STS, 24 de Enero de 2003
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 24 Enero 2003 |
D. PASCUAL SALA SANCHEZD. JAIME ROUANET MOSCARDOD. RAMON RODRIGUEZ ARRIBASD. JOSE MATEO DIAZD. ALFONSO GOTA LOSADA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Enero de dos mil tres.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 10.177/98, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada en 14 de Mayo de 1998 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el Recurso número 726/96, en materia de Impuesto especial sobre Bienes Inmuebles, de entidades no residentes.
No ha comparecido en esta instancia la parte recurrida D. Fernando y su esposa Dª Trinidad
La Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en fecha 14 de Mayo de 1998, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: Estimamos el recurso interpuesto por los recurrentes, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 10 de julio de 1996, que en consecuencia anulamos, declarando el derecho de la parte recurrente al reconocimiento de la exención solicitada".
Contra la anterior sentencia, la Abogacía del Estado preparó recurso de casación y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito fundado en dos motivos, ambos al amparo del artículo 95, 1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, el primero por infracción de la Disposición Adicional 5ª , 1 y, por inaplicación, el art. 94.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común, y el segundo motivo por infracción de la Disposición Adicional 6ª, apartado 4º, letra d) de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en relación con el art. 74, número 6 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1841/1991, de 30 de Diciembre, terminando por suplicar sentencia por la que, con estimación del recurso interpuesto, se case y anule la recurrida y consiguientemente se declare que las resoluciones de la Administración Tributaria, impugnadas en la instancia, se ajustaron a derecho; tras de lo cual quedaron los autos pendientes para deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer, y
Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo Contencioso- Administrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisiblidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
La casación contencioso-administrativa es un recurso extraordinario y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el artículo 93.2.b) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (versión anterior a la Ley 29/1998, de 13 de Julio) que al relacionar las resoluciones judiciales excluidas de ser impugnadas en casación, menciona las sentencias recaídas en asuntos cuya cuantía, cualquiera que fuere la materia, no exceda de seis millones de pesetas.
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia o el ofrecimiento del mismo al notificarse la resolución impugnada, o su admisión previa por esta Sala, siempre, naturalmente, que la cuantía sea estimable e inferior al límite legalmente establecido.
En este caso, la cuantía del recurso fue fijada por la Sala de instancia como indeterminada, teniendo en cuenta la consignada por la recurrente en la instancia, sin embargo es doctrina reiterada de esta Sala ( entre otros los autos de 29 de Enero, 22 de Febrero, 14 de Mayo y 22 de Octubre de 1999, y las sentencias de 5 y 15 de julio de 2000, 11 de Julio, 11 de diciembre de 2001, 29 de Mayo y 24 de Septiembre de 2002), que en asuntos como el ahora examinado, resulta preciso tener en cuenta, a efectos de la determinación de la cuantía que los actos administrativos recurridos tienen su origen en la solicitud de exención del Impuesto especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no residentes, que se devenga anualmente, formulada por D. Fernando y Dª Trinidad , ante la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, respecto de un chalet en la Urbanización Cortijo Nagueles NUM000 en Marbella (Málaga), cuya cuota por el referido Impuesto, según consta en el expediente administrativo, asciende en el ejercicio de 1992 a 164.033 pesetas.
En los casos en que se solicita la exención del Impuesto, el valor de la pretensión, de conformidad con la regla sexta del artículo 489 de la LEC, actual art. 251 -de aplicación supletoria, ex Disposición Adicional Sexta de la LRJCA- al tratarse de una prestación periódica, viene determinado por el importe de una anualidad multiplicado por diez, por lo que es forzoso concluir que en este asunto, la cuantía de la pretensión deducida en la instancia respecto de la finca indicada, no alcanza el límite legal establecido en el art. 93.2.b) de la LRJCA para el acceso al recurso de casación.
En consecuencia, siendo inadmisible el recurso, conforme al artículo 93.2 de la Ley de esta Jurisdicción, según la redacción de 1992, llegado a este trámite se convierte en motivo de desestimación, lo que obliga a declararlo así; y en cuanto a costas, se deben imponer al recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la citada Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.
Que debemos declarar y declaramos, no haber lugar al recurso de casación formulado por la Administración General del Estado, contra la Sentencia dictada en fecha 14 de Mayo de 1998 por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, recaída en el Recurso número 726/96, con la obligada imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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