INFORME nº 1456 de 2022 de Tribunal de Cuentas, 27-01-2022

EmisorTribunal de Cuentas
Fecha27 Enero 2022
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE
EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA
GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19, EN EL ÁMBITO DE
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES,
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES
ESTATALES
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988,
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en su sesión de 27 de enero
de 2022 el Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de autoridades
administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales y ha acordado su
elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el
artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 1
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN DEL INFORME ................................................................................................ 5
I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN ...................................................................................... 5
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN ........................ 6
I.3. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN ....................................................... 7
I.4. NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES
FISCALIZADAS ............................................................................................................................ 9
I.5. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA .......................... 20
I.6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES ................................................................................... 20
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN ................................................................................. 21
II.1. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ................................................ 21
II.2. BANCO DE ESPAÑA .......................................................................................................... 25
II.3. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES ..................................................... 27
II.4. CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR ............................................................................. 29
II.5. CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA ........................................................... 32
II.6. FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES
CARLOS III, FSP ....................................................................................................................... 35
II.7. FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, FSP ............................ 37
II.8. FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS, FSP ..................................................................................................... 39
II.9. IMPRENTA DE BILLETES, SA ............................................................................................ 40
II.10. INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL .................................................................................. 44
II.11. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA .................................................. 48
II.12. MUSEO NACIONAL DEL PRADO..................................................................................... 49
II.13. CENTRO ASOCIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
EN MADRID ............................................................................................................................... 50
III. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 51
III.1. RELATIVAS A TODAS O A UNA PARTE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS .............. 51
III.2. ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS .............................. 53
IV. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 57
ANEXOS
ALEGACIONES FORMULADAS
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
AEAT
Agencia Estatal de Administración Tributaria
AGE
Administración General del Estado
BCE
Banco Central Europeo
BE
Banco de España
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores
CRTVE
Corporación Radio Televisión Española
CSN
Consejo de Seguridad Nuclear
FCNIC
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III, FSP
FIIAPP
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas, FSP
FUNDAE
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, FSP
ICO
Instituto de Crédito Oficial
IGAE
Intervención General de la Administración del Estado
IMBISA
Imprenta de Billetes, SA
IVA
Impuesto sobre el valor añadido
LABE
Ley de Autonomía del Banco de España
LCSP
Ley de Contratos del Sector Público
LFTCu
LGP
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
MAETD
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
MCD
Ministerio de Cultura y Deporte
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MNCARS
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
MNP
Museo Nacional de Prado
PGCP
Plan General de Contabilidad Pública
PGE
Presupuestos Generales del Estado
PPT
Pliegos de Prescripciones o Condiciones Técnicas
RGLCAP
Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
SEBC
Sistema Europeo de Bancos Centrales
UNED
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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I. INTRODUCCIÓN DEL INFORME
I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN
1.1. El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, el 22 de diciembre de 2020, el Programa Anual de
Fiscalizaciones correspondiente al año 2021, en el que se incluyó, a iniciativa del propio Tribunal,
la Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de
autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones
estatales”.
1.2. Esta actuación fiscalizadora se enmarca en la puesta en práctica del Plan Estratégico del
Tribunal de Cuentas 2018-2021, contribuyendo a la consecución de diversos objetivos
estratégicos del mismo. Así, se encuadra en las actuaciones tendentes al cumplimiento del
objetivo estratégico 1 “Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera
del sector público” y, en concreto, de los siguientes objetivos específicos: 1.2
“Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas”;
1.3 “Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las
prácticas que pueden propiciar el fraude y la corrupción”; y 1.4 “Incrementar las
fiscalizaciones operativas”. También contribuye al cumplimiento del objetivo estratégico 2
“Fortalecer la posición institucional y el reconocimiento social del Tribunal de Cuentas”, a
través del objetivo específico 2.3 “Contribuir al fortalecimiento del control interno”.
1.3. Se trata de una fiscalización enfocada a la elaboración de un Informe global de la actividad
fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia celebrados en 2020
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1.4. Se realiza la misma en consonancia con las previsiones contenidas en los artículos 11 de la
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y 39 de la Ley 7/1988, de 5
de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), que establecen que está
sujeta a fiscalización la contratación celebrada por la Administración del Estado y las demás
entidades del sector público.
1.5. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 que la
situación en relación con el coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de
importancia internacional, se han ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger la salud
y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública. La definición y puesta en práctica de tales medidas ha exigido la aprobación de una
serie de normas encaminadas a proporcionar por parte de las Administraciones Públicas una
respuesta adecuada a la situación excepcional objeto de gestión. Formando parte de dicha iniciativa
legislativa, el Gobierno aprobó, entre otros, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que
se adoptaban medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
1.6. El artículo 16 de este Real Decreto-ley, modificado por la disposición final sexta del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, y por la disposición final segunda del Real
Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, se refería en particular a la
contratación, señalando lo siguiente:
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 6
“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del
sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera
inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que
hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades
derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de
Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de
emergencia (…)”.
1.7. La tramitación de emergencia regulada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se sujeta a un régimen excepcional que
implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar
el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los
requisitos formales establecidos en la mencionada Ley.
1.8. El referido artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptaban
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, mantuvo su vigencia desde
el 13 de marzo de 2020, fecha de su entrada en vigor, hasta su derogación el 9 de mayo de 2021
por la disposición derogatoria única 2.a) del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización
de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara dicha situación de excepcionalidad para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, haciéndose coincidir la finalización de su aplicación con el fin del
estado de alarma. En relación con la vigencia del citado artículo 16, si bien la prolongación de esta
más allá de la duración del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, y decaído el 21 de junio de dicho año, vino suscitando dudas entre las diferentes instancias
interesadas en la contratación pública en consideración al carácter excepcional del citado precepto
y, por tanto, a la vocación temporal con que nació, la iniciativa de su derogación expresa llevada a
cabo por el mencionado Real Decreto-ley 8/2021 permite sustentar el criterio de su vigencia
ininterrumpida hasta el citado 9 de mayo de 2021.
1.9. El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 4 de enero de 2021, acordó el inicio de este
procedimiento fiscalizador y el 25 de febrero de 2021 aprobó sus Directrices Técnicas, según lo
establecido en los apartados b) y g) del artículo 3 de la LFTCu, y siguiendo lo dispuesto al efecto
en las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas el 23 de diciembre de 2013.
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN
1.10. El ámbito subjetivo está integrado por las siguientes autoridades administrativas
independientes, entidades públicas estatales y fundaciones estatales: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), Banco de España (BE), Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Corporación RTVE (CRTVE), Fundación
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, FSP (FCNIC), Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo, FSP (FUNDAE), Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas, FSP (FIIAPP), Imprenta de Billetes, SA (IMBISA), Instituto de
Crédito Oficial (ICO), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Museo Nacional del
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Prado (MNP) y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid
(UNED).
1.11. El ámbito objetivo de esta fiscalización ha estado constituido por los contratos tramitados por
el procedimiento de emergencia celebrados en 2020 para hacer frente a la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La situación de emergencia sanitaria por la que ha
venido atravesando nuestro país desde el mes de marzo de 2020, con amplias repercusiones en el
área de la gestión de salud, y en los respectivos entornos social, económico, financiero y científico,
ha exigido una amplia y pronta respuesta por parte de los poderes públicos, la cual, entre otros
aspectos, se ha concretado en una extensa actividad legislativa aprobando normas acordes con la
situación de excepción vivida, además de haber sido requerido un especial esfuerzo de los gestores
públicos para la puesta en marcha de las medidas adoptadas. La protección de las personas exigida
por la situación pandémica ha traído modificaciones relevantes en los modos de vida y trabajo tales
como la puesta en marcha, o extensión en algunos casos, de la técnica del teletrabajo, además de
exigir el desarrollo e implantación de medidas sanitarias preventivas. Tales iniciativas han exigido
la urgente adquisición de equipos informáticos, de elementos de software, y de instrumentos
tecnológicos complementarios para crear una infraestructura que hiciera viable el mencionado
teletrabajo, además de equipos de prevención sanitaria y de protección de la salud, convirtiendo a
la tramitación de emergencia para la adquisición de bienes y servicios en una herramienta necesaria
para atender las citadas necesidades, lo que fue oportunamente interpretado por el legislador al
aprobar el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19, cuyo artículo 16 habilitaba el procedimiento
de emergencia para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras
medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al citado virus. Las
consideraciones expuestas identifican el entorno en el que se han gestionado, celebrado y
ejecutado los contratos que integran el citado ámbito objetivo de esta fiscalización.
