STS, 29 de Marzo de 2007
| Ponente | ENRIQUE CANCER LALANNE |
| ECLI | ES:TS:2007:2004 |
| Número de Recurso | 950/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil siete.
Visto el recurso de casación nº 950/2004, interpuesto por el Procurador Don Andrés Fernández Rodríguez, en nombre y representación de D. Jesús María, contra el auto de fecha 29 de octubre de 2003, confirmado en súplica por el de 3 de diciembre de 2003, por el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª), en su recurso nº 1778/03, resolvió inadmitir el formulado por la parte actora contra la inactividad de la Administración frente a la solicitud de archivo del expediente de expulsión por caducidad del mismo.
Preparado por la representación de D. Jesús María recurso de casación contra las resoluciones antes dichas, la Sala de instancia, lo tuvo por preparado en providencia de fecha 13 de enero de 2004, emplazándose a las partes para ante este Tribunal Supremo.
En fecha 28 de enero de 2004 D. Jesús María, presentó escrito interponiendo este recurso de casación, en el cual, después de exponer y razonar los motivos de impugnación que esgrimió, terminó suplicando se declare haber lugar al recurso de casación y se declare la admisión del recurso contencioso-administrativo.
Por providencia de fecha 18 de octubre de 2006 se admitió a trámite el presente recurso de casación, y por resolución de 29 de noviembre de 2006 se ordenó dar traslado a la parte recurrida para oposición, formalizándose por escrito de 3 de enero de 2007 y se ordenó quedaran los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 27 de Marzo de 2007, en que tuvo lugar.
En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de Sala
Se impugna en este recurso de casación nº 950/2004 el auto de fecha 29 de octubre de 2003 (confirmado por el de 3 de diciembre de 2003 ), dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8ª) en su recurso contencioso administrativo nº 1778/03 por el cual se inadmitió el interpuesto por D. Jesús María contra la inactividad de la Administración ante la solicitud de declaración de caducidad del expediente de expulsión y archivo del mismo.
La Sala de instancia, considerando que el acto impugnado en el proceso era un acuerdo de iniciación del expediente de expulsión, y entendiendo que dicho acuerdo era un mero acto de trámite que no ponía fin a la vía administrativa, dictó providencia con fecha 30 de septiembre de 2003 acordando oír a las partes sobre la posible inadmisibilidad del recurso por inexistencia de acto impugnable (art. 51.1.c de la Ley Jurisdiccional ). Evacuado el trámite, mediante auto de 29 de octubre de 2003 declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto, al entender que "como ya se ha pronunciado esta Sala y Sección en numerosos Autos, el hecho de que la Administración no haya concluido y resuelto el expediente en plazo no autoriza a impugnar una supuesta caducidad que solo se produciría si llegase a adoptar la resolución sancionadora fuera del plazo legalmente establecido, y entonces sería, mediante la impugnación de esa Resolución final, cuando cabría instar su anulación por caducidad del procedimiento. Concurriendo, pues, la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 51 .c) en relación con el art. 25 LJCA, procede inadmitir ·a limine" el recurso."
Frente a esa resolución de inadmisión la parte actora ha formulado recurso de casación, en el cual esgrime dos motivos de impugnación.
En el primer motivo alega esta parte la infracción del artículo 44.2 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC) y de los artículo 98 y 99.3 del reglamento de desarrollo de la L.O. 4/2000, aprobado por RD 864/2001 . Alega la parte recurrente que tras la iniciación del expediente administrativo sancionador, y una vez transcurrido su plazo de tramitación, pidió expresamente la declaración de caducidad del procedimiento, no recibiendo respuesta alguna a esta petición, de manera que el acto impugnado en el proceso es la negativa de la Administración a declarar la caducidad del referido expediente sancionador.
El segundo motivo insiste en el hecho de que en el caso examinado la caducidad se solicitó expresamente ante la Administración, y alega que la decisión de la Sala de instancia contradice diversos pronunciamientos de la misma Sala (que cita) que han admitido e incluso estimado recursos similares.
Estimaremos el recurso de casación.
Como se aprecia con toda evidencia a tenor del contenido de la providencia de la Sala de instancia de 30 de septiembre de 2003, el Tribunal a quo incurrió en el error de identificar el acto impugnado en el proceso como "acuerdo de iniciación del expediente de expulsión", pero el acto administrativo que aquí se impugna es otro muy distinto. Es la desestimación por silencio de la siguiente petición del interesado, que se adjuntó como documento unido al escrito de interposición del recurso contencioso administrativo, en donde aquel solicitó a la Administración lo siguiente:
"Que el mencionado expediente sancionador se inició con fecha 22 de octubre de 2002
Que habiéndosele dado plazo para presentar las alegaciones correspondientes, las mismas se han presentado en legal plazo y forma, alegando lo que a Derecho conveniere.
Teniendo en cuenta que en la notificación del inicio del expediente " se le comunica que si no hubiere recaído resolución transcurridos SEIS MESES desde la notificación del procedimiento sancionador, se estará a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/92 ", similar precepto que contempla en el art. 98 del R.D. 864/2001 de 20 de junio ...
Solicito.... se sirva DECLARAR LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INICIADO ORDENANDO EL ARCHIVO DEL MISMO "
Y ante el silencio de la Administración, se interpuso el recurso contencioso administrativo, declarado inadmisible por el auto de fecha 29 de octubre de 2003 -confirmado en súplica por el de 3 de diciembre de 2003 - que ahora se recurre en casación.
Como se ve, en el proceso no se impugnaba el acuerdo de iniciación de un expediente sancionador, ni la falta de respuesta a las alegaciones de descargo presentadas en el curso del mismo, sino que se impugnó la falta de respuesta a la solicitud de que se declare la caducidad del expediente administrativo, por no haberse resuelto en determinado plazo.
Y esta es una petición que será o no acertada, pero su desestimación por silencio da lugar a un acto administrativo perfectamente recurrible, que es el referente a si el expediente ha incurrido o no en caducidad.
Se está, pues, en el caso de declarar haber lugar al recurso de casación, por infracción de aquellos preceptos, a fin de que continúe ante la Sala de instancia la tramitación del recurso contencioso administrativo.
Al declararse haber lugar al recurso de casación procede no condenar en las costas de casación (artículo 139-2 de la L.J .), y no existen razones que aconsejen hacerla respecto de las de instancia.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos haber lugar al recurso de casación nº 950/2004 interpuesto por D. Jesús María contra el auto de fecha 29 de octubre de 2003, confirmado en súplica por el de fecha 3 de diciembre de 2003, dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 8ª, por los cuales se inadmitió el recurso contencioso administrativo nº 1778/03, y en consecuencia:
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- Revocamos dichos autos.
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- Declaramos que el recurso contencioso administrativo nº 1778/03 debe continuar su tramitación.
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- No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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