STSJ Murcia , 14 de Diciembre de 2001
| Ponente | FERNANDO CASTILLO RIGABERT |
| ECLI | ES:TSJMU:2001:3382 |
| Número de Recurso | 2523/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Diciembre de 2001 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
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RECURSO nº2523/98 SENTENCIA nº889/2001 LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA SECCIÓN SEGUNDA compuesta por D. Abel Ángel Sáez Doménech Presidente D. Mariano Espinosa de Rueda Jover D. Fernando Castillo Rigabert Magistrados ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A nº889/2001.
En Murcia, a catorce de diciembre de dos mil uno. En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nº 2523/98. , tramitado por las normas ordinarias, en cuantía inferior a 25 millones de pesetas y referido a: I.R.P.F. Parte demandante:
Dª Frida , representada y dirigida por el Letrado D. Alfonso López- Yebra Jauffret.
Parte demandada:
Administración del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
Acto administrativo impugnado:
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia, de 29 de mayo de 1998, recaída en la Reclamación 30/00871/97.
Pretensión deducida en la demanda:
Se dicte sentencia por la que estimando el recurso interpuesto en nombre del recurrente citado en el encabezamiento, contra la Resolución del TEARM de 29 de mayo de 1998 declare contrarias a Derecho las retenciones efectuadas por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, en los haberes percibidos por el recurrente, como pensionista de clases pasivas, por incapacidad permanente para la función docente que venía desarrollando desde el uno de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1996, condenando a la Administración a la devolución de las cantidades indebidamente retenidas en dicho periodo conforme resulte en ejecución de sentencia.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr.D. Fernando Castillo Rigabert, quien expresa el parecer de la Sala.
I-
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 10 de noviembre de 1998, y admitido a trámite, y previa su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
La parte demandada ha solicitado la desestimación del recurso por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de derecho de esta sentencia.
Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 29 de noviembre de 2001.
II-
El 6 de julio de 1988 el Subsecretario de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 del R.D. 2169/84, de 28 de noviembre, declaró la jubilación forzosa de la recurrente, por incapacidad permanente, con efecto de 15 de agosto del mismo año. Desde el 1 de enero de 1994, por aplicación del art. 62 de la Ley 21/93, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1994, en la que se dió una nueva redacción al art. 9.1.c) de la Ley 18/91 se le comenzó a retener a cuenta del I.R.P.F., por no considerarlo exento de la retención tributaria. El 5 de agosto de 1997 se formuló reclamación económico administrativa solicitando la exención de retención en el Impuesto de la Renta por su incapacidad permanente para el servicio y que se declarase, asimismo, el derecho del recurrente a la devolución de cantidades retenidas desde el 1 de enero de 1994. Se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución desestimatoria dictada por el TEARM.
La única cuestión litigiosa a resolver en el presente recurso contencioso administrativo consiste en determinar si la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia impugnada es conforme a Derecho en cuanto desestima la reclamación presentada por el actor contra los actos de retención tributaria practicados por la Caja Pagadora dependiente de la Delegación de Hacienda, Administración de Murcia a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre las percepciones percibidas por aquél en concepto de incapacidad o invalidez permanente.
La parte actora mantiene la vigencia de la exención de la citada pensión del IRPF atendiendo a la nulidad del art. 9 1 c) de la Ley 18/91, en su redacción dada por el art. 62 de la Ley 21/93, declarada inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional 134/96, de 22 de julio, que ha sido seguida por esta Sala en numerosas sentencias, y en particular en las 664 y 665/97.
Por su parte, la Administración, si bien menciona la citada STS 134/96 de 22 de julio, se ampara en la
Instrucción de 22 de octubre de 1996 de la Dirección General de Costes de Personal para desestimar la reclamación, entendiendo que solamente tienen derecho a la exención postulada, y en consecuencia la no retención de cantidad alguna de su pensión, los pensionistas jubilados o retirados por incapacidad que pudieran acreditar que se trataba de una incapacidad o inutilidad permanente absoluta a través de cualquier medio de prueba de entre los que con criterio amplio recogía, exigiendo la aportación de cualquier documento que certificara que el grado de minusvalía sufrido por el pensionista era igual o superior al 65%, siempre que fuera expedido por órgano competente (Seguridad Social, INSERSO u órgano equivalente regional, UVAMI, EVI, Tribunales Médicos Militares, Comisiones Técnicas Calificadoras, etc.), a los cuales en definitiva reconocía el derecho de poder solicitar la no retención de cantidad alguna de su pensión y la devolución de las cantidades retenidas, así como la modificación de sus declaraciones del IRPF correspondientes a los años anteriores. Como quiera que el actor no había acreditado el grado de su minusvalía o calificación de su incapacidad desestima su reclamación.
Como señala la parte actora esta Sala ya se ha pronunciado sobre el tema en las indicadas sentencias, señalando al respecto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (Ley 21/93, de 29 de diciembre) en el art. 62.1.c) dio una nueva redacción al art. 9.1 de la Ley 18/91, declarando solamente exentas las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones Públicas, cuando el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de una gran invalidez. Ello condujo a la Sala a desestimar los recursos que se plantearon frente a las retenciones practicadas por la Administración tributaria a efectos del IRPF en dichas pensiones a partir del 1 de enero de 1994 en que había entrado en vigor la referida reforma, salvo en los supuestos en que el grado de disminución física o psíquica fuera constitutiva de una gran invalidez con arreglo a lo dispuesto por el art. 25 de la Ley de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado de 26 de junio de 1975 (desarrollado por el art. 115.4 del Reglamento General de Mutualismo Administrativo de 18-3- 76).
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional 134/96, de 22 de julio, declaró inconstitucional el art. 62 de la Ley 21/93 de Presupuestos Generales del Estado para 1994, en la medida en que al reformar el art. 9.1.c) de la...
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Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. Exenciones
...que se halla "inhabilitado por completo para toda profesión u oficio". STSJ Andalucía (Sevilla) 22-6-01. JT 2001/1789. Igualmente, la STSJ Murcia 14-12-2001, la STSJ Castilla-La Mancha 22-1-02, la STSJ Murcia Fundamento jurídico 3º: "La sentencia que comentamos, pues, tras sentar las bases ......