1.12. En cifras globales correspondientes a la totalidad de las entidades que integran el ámbito
subjetivo de la fiscalización, durante el periodo fiscalizado se celebraron un total de 134 contratos
tramitados por el procedimiento de emergencia, por un importe conjunto de 11.046 miles de euros.
Los citados importes vienen referidos todos ellos a precios de adjudicación de los respectivos
contratos. Las cifras antedichas se desglosan por entidades en el Anexo A.
1.13. En diez de las trece entidades integrantes del ámbito subjetivo se han fiscalizado la totalidad
de los contratos de emergencia celebrados en el ejercicio 2020, en tanto que para las tres restantes
se ha seleccionado una muestra que ha oscilado entre el 38 % y 44 % de dichos contratos, según
los casos. En su virtud, se han fiscalizado 82 contratos de los 134 celebrados durante el periodo
fiscalizado, lo que supone el 61 % del total de estos. En términos de precio de adjudicación, se han
fiscalizado contratos por un importe global de 7.489 miles de euros sobre un total de 11.046 miles
de euros, lo que supone el 68 % del total. Las cifras que resumen los contratos celebrados y los
examinados durante la fiscalización se exponen en el Anexo B.
1.14. La fiscalización ha tenido por objeto los contratos formalizados en el ejercicio 2020, se
encontrasen o no finalizados, sin perjuicio de que se hayan también analizado aquellos hechos o
actuaciones anteriores o posteriores al referido periodo en la medida en que se ha estimado
necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos previstos.
I.3. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN
1.15. La fiscalización llevada a cabo ha sido de cumplimiento y operativa o de gestión, y ha tenido
los siguientes objetivos concretos:
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a) Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la documentación
establecida por las normas legales y por la Instrucción General relativa a la remisión telemática al
Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las
relaciones de contratos, convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por las
entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por el Pleno el 28 de junio de 2018 y
publicada en el BOE por la Resolución de 20 de julio de 2018 de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas.
b) Analizar la justificación de la tramitación de emergencia de los contratos analizados al concurrir
en los mismos las circunstancias previstas en el artículo 120.1.a) de la LCSP, o en el artículo 16,
c) Verificar el cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional centésima trigésima sexta
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que exige
la comunicación del inicio de actuaciones mediante régimen de emergencia a la Intervención cuya
competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la autoridad que haya de aprobar el
gasto necesario para hacer frente a la actuación de que se trate, debiendo incluir en la comunicación
una descripción del objeto de las actuaciones a ejecutar y el importe por el que se haya efectuado
la oportuna retención de crédito o se vaya a iniciar el expediente de modificación presupuestaria.
d) Comprobar la existencia o no de crédito suficiente, y en el caso de que no existiera, si se ha
procedido, una vez adoptado el acuerdo, a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
e) Analizar la preparación, adjudicación y formalización de los contratos desde la perspectiva de la
normativa y de los principios aplicables a la contratación pública.
f) Verificar el cumplimiento de los requisitos de publicidad aplicables a estos contratos.
g) Verificar si se ha dado cuenta de los correspondientes acuerdos al Consejo de Ministros en el
plazo máximo de treinta días en el supuesto de contratos celebrados por la Administración General
del Estado (AGE), sus Organismos Autónomos o demás entidades públicas estatales.
h) Analizar la ejecución y el cumplimiento de los contratos y su sometimiento a la legalidad vigente.
En particular, verificar los siguientes aspectos: a) que el inicio de la ejecución de las prestaciones
ha tenido lugar en un plazo no superior a un mes desde la adopción del correspondiente acuerdo;
b) que en el supuesto de que se hubiesen efectuado abonos a cuenta por las actuaciones
preparatorias a realizar por el contratista, el órgano de contratación determinó la falta de aplicación
de lo dispuesto en la LCSP respecto a las garantías y la posibilidad de satisfacer la necesidad por
otras vías, dejando constancia en el expediente de la justificación de la decisión adoptada; c) que
dicha ejecución se adecúa a lo contratado, analizando las desviaciones de plazos y de costes que,
en su caso, se hubieran producido, y llevándose a cabo los preceptivos trámites de control de las
facturas presentadas y los pagos realizados; y d) que en los supuestos en que se hubiesen librado
fondos a justificar, se hayan rendido las correspondientes cuentas justificativas en los plazos
establecidos en la normativa, así como el reintegro de los fondos no invertidos.
i) En su caso, cumplimiento de las previsiones sobre contratación en el exterior contenidas
en el artículo 16.4 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.
j) En particular, se ha analizado: a) en su caso, la segregación de funciones en la tramitación de los
contratos; b) el grado de concentración de los adjudicatarios de los contratos; c) los elementos
tenidos en cuenta para la formación del precio; d) el intervalo de precios existente para productos o
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prestaciones homogéneos dentro del sector fiscalizado; y e) el gasto total para productos o
prestaciones homogéneas.
1.16. En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan
impedido cumplir los objetivos previstos, habiendo prestado adecuadamente su colaboración los
responsables de todas las entidades fiscalizadas.
1.17. La presente fiscalización se ha realizado de acuerdo con las Normas de Fiscalización del
Tribunal de Cuentas, aprobadas por su Pleno el 23 de diciembre de 2013.
I.4. NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES
FISCALIZADAS
I.4.1. Agencia Estatal de Administración Tributaria
1.18. La AEAT se creó en virtud de lo previsto en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 1991, como una entidad de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Fue adscrita al
Ministerio de Economía y Hacienda (en la actualidad, Ministerio de Hacienda y Función Pública), a
través de la Secretaría de Estado de Hacienda. La Agencia se configuró en su Ley de creación
como una entidad con un régimen jurídico parcialmente distinto al de la AGE, lo que, sin menoscabo
de los principios esenciales que deben presidir toda actuación administrativa, le confiere cierta
autonomía en materia de organización, de gestión de personal y de administración presupuestaria.
1.19. Según el citado artículo 103 de la Ley de PGE para 1991, en el desarrollo de sus funciones
de gestión, inspección, recaudación y demás de naturaleza pública que se le atribuyen, la Agencia
se rige por las disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (LRJSP), la LGP y el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). También le
resultan de aplicación las demás normas que regulan el desarrollo de sus funciones y que
constituyen la legislación específica de la misma.
1.20. La AEAT tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero,
así como de aquellos recursos de otras Administraciones públicas nacionales o de la Unión Europea
cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio. Corresponde a la Agencia desarrollar las
actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario estatal y el aduanero se
apliquen con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los procedimientos
de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, que minimicen los costes
indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
1.21. Los órganos rectores de la Agencia son el Presidente y el Director General. El Presidente es
el Secretario de Estado de Hacienda o la persona que al efecto designe el Gobierno a propuesta
del Ministro de Hacienda y Función Pública, y que tendrá rango de Secretario de Estado. Le
corresponde velar por la consecución de los objetivos asignados a la Agencia, ejercer la superior
dirección de la misma y ostentar su representación legal en toda clase de actos y contratos. El
Director General, que tiene rango de Subsecretario, será también nombrado por el Gobierno a
propuesta asimismo del Ministro de Hacienda y Función Pública, y dirige la ejecución del Plan de
Actuaciones de la Agencia y el funcionamiento ordinario de los servicios y actividades de esta.
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1.22. Además de las asignaciones establecidas en los PGE anuales, la AEAT se financia, entre
otros recursos, con un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de
gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia en el
ámbito de la gestión tributaria que tiene encomendada. Se encuentra bajo el control de la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del Tribunal de Cuentas.
I.4.2. Banco de España
1.23. El BE se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad pública y privada. Tiene la consideración de banco central nacional, formando parte
integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Eurosistema. Este último es la
autoridad monetaria de la zona del euro, integrada por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos
centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
1.24. Su régimen jurídico se establece en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco
de España (LABE), que le atribuyó la autonomía exigida por el Tratado de la Unión Europea a las
instituciones monetarias llamadas a integrarse en el SEBC. Su actividad queda sometida al
ordenamiento jurídico privado, salvo para el desempeño de las potestades administrativas que tiene
conferidas, las cuales se rigen por la LPACAP y por la LRJSP. Además, se ajustará a las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los Estatutos del SEBC, y demás instrucciones
y orientaciones emanadas del BCE en el ejercicio de las funciones que se deriven de su condición
de integrante del mencionado SEBC.
