STS, 12 de Julio de 2005
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE |
| ECLI | ES:TS:2005:4678 |
| Número de Recurso | 3803/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil cinco.
Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, el Recurso de Casación número 3803/2002 interpuesto por DON Jose Antonio, y Dª. Carmela, D. Augusto, D. Jorge y Dª. Marí Jose, D. Luis Alberto, D. Cornelio y Dª. Luisa y D. Ramón representados por el Procurador de los Tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén, siendo la parte recurrida LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por servicios jurídicos, promovido contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2.001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección. Primera, en recurso contencioso administrativo número 325/1998, sobre deslinde de dominio público marítimo terrestre.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha seguido el recurso contencioso administrativo número 325/1998, promovido por Don Jose Antonio y otros y en el que ha sido parte demandada la Administración General del Estado, sobre deslinde del dominio público marítimo terrestre.
Dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 19 de octubre de 2.001, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: FALLAMOS: «Desestimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Jose Antonio, Doña Carmela, Don Augusto, Don Jorge, Doña Marí Jose, Don Luis Alberto, Don Cornelio, Doña Luisa, Don Ramón, contra la Orden Ministerial de fecha 21 de noviembre de 1.997, por el concepto de deslinde en la Isla Formentera y en las Islas de Espalmador y Espardell, TM de Formentera (Illas Balears), comprendiendo las Islas de Espalmador y Espardel, a que las presentes actuaciones se contraen, que confirmamos por ser conforme a Derecho. Sin expresa imposición de costas ».
Notificada dicha sentencia a las partes por la representación de Don Jose Antonio y otros se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 de abril de 2.002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la partes recurrentes comparecieron en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formularon en fecha 5 de junio de 2002 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideraron oportunos, solicitaron se dictara en su día sentencia: "por la que case la sentencia recurrida y resuelva de conformidad con la suplica del escrito de demanda".
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 18 de noviembre de 2.003, ordenándose también por providencia de fecha 8 de enero de 2.004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), para que en el plazo de treinta días, formalice su escrito de oposición al recurso, lo que hizo en escrito de fecha 21 de abril siguiente en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia: «que desestime íntegramente el recurso, con imposición de costas a los actores».
Por providencia de 10 de mayo de 2005 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de junio en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de Sala
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó en fecha de 19 de octubre de 2001, y en su recurso contencioso administrativo número 325/98, por medio de la cual se desestimó el formulado por D. Jose Antonio y Dª. Carmela, D. Augusto, D. Jorge y Dª. Marí Jose, D. Luis Alberto, D. Cornelio Y Dª. Luisa Y D. Ramón contra la Orden Ministerial del Ministro de Medio Ambiente, de fecha 21 de noviembre de 1997 (rectificada por la de 19 de noviembre de 1997), que aprobó las Actas de deslinde (levantadas los días 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de julio y 29 de septiembre de 1993 en la Isla de Formentera y el 30 de julio de 1993 en las Islas de Empalmador y Espardell) y los Planos relacionados, documentos en los que se definía el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del término municipal de Formentera (Islas Baleares), comprendiendo las Islas de Empalmador y Espardell.
Como decimos, la Sala de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo y declaró la conformidad a Derecho del citado deslinde.
Se basó para ello, en síntesis, y por lo que aquí interesa, en la siguiente argumentación, efectuada en relación con los siguientes apartados:
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La concreción de la finca, identificada como parcela NUM000, del plano 27, situada en el paraje llamado Es Codol Foradat dentro de la zona conocida como Playa Mitjort, de la Isla de Formentera.
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La existencia de vicios formales, que son rechazados por la Sala de instancia rechazando la existencia:
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La necesidad de justificar el deslinde en el momento del apeo, al no estar elaborada la Memoria en dicho momento; sin embargo, del artículo 24 del Reglamento de Costas se deduce que "el proyecto de deslinde, donde se encuentra la Memoria, se elaborará después de cumplir con los trámites establecidos en los artículos 22 y 23 del Reglamento, lo que implica que el acto de apeo es anterior ...".
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Falta de citación personal para el acto del apeo; al margen de tratarse, en su caso, de un simple motivo para la anulabilidad, de haberse producido indefensión del alegante, la Sala pone de manifiesto la asistencia al acto del recurrente, mostrando su disconformidad y realizando, con base en el mismo, posteriores alegaciones.
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Y, en relación con el fondo del litigio (concurrencia de circunstancias físicas determinantes de la obligada inclusión en el dominio público) la conclusión de la Sala es clara, en sentido positivo, en base a las siguientes consideraciones:
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Su ubicación en zona protegida de especial interés cual es la zona Es Pi Des Catala-Platja de Migjorn y Costa Tramontana.
