STS, 14 de Octubre de 2005
| Ponente | PEDRO JOSE YAGÜE GIL |
| ECLI | ES:TS:2005:6199 |
| Número de Recurso | 5246/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Octubre de dos mil cinco.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación 5246/2002, interpuesto por D. Casimiro representado por el Procurador D. Juan Francisco Alonso Adalia y asistido por Letrado, siendo la parte recurrida la Administración General del Estado representada por el Abogado del Estado contra sentencia de 11 de junio de 2002 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso contencioso-administrativo número 1519/00 sobre denegación de entrada en territorio español.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha seguido el recurso 1519/00 promovido por D. Casimiro, y en el que ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, sobre denegación de entrada en territorio español.
Dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 11 de junio de 2002, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por EL Procurador D. Juan Francisco Alonso Aldaia en representación de D. Casimiro debemos declarar y declaramos ajustado a derecho el acto recurrido, sin costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de D. Casimiro se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de julio de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 20 de septiembre de 2002 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer el motivo de impugnación que consideró oportuno, solicitó se dictara resolución en la que se case y anule dicha sentencia dictando otra en su lugar en los términos interesados por la recurrente.
El recurso de casación fue admitido por providencia de 11 de febrero de 2004, ordenándose también por providencia de 18 de marzo de 2004, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO) a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 6 de abril de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 11 de Octubre de 2.005, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, Magistrado de Sala
Se impugna en este recurso de casación número 5246/2002 la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en fecha de 4 de julio 2002, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo nº 1519/2000, promovido Procuradora de los Tribunales D. Juan Francisco Alonso Adalia, en nombre y representación de D. Casimiro contra la resolución dictada por la Dirección General de la Policía, de fecha 8 de Agosto de 2.000, por la que se desestimó el recurso de alzada formulado por el propio recurrente contra la anterior Resolución del Jefe de Servicio del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas (por delegación del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid), de fecha 21 de junio de 2000, que denegó al recurrente la entrada en el territorio nacional así como decretó el retorno al lugar de su procedencia .
El recurrente, articula dos motivos impugnatorios , así en primer lugar y al amparo del artículo 88.1.d) alega infracción de los convenios de Tokio de 1963 y Convenio de La Haya de 1970, así como infracción del artículo 18.2 de la LOEX al entender la Sala de instancia, según el recurrente, que no es aplicable al procedimiento administrativo objeto del recurso el trámite de audiencia, y al amparo del artículo 88,1,c) reitera el recurrente la alegación de la omisión del trámite de audiencia.
El primero de los motivos impugnatorios no puede ser acogido pues la sentencia de instancia ninguna referencia hace al Convenio de Tokio de 1963, (hemos de entender que se refiere al Convenio sobre Infracciones cometidas a bordo de aeronaves BOE 25 diciembre 1969), ni al Convenio de La Haya de 1970, (hemos de entender que se refiere al Convenio sobre Represión del apoderamiento ilícito de aeronaves). La infracción de las disposiciones de ambos Convenios no parece siquiera pensable visto el objeto del proceso, (resolución de denegación de entrada en territorio nacional de ciudadano extranjero); y la sucinta alegación en casación de dicha infracción de una normativa internacional, por cierto no alegada en la instancia, huérfana de cualquier razonamiento complementario, impone una exégesis que conduce necesariamente al rechazo, pues o bien el recurrente pretende cuestionar "in genere" la potestad administrativa de denegación de entrada de ciudadanos extranjeros desde la tesis de que todo extranjero que accede a un aeropuerto español en vuelo internacional se encuentra ya en territorio español y por ello no es posible la denegación de entrada, tesis que olvida el expreso reconocimiento y atribución de dicha potestad por la normativa vigente, así como que el propio recurrente articula como pretensión en la instancia que se le autorice la entrada, y el dato de que el objeto de aquellos instrumentos no es otro que la determinación convencional de las reglas de competencia ante determinadas infracciones, mientras que la normativa sectorial que nos ocupa disciplina el régimen de los flujos migratorios y en concreto los requisitos para la entrada legal en territorio español; o bien, segunda de las alternativas que debemos contemplar, el recurrente pretende fundar en esa referencia a los Convenios de Tokio y La Haya el derecho del extranjero al trámite de audiencia pero dicha alegación carece de fundamento justamente en razón del objeto de dichos Convenios.
La infracción del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo integra el segundo de los motivos impugnatorios ordenados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, omisión que el recurrente concreta en la ausencia de traslado del informe propuesta del funcionario instructor, pero debe de notarse que la sentencia combatida ahora en casación ninguna referencia realiza tampoco a dicho extremo debiendo haber articulado el actor al amparo del 88.1.c) el motivo impugnatorio, si bien no concretado en la vulneración del trámite de audiencia, (cuestión referida al procedimiento administrativo), sino al silencio ante tales alegaciones frente a la resolución administrativa en la sentencia de instancia. Y si bien en el escrito de interposición del recurso de casación se hace una alusión al hecho de que la Sala de instancia no se haya pronunciado sobre esa cuestión, ni se cita precepto ni jurisprudencia que hayan resultado infringidos, por lo cual se trata de una alegación que no constituye un motivo de impugnación válido. (Art. 92.1 de la Ley 29/98).
El recurrente al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional denuncia también la omisión del trámite de audiencia, concretando nuevamente dicha omisión en la ausencia de traslado del informe propuesta del funcionario en el procedimiento administrativo, pero la imposibilidad de integrar esa alegación, examinada anteriormente y rechazada, en el motivo referido es manifiesta, pues el precitado artículo sólo puede acoger infracciones del órgano jurisdiccional y entre ellas aquellas que calificamos como errores "in procedendo".
Por lo expuesto hemos de desestimar el presente recurso y, conforme a lo previsto en el artículo 139. 2 y 3 LJ, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas. Esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cantidad máxima de doscientos euros (200 ¤), a la vista de las actuaciones procesales.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación número 5246/2002 interpuesto por D. Casimiro representado por el Procurador D. Juan Francisco Alonso Adalia contra Sentencia de 11 de junio de 2002 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1519/00 sobre denegación de entrada en territorio español e imponemos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en casación, hasta el límite, respecto de la minuta de Letrado, de doscientos euros (200 ¤).
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo.Sr.D.Pedro José Yagüe Gil, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico.
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ATS, 2 de Marzo de 2016
...fundamentación del motivo la recurrente precisa concreta la infracción alegada en el artículo 71.2 y 3 LC y cita las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2005 y 26 de octubre de 2012 El recurso incurre en causa de inadmisión por falta de cumplimiento de los requisitos del esc......