1.25. El objetivo primordial del BE es mantener la estabilidad de precios, siendo sus funciones
principales ejecutar la política monetaria del citado BCE, realizar operaciones de cambio de divisas,
mantener y gestionar las reservas oficiales de los países de la zona del euro y promover el buen
funcionamiento de los sistemas de pago. Además, el BE, en el marco del Mecanismo Único de
Supervisión, ejerce las funciones de supervisor del sistema bancario español junto con el BCE.
1.26. Los órganos rectores del BE son el Gobernador, el Subgobernador, el Consejo de Gobierno y
la Comisión Ejecutiva. El citado Consejo se encuentra compuesto por el Gobernador, el
Subgobernador, seis consejeros, el Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional y el
Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Ejecutiva está
formada por el Gobernador, el Subgobernador y dos consejeros. El Gobernador del BE será
nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Subgobernador será designado
por el Gobierno, a propuesta del Gobernador. Los seis Consejeros serán designados por el
Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
(MAETD). Finalmente, los dos Consejeros miembros de la Comisión Ejecutiva se designarán por el
Consejo de Gobierno, a propuesta del Gobernador. La Entidad se encuentra bajo el control de la
IGAE y del Tribunal de Cuentas.
I.4.3. Comisión Nacional del Mercado de Valores
1.27. La CNMV, creada por Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, es un ente de
derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, de acuerdo
con el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. Goza de la naturaleza jurídica de autoridad administrativa
independiente de las contempladas en el artículo 109 de la LRJSP. La CNMV actúa con plena
independencia en el ejercicio de sus funciones. El Gobierno y el MAETD, a través de la Secretaría
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ejercen respecto a la CNMV las facultades que les
atribuye la Ley del Mercado de Valores, con estricto respeto a su ámbito de autonomía. De acuerdo
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con el artículo 16 de la Ley del Mercado de Valores, la CNMV se rige por lo dispuesto en la misma
y en las disposiciones que la completan o desarrollan. Además, en el ejercicio de sus funciones
públicas, y en defecto de lo dispuesto en dicha ley y en las normas que la completen o desarrollen,
la CNMV actuará con arreglo a lo establecido en la LPACAP y en la LRJSP
1.28. La CNMV es el órgano competente en materia de supervisión e inspección de los mercados
de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los
mismos, y del ejercicio sobre ellas de la potestad sancionadora. Es, igualmente, el organismo
encargado de velar por la transparencia de los mercados de valores españoles, la correcta
formación de los precios y la protección de los inversores.
1.29. La CNMV dispone de patrimonio propio, independiente del patrimonio del Estado,
constituyendo sus recursos, además de los productos y rentas de aquel, las tasas que perciba por
la prestación de sus servicios, así como las transferencias que reciba con cargo a los PGE.
1.30. La estructura organizativa y el régimen de funcionamiento de la Entidad están regulados en
su Reglamento de régimen interior, en la redacción actual del mismo aprobada por su Consejo
mediante Resolución de 19 de diciembre de 2019. Son órganos rectores de la CNMV, el Consejo,
el Presidente, el Vicepresidente y el Comité Ejecutivo. El Consejo estará compuesto por un
Presidente y un Vicepresidente, que serán nombrados por el Gobierno a propuesta del titular del
MAETD, el Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional y el Subgobernador del
Banco de España, además de tres Consejeros nombrados por el citado Ministro, actuando como
Secretario, con voz pero sin voto, el Director General del Servicio Jurídico del Estado.
1.31. El control económico y financiero de la CNMV se llevará a cabo exclusivamente mediante
comprobaciones periódicas o procedimientos de auditoría a cargo de la IGAE, sin perjuicio de las
funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas.
I.4.4. Consejo de Seguridad Nuclear
1.32. El CSN es un ente de derecho público, independiente de la AGE, con personalidad jurídica y
patrimonio propio e independiente de los del Estado, creado por la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Participa de la naturaleza jurídica de autoridad
administrativa independiente, estando integrado en el sector público institucional en virtud de lo
dispuesto en el artículo 84 de la LRJSP.
1.33. Se rige por su Ley de creación, su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 1440/2010, de 5 de
noviembre, y por la normativa de energía nuclear que le resulte aplicable. Supletoriamente, y en
cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, se regirá por lo dispuesto en el artículo 110.1
de la citada LRJSP, sin perjuicio de lo previsto en su disposición adicional cuarta y en su disposición
transitoria segunda.
1.34. Su Estatuto dispone que el régimen presupuestario y de control de la gestión económico-
financiera del CSN sea el establecido en la LGP. Asimismo, se establece en aquel que la Entidad
debe elaborar el anteproyecto de su presupuesto anual y elevarlo al Gobierno para su integración
en los PGE. Su régimen de contabilidad es el definido por el PGCP y por la Instrucción de
Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, aprobada por la Orden de 14 de julio de
2011. Los bienes y medios económicos con los que cuenta el Consejo para el cumplimiento de sus
fines serán los procedentes de la recaudación de la tasa instituida por su ley de creación, las
asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los PGE y cualesquiera otros que
legalmente pudieran serle atribuidos.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 12
1.35. En cuanto a sus funciones, fue creado como único organismo competente en materia de
seguridad nuclear y protección radiológica, encargado de proteger a los trabajadores, la población
y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, propiciando que las
instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y
estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera
que sea su origen.
1.36. Los órganos de gobierno del CSN son la Presidencia y el Pleno de la Entidad, formado por
cuatro Consejeros, siendo el principio que rige la relación entre ambos el de competencia, no
existiendo subordinación jerárquica entre los mismos. El Presidente y los Consejeros serán
nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio entre
personas de reconocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo. El período de
permanencia en el cargo será de seis años, pudiendo ser designados, mediante el mismo
procedimiento, como máximo para un segundo período de seis años. Cuenta con un Comité Asesor
para la información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica,
presidido por el Presidente del CSN, cuya misión será emitir recomendaciones a la propia Entidad
para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública en las materias
que son de su competencia.
1.37. En el desarrollo de su actividad, el CSN actúa con autonomía orgánica y funcional y plena
independencia de las Administraciones Públicas y de los grupos de interés, estando sometido al
control parlamentario y judicial, sin perjuicio de su sometimiento al control de la IGAE y del Tribunal
de Cuentas.
I.4.5. Corporación Radio Televisión Española
1.38. La CRTVE se configura como una sociedad mercantil estatal, con especial autonomía
respecto de la AGE, de las previstas en la disposición adicional duodécima de la ya derogada Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley 6/1997, de 14 de
abril (LOFAGE), y contempladas hoy en el Capítulo V del Título II, artículos 111 a 117, de la LRJSP,
tratándose de una entidad dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Así, el
artículo 5.3 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece
que “la Corporación RTVE gozará de autonomía en su gestión y actuará con independencia
funcional respecto del Gobierno y de la Administración General del Estado”, contemplando el
artículo 39 el control de su actuación por parte de las Cortes Generales. La Entidad tiene atribuida,
en virtud del artículo 3 de la citada Ley 17/2006, la gestión del servicio público de radio y televisión
en los términos que se definen en dicha ley. Está sujeta al control de la IGAE y del Tribunal de
Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
1.39. El Consejo de Ministros, en su reunión de 1 de septiembre de 2006, de acuerdo con la
autorización conferida en la disposición transitoria primera de la citada Ley 17/2006, constituyó la
CRTVE y autorizó la creación por la misma de las sociedades mercantiles denominadas Sociedad
Mercantil Estatal Televisión Española, SA, en el ámbito de los servicios de televisión, y Sociedad
Mercantil Estatal Radio Nacional de España, SA, en el ámbito de los servicios de radio. No obstante,
la disposición adicional quinta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, encomendaba a CRTVE la gestión directa del servicio público de radio y televisión de
titularidad estatal, previendo igualmente la extinción de las dos citadas sociedades filiales. En su
virtud, sus respectivas juntas de accionistas, celebradas el 18 de mayo de 2010, adoptaron sendos
acuerdos de cesión global de activos y pasivos de ambas sociedades a CRTVE y de extinción de
las mismas, habiendo contado para la realización de estas operaciones con la autorización del
Consejo de Ministros otorgada el 25 de junio de 2010.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 13
1.40. La CRTVE se viene rigiendo por la ya citada Ley 17/2006, por la Ley 8/2009, de 28 de agosto,
de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, por el Real Decreto 1004/2010,
de 5 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley 8/2009, y por sus Estatutos. Igualmente le
resultan de aplicación la citada Ley 7/2010, la LGP, así como las normas propias de las sociedades
mercantiles estatales. El modelo de financiación previsto en el artículo 33 de la Ley 17/2006
establecía un sistema de compensaciones vía PGE, sin que pudieran superar el coste neto del
servicio público. Esta previsión legal fue modificada mediante la citada Ley 8/2009, que suprimió en
su práctica totalidad los ingresos por publicidad.
