STS, 20 de Julio de 2004
| Ponente | Fernando Martín González |
| ECLI | ES:TS:2004:5370 |
| Número de Recurso | 109/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 20 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. ENRIQUE CANCER LALANNED. JUAN JOSE GONZALEZ RIVASD. FERNANDO MARTIN GONZALEZD. NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEND. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil cuatro.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo que con el núm. 109/2002 ante la misma pende de resolución, interpuesto por D. Rogelio, representado por la Procuradora Dª Pilar Crespo Núñez, contra el Real Decreto 774/2002, de 26 de Julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso, habiendo sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado
Por la representación de D. Rogelio se interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución, el cual fue admitido por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido se entregó a la recurrente, para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala que se anulara la expresión "excedencia y" del art. 6,3 de dicho Real Decreto y que los profesores en excedencia tienen derecho a formar parte de las Comisiones de habilitación nacional en condiciones de igualdad con los profesores en activo o en servicios especiales.
La Administración recurrida se opuso a la demanda con su escrito en el que, después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala la desestimación del recuso.
Acordándose sustanciar este pleito por conclusiones sucintas, se concedió a las partes el término sucesivo de diez días, evacuándolo con sus respectivos escritos en los que tras alegar lo que estimaron conveniente, terminaron dando por reproducidas las súplicas de demanda y contestación.
Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 13 de Julio de 2004, en cuyo acto tuvo lugar su celebración, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Se impugna en el recurso contencioso administrativo interpuesto ante esta Sala por la representación de D. Rogelio el Real Decreto 774/2002, de 26 de Julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, y en su demanda solicita el recurrente que se declare que es nula y no conforme a Derecho la expresión "excedencia y" contenida en el párrafo segundo del art. 6,3 de dicho Real Decreto, y que se declare que los profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios en situación de excedencia por prestar servicios en una Universidad Privada, tienen derecho a formar parte de las Comisiones de Habilitación Nacional en condiciones de igualdad con los profesores en activo o en servicios especiales.
En dicha demanda se consignan, en síntesis, los siguientes argumentos: a) La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (LOU) regula el profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios, en cuyos arts. 57 y siguientes se refiere al procedimiento de acceso a dichos Cuerpos, procedimiento que se basa en el sistema de habilitación nacional, y en cuya disposición final Tercera habilita al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para desarrollar reglamentariamente, cada uno dentro de sus competencias, el contenido de la Ley, en uso de cuya autorización se ha promulgado el Real Decreto 774/2002, de 26 de Julio; b) la regulación legal de aquellas Comisiones se contiene en el apartado 4 del art. 57 de la LOU, que se inserta en la demanda, y de ella resulta que para formar parte de las Comisiones sólo se exigen el requisito de pertenecer al Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios de cuya habilitación se trate, o de los mismos Cuerpos de iguales o superiores categorías, y el requisito de tener reconocido, según los casos, uno o dos períodos de actividad investigadora en los términos del Real Decreto 1086/89; c) el Real Decreto impugnado se aparta de la Ley y se excede en el uso de la habilitación reglamentaria al establecer nuevos requisitos no exigidos por la LOU, sin justificación racional; d) el art. 6 del Real Decreto recurrido --que se transcribe-- establece que los miembros de las Comisiones podrán estar en cualquiera de las situaciones administrativas del art. 2 del Real Decreto 365/95 de 10 de Marzo, Reglamento de situaciones administrativas, "excepto en las de excedencia y suspensión de funciones"; e) de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto recurrido, el 774/2002, los funcionarios miembros de los Cuerpos Docentes establecidos por el art. 56 de la LOU, que se encuentran en situación de excedencia voluntaria por estar prestando servicios en una Universidad Privada, tienen limitadas sus posibilidades de formar parte de las Comisiones de Habilitación, de modo que, como regla general, no pueden formar parte de dichas Comisiones, y, excepcionalmente, sí pueden cuando se cumplan dos requisitos adicionales, que no se exigen a otros funcionarios en situaciones distintas de la de excedencia, haber sido propuestos por una Universidad Pública y obtener un informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación; y f) que hay exceso en el ejercicio del poder reglamentario en lo que se refiere a la exclusión de los profesores funcionarios en situación de excedencia voluntaria, y se vulnera el derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, con cita del art. 14 de la Constitución y de sentencias del Tribunal Constitucional.
