STSJ Comunidad de Madrid 1167/2005, 13 de Septiembre de 2005

PonenteEVA ISABEL GALLARDO MARTIN DE BLAS
ECLIES:TSJM:2005:11273
Número de Recurso452/2003
Número de Resolución1167/2005
Fecha de Resolución13 de Septiembre de 2005
EmisorSala de lo Contencioso

JESUS CUDERO BLASMARIA TERESA SOFIA DELGADO VELASCOCRISTINA CONCEPCION CADENAS CORTINAMARIA DE LOS DESAMPARADOS GUILLO SANCHEZ-GALIANOEVA ISABEL GALLARDO MARTIN DE BLASFRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 01167/2005

Recurso núm.: 452/03.

Ponente: Sra. Eva Isabel Gallardo Martín de Blas .

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Sexta

S E N T E N C I A núm.1167

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Jesús Cudero Blas

Magistrados:

Dª Teresa Delgado Velasco

Dª Cristina Cadenas Cortina

Dª Amparo Guilló Sánchez Galiano

Dª Eva Isabel Gallardo Martín de Blas

D. Francisco de la Peña Elías

En la villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil cinco .

VISTO por la Sala el presente recurso contencioso administrativo núm. 452/03, interpuesto por el Procurador Sr. Núñez Pagán, en representación de D. Luis Carlos, contra la Resolución del Delegado del Gobierno en Madrid de fecha 3 de Febrero de 2003, que decretó la expulsión del territorio español del recurrente, con la consiguiente prohibición de entrada en el mismo por un período de cuatro años, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero

Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó al demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y los Fundamentos de Derecho terminaba suplicando se tuviera por formalizada demanda en tiempo y forma procediéndose a dictar Sentencia en su día resolviendo que se declare nula de pleno derecho la Resolución de 3 de Febrero de 2003 dictada por el Delegado del Gobierno en el expediente 280020030000466 y de modo subsidiario declararla no conforme a Derecho con archivo de las actuaciones en ambos casos .

Segundo

El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dicte Sentencia por la que se desestime el recurso y se confirme la resolución impugnada en todos sus extremos.

Tercero

Para la votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día 12 de Septiembre de 2005, teniendo así lugar.

VISTO siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Eva Isabel Gallardo Martín de Blas , quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero

El objeto del presente recurso contencioso administrativo se centra en determinar la conformidad o disconformidad a derecho de la Resolución del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que se resolvió, en fecha 3 de Febrero de 2003, el expediente incoado en fecha 14 de Octubre de 2002 por el que se decretó la expulsión del territorio español del recurrente, con la consiguiente prohibición de entrada en el mismo por un período de cuatro años.

En la expresada resolución se hace constar, como motivo de la expulsión, la infracción grave de encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueran exigibles, tipificada en el artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

El expediente que dio origen al acto administrativo impugnado trae causa de la denuncia formulada por los funcionarios de la Policía Nacional de la Brigada de Extranjería y Documentación quienes, con ocasión de la detención del recurrente por encontrarse irregularmente en territorio español y tras informarle de sus derechos y prestarle declaración, procedió a su incoación el día 14 de Octubre de 2002 y a comunicar dicha incoación al Consulado General de Ecuador en Madrid, resolviendo finalmente en fecha 3 de Febrero de 2003.

El actor alega, en esencia, que la Resolución vulnera el artículo 24 de la Constitución Española al no tener en consideración más que las alegaciones que la de los funcionarios policiales y no las del actor, invocando la observancia del principio de proporcionalidad y la concurrencia de desviación de poder al sancionar con la expulsión sin tener en consideración las circunstancias específicas del caso .

Segundo

En principio ha de partirse, para la solución del caso, de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Española, a cuyo tenor los extranjeros pueden ser titulares de los derechos fundamentales a residir y desplazarse libremente. Ahora bien, tal y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 94/1993, de 22 de marzo, "la libertad de circulación a través de las fronteras del Estado, y el concomitante derecho a residir dentro de ellas, no son derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad humana (artículo 10.1 C.E y STC 107/1984), ni por consiguiente pertenecen a todas las personas en cuanto tales al margen de su condición de su ciudadano. De acuerdo con la doctrina sentada por la citada sentencia, resulta lícito que las leyes y los Tratados modulen el ejercicio de esos derechos en función de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre españoles y extranjeros en lo que atañe a entrar y salir de España, y a residir en ella" . Sigue afirmando que "(.....)El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (RCL 1977\893 y ApNDL 3630) que -a diferencia del Cuarto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (RCL 1979\2421 y ApNDL 3627)- se encuentra ratificado por España, no puede ser ignorado a la hora de interpretar los arts. 19 y 13 de la Constitución, por imperativo de su art. 10.2. Las Leyes y tratados que regulan la circulación de extranjeros en España deben respetar el grado, limitado pero cierto, de libertad que reconocen los arts. 12 y 13 del Pacto internacional a todas las personas que se hallan legalmente en el territorio del Estado. Así pues, los extranjeros que por disposición de una Ley o de un tratado, o por autorización concedida por una autoridad competente, tienen derecho a residir en España, gozan de la protección que brinda el art. 19 CE, aun cuando no sea necesariamente en idénticos términos que los españoles, sino en los que determinen las Leyes y tratados a los que se remite el art. 13.1 CE. 4. Las medidas que repercuten sobre la libre circulación de las personas deben fundarse en una Ley, y aplicarla en forma razonada y razonable [STC 85/1989 (RTC 1989\85), fundamento jurídico 3]. Cuando la medida consiste en la expulsión de un extranjero, siempre que éste se halle legalmente en el territorio nacional, el art. 13 PIDCP insiste en que se requiere «una decisión adoptada conforme a la Ley».

Por consiguiente, para ser respetuosa con la libertad de circulación que el art. 19 CE reconoce a los extranjeros que se hallan legalmente en nuestro territorio, la decisión de expulsión o extrañamiento debe fundarse en alguno de los supuestos previstos por la Ley de Extranjería, u otro...

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