ATS, 21 de Octubre de 2004
| Ponente | ENRIQUE CANCER LALANNE |
| ECLI | ES:TS:2004:11870A |
| Número de Recurso | 146/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Fecha de Resolución | 21 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil cuatro.ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Afonso Rodríguez, en nombre y representación de D. Juan Ramón, se ha interpuesto recurso de queja contra el Auto de 10 de febrero de 2004, confirmado por el de 29 de marzo siguiente, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por el que se inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de 27 de junio de 2003, dictada en el recurso nº 11/02, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne de la Sala
La sentencia que se pretende recurrir en casación para la unificación de doctrina desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el hoy recurrente contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria de 28 de septiembre de 2002, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la resolución recaída en el expediente sancionador incoado por la Administración Tributaria derivada de la liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal de 1996.
La Sala de instancia inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto al no concurrir los requisitos establecidos por los artículos 96 y siguientes de la LRJCA, pues la relación con la cuestión debatida de las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo y 17 de octubre de 2000 y 29 de enero de 2001 aportadas es nula, ya que versan sobre denegación de licencia de obras, presupuestos procedimentales relativos a la notificación de los actos administrativos y proyecto de revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Astillero, respectivamente, y no apreciar contradicción con la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2001, también aportada como contraria.
Frente a ésto se arguye, en síntesis, y con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva, que el auto recurrido en queja "...declara la inexistencia de relación y contradicción entre las sentencias aportadas de contraste y la sentencia recurrida, ante lo cual no estamos conformes, dado que consideramos que sí existe relación y confrontación jurídica entre ellas", lo que parece claro por lo que respecta a la STS de 27 de octubre de 2001, exponiendo a continuación los argumentos que a su juicio avalan la concurrencia de dicha relación y confrontación.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, dispone -artículo 97.1- que el recurso de casación para la unificación de doctrina se interpondrá directamente ante la Sala sentenciadora. De aquí que apodere a ésta para pronunciarse sobre la admisión o inadmisión del mismo -artículo 97.3 y 4-, en función de que el escrito de interposición del recurso cumpla o no los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 del propio artículo 97, a los que hace expresa remisión el apartado 3 del mismo artículo. Junto a ello, el Tribunal "a quo" deberá examinar si el recurso interpuesto se refiere a una sentencia susceptible de casación para la unificación de doctrina, de acuerdo con lo que disponen los apartados 3 y 4 del artículo 96.
En otras palabras, el control que la Sala sentenciadora debe ejercer al pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de un recurso de casación para la unificación de doctrina debe ceñirse, junto al examen de los requisitos generales sobre legitimación y postulación del recurrente, a los siguientes extremos: a) Si la interposición del recurso tiene lugar en el plazo legal de treinta días; b) Si contiene relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y se invoca razonadamente la infracción legal en que, a juicio del recurrente, incurre la sentencia impugnada; c) Si se acompaña al escrito de interposición del recurso certificación de la sentencia o sentencias alegadas con mención de su firmeza -cuando no lo fueran por ministerio de la ley- o, en su defecto, copia simple de su texto y justificación documental de haberse solicitado aquélla del órgano jurisdiccional competente (en tanto no se constituya el Registro de sentencias previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 29/1998).
Consecuentemente, conforme ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala en Autos de 5 de marzo y 4 de junio de 2001 y 8 de abril de 2002, a lo que no puede extenderse el control de la Sala de instancia es al examen de la identidad de las sentencias enfrentadas, toda vez que el juicio de contradicción, el primero que debe hacerse al tiempo de fallar el recurso, es competencia exclusiva del Tribunal de casación, en este caso, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y aunque no se haya entendido así en otras ocasiones, el cambio de criterio obedece, creemos, a una mejor inteligencia del artículo 97 de la vigente Ley de esta Jurisdicción.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, procede estimar el recurso de queja, pues la Sala de instancia, al decir en unos casos que entre las sentencias de contraste citadas y la recurrida en casación para la unificación de doctrina no se aprecia contradicción y, en otros casos, que la relación entre dichas sentencias es nula, se ha basado para inadmitir el presente recurso en la falta de contradicción jurídica entre la sentencia recurrida y las invocadas como contrarias, juicio que se encuentra reservado a este Tribunal, ello sin perjuicio de las potestades que nos asisten para examinar, una vez sustanciado el recurso, si la interposición del mismo se ajusta o no a las previsiones de los apartados 1 y 2 del artículo 97, ya que el artículo 95.1, aplicable al recurso de casación para la unificación de doctrina -ex artículo 97.7-, contempla entre los pronunciamientos posibles de la sentencia la declaración de inadmisibilidad del recurso si concurre alguno de los motivos previstos en el artículo 93.2.
Respecto al pago de las costas no procede hacer pronunciamiento alguno.
Por lo expuesto,LA SALA ACUERDA:
estimar el recurso de queja Nº 146/04 interpuesto por la representación procesal de D. Juan Ramón contra el Auto de 10 de febrero de 2004, confirmado por el de 29 de marzo siguiente, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictado en el recurso nº 11/02, que se deja sin efecto.
Comuníquese esta resolución al expresado Tribunal para que proceda conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 97 de la Ley de esta Jurisdicción, elevando en su día a esta Sala los autos y el expediente administrativo.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