1.41. La organización de la Corporación se adapta a la normativa societaria con las especialidades
que recoge su ley de creación. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera
de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la
radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE,
en relación con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley últimamente citada, el Consejo de
Administración será elegido por las Cortes Generales, a razón de seis miembros por el Congreso
de los Diputados y cuatro por el Senado. El Consejo de Administración nombrará como Presidente
de la CRTVE al consejero designado para tal cargo por el Congreso de los Diputados por mayoría
de dos tercios de la Cámara.
I.4.6. Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, FSP
1.42. La Fundación del Sector Público CNIC fue constituida el 25 de febrero de 1999 por el Instituto
de Salud Carlos III, organismo autónomo entonces adscrito al Ministerio de Sanidad, e inscrita el 22
de junio de 1999 en el Protectorado de Fundaciones del entonces Ministerio de Educación y Cultura.
Se trata de una fundación pública estatal con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica
de actuación, siendo titular de los derechos, obligaciones y patrimonio del Centro.
1.43. La Fundación se regula por sus Estatutos, en la redacción de los mismos aprobada por su
Patronato en junio de 2017, siéndole de aplicación lo dispuesto en la LRJSP, en concreto en el
Capítulo VII de su Título I, artículos 128 al 136, en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, y en el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, en la parte del mismo que no haya sido
derogada por la mencionada LRJSP. En materia fiscal le resulta de aplicación la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, así como el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo. En materia presupuestaria la Fundación se somete a los
preceptos de la LGP que le sean aplicables en relación con el régimen financiero, de contabilidad,
de intervención y control financiero. Así mismo aplica los principios y normas de contabilidad
recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
en las disposiciones que la desarrollan. Se encuentra sujeta al control financiero de la IGAE y al
control externo del Tribunal de Cuentas.
1.44. La FCNIC tiene por objeto el fomento de la investigación en relación con las enfermedades
cardiovasculares, la prevención de las mismas y la promoción de avances científicos y sanitarios
en idéntica área, todo ello a través de la creación y el mantenimiento del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.
1.45. El órgano de gobierno de la FCNIC es su Patronato, presidido por el Secretario General de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y asumiendo la Presidencia de honor el
Ministro de Ciencia e Innovación. Su Vicepresidente es el director del Instituto de Salud Carlos III.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 14
I.4.7. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
1.46. FUNDAE es una fundación perteneciente al sector público estatal sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. La Fundación se encuentra bajo el
Protectorado del Ministerio de Cultura y Deporte (MCD), estando su patrimonio afecto a los fines de
interés general propios de la Institución. FUNDAE se rige por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, y en especial por lo establecido en el capítulo XI de dicha Ley; por sus Estatutos,
aprobados por su Patronato en reunión de 22 de noviembre de 2017; por el Real Decreto 1337/2005,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal;
y por lo establecido en la normativa de aplicación en materia de formación profesional para el
empleo, tanto de origen legal como convencional, así como por los acuerdos que adopte su
Patronato. En materia fiscal le resulta de aplicación la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como el
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En
materia presupuestaria la Fundación se somete a los preceptos de la LGP que le sean aplicables
en relación con el régimen financiero, de contabilidad, de intervención y control financiero. Así
mismo aplica los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y en las disposiciones que la desarrollan. Se
encuentra sujeta al control financiero de la IGAE y al control externo del Tribunal de Cuentas.
1.47. Son fines esenciales de la Fundación, de acuerdo con el artículo 8 de su Estatuto:
1. La mejora de la formación profesional de los recursos humanos de las empresas.
2. La adaptación de los trabajadores y de las empresas a la evolución de la sociedad basada en el
conocimiento.
3. La contribución a asegurar la formación a lo largo de toda la vida.
1.48. El Patronato es el máximo órgano de representación y administración y el que aprueba toda
la actividad que desarrolla la Fundación de acuerdo con sus estatutos y la normativa en vigor. Está
compuesto por representantes de la AGE, de las comunidades autónomas, de las organizaciones
empresariales CEOE y CEPYME, y de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CIG. Lo forman
71 personas, de las cuales dieciocho representan a las organizaciones empresariales y sindicales,
diecisiete a las comunidades autónomas (una por cada comunidad) y 36 a la AGE. Por ley, preside
el Patronato la persona titular de la Secretaría de Estado de Empleo. El Patronato tiene además
cuatro vicepresidencias, una en representación de la AGE, otra de las organizaciones
empresariales, otra de las organizaciones sindicales y una última de las comunidades autónomas.
I.4.8. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas,
FSP
1.49. La FIIAPP es una fundación del sector público estatal, de interés general en el ámbito de la
cooperación Internacional para el desarrollo de la gobernabilidad de las Administraciones y Políticas
Públicas, de terceros países y especialmente Iberoamérica. Tiene personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar.
1.50. La Fundación se rige por sus Estatutos, aprobados el 1 de julio de 2020; por las disposiciones
que, en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato; por la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones; y por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 15
se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. En materia fiscal le resulta de
aplicación la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En materia de contabilidad, auditoría y
presupuestos, la Fundación se sujetará en todo caso a cuantas disposiciones de la LGP le sean de
aplicación. Se encuentra sujeta al control financiero de la IGAE y al control externo del Tribunal de
Cuentas.
1.51. La Fundación tiene por objeto el desarrollo de actividades relacionadas con la creación,
promoción o consolidación de las instituciones públicas en el ámbito de la gobernabilidad
democrática, reforma del Estado y modernización de las Administraciones Públicas y cualesquiera
otras que le fueren encomendadas en el campo de la cooperación internacional. Son misiones
específicas de la Fundación, de acuerdo con el artículo 8 de sus Estatutos, las siguientes:
a) La formación y el perfeccionamiento de dirigentes políticos y sociales, administradores públicos
de nivel directivo y profesionales relacionados con el desarrollo de las políticas públicas de terceros
países, tanto a través de una oferta formativa propia, como en colaboración con otras instituciones.
b) La investigación en materia de gobernabilidad democrática y políticas públicas. Así mismo, el
fomento de las tareas de armonización jurídica que fortalezcan el desarrollo del espacio jurídico
común iberoamericano y europeo.
c) La consultoría y asistencia técnica a los dirigentes políticos, formaciones políticas o sociales,
instituciones públicas, así como organismos de cooperación, ya sean de carácter nacional o
internacional.
d) Trabajará con administraciones, instituciones, entidades, organismos, personas, nacionales o
extranjeras que deseen cooperar con el desarrollo y la gobernabilidad democrática de terceros
países, así como con el progreso en la armonización legislativa hacia un espacio jurídico común
europeo e iberoamericano, y el desarrollo de unas políticas públicas al servicio del ciudadano y del
interés general.
e) El desarrollo de programas y diseño y ejecución de instrumentos de evaluación en materia de
cooperación internacional.
1.52. El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. De
acuerdo al artículo 17 de sus Estatutos está presidido por un Vicepresidente del Gobierno, formando
parte del mismo, en condición de vocales, dos Ministros, un total de catorce Secretarios de Estado,
además de otros altos cargos de la Administración Pública, todos ellos con competencias
relacionadas con las actividades que constituyen el objeto de la Entidad.
I.4.9. Imprenta de Billetes, SA
1.53. IMBISA es una sociedad mercantil de capital público, participada en un 80 % por el BE y en
un 20 % por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. La sociedad fue
formalmente constituida el 2 de noviembre de 2015 con un capital de cincuenta millones de euros
para adaptarse al marco legal de producción de billetes en euros establecido por la Orientación del
BCE, de 13 de noviembre de 2014, que solo permite dos modelos alternativos para producir la cuota
nacional de billetes en euros: la producción en una imprenta propiedad del banco central emisor o
la adjudicación por proceso competitivo entre imprentas externas. Las autoridades españolas
optaron por la primera alternativa y, en consecuencia, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de PGE
para 2015, modificó la LABE de manera que el BE pudiera encomendar su cuota de producción de
billetes en euros a una sociedad mercantil en la que ostentase la mayoría de control. La sociedad
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 16
se configura como medio propio y servicio técnico del BE, con naturaleza jurídica de Sociedad
Mercantil Estatal.