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La consideración de la zona como "una playa continua interrumpida por algunos salientes rocosos a flor de agua y pequeñísimos tramos con características de acantilado ... existiendo una placa rocosa que sustenta todo el tramo de playa ... que va ascendiendo hacia el interior con suavidad y se manifiesta como una plataforma erosionada por las aguas pluviales, las arenas y los vientos, de manera que no es extraño que en algún punto cubierto de arena, se encuentre posteriormente barrido". Como conclusión, expone la sentencia de instancia que "en general puede sostenerse que la costa se configura como una verdadera playa donde rompe el agua. Mas al interior se dibujan dunas aisladas cubiertas, en general de jóvenes sabinas o bien un antiguo y verdadero cordón, detrás de este, un depresión de arena de indudable origen marino y eólico, y a continuación, y hacia el interior, un segundo e incluso un tercer cordón donde la vegetación de sabinas es mas estable y arraigada. Termina entre unos 200 y 300 mts del agua, en una duna de mayor elevación y densamente arbolada que en algún punto es explotada como gavera. Toda la arena es de origen marino. Los cordones están a veces interrumpidos por torrenteras ... que traen arena desde los superiores hacia la playa y que constituyen pasos de acceso a esta". Destaca la sentencia la especial importancia que da a la prueba de reconocimiento judicial, en la que se indica, según se expone, "que en la finca todo el suelo es arenoso, con algo de arcilla. Que existe una edificación interior sobre suelo arenoso, rodeada de montículos de arena de vegetación abundante. Existe arena suelta donde se hunden los pies y una fotografías ---fotos 154 a 157--- muy ilustrativas". Por ello la Sala rechaza ---de forma crítica--- las conclusiones del perito y resalta las conclusiones que, en relación con la dinámica del ecosistema dunar contiene el Informe Complementario del deslinde elaborado por la entidad Tecnoambiente, S. A..
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La parte recurrente en la instancia ha interpuesto recurso de casación contra esa sentencia, en el cual esgrime un único motivo de impugnación, que califica de primero, articulado al amparo de lo dispuesto del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), por infracción de normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver la controversia suscitada.
En concreto, considera infringidos los artículos 3, 4 y 24 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Costas, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 a 8 de la citada. Tal motivo no ha de prosperar de conformidad con los argumentos que, de forma pormenorizada, a continuación desarrollamos.
Como señalamos en nuestra STS de 17 de julio de 2001 "en el nuevo régimen jurídico de las costas españolas que la Ley 22/1988 ha establecido se ha ampliado el patrimonio colectivo incluyendo entre los terrenos de dominio público marítimo-terrestre unas determinadas categorías espaciales, como las dunas litorales, que hasta entonces no necesariamente formaban parte de aquél. La nueva regulación, inspirada en el designio de conservar y proteger lo que queda del medio litoral frenando su deterioro físico (la exposición de motivos destaca, entre otros factores, la regresión de la línea de costa así como la "la destrucción de las dunas litorales", en cuanto fenómenos especialmente negativos), tiene una decidida vocación de incorporar estas nuevas categorías a dicho patrimonio público "ampliando la estrecha franja costera que actualmente tiene esta calificación demanial".
Concretamente, las dunas litorales (no las continentales) quedan incluidas en la nueva definición de "playa" siempre que estén formadas por la acción del mar o del viento marino, y al margen de que tengan o no vegetación".
En la misma, añadimos que "es cierto que la dicción legal permite abrigar ciertas dudas sobre el límite interior de estos espacios litorales que, en algunas ocasiones, avanzan considerablemente tierra adentro, dudas a las que el Reglamento de desarrollo de la Ley ... ha respondido en su artículo 4.d) considerando incluidas en la delimitación de la playa las cadenas de dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino, así como las fijadas por vegetación hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.
Incluso sin necesidad de la apelación a la norma reglamentaria, la dicción del artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988 era suficiente, en el caso de autos, para considerar que las dunas existentes en la parte superior del «acantilado» (en el sentido antes expresado) ..., esto es, las dunas que se elevan sobre el zócalo de arenas --asimismo eólicas-- cuaternarias en que dicha formación costera consiste, y que avanzan hacia el interior, formaban parte, a tenor del tan citado artículo 3.1.b) de la Ley 22/1998, del dominio público marítimo-terrestre y debían, por tanto, incluirse en el deslinde practicado".
Hemos de exponer los conceptos de "dominio público marítimo terrestre" y "zona marítimo terrestre", al resultar claros y evidentes los conceptos que por la sentencia se utilizan.
Como dijimos en nuestra STS de 17 de diciembre de 2003, la cuestión "está en la permanente confusión, que se manifiesta en todos los escritos de alegaciones presentados, entre zona marítimo terrestre (artículo 3.1. a de la Ley 22/1988, de 28 de junio ) y ribera del mar (artículo 3.1.a y b de dicha Ley), de la que se derivan planteamientos incorrectos y pretensiones rechazables, pues el hecho de que un terreno no resulte alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, no sea inundado por la pleamar máxima viva equinoccial, no lo excluye del dominio público marítimo terrestre como ribera del mar, dado que también se encuentran dentro de ésta las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales (artículo 3.1 b) de la mentada Ley de Costas 22/1988)".
