Inmigración: mercado de trabajo y protección social en España

AutorAntonio Izquierdo Escribano
CargoDirector
Páginas228-231

CES, Colección Estudios Madrid, 2003, 331 páginas.

El presente trabajo, que ha recibido el premio de investigación 2001 convocado por el CES, ha sido realizado por un grupo de sociólogos y economistas que trabajan en distintas universidades (La Coruña, Alcalá, Salamanca y Complutense).

El trabajo consta de cinco capítulos, el primero de los cuales se ocupa de las «Enseñanzas europeas sobre la inmigración». El autor del capítulo comienza señalando que el papel económico y demográfico que juegan las migraciones internacionales en Europa se sostiene sobre bases temporales de distinto alcance y calado: en la economía es más breve y cíclico mientras que en la población su huella es menos nerviosa y más prolongada, de tal forma que existe un ajuste imperfecto de los flujos migratorios respecto de la coyuntura económica.

En los últimos diez años (1990-1999) los flujos migratorios han variado su signo en dos ocasiones. El período se inició con un crecimiento vigoroso que se prolongó hasta 1992-1993, según los países. Después se produjo una disminución que duró hasta 1997 y, por último, una recuperación e, incluso, una remontada hasta finales de 2001.

Comenta el autor que el peso de la población extranjera en Europa alcanza el 5,4 por ciento de la población total. La población foránea muestra cuatro nervios o cuencas de procedencia: los países geográficamente más próximos, las fuentes más antiguas con redes más densas, las preferencias del país de acogida y, por fin, las corrientes inesperadas.

La tasa de participación es distinta según el sexo: la de las mujeres es, al menos, un veinte por ciento inferior a la de los hombres. La tasa de participación de los varones extranjeros está muy próxima a la de los nacionales, pero la de las mujeres foráneas es significativamente inferior a la de las autóctonas, con la excepción de los nuevos países de inmigración. Además, los trabajadores extranjeros se concentran en unas pocas ramas de actividad y en su inmensa mayoría se visten con el mono azul.

Por otra parte, señala el autor, cuanta más semejanza exista entre la distribución del empleo extranjero y nacional, mayor será la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo y, por ende, en la sociedad. Los años de residencia juegan a favor de ello, pero a pesar del tiempo transcurrido las diferencias persisten: la tasa de desempleo de los extranjeros es el doble de la de los nacionales y aún es más elevada la de las mujeres foráneas. El desempleo entre los inmigrantes es menor en los países que propician la instalación permanente que en los que apuestan por un sistema de mano de obra temporal.

Los trabajadores extranjeros se ocupan sobre todo en los servicios personales, agricultura y construcción, sectores que demandan una cualificación escasa, horarios flexibles y alta tasa de actividad. En estos sectores y ramas de actividad el peso de la economía sumergida es fuerte y la irregularidad de los inmigrantes extranjeros es más que notoria.

Según el autor, el impacto en la economía de los trabajadores extranjeros tiene aspectos beneficiosos y otros claramente perjudiciales. Entre los primeros se cuenta la promoción de los nativos hacia las ocupaciones más cualificadas con un mayor nivel de productividad y el hecho de su inferior coste. Por el contrario, disminuye la inversión productiva y se rebajan las cotizaciones de los empresarios y trabajadores a la Seguridad Social dado el alto índice de trabajadores sin contrato.

En el capítulo II se hace un análisis teórico y comparativo de la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo y el Estado de Bienestar de las sociedades receptoras. Comenta el autor del capítulo que el debate científico sobre los efectos de la inmigración parece haber llegado a más conclusiones en el estudio del mercado de trabajo que en el del Estado de Bienestar. La segmentación del mercado laboral y el efecto de la descualificación en el caso de los inmigrantes son factores determinantes de la discriminación. También es incontestable la desigualdad que se produce en el acceso al Estado de Bienestar debido a factores sociales y culturales. Se ha constatado especialmente en el ámbito educativo en países en los que la segunda y tercera generación comienzan a integrarse en la sociedad receptora. Estos problemas de integración van a redundar posteriormente en la desigualdad en el mercado de trabajo, de manera que en muchos casos se detecta un mecanismo de refuerzo recíproco de las barreras.

Por otra parte, no se encuentra un veredicto tan claro sobre los efectos sobre el Estado de Bienestar y, en particular, sobre la cuestión de si los inmigrantes son beneficiarios o contribuyentes netos. Los análisis varían enormemente según el país. Esto ha llevado a los especialistas a examinar comparativamente las instituciones que producen esos resultados tan diferentes.

Finaliza el capítulo señalando el autor que los derechos de ciudadanía y el estatus legal distinto que pueden tener los inmigrantes en los diferentes países condicionan su acceso a las prestaciones. Por lo tanto, los factores culturales y políticos que han originado esos estatus son tanto o más determinantes que las circunstancias económicas que envuelven al mercado de trabajo o el Estado de Bienestar de cada país.