1.54. Su régimen jurídico se establece por la disposición adicional octava de la mencionada LABE,
en virtud de la cual, y con independencia de su sujeción al Derecho privado, le resulta de aplicación
el régimen patrimonial, presupuestario y de contratación de personal y bienes y servicios del BE.
En particular, como sociedad anónima, le resultan aplicables sus Estatutos; el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital; y la normativa general aplicable a dichas sociedades.
1.55. IMBISA tiene como objeto social exclusivo la producción e impresión de billetes de euro por
encargo del BE. Asimismo, podrá desarrollar cuantas actividades mercantiles instrumentales estén
directa o indirectamente relacionadas con su objeto social, tales como la realización de estudios,
formación o consultoría en el ámbito de sus actividades propias.
1.56. El gobierno, administración y representación de la Sociedad corresponde a la Junta General
de Accionistas y al Consejo de Administración. El Consejo de Administración estará integrado por
cinco consejeros nombrados por la Junta General de Accionistas; si bien las vacantes que se
produzcan podrán ser cubiertas por designación del propio Consejo, hasta que se reúna la primera
Junta General de Accionistas, siempre que dicha designación recaiga en accionistas. Los
consejeros podrán ser reelegidos indefinidamente. IMBISA está sujeta al control externo del Tribunal
de Cuentas.
I.4.10. Instituto de Crédito Oficial
1.57. La creación de la Entidad se produjo por la Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización
y Régimen del Crédito Oficial, hoy derogada, que la catalogó en su artículo 10 como entidad de
derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que actúa con plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines bajo la directa dependencia del entonces existente Ministerio de
Hacienda. Posteriormente, se produjeron varias modificaciones de su naturaleza jurídica. En
particular, la disposición transitoria tercera de la LOFAGE dispuso la adecuación de los entes
incluidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la LGP al tipo de entidad pública empresarial.
En el caso del ICO, dicha adecuación se llevó a cabo mediante el Real Decreto 706/1999, de 30 de
abril, por el que se aprobaron sus Estatutos. Finalmente, la LRJSP derogó la LOFAGE y estableció
en el artículo 84 la composición y clasificación del sector público institucional estatal. En su punto
1.a).2 incluye las entidades públicas empresariales y establece su definición y régimen jurídico en
los artículos 103 y 104, respectivamente. En su virtud, el ICO es una entidad pública empresarial
adscrita al MAETD a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Tiene
naturaleza jurídica de Entidad de Crédito y la consideración de Agencia Financiera del Estado,
contando con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.
1.58. El ICO se rige por la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera; por las
disposiciones que le sean aplicables de la LGP, por sus estatutos y, en lo no previsto en las normas
anteriores, por las especiales de las entidades de crédito y por las generales del ordenamiento
jurídico privado civil, mercantil y laboral.
1.59. El régimen presupuestario, de intervención y de control financiero del ICO es el establecido
para las entidades públicas empresariales en la LGP, adecuándose su contabilidad a la normativa
de entidades de crédito que le sea de aplicación. La Entidad está sometida al control de la IGAE y
del Tribunal de Cuentas.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 17
1.60. Son funciones del ICO las siguientes:
a) Contribuir a paliar los efectos económicos producidos por situaciones de grave crisis económica,
catástrofes naturales u otros supuestos semejantes, de acuerdo con las instrucciones que al
efecto reciba del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
b) Actuar como instrumento de ejecución de determinadas medidas de política económica,
siguiendo las líneas fundamentales que establezca el Consejo de Ministros o la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o el Ministro de Economía y Hacienda, con
sujeción a las normas y decisiones que al respecto adopte su Consejo General.
1.61. El ICO está regido por un Consejo General, que tendrá a su cargo la superior dirección de su
administración y gestión. El Consejo General estará formado por el Presidente de la Entidad, que
lo será también del Consejo, y diez Vocales, estando asistido por el Secretario y, en su caso, por el
Vicesecretario del mismo. El nombramiento y cese de los Vocales del Consejo General corresponde
al Consejo de Ministros, a propuesta del MAETD.
I.4.11. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
1.62. El MNCARS es un organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de
la derogada LOFAGE, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada
para el cumplimiento de sus fines. El Museo, bajo el alto patrocinio de SS.MM. los Reyes de España,
está adscrito al MCD, a través de la persona titular del Departamento, que ostentará su presidencia.
1.63. El MNCARS ajusta su actuación a lo dispuesto en la Ley 34/2011, de 4 de octubre, y sus
normas de desarrollo, a su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, a la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, al ordenamiento jurídico privado y a
las previsiones que le sean aplicables de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, además de a los preceptos que le resulten de aplicación de la LGP. Se
encuentra sujeto al control financiero permanente y auditoría pública realizado por la IGAE a través
de una Intervención Delegada creada al efecto, y al control externo del Tribunal de Cuentas.
1.64. El MNCARS tiene por objetivo la consecución de los fines previstos en los artículos 3 de su
Ley constitutiva y 2 de su Estatuto. En concreto: a) promover el conocimiento y el acceso del público
al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación
social de las artes plásticas, fotografía, audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño; b) garantizar
la protección, conservación y restauración y promover el enriquecimiento y mejora de los bienes
muebles e inmuebles de valor histórico que integran su patrimonio; c) exhibir ordenadamente las
colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio; d) desarrollar programas
de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo; y los demás previstos en los
mencionados artículos.
1.65. Los órganos rectores del MNCARS son: a) el Presidente, cargo nato ostentado en el ejercicio
fiscalizado por el Ministro de Cultura y Deporte, al que corresponde su tutela, así como la aprobación
de los planes generales de actuación y del anteproyecto de presupuesto de la Entidad; b) el Real
Patronato, órgano colegiado que funciona en Pleno y en Comisión Permanente, siendo los principios
fundamentales que caracterizan al mismo la imparcialidad, integridad, transparencia y objetividad;
y c) el Director del Museo, que previo sistema de preselección es nombrado y separado por Real
Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del MCD.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 18
I.4.12. Museo Nacional del Prado
1.66. El MNP es un organismo público de los previstos en el artículo 84.1.a) de la LRJSP que cuenta
con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios, y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines. Además de por dicha Ley, está regido por la Ley 46/2003, de 25 de
noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, cuya última modificación se realizó el 5 de
octubre de 2011, y por el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba su Estatuto,
resultándole asimismo de aplicación la LPACAP. El MNP está adscrito al MCD a través de su titular,
quien ostenta su presidencia.
1.67. El MNP se somete a los preceptos de la LGP que le sean aplicables con relación al régimen
presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero. En
materia de contabilidad se encuentra sujeto al PGCP, siéndole de aplicación la Orden
EHA/2045/2011, de 14 de julio por la que se aprueba la instrucción de Contabilidad para la
Administración Institucional del Estado. Está sometido al control financiero permanente de la IGAE,
a través de una Intervención Delegada creada al efecto, tal y como establece el artículo 23 de la
referida Ley 46/2003, además de al control externo del Tribunal de Cuentas.
1.68. Las funciones principales del MNP comprenden garantizar la protección y conservación, así
como promover el enriquecimiento y mejora, de los bienes del patrimonio histórico español adscritos
al Museo; exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación
y estudio; fomentar y garantizar el acceso del público a las colecciones y facilitar su estudio a los
investigadores, y las demás previstas en el artículo 2 de su Estatuto.
1.69. Los órganos rectores del MNP son el Presidente, el Real Patronato y el Director del Museo.
El Real Patronato es su órgano rector colegiado, funcionando en Pleno y en Comisión Permanente.
Está formado por un Presidente y un Vicepresidente elegidos por el Pleno para un mandato de cinco
años de duración entre los vocales designados, que serán nombrados por el titular del MCD, y está
integrado por vocales natos, vocales designados y patronos. Integran el Pleno la totalidad de los
vocales natos y designados, en tanto que la Comisión Permanente está compuesta por quienes
ocupen la Presidencia y la Vicepresidencia del Real Patronato y la Dirección del Museo, así como
por un número de seis vocales del Pleno elegidos por este.