El Abogado del Estado pidió la desestimación del recurso apoyándose, también en síntesis, en que el Real Decreto objeto del recurso no ha sobrepasado los límites del poder reglamentario, aludiendo también al informe del Consejo de Estado obrante en autos.
En definitiva, pues, la problemática que plantea la parte recurrente viene referida a un pretendido exceso en el ejercicio del poder reglamentario consistente, según dice, en que la exclusión de los profesores docentes en situación de excedencia para que puedan formar parte de las Comisiones de habilitación, a que se refiere el art. 6 del Real Decreto impugnado (Real Decreto 774/2002, de 26 de Julio), por parte del art. 6,3 párrafo segundo de éste, implica según la versión de dicha parte recurrente, rebasar los limites de la habilitación concedida al Gobierno por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de Diciembre, en lo que atañe a la regulación legal de dichas Comisiones verificada en el art. 57 de aquella Ley Orgánica, cuyo apartado 4 recoge que las pruebas de habilitación nacional serán Juzgadas por dichas Comisiones sín aludir a que se hallen o no en situación de excedencia, en este caso por hallarse los profesores funcionarios prestando servicios en una Universidad Privada, lo que, en su sentir, constituye una evidente contradicción entre la letra de la Ley Orgánica de referencia y lo que dispone el Reglamento, puesto que el art. 57 de aquélla sólo condiciona el derecho a formar parte de las mencionadas Comisiones de habilitación, a ser funcionario de alguno de los Cuerpos docentes universitarios (de los señalados en su art. 56) y a poseer el reconocimiento de un período de actividad investigadora, mientras que el Real Decreto, en su art. 6, excluye la posibilidad de formar parte de dichas Comisiones a los que se encuentren en excedencia voluntaria por prestar servicios en una Universidad Privada, exclusión que, para el recurrente, no tiene cobertura legal y es contraria a los fines y objetivos proclamados por la Ley Orgánica.
Resulta, pues, que lo que en primer lugar se cuestiona es si en el ámbito de la delegación de la Ley Orgánica a favor del Gobierno --efectuada a tenor de su disposición final tercera, conforme a la que corresponde a éste y a las Comunidades Autónomas, en su caso, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley, e incluso en el art. 57 de la Ley Orgánica, que encomienda al Gobierno la regulación del sistema de habilitación que ha de venir definido por la categoría del cuerpo y el área de conocimiento-- puede o no haberse producido en el Reglamento un exceso ultra vires al excluir a los que se hallan en situación de excedencia.
Para solucionar tal cuestión ha de partirse de la base de que la nueva ordenación por Ley Orgánica de la actividad universitaria, como explica su Exposición de Motivos, responde a los profundos cambios en el sistema universitario, así como de que la delegación al Gobierno obedece a que por parte de la Administración se complemente o desarrolle la normativa legal al menos en aspectos concretos y pormenorizados que no suelen tener cabida en el marco de la Ley, proclive a la abstracción y a la formulación de aspectos más generalizados, con frecuencia.
Partiendo de ello, ha de ponderarse que el art. 6, 3, párrafo segundo del Real Decreto 774/02, más que el resultado de una delegación por parte de la Ley, constituye una interpretación del texto legal --normal cuando se trata de Reglamentos ejecutivos, según el Dictamen del Consejo de Estado-- que, además, se encuadra en el ámbito de la potestad de autoorganización de la propia Administración, al margen de que incluso de la propia Ley Orgánica resulta que las pruebas de habilitación tienen un carácter estatal y son convocadas por el Consejo de Coordinación Universitaria, circunstancia de la que se desprende que, aún cuando en lo que atañe a fines, no existe clara diferenciación entre Universidades Públicas y Privadas, sí hay diferenciación en lo que respecta a las propias fuentes jurídicas aplicables, que son distintas, así como también se desprende que, desde tal perspectiva, en la situación de excedencia el funcionario deja en suspenso el vínculo o relación de servicios que le ligaba con la Universidad estatal, y, por tanto, está fuera del entorno de la actividad pública docente, desligado del ámbito de la docencia pública, como explica el dictamen del Consejo de Estado, por lo que no se encuentra en situación de igualdad con relación al funcionario en servicio activo o asimilado, a efectos de la invocada vulneración del principio de igualdad del art. 14 de la Constitución, y, por ello, no es cierto que, tratándose del acceso a Cuerpos de Funcionarios Públicos, carezca de justificación la exigencia de que los miembros de las Comisiones que han de juzgar las pruebas de habilitación sean funcionarios docentes que se encuentren en servicio activo o en situación de cierta similitud, como tampoco carezca de razón de ser la "exclusión" de que se queja la parte recurrente.
