechazar los anteriores motivos, éste debe correr la misma suerte desestimatoria.

En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción de los artículos 123, 124, y 126 del Código Penal y del artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se discrepa de la condena a la acusación particular del pago de las 2/6 partes de las costas del procedimiento, alegándose que la acusación respecto a Isidro no ha sido temeraria.

El Tribunal de instancia, en el decimocuarto de los fundamentos jurídicos, explica las razones que ha tenido en cuenta para hacer una expresa imposición de costas a la acusación particular con relación al acusado que ha sido declarado absuelto, razonamientos que son perfectamente válidos y en los que se ha tenido en cuenta el mantenimiento de una acusación carente de pruebas que lo justificase.

El motivo debe ser desestimado.

RECURSO INTERPUESTO POR EL ACUSADO Daniel

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho de presunción de inocencia.

Se niega que haya existido prueba con relación al delito continuado de alzamiento de bienes por el que ha sido condenado el recurrente.

Como bien se razona por el Tribunal de instancia, el hecho de las ventas de inmuebles por parte de la entidad Terminus es incontestable, habiéndose reconocido por el propio acusado recurrente, e igualmente queda acreditado, por indicios inequívocamente incriminatorios, que el recurrente dispuso del dinero obtenido con dichas ventas, realizando maniobras que evidentemente estaban destinadas a obstaculizar o impedir que se pudiera trabar embargo sobre tales cantidades, como evidencian las fechas en las que se produjeron y el destino dado al dinero obtenido, así como los movimientos y reintegros realizados en las cuentas.

Ha existido, pues, prueba de cargo, legítimamente obtenida, que contrarresta el derecho de presunción invocado, y el motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se alega que de la documentación remitida por Caixa Penedés y del informe emitido por el perito auditor Sr. Hugo quedó acreditado que el fruto de la venta de los inmuebles propiedad de la entidad "Terminus" fue integramente ingresado en la cuenta de la titularidad de la empresa a excepción a dos cheques. Se añade que existe duda de que el recurrente hubiese cobrado esos dos cheques y que la duda debe interpretarse a favor de este acusado.

No se designa documento algo, con carácter de tal, que evidencia error en el Tribunal de instancia que no exterioriza duda alguna sobre el dinero obtenida con la venta de los bienes así como el destino que se le dio, que no fue precisamente para satisfacer las deudas contraídas con la entidad acusadora, sino al contrario, para impedir hacer frente a las mismas.

El motivo no puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción de los artículos 257.1.2º y 74 del Código Penal

Se alega que no debió ser condenado por el delito continuado de alzamiento de bienes al no existir prueba de que se quedara con el importe de los dos cheques y, por el contrario, existen claros indicios de que ese dinero se empleó para pagar a otros acreedores.

Es de reiterar lo expresado para rechazar el primero de los motivos, habiendo quedado perfectamente acreditada la venta de los inmuebles y sobre todo el destino dado al importe obtenido con dichas ventas, así como las maniobras realizadas para impedir que la entidad acreedora pudiera ver satisfechos sus créditos.

Este motivo tampoco puede ser estimado.

III.