I.4.13. Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid
1.70. La UNED es una Universidad Pública creada mediante el Decreto 2310/1972, de 18 de agosto.
Se configura como una institución de derecho público, de las que se encontraban contempladas en
la disposición adicional décima de la ya derogada LOFAGE, dotada de personalidad jurídica y de
plena autonomía en el desarrollo de sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Universidades, de 21 de diciembre de 2001, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril. Según lo dispuesto en el artículo 84.1.g) de la LRJSP, la UNED forma parte del sector público
institucional.
1.71. Le resulta de aplicación la LRJSP en lo que no esté previsto en su normativa específica, la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
así como sus Estatutos propios, aprobados mediante el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre. En el ámbito presupuestario, económico-financiero y de contabilidad, la UNED se
somete a los preceptos de la LGP que le sean aplicables. En materia de contabilidad se encuentra
sujeta al PGCP. Está sometida al control financiero permanente de la IGAE, a través de una
Intervención Delegada creada al efecto, tal y como establece el artículo 23 de la referida Ley
46/2003, además de al control externo del Tribunal de Cuentas.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 19
1.72. La UNED desempeña el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio. Son funciones específicas de la UNED las siguientes: a) facilitar el acceso
a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para
seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien
por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra; b) la preparación para el ejercicio
de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para
la creación artística; c) establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción
cultural, perfeccionamiento y actualización profesional; d) incorporar, desarrollar y facilitar el uso de
los métodos y sistemas tecnológicos que en cada momento mejor se adecuen al modelo educativo
de la UNED; e) desarrollar la investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura;
f) fomentar la formación y la promoción de todo su personal docente, investigador y de
administración y servicios; g) facilitar la creación de una comunidad universitaria amplia y plural,
fundada en unos conocimientos científicos y culturales que sirvan de unión y fomenten el progreso
y solidaridad de los pueblos de España; h) desarrollar sus actividades docentes, de investigación y
gestión en régimen de coordinación; i) favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y
la cooperación para el desarrollo de los pueblos.
1.73. Las funciones que tiene asignadas se distribuyen en diferentes áreas de dirección, que son el
Rectorado, los Vicerrectorados (once en total), la Secretaría General y la Gerencia, constituyendo
todas ellas el Consejo de Dirección. El Rector es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta
del Ministro de Universidades. Los Vicerrectores, y los titulares de la Secretaría General y de la
Gerencia, son nombrados por el Rector. Cuenta, además, con un Consejo de Gobierno, en donde
tienen presencia los respectivos titulares del Rectorado, de la Secretaría General y de la Gerencia,
y 21 miembros más, elegidos estos últimos por el Claustro Universitario. Finalmente, entre sus
órganos de gobierno se encuentra el Consejo Social, en el que tienen representación la comunidad
universitaria y los intereses sociales. La estructura académica de la UNED está integrada por
facultades, escuelas, departamentos, institutos universitarios de investigación, centros asociados y
centros adscritos.
1.74. Los Estatutos de la UNED prevén la figura de los Centros Asociados como unidades de la
estructura académica de la UNED que desarrollan territorialmente las actividades propias de la
Universidad y contribuyen al progreso sociocultural del entorno donde se ubican. Los Centros
Asociados gozan de personalidad jurídica propia y naturaleza pública como fundaciones, consorcios
u otras formas jurídicas, que se han creado a iniciativa de las Comunidades Autónomas, entes
locales o de otras entidades públicas o privadas.
1.75. En concreto, la titularidad y responsabilidad plena del Centro Asociado a la UNED en Madrid
corresponde a un consorcio integrado por el Ayuntamiento de Madrid, la Consejería de Educación
y Cultura de la Comunidad de Madrid y la UNED. Este consorcio tiene como máximo órgano de
gobierno y representación a la Junta Rectora. Su funcionamiento queda sujeto a la normativa
universitaria general y a la de la UNED en particular, así como a la normativa de la Administración
General que le sea de aplicación.
I.4.14. Rendición de cuentas y remisión al Tribunal de Cuentas de información relativa a la
contratación.
1.76. A la fecha de redacción de este Informe, han rendido sus cuentas del ejercicio 2020, en
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 137 de la LGP, todas las entidades incluidas
en el ámbito subjetivo de la fiscalización, con la excepción de FIIAPP que, por el momento, no ha
dado cumplimiento a dicha obligación. Por su parte, el BE, excluido expresamente de la regulación
presupuestaria por la disposición adicional decimoquinta de la LGP, así como IMBISA, que en virtud
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 20
de la disposición adicional octava de la LABE está sujeta al mismo régimen presupuestario que el
BE, han rendido sus cuentas de 2020 directamente al Tribunal conforme a su legislación específica.
1.77. Se ha procedido a verificar el cumplimiento por parte de las entidades fiscalizadas de la
obligación de remitir a este Tribunal de Cuentas la documentación establecida por las normas
legales y las Instrucciones aprobadas por el Pleno, relativa a la remisión telemática de los extractos
de los expedientes de fiscalización y de las relaciones anuales de contratos, comprobándose que
todas ellas han cumplido satisfactoriamente el mencionado deber de remisión de documentación.
I.5. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1.78. La totalidad de las entidades integradas en el ámbito subjetivo de la fiscalización se
encuentran sometidas a la LCSP, en la medida que todas ellas forman parte del sector público,
gozando de la condición de poder adjudicador. Además de participar de dicho carácter, tienen la
consideración de Administraciones Públicas a los efectos de la citada Ley la AEAT, la CNMV, el
CSN, el MNP y la UNED y sus Centros Asociados, no gozando de tal condición el BE, IMBISA, la
CRTVE, el ICO, la FCNIC, la FUNDAE, la FIIAPP y el MNCARS.
1.79. A todas las entidades les resulta de aplicación el Título Preliminar y el Libro I de la LCSP, en
tanto que aquellas que, además de ser poderes adjudicadores, tienen la consideración de
Administraciones Públicas, se encuentran sujetas a las previsiones de su Libro II, siendo de
aplicación al resto de las que son poderes adjudicadores las disposiciones contenidas en el Título I
del Libro III, artículos 316 a 320. Les resultan asimismo de aplicación a todas las entidades
fiscalizadas el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
I.6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
1.80. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LFTCU, los resultados de las
actuaciones fiscalizadoras fueron puestos de manifiesto, para la formulación de alegaciones, a los
representantes legales de las entidades fiscalizadas, así como a quienes lo fueron en algún
momento del periodo fiscalizado cuando no son coincidentes. Solicitaron prórroga, en plazo hábil
para ello, nueve de las trece entidades fiscalizadas, siéndole concedida la misma a todas las
solicitantes, en los términos establecidos por la ley. Todas las entidades fiscalizadas presentaron
alegaciones dentro de plazo, bien en el inicialmente concedido o en el prorrogado, y los
correspondientes escritos de alegaciones se adjuntan al presente Informe.
1.81. Se han incorporado en el texto del Informe los cambios, respecto de la versión sometida a
alegaciones, que se han considerado oportunos como consecuencia del examen de las mismas, ya
sea por aceptar su contenido o para razonar el motivo por el que no se aceptan. Pero no han sido
objeto de contestación las que constituyen meras explicaciones o aclaraciones de la gestión
desarrollada por la entidad fiscalizada, salvo en algunos supuestos en que se ha estimado de
interés, ni aquellas en las que se reitera lo indicado en el Informe. La falta de contestación a este
tipo de alegaciones no debe entenderse, por tanto, como una aceptación tácita de su contenido.
Por otra parte, cuando las alegaciones invocan que determinadas deficiencias han quedado
subsanadas con posterioridad al periodo fiscalizado, el Informe expone la subsanación únicamente
cuando ha podido ser contrastada; en caso contrario, simplemente se alude en nota a pie de página
a que las alegaciones invocan la subsanación de la deficiencia. En cualquier caso, el resultado
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 21
definitivo de la fiscalización es el que figura en el presente Informe, con independencia de las
consideraciones que se han manifestado en las alegaciones.