Tratándose del Régimen de Profesorado Universitario, tiene una especial relevancia, al haberse establecido en el art. 5,4 del Real Decreto 898/85, de 30 de Abril, la exigencia de la superación de concursos que celebre cualquier Universidad para la provisión de plazas de profesorado del Cuerpo al que pertenece, para el reingreso al servicio activo de los excedentes voluntarios, precepto que según la sentencia del Tribunal Constitucional 83/94, de 14 de Marzo, no puede considerarse constitucionalmente ilícito, y que, tal como recogió la sentencia de esta Sala de 26 de Marzo de 1996, es conforme al régimen legalmente establecido, lo que significa que el que legalmente se encuentra en situación administrativa de excedencia se halla, mientras lo está, fuera del ámbito de la relación con la Administración que convoca las pruebas de habilitación nacional.
También alude la parte actora a la vulneración del derecho al acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad, con cita del art. 23,2 de la Constitución, mas bien conocido resulta que tal precepto exige la concurrencia de los requisitos que señalen las leyes, puesto que es de configuración legal, de modo que si partimos, como aquí se ha explicado, de que hay una Ley delegante que remite a un Reglamento para completar su propia regulación, tal como lo verifica la disposición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, y de que, incluso, hay una remisión singular de la propia Ley, en su art. 57, 1, cuando establece que el Gobierno regulará el sistema de habilitación, para completar preceptos aislados de una Ley, y si partimos también de que es razonable que en esa Comisión, que ha de juzgar sobre las pruebas en cuanto a concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, se excluya a los que se hallan en situación de excedencia, obvio resulta que, por ningún lado, aparece indicio alguno de que se haya vulnerado tal derecho de acceso a la función pública.
En relación con la normativa anterior a la de la Ley Orgánica 6/2001, ha de destacarse que el Real Decreto anterior, 1884/84, de 26 de Septiembre, que regulaba los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, establecía en su art. 6,3 que podrán ser nombrados miembros de las Comisiones encargadas de valorar los concursos funcionarios que se encuentren en cualquiera de las situaciones administrativas a que se refería el art. 2 del Real Decreto 730/86, entonces aplicable, mas tal previsión partía de una diferenciación entre los Vocales de la Comisión designados por la Universidad, y entre los demás miembros, o sea, los no nombrados por la Universidad, puesto que, unos habrían de ser funcionarios de carrera que se hallaran en situación administrativa de servicio activo, mientras que para los demás miembros, designados por el Consejo de Universidades mediante sorteo público, el régimen era diferente, lo que impide entender que se haya privado de algún derecho, que ostentaran con anterioridad, a quienes se hallen en esa situación de excedencia, todo lo cual impone la desestimación del recurso y de las pretensiones deducidas.
Conforme al art. 139,1 de la Ley de esta Jurisdicción no se aprecian motivos determinantes de un especial pronunciamiento sobre costas.
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución;
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de D. Rogelio contra el Real Decreto 774/2002, de 26 de Julio, por entender que éste, en cuanto a lo impugnado (art. 6,3), sí se ajusta a Derecho, sin especial pronunciamiento sobre costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente jugando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Fernando Martín González, estando la Sala celebrando audiencia pública, en el día de la fecha, de lo que como Secretario de la misma, Certifico.
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...nuevos no establecidos en ella, y además lo hace sin justificación racional. TERCERO Esta Sala y Sección en su sentencia de 20 de julio de 2004 (Recurso 109/2002) ya abordó y resolvió, en sentido desestimatorio, la misma impugnación que en el actual proceso se plantea. Debe reiterarse, pues......
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