Esto es, lo que en el supuesto de autos se discute es que, si bien no concurren las características del apartado a) del artículo 3.1 de la vigente Ley de Costas (que define la denominada zona marítimo terrestre de la ribera del mar), sin embargo, se pueden dar las contempladas en el apartado b) del mismo precepto (que define las "playas"), igualmente determinantes de su naturaleza demanial marítimo-terrestre como ribera del mar.
Como antes hemos expresado la zona de la Playa del Migjort es arenosa y su origen es el resultado de la fijación por la vegetación de sedimentos arenosos móviles, circunstancias que ratifican las fotografías del reconocimiento judicial así como la prueba pericial obrante en las actuaciones, según se expresa en la sentencia de instancia. Por ello se señala que "en general puede sostenerse que la costa se configura como una verdadera playa donde rompe el agua. Mas al interior se dibujan dunas aisladas cubiertas, en general de jóvenes sabinas". Estamos ante una zona incluida dentro del concepto de playa pues corresponde a una zona de dunas cuya movilidad varía en función del viento marino o de otras causas naturales, destacando del reconocimiento la expresión de tratarse de una parcela donde "todo el suelo es arenoso con algo de arcilla", describiéndose y apreciándose en las fotos los sucesivos cordones dunares, resultando especialmente significativa, en relación con la fotografía 154, la expresión de que "todo lo blanco es arena suelta donde se hunden los pies. Esta zona está hacia el interior una vez pasado el cordón dunar".
En conclusión, lo significativo en esta zona es la comprobación progresiva del nacimiento de vegetación y la existencia simultánea de zonas con arena muy suelta.
Tal realidad física, según la sentencia, que no hacen sino confirmar las consideraciones expuestas en la Memoria, no ha sido desvirtuada en el curso del proceso, y, tal como es descrita, encaja en el concepto que de playa se establece en el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC).
Como dice la sentencia de este Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2001 "en materia de deslinde de la zona marítimo terrestre, la función propia de esta jurisdicción se limita a determinar la corrección del procedimiento de deslinde y la inclusión de los terrenos afectados en alguna de las categorías que, según la Ley de Costas, constituyen el dominio público marítimo. Así lo ha proclamado esta Sala en reiteradas sentencias, entre las que se encuentran las de 10 de febrero de 1988, 8 de junio de 1990, 17 de diciembre de 1990 y 21 de octubre de 1993, y las más recientes de fechas 24 y 26 de septiembre y 3 de octubre de 2001, de las que se debe extraer idéntica conclusión".
Al llegar a tales conclusiones la sentencia impugnada ni es incongruente, ni inventa el origen y la realidad de la arena, ni, en fin, escapa de la realidad que ha quedado acreditada, pues basta el examen de las fotografías que aparecen tanto en la demanda como en el acta de reconocimiento para ratificar tales conclusiones. En consecuencia, la Sala de instancia, después de un examen riguroso del expediente administrativo, de las fotografías aportadas y del propio reconocimiento judicial del terreno, ha llegado a la conclusión de que existe prueba de que ---en el tramo del deslinde--- se está ante una zona de "playa", y esta es una apreciación de las pruebas del expediente administrativo y de los documentos aportados por las partes que no puede ser discutida en casación, como no sea ---que no es--- que se trate de una apreciación contradictoria o ilógica. Esto es, la Sala de instancia ha valorado todas las pruebas practicadas y ha llegado a la conclusión de que los terrenos calificados como zona intermedia reúnen las características físicas relacionadas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Costas para ser considerados bienes de dominio público marítimo-terrestre, ya que pueden ser calificados de playa, conclusión a la que llega después de describir prolijamente la situación y características de dicho terreno a la vista de los medios de prueba ofrecidos tanto por los demandantes como por la propia Administración, y, por consiguiente, la presunción de veracidad, a la que la recurrente se refiere, no ha quedado desvirtuada.
Por ello, la valoración llevada a cabo por la sentencia de instancia de la prueba practicada así como las conclusiones alcanzadas, en modo alguno pueden calificarse de arbitrarias o desproporcionadas.
Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo (artículo 139-2 de la LRJCA). Esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cantidad máxima de 2.500'00 euros (Artículo 139.3) a la vista de las actuaciones procesales.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
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No haber lugar y, por tanto, desestimar el recurso de casación núm. 3803/2002, interpuesto por D. Jose Antonio y Dª. Carmela, D. Augusto, D. Jorge y Dª. Marí Jose, D. Luis Alberto, D. Cornelio Y Dª. Luisa Y D. Ramón contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 1ª) de fecha 19 de octubre de 2001, en su recurso contencioso administrativo número 325/1998, la cual, en consecuencia, confirmamos.
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Condenar a la parte recurrente en las costas del presente recurso de casación, en los términos expresados.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Rafael Fernández Valverde, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.-
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