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
II.1. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
II.1.1. Contratación de emergencia celebrada por la Entidad durante el periodo fiscalizado, y
contratos fiscalizados
2.1. Durante el periodo fiscalizado la Entidad formalizó un total de treinta y cuatro contratos en los
que se aplicó la tramitación de emergencia, por un precio de adjudicación total de 3.332 miles de
euros, de los cuales veintinueve eran de suministros, por un importe de 2.375 miles, y los cinco
restantes de servicios, por importe total de 957 miles de euros. Los mismos se relacionan en el
Anexo I.1.
2.2. Han formado parte de la muestra fiscalizada un total de once contratos de suministros, por un
precio de adjudicación total de 1.226 miles de euros, y cuatro contratos de servicios adjudicados
por un precio global de 937 miles de euros. En su virtud, la muestra seleccionada ha supuesto el 44
% del total de contratos formalizados en el periodo objeto de fiscalización, los cuales suponen el 65
% del universo en términos de precios de adjudicación. Para la selección de la muestra se ha
atendido al criterio del objeto del contrato, incluyéndose prestaciones de índole diversa, así como
al precio del contrato formando, en su virtud, parte de la muestra fiscalizada contratos de diferentes
rangos del respectivo importe de adjudicación. Finalmente, para la selección de la muestra se ha
adoptado el criterio de dispersión geográfica, seleccionándose contratos celebrados en diferentes
ubicaciones del territorio nacional. Los contratos incluidos en la muestra se relacionan en el Anexo
I.2.
II.1.2. Análisis de la contratación fiscalizada
II.1.2.1. REGULARIDAD DE LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
2.3. La totalidad de los quince contratos fiscalizados han sido objeto de tramitación de emergencia
al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 120 de la LCSP y del artículo 16 del Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. El objeto de la contratación en todos los casos analizados se
corresponde con la adopción de medidas para atender las necesidades derivadas de la protección
de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-
19. En su virtud, resulta ajustada a Derecho en todos ellos la aplicación de la tramitación de
emergencia.
2.4. En todos los expedientes analizados figura un documento en el que se contiene el acuerdo que
motiva la aplicación de dicha tramitación al contrato del que en cada caso se trata. No obstante, si
bien en cinco de ellos la declaración de emergencia es individualizada para su respectivo contrato,
en los otros diez se incluye una declaración genérica que acuerda la aplicación de dicha tramitación
a todos los contratos que pudieran estar incluidos en los supuestos legales de aplicación de la
tramitación de emergencia. En particular, en los contratos números 20A10036000 y 20A10040300,
ambos de la Delegación Especial de Andalucía, 20A90034600, 20A90034700 y 20A90034800
1
, los
1
La Entidad aclara, en su escrito de alegaciones, que los números 20A90034600, 20A90034700 y 20A90034800
corresponden a un solo contrato, siendo razones presupuestarias las que justifican el desglose en tres expedientes.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 22
tres de la Delegación Especial de Cataluña, y 20840022500, 20840026900, 20840027400,
20840027500 y 20840027900
2
, estos cinco últimos correspondientes a los Servicios Centrales,
figura la mencionada declaración genérica, la cual no hace referencia específica al contrato al que
se aplica. En relación con los mismos, la Entidad ha remitido en trámite de alegaciones, para cada
uno de los diez mencionados contratos, una resolución adoptada por el órgano de contratación
delegado, competente en cada caso, aprobando en su totalidad las actuaciones realizadas en los
citados expedientes.
2.5. En relación con lo expuesto, este Tribunal de Cuentas considera que, en virtud de lo establecido
en el artículo 120.1.a) de la LCSP, la aplicación de la tramitación de emergencia debe ser adoptada
por el órgano de contratación de forma individualizada para cada contrato, sin que la memoria
justificativa de la necesidad obrante en cada uno de los mismos pueda sustituir dicha iniciativa, tal
y como sostiene la AEAT en su escrito de alegaciones. Sin perjuicio de ello, la aprobación del
expediente por parte del órgano de contratación, que consta en cada uno de los mencionados
expedientes, respalda la regularidad de las actuaciones llevadas a cabo en todos ellos.
II.1.2.2. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
2.6. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los contratos fiscalizados, en tres de los
mismos no está suficientemente acreditada la solvencia de los respectivos adjudicatarios. Se trata,
en particular, de los expedientes 20140022900 (servicios de limpieza), 20840022500
(arrendamiento de plataforma de detección y prevención de intrusiones de la sede electrónica) y
20840026900 (adquisición de seis servidores para teletrabajo)
3
. En los dos últimamente citados no
se une información alguna en relación con las respectivas solvencias de los contratistas, en tanto
que en el primero de ellos, si bien figura en el expediente, con la finalidad de acreditar su solvencia
técnica, una declaración de la empresa adjudicataria sobre contratos previamente ejecutados, la
misma incluye el propio contrato objeto de adjudicación, así como otro contrato que se dice
ejecutado en el año 2018 cuando la contratista figura dada de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas el 1 de junio de 2019, circunstancias que permiten cuestionar la fiabilidad de tal
declaración.
2.7. Los contratos 20A10040300 y 20A90034600 (adquisición de mascarillas y guantes),
20A90034700 (adquisición de gel hidroalcohólico y desinfectante, y de kits de limpieza) y
20B10029700 (adquisición de mascarillas) fueron respectivamente adjudicados a contratistas en
cuyo objeto social no figura el tráfico mercantil de los productos que, en cada caso, constituían el
objeto del contrato. Así, en el primero de los contratos citados, la adjudicataria tenía como objeto
social la realización de actividades de jardinería, silvicultura y actividades forestales, en tanto que
en los dos contratos seguidamente citados el objeto social de la contratista venía constituido por la
comercialización de artículos de papelería. En el último de los cuatro mencionados contratos, el
objeto social del adjudicatario venía integrado por el comercio al por mayor de ferretería, fontanería
y calefacción. En ninguno de los cuatro supuestos analizados figura justificación del órgano de
contratación que acredite la imposibilidad de contratar los correspondientes suministros con
2
La Entidad aclara, en su escrito de alegaciones, que los números 20840027400, 20840027500 y 20840027900
corresponden a un solo contrato, siendo razones presupuestarias las que justifican el desglose en tres expedientes.
3
En su escrito de alegaciones la Entidad expone que en el supuesto del contrato 20140022900 la interrupción de la
prestación del servicio derivada de la extinción del contrato previo, junto con la concurrencia de una denuncia que en
relación con dicho servicio se tramitaba ante la Inspección de Trabajo, justificaron que se optara por formalizar el contrato
sin verificar la solvencia del contratista, dada la urgencia del caso; en los otros dos supuestos, si bien la AEAT afirma que
se trataba de empresas que ya habían sido previamente adjudicatarias de otros contratos, lo que justificaría en su opinión
la decisión de no solicitar la acreditación de sus respectivas solvencias, no consta en los respectivos expedientes mención
a dicha circunstancia ni copia de la documentación de acreditación de la solvencia que, en su momento, pudo ser
presentada por la contratista con motivo de la adjudicación de los aludidos contratos precedentes.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 23
empresas cuyo objeto social comprendiera el tráfico mercantil de los bienes adquiridos
4
. No
obstante, consta en el expediente que las prestaciones fueron realizadas, y entregados los
suministros adquiridos.
2.8. En los respectivos expedientes de los contratos 20A90034600, 20B10029700, 20840026900,
20840027400 y 20840027500 no figura el cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional
centésima trigésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, que exige la comunicación inmediata del inicio de actuaciones, mediante régimen
de tramitación de emergencia, a la Intervención Delegada cuya competencia orgánica o territorial
se corresponda con la de la autoridad que haya de aprobar el gasto necesario para hacer frente a
dicha actuación
5
.
II.1.2.3. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
2.9. En el contrato 20A10036000 (suministro de mamparas) no figuran en el expediente los
albaranes de entrega exigidos en el pliego de prescripciones técnicas (PPT)
6
. Por su parte, en el
contrato 20A10040300 (suministro de mascarillas y guantes) no figura en el expediente la
acreditación de que los productos contaran con la certificación ISO exigida en las prescripciones
técnicas. Finalmente, en el contrato 20B10029700
7
(suministro de mascarillas) no figura en el
expediente la acreditación de que los productos servidos contaran con el certificado de adecuación
a la norma UNE-EN 14683 exigido en el PPT.
II.1.2.4. CUESTIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN
2.10. En los expedientes de los contratos 20A10040300 y 20A90034600 (ambos de suministro de
mascarillas y guantes) no consta que se hayan practicado actuaciones de comprobación de los
productos recibidos.