El capítulo III versa sobre el panorama de la inmigración en España al inicio del siglo XXI y en el mismo se señala que a finales de 2002 casi dos tercios de los permisos de residencia en vigor obraban en poder de extranjeros no comunitarios, volviendo a ser España un país de inmigrantes que son nacionales de países exteriores a la Unión Europea. Ese cambio en el stock de residentes favorable a los extranjeros «No Comunitarios» se ha debido al impacto de las dos últimas regularizaciones llevadas a cabo en 2000 y 2001 pero cuyos resultados no han sido computados hasta bien entrado 2002. Así resulta, que si en diciembre de 1999, el 52% de los residentes extranjeros era Comunitario, a finales de 2002, el 62% ya no lo era. De modo que la segunda conclusión que se extrae de este estudio es que la inmigración indocumentada ha tenido y aún tiene un peso enorme y decisivo en el panorama de la población extranjera en España.

En lo que se refiere a la distribución por sexo y grupos de edad, los autores del capítulo aprecian tres hechos. El primero es la masculinización del stock de residentes, que ha ido acompañado por el crecimiento del número de menores y seguido por un rejuvenecimiento del censo de residentes que están en situación legal. La inmigración indocumentada es más reciente, masculina y algo más joven que la que goza de estabilidad legal. A su vez, la seguridad que proporciona la legalización refuerza una dinámica de asentamiento duradero de los inmigrantes y de sus familias que desborda el escenario de recibir únicamente mano de obra temporal.

Al mismo tiempo, se ha producido una latinoamericanización y europeización de la inmigración legal y, como resultado, un mayor equilibrio entre las grandes cuencas migratorias.

Por otra parte, las principales comunidades de extranjeros no comunitarios también se han visto alteradas en su volumen y peso. La proporción de residentes marroquíes ha bajado hasta el 34% en diciembre de 2002, cuando dos años antes suponía el 42% del total de permisos dentro del Régimen General. Por el contrario, la suma de residentes ecuatorianos y colombianos ha saltado desde el 11,7% en 2000 hasta el 22,6% a últimos de 2002.

El número de visados de residencia concedidos en 2001 ha duplicado la cifra de 1999. Es otra prueba más, según los autores, del incremento de los flujos en los últimos tres años (1999-2001) y da idea de que tienen un proyecto migratorio de cierta duración. En 2001 se han concedido 137.000 visados de residencia, lo que representa el 18% del total de visados expedidos.

Más de 1.100.000 permisos de residencia estaban en vigor a finales de 2001, cifra que se elevaba a 1.324.000 en diciembre de 2002 según los últimos datos oficiales. La proporción de extranjeros documentados supera el 3,2% de la población total

Otro dato a tener en cuenta, según los autores, es que entre 1996 y 2002 se han trastocado los pesos del stock de residentes en el Régimen General y en el Comunitario. En la primera fecha de referencia los Comunitarios dominaban, con el 59% del total, mientras que en 2002 apenas representaban el 38%.

La tendencia que se sigue desde 1997 es al rejuvenecimiento de la población extranjera. Dos tercios tienen entre 16 y 44 años y apenas el 11% son menores y el 6%, mayores de 65 años.

En cuanto a la distribución por sectores, una mayoría que supera el 60% trabaja en los servicios seguidos a mucha distancia por la agricultura y la construcción, con el 14% de inscripciones en cada sector y finalmente, la industria, con el 9%.

Por otra parte, el desempleo que afecta a los extranjeros está por encima del de los españoles. Según el INEM, en marzo de 2002 era del 13,7% para los no comunitarios y del 11,5% para los extranjeros que están en Régimen Comunitario, mientras que el 9,2% de los españoles está en paro.

En la distribución del paro según el sector de actividad resaltan los servicios (49% del total) aunque su incidencia sea menor que la proporción de extranjeros empleados en ese sector (62%). En cambio en la agricultura el peso de los desempleados supera al de los ocupados (14% frente al 9%).

A continuación, señalan los autores que los extranjeros demandantes de empleo están poco protegidos durante el desempleo. Tres de cada cuatro demandantes (el 73%) no perciben ninguna prestación. De entre los que sí la perciben, el 60% percibe prestaciones contributivas, un tercio recibe algún tipo de ayuda y el 8%, el subsidio destinado al Régimen Especial Agrario.

Por otra parte, la documentación por arraigo de 2001, con 350.000 solicitudes, ha sido la mayor de las celebradas hasta la fecha. El 67% de los solicitantes consiguió legalizar su situación obteniendo una residencia temporal válida durante un año. Esta residencia iba separada del permiso de trabajo, que consiguieron únicamente 183.000 peticionarios. Según los autores, la temporalidad de la residencia y su desvinculación del trabajo amparan la irregularidad laboral y auguran una recaída en la clandestinidad al cabo del año.

