SAN, 11 de Mayo de 2004
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2004:3347 |
SENTENCIA
Madrid, a once de mayo de dos mil cuatro.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 1656/01, que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador D. José Manuel
de Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de Dª. Elvira Y Dª Amelia, frente a la Administración General del Estado,
representada por el Sr. Letrado del Estado, siendo codemandados "GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.", y "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A.",
representados, respectivamente, por los Procuradores D. Fernando Bermudez de Castro Rosillo y
D. Florencio Araez Martínez, contra acto presunto del Ministerio del Fomento (que después se
describirá en el primer fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE
ALBERTO FERNANDEZ RODERA.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado el 30 de julio de 2.001, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Providencia de fecha 11 de septiembre de 2.001, y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2001, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 11 de julio de 2002, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso. Por las codemandadas se contestó a la demanda en fecha 10 de septiembre del mismo año.
Recibido el pleito a prueba por auto de 16 de septiembre de 2002, se propuso por la parte actora la que a su derecho convino, con el resultado que obra en autos.
Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron, reiterándose en sus respectivos pedimentos.
Por providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 4 de mayo de 2004, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Es objeto de impugnación en la presente "litis" acto presunto del Ministerio de Fomento, relativo a solicitud de indemnización deducida por Dª Elvira, en nombre propio y de su hija menor de edad Amelia, derivada del fallecimiento de su respectivamente, marido y padre, producida el día 2 de agosto de 1988, D. Manuel, óbito ocasionado por una electrocución, al producirse inducción, por contacto de barra metálica con un cable de alta tensión cuando prestaba servicios de asistencia técnica en las obras de ejecución de la Autovía del Mediterráneo, Murcia-Alicante, tramo 11, pedanía de la Matanza. Se reclaman 83.857.346 pesetas, e intereses legales correspondientes.
Los motivos del recurso se basan, en síntesis, en la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado, al amparo de lo previsto en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, y demás preceptos concordantes.
Planteada tesis a las partes, en fecha 5 de mayo de 2003, en orden a la determinación de si hubiera operado la prescripción prevista en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por transcurso del plazo de un año, lo cierto y verdad es que la parte actora ha presentado documental sumamente esclarecedora a favor de la consideración de que tal término no ha transcurrido en contra de su pretensión (Documentos 2 a 20 de los unidos a su escrito de fecha 17 de junio de 2003), por lo que esta Sala ha de entrar a valorar el fondo del asunto.
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo el artículo 139.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece idéntico derecho, dentro del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo "de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad".
No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 5 de junio de 1.998) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se requiere, según el artículo 139 antes citado, que concurran los siguientes requisitos: A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto con acreditar que un daño antijurídico, se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público. B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. C) Relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, así lo dice la Ley 30/92, en el artículo 139, cuando señala que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del Caso Fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos,...
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