2.11. En el contrato 20A10036000 (de suministro de mamparas) se solicitó durante los trabajos de
fiscalización a la Entidad la aportación de documentación interna, o soporte análogo, acreditativo
de la instalación de aquellas, así como el número de mamparas que habían sido efectivamente
utilizadas y su ubicación. En respuesta a dicha solicitud, se aportó por la AEAT una hoja Excel, sin
firma ni adscripción orgánica, que este Tribunal de Cuentas entiende no acredita suficientemente
los anteriores extremos.
2.12. Por otra parte, y en relación con todos los contratos relativos a suministro de material sanitario,
se solicitó a la Entidad, durante los trabajos de fiscalización, la identificación de la unidad encargada
de la gestión de los bienes adquiridos, así como el libro (o soporte análogo) acreditativo del consumo
y variación de existencias. En respuesta a esta demanda, la Entidad aportó un documento en el que
se proporcionaban pautas diversas para el uso y la distribución del material recibido, si bien dicho
documento carece tanto de fecha como de la identificación de la unidad de la organización interna
4
En relación con la cuestión de la acreditación de la c apacidad y de la solvencia de los contratistas en la tramitación de
emergencia, resulta ilustrativo citar el Dictamen 221/2021 del Consejo de Estado, aprobado el 6 de mayo de 2021, en el
que recuerda que incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración
contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas de los requisitos básicos
establecidos en la LCSP para garantizar su capacidad y solvencia, así como para valorar la relación de su actividad con
el objeto del contrato que se pretende celebrar.
5
En su escrito de alegaciones la Entidad expone que dicha obligación fue cumplida a posteriori, afirmación que justifica
documentalmente.
6
En alegaciones la Entidad adjunta un albarán, si bien el mismo carece de firmas.
7
En alegaciones la Entidad dice acompañar documentación justificativa del cumplimiento de las normas técnicas exigidas
a los productos, si bien tal justificación no figura entre la documentación aportada.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 24
autora de este. Asimismo, se remitieron a este Tribunal una serie de hojas Excel y de documentos
Access con datos de consumo, pero sin identificación de la unidad competente o del personal
responsable para la gestión de las existencias. La información facilitada es heterogénea, ofreciendo
diferente formato y contenido según se trate de las Delegaciones Especiales de Cataluña, de
Andalucía o de Galicia. Todos los documentos elaborados relativos al control de consumos carecen
de firma, sin que figure en los mismos información acerca de la periodicidad de su elaboración,
circunstancias todas ellas que dificultan el control de las existencias utilizadas y de los remanentes
existentes en cada caso.
2.13. En relación con los precios aceptados, y aun reconociendo la dificultad de extraer
conclusiones relevantes y representativas a partir de una comparación entre los precios obtenidos,
para contrataciones de productos similares, por diferentes entidades que forman parte del ámbito
subjetivo de esta fiscalización o por diferentes unidades dentro de la misma entidad -comparación
que requeriría analizar un número muy elevado de variables que condicionan cada una de las
contrataciones aisladamente consideradas-, se ofrecen a continuación a título meramente
informativo, pero coherente con el carácter horizontal de la presente fiscalización, los siguientes
datos comparativos de precios. Así, y en lo que respecta a la adquisición de mascarillas quirúrgicas,
los precios por unidad oscilaron entre los 0,62 euros del proveedor utilizado por la Delegación
Especial de Andalucía y los 0,95 euros del contratista de la Delegación Especial de Cataluña,
pasando por los 0,77 euros del proveedor de la Delegación de Galicia, con una diferencia de algo
más del 50 % entre el contratista más barato y el más caro. En esta línea, los guantes higiénicos
fueron adquiridos en Cataluña a un precio de 9,80 euros por caja de cien unidades, frente a un
importe de 2,42 euros por caja de cien unidades en la Delegación Especial de Andalucía, esto es,
más del cuádruplo en el primer caso en comparación con el segundo. En relación con la adquisición
de gel hidroalcohólico, debe destacarse que en la Delegación Especial de Cataluña se llegó a pagar
un precio de hasta 14,38 euros por litro, en tanto que en los Servicios Centrales el precio fue de
5,15 euros por litro, y en la Delegación Especial de Madrid se pagó un precio de 4,60 euros por litro,
habiendo tenido lugar todas estas compras entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020. Finalmente,
debe destacarse que las compras de material sanitario en el área de la Delegación Especial de
Cataluña, a las que se aplicaron, como se ha visto, precios comparativamente más altos, se
concentraron en un solo proveedor, el cual, además, tal y como se indicó anteriormente, tenía como
objeto social el tráfico mercantil de objetos de papelería, y no el del antedicho tipo de productos
sanitarios
8
.
2.14. En varios de los contratos fiscalizados (en concreto los números 20A10036000, 20840022500,
20840026900, 20840027400 y 20840027500), no consta la solicitud de ofertas a más de una
empresa, lo que habría constituido una buena práctica al objeto de adecuar la tramitación
excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta
económicamente más ventajosa.
9
8
En su escrito de alegaciones la AEAT manifiesta que los estándares de calidad de cada producto, o la capacidad de los
envases de presentación, en el caso del gel hidroalcohólico, así como la dificultad de encontrar un proveedor contrastado
que cumpliera con los plazos establecidos para la entrega de un elevado número de suministros destinados a un ámbito
territorial con más de 40 centros, constituyeron circunstancias que repercutieron necesariamente en e l precio final. Todo
ello sin dejar de ponderar, añade, que la competencia y las sinergias del propio mercado territorial dieron lugar a
peculiaridades y características diferenciadoras entre las diferentes Comunidades Autónomas.
9
La Entidad manifiesta en su escrito de alegaciones que las circunstancias del mercado no lo hicieron posible, añadiendo
que, en todo caso, los precios se fijaron atendiendo a los importes de adjudicación de los contratos precedentes, a los
precios de mercado, y, en algún supuesto, a la comparación llevada a cabo entre las diferentes ofertas recibidas.
INFORME DE FISCALIZACIÓN APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 27/01/2022 25
II.2. BANCO DE ESPAÑA
II.2.1. Contratación de emergencia celebrada por la Entidad en el periodo fiscalizado, y
contratos fiscalizados
2.15. Durante el periodo fiscalizado la Entidad formalizó un total de veinticuatro contratos en los que
aplicó la tramitación de emergencia por un precio de adjudicación total de 2.537 miles de euros, de
los cuales dieciocho eran de suministros, por un importe de 2.049 miles de euros, y los restantes
de servicios, por importe total de 488 miles de euros. Se relacionan los mismos en el Anexo II.1.
2.16. Han formado parte de la muestra un total de siete contratos de suministros, por un precio de
adjudicación total de 1.274 miles de euros, y dos contratos de servicios, adjudicados por un precio
de 137 miles de euros. En su virtud, la muestra seleccionada ha supuesto el 38 % del total de
contratos formalizados en el periodo objeto de fiscalización, los cuales suponen el 56 % del universo
en términos de precio de adjudicación. Para la selección de la muestra se ha atendido al criterio del
objeto del contrato, incluyéndose prestaciones de índole diversa, tanto las que tienen contenido
sanitario como las que se relacionan con suministros tecnológicos. También se ha tenido en cuenta
el precio del contrato, formando parte de la muestra fiscalizada contratos de diferentes rangos del
mismo. Los contratos incluidos en la muestra se relacionan en el Anexo II.2.
II.2.2. Análisis de la contratación fiscalizada
II.2.2.1. REGULARIDAD DE LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
2.17. La totalidad de los nueve contratos fiscalizados han sido objeto de tramitación de emergencia
al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 120 de la LCSP y del artículo 16 del Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. El objeto de la contratación en todos los casos analizados se
corresponde con la adopción de medidas para atender las necesidades derivadas de la protección
de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-
19. En su virtud, resulta en todos ellos ajustada a Derecho la aplicación de la tramitación de
emergencia. En todos los expedientes analizados figura un documento en el que se contiene el
acuerdo, suficientemente motivado, que justifica la aplicación de dicha tramitación al contrato del
que en cada caso se trata.
II.2.2.2. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
2.18. En el contrato 2020C360000012, de suministro de ordenadores, consta que tres sucesivas
ofertas formuladas por el adjudicatario fueron encargadas por el Director del Departamento de
Sistemas de Información de la Entidad, con la previa autorización del Director General de Servicios.
Efectivamente, resulta a