El capítulo IV está dedicado al Mercado de Trabajo de los inmigrantes extranjeros y en él se realiza una explotación de la Estadística de Permisos de Trabajo a Extranjeros para el período 1991-1999, tanto a partir del Anuario de Estadísticas Laborales y del Boletín de Estadísticas Laborales, como de la base de microdatos para el período 1994-1999. Dos conclusiones extraen del análisis los autores del capítulo: en primer lugar, la tendencia de los permisos de trabajo a ampliar su curso temporal, a consolidarse en el tiempo; la segunda, el escaso peso de los permisos de trabajo vía contingentes dirigidos a abastecer determinados mercados de trabajo.

Entre 1991 y 1999 el número de permisos anuales de trabajo fluctúa entre un mínimo de 85.526 y un máximo de 118.538. Entre los diversos tipos hay que enfatizar, según los autores, que entre el 20 y el 30% de los permisos son de la llamada clase C (permisos por más de 3 años) así como del permanente (desde 1996), que exige un trabajo previo en España de al menos 6 años. Si a ello se añade que el permiso B (por 2 años) va ganando peso, se tiene que en 1999 algo más de la mitad de los contratos son por 2 o más años.

Además, los permisos se conceden para aquellos sectores de la economía en los que los inmigrantes extranjeros resultan ser más bien complementarios de los nacionales en el mercado de trabajo español, como son el sector servicios (57% de los permisos de trabajo, de los que la mitad son para el servicio doméstico) y el agrario (24%).

Según el estudio, el perfil dominante de los permisos de trabajo concedidos en la década de los noventa del siglo XXI es africano (mayormente marroquí) pero el perfil dominante de la presente década parece ser que será latinoamericano.

El análisis del mercado de trabajo de inmigrantes extranjeros ha sido abordado también a través de la EPA. De la misma se extrae que en cuanto a las condiciones de trabajo, los inmigrantes ocupados tienden a jornadas de trabajo atípicas en las que predomina el tiempo parcial (menos de 30 horas por semana) o largas jornadas (de 50 y más horas semanales de trabajo), tasas de temporalidad superiores al 50% (33% en el caso nacional) y una antigüedad en el empleo inferior a 3 años (entre el 65 y el 70% están en ese caso).

Por lo que se refiere a la población inmigrante en paro se constata en el estudio una cierta sobrerepresentación de varones, de personas sin estudios y con estudios superiores; tienden a ser parados de corta duración en mayor medida que los españoles; y algo menos de la mitad de este colectivo está inscrito en el INEM (44% en el periodo 1997-2001 frente al 88,6% nacional).

En el último capítulo se analiza la protección social de los inmigrantes extranjeros, extrayendo el autor del mismo tres conclusiones. En primer lugar, destaca el espectacular proceso de afiliación a la Seguridad Social de los inmigrantes extranjeros entre 1998 y mayo de 2001, con un crecimiento del 341,6% en esos algo más de cuatro años. En ese mes, los afiliados no comunitarios eran ya el 74% de todos los afiliados extranjeros cuando cuatro años antes eran el 42,7%. Ello ha supuesto que la población trabajadora no comunitaria afiliada a la Seguridad Social, que en 1998 era el 52% de toda la población activa de este colectivo, alcanzaba en diciembre de 2001 al 83% de la misma.

La acción protectora de la Seguridad Social y, en general, del Estado de Bienestar, es desigual. Con el apoyo de las fuentes de información de la Seguridad Social y los resultados de encuestas constata el autor una amplia cobertura del sistema sanitario, que en 2001 alcanzaba al 88% de toda la población inmigrante no comunitaria. En lo referente a la protección por desempleo se ha estimado que la cobertura de la población en paro no comunitaria, según la EPA, era en 2001 del 22%.

Por último, en lo que se refiere a la acción protectora de los servicios sociales, se destaca en el estudio que el colectivo que acude a los servicios sociales representa aproximadamente la composición nacional del colectivo de inmigrantes no comunitarios que viven en España; se trata de un colectivo bastante joven, con un nivel de estudios estimable, un 40% lleva viviendo menos de un año en España, el 37% está en situación irregular y su tasa de paro es casi del 50%.

El trabajo supone un estudio exhaustivo y pormenorizado de la inmigración en España, tema de la máxima actualidad en nuestro país, y que, al ser abordado por un grupo de investigadores que cultiva disciplinas afines y complementarias, da como resultado un análisis completo de los vínculos existentes entre inmigración, mercado de trabajo y protección social.

Guillermo Rodrguez Folgar

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